 San Juan.- Dos de los principales imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad, Olivera y De Marchi, |
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os de los principales imputados del juicio a los militares por la represión ilegal en San Juan durante la última dictadura militar, declararon ayer por la tarde ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, en sendas ampliaciones de sus declaraciones indagatorias.
Se trata de los ex tenientes Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, que buscaron salir al cruce de las declaraciones que la semana anterior dejó ante los jueces, uno de los choferes de las camionetas de la ex Empresa Provincial de la Energía (EPE), que fueron destinadas al RIM 22 y que, según el chofer Blas Elio De La Fuente, fueron utilizadas para hacer allanamientos y detenciones.
De Marchi
Gustavo De Marchi empezó asegurando que no conocía al chofer que lo caracterizó como “un loco nacionalista que odia a los judíos, y que estaqueaba soldados para castigarlos”, y uno a uno, intentó rebatir todos los cargos.
Dijo que muchos lo consideraban loco y nacionalista, pero él se definió como “argentinista y gritón”, porque “rescató valores patrios, los resaltó y los gritó” y que lo hacía para acostumbrar a sus soldados a gritar para que cuando lucharan en la selva tucumana contra la guerrilla, los pudiera escuchar.
Aseguró no sentir odio por los judíos y mencionó a abogados, médicos, terapistas y contadores de apellidos judíos, que trabajan con él y su esposa, para decir que si los odiara no confiaría en ellos.
Por último y en torno a la acusación de que sancionaba a los soldados estaqueándolos, De Marchi lo negó diciendo: “La idea era que el soldado saliera de la conscripción amando al ejército” y, que “mal puede un oficial hacer algún acto que lo hiera al soldado en su derecho humano”. No obstante ello reconoció que había castigos a los que llamó “enseñanzas” que se imponían “cara a cara”.
Del Torchio y defensor
El ex teniente Juan Del Torchio tenía que rendir ayer una indagatoria, pero se abstuvo de declarar “hasta que pueda procesar las más de 40 actas que me han entregado”.
Quien sí salió con los tapones de punta contra el testigo De La Fuente, que fue básicamente quien provocó toda la movida defensiva de ayer, fue el abogado defensor Eduardo San Emeterio, quien pidió que se lo procesara por falso testimonio.
El experimentado defensor aseguró que el testigo incurrió en una serie de falsedades al declarar, a las que fue enumerando por varios minutos, pero especialmente en una que lo tocó directamente, cuando lo involucró con la condición de cárcel clandestina del camping La Marquesita.
Para San Emeterio, la actitud del testigo al supuestamente falsear su declaración, lo pone incurso en la violación al artículo 275 segunda parte del Código Penal, que tiene una pena de hasta 10 años de cárcel por el falso testimonio en perjuicio de los imputados.
Finalmente, San Emeterio pidió que se exhorte al juez francés Roger Le Loire sobre las declaraciones de sanjuaninos en París en la investigación europea de la desaparición de Marie Anne Erize, para compulsarlas con las declaraciones hechas al tribunal local por las mismas personas.
Olivera
Por su parte, el ex teniente Jorge Olivera, se explayó ayer en contra de una veintena de testimonios en su contra que se han escuchado hasta ahora, y se ensañó especialmente contra Eloy Camus, de quien dijo gruesos epítetos y formuló consideraciones que en un momento llevaron al presidente del Tribunal, Eduardo Piña, a advertirle que podía incurrir en un caso de injurias y calumnias.
Olivera reiteró sus argumentos de que nunca estuvo en el Penal de Chimbas, que no participó de interrogatorios ni allanamientos y que cuando se produjeron varias de las detenciones donde los testigos dicen que estuvo presente, el no se encontraba en la provincia, lo mismo que cuando murió en un interrogatorio o en su celda, según la versión oficial, el militante comunista José Alberto Carbajal.
Argumentación política
El ex oficial llegó muy lejos con su testimonio, y dedicó varios minutos a hacer una argumentación política del por qué está en el banquillo de los acusados.
Olivera no se explica “por qué hoy nos imputa el mismo Estado que ayer nos dio las órdenes”, y calificó al juicio en curso como “un tremendo desvarío producto de una decisión política en base a una marcada ideologización del gobierno que emplea al Poder Judicial para darle visos de legalidad a la injusticia de juzgar a quienes no tenían poder de decisión porque eran jóvenes oficiales” y criticó la decisión de “sacarnos de nuestros jueces naturales”, para lo que citó a Carlos Pellegrini que decía que los militares tienen otros deberes, otros derechos, otros jueces, visten uniforme, hablan y caminan de otra forma”.
Fuente; http://www.diarioelzonda.com.ar/
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DECLARO EL EX JEFE DE LA POLICIA FEDERAL DE SAN NICOLAS
El represor esperaba "reconocimiento"
Muñoz es uno de los tres imputados en el juicio por la represión en la ciudad bonaerense señaló ante el Tribunal. Dijo que entregó al único sobreviviente de la masacre de la calle Juan B. Justo, por entonces un bebé de cinco meses.
Muñoz participó del operativo donde mataron a 5 personas.
Por Sonia Tessa
Jorge Muñoz era jefe de la Policía Federal en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976, y como tal, fue uno de los responsables de la masacre de la calle Juan B. Justo, en la que a las 6 de la mañana del 19 de noviembre de 1976 asesinaron a Omar Amestoy, Ana María Fettolini, María Eugenia y Fernando Amestoy y Ana María Granada. El comisario general retirado es uno de los tres acusados en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad del norte bonaerense. Ayer, frente al Tribunal Federal Oral número 2, decidió ejercer el derecho a la declaración indagatoria, que es una herramienta de defensa, y como tal, no lo obliga a decir la verdad. Así, planteó frente al Tribunal que esperaba "si no una felicitación, al menos un reconocimiento" por haber entregado al único sobreviviente de esa masacre, un bebé de cinco meses, a los profesionales del hospital San Felipe y a la justicia. Aquel niño protegido apenas por un colchón creció con la identidad cambiada y a los 19 años supo que era Manuel Goncalves Granada. Hoy es querellante de la causa. "Si bien algunos miembros de otras fuerzas, por los motivos que tuvieran, han sido sancionados por quedarse con bebés en forma no normal, a quienes hemos actuado de acuerdo a la ley, no entiendo por qué se me sindica como autor mediato, si las circunstancias están claras", se defendió para dar pie al relato de lo que siempre calificó como "enfrentamiento", una versión desmentida por el estado de indefensión de las víctimas.
En la jornada de indagatorias, el responsable de la represión en San Nicolás, que fuera jefe del Area 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, acusado en las tres causas que se tramitan, se abstuvo de declarar. La causa Alvira juzga la desaparición de los militantes santafesinos María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Angélica Spotti, así como sustracción de bienes y secuestro de los niños Fernando Alvira, Víctor y Matías Almada. En tanto, la tercera causa es por el secuestro y torturas a José Emilio Mastroberardino. Tampoco habló quien fuera jefe del Batallón de Ingenieros 101 de San Nicolás, Antonio Bossie, acusado solo por la masacre de la calle Juan B. Justo, como Muñoz.
En la indagatoria, Muñoz se refugió en el confuso relato de un supuesto enfrentamiento. Según su declaración, fueron al lugar sin datos previos de inteligencia, sino a "ver qué había en esa casa", como resultado de un anónimo, después de otro enfrentamiento fraguado en el barrio Las Mellizas. En realidad, según publicó Página/12 el 8 de abril pasado, existió un enfrentamiento en esa vivienda, pero fue entre policías de la provincia de Santa Fe y federales de San Nicolás, y como consecuencia del intercambio de disparos murieron dos agentes de la Federal, Vicente Testa y Carlos Loyola. Ese supuesto enfrentamiento se utilizó como excusa para el operativo que se realizó pocas horas después en la calle Juan B. Justo.
Según contó, golpeó la puerta de la casa, al grito de "policía" y recibió como respuesta dos disparos. Luego, siempre según la indagatoria, permaneció escondido enfrente de la vivienda atacada, y el teniente del Ejército que lo acompañaba pidió refuerzos, que llegaron al mando de Bossie. Pese a las dificultades para actuar desde el escondite, Muñoz dijo haber dado órdenes para que tiraran la granada de gases lacrimógenos por la claraboya del baño. Esas emanaciones provocaron la muerte por asfixia de María Eugenia y Fernando, de 5 y 3 años. El presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe, le preguntó si Bossie había hecho referencia a la existencia de niños en el lugar. Según Muñoz -y en contra de las declaraciones de testigos del barrio -el militar había gritado: "Si hay menores, déjenlos salir". Muñoz también relató el intento de fuga de Ana Granada. Cuando el magistrado le preguntó cómo podría haberlo visto desde su escondite, Muñoz debió reconocer que repetía el relato del suboficial Fernando Gandulfo, autor de los disparos que terminaron con la vida de la militante. De hecho, Venegas Echagüe también le preguntó si él había dado la orden de ultimarla, y él dijo que Gandulfo había actuado en defensa propia. El cuerpo de Granada tenía 14 impactos de bala.
El ex comisario de la Federal también repitió el argumento de los suicidios de Omar Amestoy y Fettolini, que fue totalmente desacreditado por varias pruebas. De acuerdo con el legajo de Conadep, el matrimonio recibió disparos a quemarropa. Sin embargo, Muñoz relató que Bossie había ingresado a la casa de la calle Juan B. Justo cuando los tres adultos estaban muertos, y que él lo acompañó. También esta cronología difiere de los relatos de testigos. Según la versión policial, cuando entraron, vieron los cuerpos del matrimonio con disparos, ella en el parietal izquierdo y él en el derecho. Más tarde, cuando Venegas Echagüe quiso indagar si había podido comprobar con sus sentidos ese dato tan preciso, admitió que lo había leído en el expediente realizado durante la misma dictadura por el juez Luis Milesi, en el que se omitieron importantes pruebas. Después de varias contradicciones, Muñoz decidió no hablar más.
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Querellantes podrán presenciar el juicio
El Tribunal Oral Federal número 2 decidió, con un criterio excepcional, permitir que dos querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad, Fernando Alvira y Manuel Goncalves Granada, puedan presenciar todos los testimonios, tras un pedido de la querella particular efectuado por el abogado Lucas Ciarniello Ibáñez. El profesional argumentó que los dos jóvenes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos y que sus testimonios en la causa no podrían contaminarse por escuchar a otros testigos, entre otras razones, por la corta edad que tenían en el momento de los hechos.
Fernando tenía nueve meses cuando sus padres María Cristina Alvira y Horacio Arístides Martínez fueron secuestrados junto a Raquel Alvira, hermana de María Cristina. Los tres permanecen desaparecidos. El niño estuvo varios días en un orfanato de San Nicolás, hasta que fue entregado a sus abuelos maternos, Vicente Marcial Alvira y Amelia Nelly Gómez. Los abuelos debieron firmar un documento que admitía supuestas actividades ilegales de los tres militantes. "Fue sólo bajo esa coerción que me entregaron", contó Fernando esta semana.
En tanto, Manuel Goncalves Granada tenía cinco meses cuando su madre, Ana María Granada, fue asesinada en la masacre de la calle Juan B. Justo. El sobrevivió envuelto en un colchón, dentro de un placard, donde su mamá lo puso para protegerlo de los disparos y los gases lacrimógenos. El papá de Manuel, Gastón Goncalves, había sido secuestrado meses antes en Zárate. Por su desaparición fue condenado, entre otros, el ex comisario de Escobar, Luis Patti.
Ciarniello Ibáñez hizo el pedido basado en el derecho de los dos querellantes, y víctimas, a reconstruir su historia y tramitar su duelo. El Tribunal aceptó el pedido. Las audiencias se retomarán el martes en San Nicolás.
Fuente: Rosario 12
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