VENEZUELA OTORGO LA EXTRADICION DE UN REPRESOR ARGENTINO RADICADO EN ESE PAIS
Carril no pudo evadir la Justicia
Desde 1986 el militar argentino, acusado por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Polaca, de Paso de Los Libres, había abandonado el país. La Justicia venezolana concedió la extradición porque se trata de delitos de lesa humanidad.
Por Diego Martínez
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela resolvió el jueves extraditar al militar argentino Fernando Jorge Carril Baggio, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres. Los jueces del alto tribunal rechazaron el manotazo de ahogado del represor, que vivía en Venezuela desde 1986 y tramitó su naturalización en 2011, luego de que se ordenara su captura, por considerar que “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia”. La decisión de la sala de Casación Penal del TSJ condiciona la extradición al compromiso del Estado argentino de no condenarlo a una pena mayor a 30 años de prisión, el máximo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carril Ba ggio deberá ser juzgado por delitos de lesa humanidad con epicentro en el centro clandestino La Polaca, donde eran interrogados bajo tortura los militantes secuestrados al ingresar o salir del país por el cruce fronterizo con Uruguayana. Excepto el policía Julio Simón, condenado en 2007, los represores que actuaron en Paso de los Libres siguen impunes.
El capitán Carril reemplazó en septiembre de 1976 como jefe del destacamento a Raúl Portillo. Según la orden de detención que libró en octubre de 2010 la jueza federal Gladis Borda, está acusado por asociación ilícita, secuestros agravados, vejaciones, tormentos y coacciones agravadas. Según el informe Waern, un detallado relato de la represión ilegal en Paso de los Libres elaborado por el ex guardia Carlos Waern, Carril podría ser imputado por el asesinato de un secuestrado en La Polaca. “En una oportunidad, un detenido logró escapar corriendo hacia el eucaliptal. Alertado por los gritos, el guardia corrió tras él y efectuándole varios disparos, éste lo mató”, relató Waern. “Del mismo hecho hay otra versión, que dice que el prisionero tomó un arma y disparó primero al capitán y luego éste lo mató. Siendo esta última la versión que se aproxima más a la verdad, ya que Carril durante meses anduvo rengo, con una pierna vendada, justificando que había sufrido un golpe muy fuerte”, dijo, y agregó que “el cuerpo estaría enterrado en algún lugar cercano”.
Carril fue detenido por Interpol Venezuela el 14 de abril. Su defensora Solimar Astudillo alegó que como ciudadano naturalizado no podía ser extraditado por “delitos políticos”. Es “público y notorio” que militares que actuaron en la “guerra civil revolucionaria” son “perseguidos y condenados”, escribió. La defensa de la extradición estuvo a cargo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien explicó que no se lo acusa por delitos políticos. El TSJ, a partir del voto de su presidenta Ninoska Queipo Briceño, concluyó que Carril “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia y obstaculizar un eventual proceso de extradición”, subrayó que no se trata de delitos políticos sino de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y que “la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional”.
En Corrientes hay once represores condenados. Los militares y civiles de inteligencia de Paso de los Libres, sin embargo, no fueron juzgados. La excepción es un policía: Julio Simón, el famoso Turco Julián, por delitos de 1979 que juzgó hace un lustro el juez federal porteño Ariel Lijo. Según los registros de la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación, las elevaciones a juicio por delitos de lesa humanidad en Paso de los Libres incluyen al ex jefe del Segundo Cuerpo, general Ramón Díaz Bessone, al ex jefe del Destacamento 123, Raúl Angel Portillo, al entonces teniente primero Héctor Mario Filippo y a los civiles Rubén Darío Ledesma y Carlos Faraldo, todos del Destacamento. Desde fines de 2010 también esperan su turno en el Tribunal Oral de Corrientes el general Llamil Restón, el capitán Juan Carlos Sacco y el teniente Duilio Ramón Martínez. En febrero último, en tanto, el fiscal federal Benito Pont pidió que se eleve a juicio a los militares Héctor María Torres Queirel, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Arrillaga (condenado en Mar del Plata), Julio Santiago Canteros, Juan Carlos Medrano Caro y Julio Miguel Plazaola, y a los ex gendarmes Domingo José Isler y Angel Ricardo López Ferro.
Fuente: Pagina 12
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Un entramado de sectores beneficiados y complicidades
Pasaron más de cinco años de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en relación a las causas de lesa humanidad.
Entre ellos, se destacó Alfredo Bisordi, que en una sentencia había descalificado a organismos de DD HH y llamado “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, militante política y sobreviviente de la ESMA, y que, en un acto de blanqueo inescrupuloso, tomó la defensa de Luis Abelardo Patti apenas dejó de ser juez. Además de Bisordi dejaron sus cargos otros jueces acusados que, en apretada síntesis, fueron denunciados por sus nexos con la Armada, por paralizar la investigación de los crímenes en la ESMA, por otorgar excarcelaciones indiscriminadamente (cambiaron sus criterios restrictivos, lo que hubiera sido bienvenido de no haber tenido como destinatarios a los imputados en estas causas), entre otros hechos. Uno pasó desapercibido y en estos días vuelve a tener actualidad: se trata de la autorización que dieron a uno de sus secretarios, Diego Alejandro Amarante (hoy con intenciones de ser fiscal ante los tribunales orales federales), para ser abogado defensor de su padre, Juan Amarante (oficial del Ejército fallecido hace 4 años), acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa bajo la órbita del I Cuerpo. Para decirlo con otro tono: jueces del máximo tribunal penal a nivel nacional –que resolverá la totalidad de los casos de lesa humanidad– autorizaron a uno de sus secretarios –cuyo sueldo abona el Estado argentino- a ser defensor de un imputado en esos crímenes. Para ello se valieron de una norma que permite a los integrantes del Poder Judicial desempeñarse como abogados en causas propias y de familiares cercanos. A ninguno de los jueces se les ocurrió que era un desatino que uno de sus profesionales se involucrara de ese modo en causas de su directa competencia y tamaña gravedad.
Eduardo Rafael Riggi es uno de los jueces denunciados en 2007 y se mantuvo en el cargo. Con su autorización, su secretaria en la Cámara de Casación, María Laura Olea, se presentó el año pasado como defensora de su padre, Enrique Olea, oficial del Ejército condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén, y en ese rol participó de una audiencia ante la misma Cámara en la que es funcionaria. El 12 de julio pasado la Cámara de Casación Penal decidió su cese como abogada del militar “por motivos de decoro”, cuando debió haber cesado por verse afectada la imparcialidad en estos juicios, para ser más exactos (las razones de “decoro” se utilizan para ocultar algo bajo la alfombra). Riggi tiene en su debe, además, la sospecha de haber influido a favor de José Pedraza, que será juzgado por el homicidio del militante Mariano Ferreyra. Aunque la Cámara de Casación inició una actuación sumarial para evaluar la conducta de la Dra. Olea, su actuación estuvo avalada por su jefe y otros jueces. Mientras tanto, la secretaria de la Cámara de Casación participa de actividades de organizaciones afines a los represores.
Alfredo Bisordi pasará a la historia –una pequeña, casi imperceptible- como un juez que supo ingeniárselas para obstruir los juicios de lesa humanidad, fustigando e insultando a las víctimas y defendiendo a represores. Desde hace un tiempo, la Cámara Federal de Casación Penal cambió parte de su elenco y de sus ideas. Pero hechos como el de la Dra. Olea permiten creer -sin descartar la posible existencia de algunas ingenuidades- que la repetición de apellidos en diferentes estructuras estatales –como en otros reductos entre la sociedad civil- explica, en parte, el entramado de complicidades, encubrimientos y sectores beneficiados.
Fuente: http://www.infonews.com
Entre ellos, se destacó Alfredo Bisordi, que en una sentencia había descalificado a organismos de DD HH y llamado “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, militante política y sobreviviente de la ESMA, y que, en un acto de blanqueo inescrupuloso, tomó la defensa de Luis Abelardo Patti apenas dejó de ser juez. Además de Bisordi dejaron sus cargos otros jueces acusados que, en apretada síntesis, fueron denunciados por sus nexos con la Armada, por paralizar la investigación de los crímenes en la ESMA, por otorgar excarcelaciones indiscriminadamente (cambiaron sus criterios restrictivos, lo que hubiera sido bienvenido de no haber tenido como destinatarios a los imputados en estas causas), entre otros hechos. Uno pasó desapercibido y en estos días vuelve a tener actualidad: se trata de la autorización que dieron a uno de sus secretarios, Diego Alejandro Amarante (hoy con intenciones de ser fiscal ante los tribunales orales federales), para ser abogado defensor de su padre, Juan Amarante (oficial del Ejército fallecido hace 4 años), acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa bajo la órbita del I Cuerpo. Para decirlo con otro tono: jueces del máximo tribunal penal a nivel nacional –que resolverá la totalidad de los casos de lesa humanidad– autorizaron a uno de sus secretarios –cuyo sueldo abona el Estado argentino- a ser defensor de un imputado en esos crímenes. Para ello se valieron de una norma que permite a los integrantes del Poder Judicial desempeñarse como abogados en causas propias y de familiares cercanos. A ninguno de los jueces se les ocurrió que era un desatino que uno de sus profesionales se involucrara de ese modo en causas de su directa competencia y tamaña gravedad.
Eduardo Rafael Riggi es uno de los jueces denunciados en 2007 y se mantuvo en el cargo. Con su autorización, su secretaria en la Cámara de Casación, María Laura Olea, se presentó el año pasado como defensora de su padre, Enrique Olea, oficial del Ejército condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén, y en ese rol participó de una audiencia ante la misma Cámara en la que es funcionaria. El 12 de julio pasado la Cámara de Casación Penal decidió su cese como abogada del militar “por motivos de decoro”, cuando debió haber cesado por verse afectada la imparcialidad en estos juicios, para ser más exactos (las razones de “decoro” se utilizan para ocultar algo bajo la alfombra). Riggi tiene en su debe, además, la sospecha de haber influido a favor de José Pedraza, que será juzgado por el homicidio del militante Mariano Ferreyra. Aunque la Cámara de Casación inició una actuación sumarial para evaluar la conducta de la Dra. Olea, su actuación estuvo avalada por su jefe y otros jueces. Mientras tanto, la secretaria de la Cámara de Casación participa de actividades de organizaciones afines a los represores.
Alfredo Bisordi pasará a la historia –una pequeña, casi imperceptible- como un juez que supo ingeniárselas para obstruir los juicios de lesa humanidad, fustigando e insultando a las víctimas y defendiendo a represores. Desde hace un tiempo, la Cámara Federal de Casación Penal cambió parte de su elenco y de sus ideas. Pero hechos como el de la Dra. Olea permiten creer -sin descartar la posible existencia de algunas ingenuidades- que la repetición de apellidos en diferentes estructuras estatales –como en otros reductos entre la sociedad civil- explica, en parte, el entramado de complicidades, encubrimientos y sectores beneficiados.
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