"Guglielminetti traía a los detenidos"

 

Fernando Blonski, enfermero de la U9 de Neuquén en 1976, señaló que "venían con huellas de picana eléctrica pero no los podíamos atender".

 

 

Declaró Gladis Durán de Chávez, quien estaba presente cuando secuestraron a su esposo, Carlos Chávez, en el marco del Operativo Cutral Co, en junio de 1976.

 

Neuquén > "El día posterior al golpe (de Estado), las celdas de castigo en el subsuelo de la unidad se llenaron con presos políticos", precisó Federico Adan Blonski, quien en 1976 era enfermero en la Unidad 9 (U9) del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén.

Blonski, quien también en esa época trabajaba en el Hospital Regional de Neuquén declaró ayer ante los jueces del Tribunal Oral Federal en la reanudación de las audiencias que juzga a 23 represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar en perjuicio de 39 víctimas, seis de las cuales se encuentran desaparecidas.

El hombre, de 76 años, afirmó que "el que traía y llevaba detenidos (a la U9) era el Mayor Guastavino que después me enteré que era Raúl Guglielminetti", ex agente de Inteligencia, uno de los imputados en esta causa.

Afirmó que Guglielminetti "traía prisioneros y al día siguiente se los llevaba y cuando volvían los traían en malas condiciones, con los oídos sangrando o con huellas de picana eléctrica, pero no los podíamos atender".

Aseguró que el ex agente de Inteligencia siempre vestía de civil y que las personas del Ejército y los soldados que lo acompañaban "cumplían órdenes" de él.

Agregó que vio a Guglielminetti en la U9 "durante dos o tres meses" después del 24 de marzo de 1976.

El testigo recordó que "no nos dejaban acercarse a los prisioneros", y aseguró que "no atendí a ningún detenido".

 

Daño eterno

"El daño que hicieron fue mucho por eso pido que se haga justicia”, solicitó Gladis Durán de Chávez, esposa de Carlos Chávez detenido-desaparecido durante el Operativo Cutral Co, en junio de 1976. El caso de Chávez será investigado en el tramo de Bahía Blanca.

La mujer, quien presenció la detención de su marido en la madrugada del 14 de junio de ese año, relató ayer ante el Tribunal que unas personas “con las caras tapadas, con pantalones de color verde y borceguíes tipo militar, y que llevaban armas largas golpearon la puerta de la casa de mi madre, revisaron todo y envolvieron a mi marido con una frazada porque estaba durmiendo”.

“Fue la última vez que lo vi porque nunca más supimos de él. Fue como si se lo tragara la tierra”, dijo la mujer de 62 años. Dijo que su esposo trabajaba en YPF.

Posteriormente al secuestro, su mujer junto a otros familiares acudieron a la Comisaria 14 de Cutral Co “donde nos atendió el comisario (Héctor) Mendoza” y también en dos oportunidades al Comando de la Sexta Brigada. “Recorrimos los lugares donde pensábamos que podía estar. Estuvimos en el Comando donde nos atendió el mayor Oscar Reinhold quien nos dijo que no sabía nada y que la detención correspondía a otra jurisdicción. También fui al Obispado debido a que Carlos estaba vinculado con la Iglesia”.

Señaló que el padre de José Delineo Méndez vio a Chávez en un vehículo de la Policía y que le hizo una seña “como diciendo que estaba ahí".

Al finalizar su declaración pidió al Tribunal que “hagan justicia porque el daño que hicieron fue mucho. Hacía poco que nos habíamos casado y yo me quedé sola con una criatura de dos meses”.

En declaraciones a la prensa, la mujer expresó estar de acuerdo con el planteo realizado por la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) para que se juzgue por homicidio la desaparición forzada de personas durante la última dictadura.

Fuente: la Mañana

 

 

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EMPEZARON LOS ALEGATOS DE LAS QUERELLAS EN EL JUICIO POR EL CIRCUITO CAMPS EN LA PLATA

Para poder acusarlos por homicidio

En el caso de 26 de las 33 víctimas identificadas, reclaman que a los imputados, entre los que figuran Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, se los juzgue por asesinato. El tribunal revocó la libertad del ex comisario mayor Fernando Svedas.

 

 

La querella de Justicia Ya! pidió que se revoque la prisión domiciliaria del abogado Jaime Smart.

 

Por Alejandra Dandan

La figura del homicidio es uno de los dilemas por los que atraviesan los juicios de lesa humanidad. En La Plata, las querellas empezaron a pedir ayer que la responsabilidad de los ejecutores de los crímenes de la dictadura no sólo sea considerada en términos de secuestros y tormentos sino también por el delito de homicidio. Este nombre, que viene a reemplazar lo que durante años estuvo sin posibilidades de ser nombrado, no alcanza a todas las víctimas sino a 33 personas sobre las que existen pruebas materiales del asesinato. Las pruebas son físicas en 26 casos identificados por el Equipo Argentino de Antropología; documentales cuando alguna instancia del Estado declaró el asesinato, como en el caso del llamado “grupo de los siete”, por los cuales el capellán Christian von Wernich fue condenado por homicidio. Y finalmente las identificaciones por rutinas de las fuerzas de seguridad. Ayer empezó la ronda de pedidos la querella de Justicia Ya! La fiscalía hará sus propios pedidos la semana próxima. Las acusaciones de ayer abren la posibilidad para condenas a perpetuas de 13 de los 26 acusados, entre ellos, Jaime Smart e Ibérico Saint Jean, gobernador y ministro de Gobierno. Los querellantes pidieron además prisión efectiva sin domiciliarias, salvo en los casos de salud, y que se revoquen las excarcelaciones hasta que se conozca el resultado del Tribunal para evitar próximas fugas. Allí estuvo puesta la tensión del final de la jornada. Luego de una larga deliberación de dos horas, el Tribunal Oral Federal No 1 revocó la excarcelación del ex comisario mayor Fernando Svedas y difirió el resto de las decisiones hasta el alegato de los fiscales.

“Aquí un testigo dijo refiriéndose a un amigo entrañable: su no vida, su no muerte, por lo que significa la desaparición forzada de personas”, dijo la abogada Guadalupe Godoy, de la querella de Justicia Ya! “El drama argentino no es la muerte de 30 mil personas, sino lo que genera la figura del desaparecido –explicó a este diario–, por eso nos parece que no se puede decir que están muertos, pero la figura de privación ilegal y los tormentos no refleja tampoco lo que pasó porque justamente falta el tramo de la desaparición.” En ese contexto, y en línea con las posturas de los organismos de derechos humanos que representa, explicó en el juicio que “conscientes de las abismales diferencias entre la desaparición forzada y los homicidios, sólo aceptamos que la figura de homicidio calificado se aplique exclusivamente a los casos en los que hubo hallazgos documentales, testimonios de sobrevivientes o la identificación de los restos de personas que permitan entonces salir de esa no muerte, propia de la desaparición”.

Entre las 33 víctimas por las que ellos pidieron la ampliación, 26 fueron identificadas por el EAAF en general luego de la elevación a juicio de la causa y desde que empezó el debate, como los casos de Ana Teresa Diego y Patricia Dillon. En la declaración de la semana pasada, los antropólogos acreditaron que la mayoría murió por fusilamientos y dos por vuelos de la muerte.

Fuera de estos casos, hay otros tres grupos de víctimas cuyos asesinatos para la querella están sostenidos por otro tipo de pruebas. El llamado grupo de los siete, que son los secuestrados que estuvieron alojados en la Brigada de Investigaciones de La Plata y por los cuales Von Wernich gestionó ante sus familias la entrega de dinero para sacarlos del país. A Von Wernich lo condenaron por homicidio en esos casos, un fallo del Tribunal Oral Federal de La Plata que también estuvo presidido por Carlos Rozanski y que es la base documental para sostener esta nueva acusación. Svedas está acusado por estas causas.

Otro caso es el de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver, secuestrado, torturado y asesinado en Puesto Vasco. El caso de Rubinstein ya había sido juzgado en la causa 44/85, pero los jueces descartaron el asesinato porque consideraron que no había prueba suficiente. Por eso éste es uno de los desafíos jurídicos del juicio. En ese momento, la Cámara consideró sólo el testimonio de Lidia Papaleo, pero dijo que no era suficiente. Lidia contó que lo había escuchado cuando lo torturaron, que luego hubo un silencio y sintió el momento en el que arrastraban el cuerpo. En el juicio actual declaró Isidoro Graiver, que relató la misma escena y agregó que el cambista Francisco Fernández Bernárdez, que estaba secuestrado, espió el cuerpo a través de la mirilla de la celda y vio cómo lo arrastraban después de la tortura. Pese a que hay semejanzas con el caso, por ejemplo de Raimundo Villaflor, muerto durante las torturas en la ESMA y sobre el que el Tribunal de ese juicio ESMA declaró y condenó por homicidio, en este caso el fallo de 1985 podría ser considerado un obstáculo si el Tribunal entiende que el hecho ya fue juzgado. Por este caso están pidiendo la acusación de Saint Jean y Smart, que está en prisión domiciliaria y nunca pasó un día en la cárcel.

El tercer grupo de casos es el de Guillermo Abel Amarza, llamado “legajo cadáver”: su muerte está probada a partir de una ficha que elaboró la policía en la vía pública, en la que están sus huellas dactilares pero se lo identificó con otro nombre.

Los acusados del juicio son 26, de los cuales sólo 3 están imputados por homicidio: son los que llegaron por los crímenes de la calle 30, donde acribillaron a cinco militantes, y robaron a Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani. Son Miguel Etchecolatz, su ex chofer Hugo Guayama y Carlos “El Oso” García. El resto está acusado por secuestros y tormentos. La mayoría está con prisión domiciliaria, que Chicha Mariani define como “es lo mismo que estar en sus casas”. En algunos casos lo están por razones de salud. Tres están excarcelados. Por el pedido de homicidio, que es un delito no excarcelable, las querellas quedan habilitadas a pedir las detenciones efectivas en todos los casos, como sucedió ayer. Guadalupe Godoy indicó que esa medida debía cumplirse de modo inmediato y de forma preventiva, hasta que el Tribunal resuelva la ampliación por las posibilidades de la fuga. Las querellas acompañaron el pedido. La fiscalía pidió un cuarto intermedio y luego dijo que le parecía “procedente”. Hablaron las defensas. El Tribunal se retiró a deliberar dos horas. Finalmente resolvieron revocar la excarcelación de Svedas y difirieron el resto de las decisiones hasta el alegato de los fiscales. Carlos Rozanski votó en minoría por las detenciones.

Por cuestiones de garantías del proceso, las causas suelen llegar a juicio oral con acusados que saben que están imputados por determinada cantidad de delitos. En muchos casos, la acusación por homicidio no se hace pese a la existencia de la prueba. Hay jueces, y en La Plata también fiscales, que siguieron un criterio que se repite en ámbitos como el Primer Cuerpo de la Capital Federal. Según ese criterio, técnicamente no pueden saber si a una persona la asesinaron inmediatamente a la salida del centro clandestino por el que están siendo juzgados los responsables, o si tras la salida pasó por otro lado. Lo que ahora cada juicio pone en discusión es la certeza de ese criterio. Por un lado, las querellas y algunos fiscales sostienen lecturas como la “línea de continuidad”, que implica que todo es parte de un mismo hecho, y no importa el momento de la muerte sino que cada imputado es pieza de un crimen en el que cada uno aportó su parte. Por otro lado, hay avances técnicos del EAAF, como demostraron los antropólogos en la declaración de la semana pasada, porque cuentan con la posibilidad de datar las fechas en las que las víctimas pudieron haber sido asesinadas.

Lo que pasó en La Plata cabalga en ese escenario. “Durante la instrucción, las querellas habíamos solicitado reiteradamente que se impute el homicidio en los casos en los que se habían identificado los cuerpos”, dice Godoy. “El caso paradigmático es el de María Adela Garín, identificada en la década de los ’90, pero nunca se logró una imputación fiscal y por criterios del juzgado de Arnaldo Corazza no se admitió esa ampliación si sólo era pedida por las querellas. Así llegamos a la instancia del juicio oral con identificaciones de Mónica Santucho y Héctor Carlos Baratti, por ejemplo, pero sin la acusación por sus homicidios.”

En ese escenario, los pedidos vuelven a realizarse ahora que está promediando el debate. Durante estos meses quedó perfeccionada la prueba que había, se conocieron nuevas circunstancias y más información sobre los crímenes y la relación con los acusados. Esa es otra de las razones que habilita la ampliación.

Fuente: Pagina 12

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Los jueces dejaron en suspenso la resolución para anular la prisión domiciliaria de otros ocho acusados

Circuito Camps: ordenan el arresto de un acusado para evitar una posible fuga

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata revocó la excarcelación del ex subjefe policial Fernando Svedas acusado de 63 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Nueva acusación por los casos de 33 víctimas.

Por: 

Pablo Roesler

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata ordenó el arresto de uno de los acusados en el juicio por los crímenes del Circuito Camps para evitar su posible fuga, luego de que la querella que representa a la organización Justicia Ya solicitara que se elevara de privación ilegal de la libertad y tormentos a “homicidio agravado” la acusación contra él y otros 14 imputados en la causa. La nueva acusación fue realizada por los casos de 33 víctimas cuyos crímenes quedaron acreditados en el proceso con la identificación de sus cuerpos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por testimonios de sobrevivientes, y alcanzan, entre otros, al gobernador de la provincia durante la dictadura Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno, Jaime Smart, por el asesinato de Jorge Rubistein, mano derecha del empresario David Graiver, en Puesto Vasco. En tanto, los jueces dejaron en suspenso la resolución del pedido para que se suspendan las prisiones domiciliarias de otros ocho acusados.

Tras escuchar los pedidos de la querella, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela hicieron lugar a la solicitud y revocaron la excarcelación del ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Fernando Svedas, acusado por 63 casos de privación ilegal de libertad y tormentos, y ahora también por los homicidios de Elba Traverso de Bossi, Liliana Galarza, Cecilia Luján Idiart, Pablo y María Magdalena Mainer, Domingo Moncalvillo, María Morettini, y Nilda Salamone De Guevara.

La medida fue adoptada para evitar posibles fugas luego de que su situación se complicara por el pedido de ampliación indagatoria realizado por las abogadas Guadalupe Godoy, Belén Gil y Lucía de la Vega. Las abogadas pidieron al tribunal la imputación de Smart, Saint Jean, el comisario Miguel Etchecolatz y el ex subjefe de la Bonaerense, coronel Aníbal Campos, al considerarlos “autores mediatos” del delito de “homicidio agravado por alevosía y ensañamiento” cometido contra 23 víctimas. Además, consideraron que otros 11 ex policías –entre quienes se encuentra Svedas– fueron “coautores funcionales” de ese mismo delito y solicitaron que los indague por esos crímenes. La ampliación de la acusación fue solicitada por los casos de once desaparecidos cuyos restos fueron hallados en el cementerio de Avellaneda; por otros diez asesinados en enfrentamientos fraguados y por dos víctimas de vuelos de la muerte, que fueron identificados por el EAAF. También tuvieron en cuenta pruebas surgidas de material documental, los homicidios de siete desaparecidos cuyos crímenes fueron acreditados en el juicio al cura Christian Von Wernich, y por el caso de Jorge Rubinstein, cuyo asesinato quedó acreditado en el debate a través de los testimonios de Lidia Papaleo e Isidoro Graiver.

Tras presentar ese reclamo, solicitaron las revocatorias de la excarcelación y de las domiciliarias de Smart, el ex militar Saint Jean y otros seis imputados, situación que el tribunal dejó pendiente para la semana próxima, luego de escuchar a la fiscalía, que adelantó que hará el mismo pedido de elevación de acusación, y a las defensas.

El mismo pedido ampliatorio harán las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de Abuelas de Plaza de Mayo y de la APDH. Si el tribunal acepta el pedido, la parte acusadora quedará habilitada para solicitar en los alegatos la pena máxima establecida por el sistema penal argentino. 

Fuente: Tiempo Argentino

 

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