GACETILLA DE PRENSA

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO informa que en el día de la fecha, en un fallo ejemplar, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba presidida por el Dr. Abel G. Sánchez Torres e integrada por los Dres. José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, declaró que el delito de supresión de identidad y estado civil de la hija nacida durante el cautiverio de María de las Mercedes Moreno, ex detenida desaparecida en 1978/79 en Córdoba, es un delito de lesa humanidad y que corresponde que sea investigado por la Justicia Federal de Córdoba.

Así, la resolución de la Cámara revoca la decisión del Juez subrogante del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, quien había declarado la incompetencia de la Justicia Federal para entender en el caso.

La Cámara en su fallo, en razón de la naturaleza y gravedad de los hechos, instruye al Juez Sánchez Freytes a que extreme los recaudos para otorgarle mayor celeridad a la causa y proceda de inmediato a la realización del examen de ADN.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, María de las Mercedes Moreno y toda su familia recibimos con mucha alegría y esperanza la decisión de la Cámara Federal de Córdoba y esperamos con ansiedad la realización de los análisis.

¡ENTRE TODOS TE ESTAMOS BUSCANDO!...

                               

                                                                        Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba

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Juicios por delitos de lesa humanidad Caballero residual: declaró guardia de la U7 acusado de torturas a presos políticos Diario-Primera Linea Se trata de César Casco, miembro de la llamada “guardia dura” por los mismos presos políticos. Una de las víctimas lo acusó de haber racionado la entrega de comida como una estrategia para “quebrarlos emocional e ideológicamente”. El lunes continúan las audiencias con la indagatoria a expolicías de la provincia. El jueves pasado se retomaron las audiencias por la Causa Caballero Residual, en esta oportunidad con la declaración indagatoria al exguardia de la Unidad Penitenciaria Federal (U7), César Casco, acusado de torturas contra los detenidos políticos durante la dictadura militar. Quienes estuvieron en la jornada fueron el conjuez por (licencia de Carlos Skidelski) doctor Diez; el abogado Defensor de Casco, Carlos Pujol, junto al Fiscal Patricio Sabadinni y el fiscal ad hoc Diego Vigay. Casco está acusado de torturas y tormentos contra un detenido, y específicamente por el racionamiento de la comida que brindaba a los detenidos. La conducta fue caracterizada como una forma más de tortura, e incluso la víctima que lo acusa asegura que el mismo guardia expresaba que se trataba de una “forma de quebrarlos emocional e ideológicamente”. No obstante, en su declaración indagatoria, Casco se dedicó a explicar solamente en qué consistía su trabajo, negando que haya tenido responsabilidad alguna en la distribución de la comida y del contacto con los detenidos. Aunque por su parte, el detenido, (cuya identificación es reservada), había narrado que una vez trasladada a la U7 lo alojaron en el Pabellón I donde se encontraban los presos políticos considerados “irrecuperables”. Recordó incluso que de allí lo sacaron a un hombre de apellido Sánchez, y logró observar los vehículos aunque no se acuerda si a Sánchez lo metieron en un baúl. Al día siguiente, los demás reos escribieron una nota al director, incluyendo a Casco en el escrito por el maltrato que recibían los reclusos. También, quien acusa al exguardia, se había referido a la jornada previa a la masacre de Margarita Belén, porque de allí también sacaron a quienes luego fueron las víctimas del fusilamiento. El 12 de diciembre de 1976 al medio día, tenían que salir al patio, pero se produjo un alboroto de algunos de sus compañeros en distintos pabellones; quien estaba a cargo de los presos trasladados era Casco. Cabe recordar que Casco ya declaró en el juicio por la Masacre de Margarita Belén, y su relato estuvo sujeto a varias contradicciones, por lo que una vez concluida la causa, finalmente se lo detuvo bajo el cargo de falso testimonio. Próxima audiencia La próxima audiencia que se realizará por la Causa Caballero residual, será el lunes, en la cual se tomará declaración indagatoria al expolicía y ya condenado Gabino Manader, por el delito de violación de una de las detenidas políticas. Otro imputado en este caso también está involucrado Francisco Rodríguez Valiente, aunque con una autoría secundaria. @@@

TESTIMONIOS

Megacausa: hoy se ventilará el caso Bugatti, secuestrado en Catamarca por orden de Azar Curi

El ingeniero se desempeñaba en Agua y Energía y en octubre de 1976, fue detenido por cuatro hombres que se movilizaban en un automóvil Opel K 180, que luego fue visto en el DIP.

IMPUTADO. Ramiro López Veloso fue identificado como uno de los presuntos secuestradores y que incluso, tras el hecho, amenazó a la familia Bugatti.

Publicado el 14/08/2012 - En el inicio de la undécima semana del juicio de la Megacausa, el Tribunal Oral Federal escuchará hoy cinco nuevos testimonios referidos a la desaparición de tres santiagueños, crímenes ocurridos durante la dictadura. 

Los casos de Santiago Díaz, Dardo Ezequiel Arias y Roberto Bugatti, serán ventilados a través de los relatos de familiares y testigos y forman parte del Grupo Tres (desapariciones forzadas durante el gobierno de facto). 

De acuerdo con expedientes judiciales al que tuvo acceso EL LIBERAL en exclusiva, el secuestro del ingeniero Bugatti tiene como particularidad que se produjo en la localidad Las Pirquitas, en la provincia vecina de Catamarca. Una familia amiga del profesional desaparecido, relató por entonces que cuatro personas de civil armadas se lo llevaron, entre ellas Ramiro López Veloso, ex miembro del Departamento de Informaciones Judiciales (DIP). 

Bugatti trabajaba en Agua y Energía, delegación Santiago del Estero y en julio de 1976 fue trasladado como intendente de Riego a Catamarca, y junto a su familia se instaló en una vivienda de la empresa en la villa turística de Las Pirquitas. En octubre, en ocasión de que Bugatti debía emprender una gira de inspección por el interior catamarqueño, su esposa Lucrecia Seva y la hija del matrimonio partieron rumbo a Santiago del Estero, acordando con su marido que se reunirían el 23 de ese mes.

“Mientras la señora de Bugatti permaneció en la capital santiagueña, se presentaron en tres oportunidades en su casa materna, policías preguntando por su marido y la fecha de su regreso. El viernes 22, el ingeniero Melchor Vicente Nigro que se encontraba en la Intendencia de Riego de Catamarca, recibió a dos personas jóvenes que dijeron ser amigos de Bugatti y que lo buscaban para saludarlo ya que estaban de paso por Las Pirquitas. Éstos se movilizaban en un Opel K 180 color verde limón, sin chapa patente, en cuyo interior aguardaban otras dos personas”, reza el expediente. 

De acuerdo con lo expuesto en el mismo, “Nigro les informó que Bugatti regresaría por la noche. Al término de la jornada laboral, Nigro regresó a su domicilio y vio por segunda vez al Opel estacionado en la entrada a Las Pirquitas. Su esposa vio pasar en reiteradas oportunidades al mismo vehículo, con las cuatro personas en su interior, quienes observaban la casa”. 

“Alrededor de las 23 continúa-, Bugatti llegó de visita a la casa de la familia Nigro, oportunidad en la que tras llamar a la puerta, ingresan los cuatro hombres que habían deambulado por el pueblo. Armados con pistolas e identificándose como policías, redujeron a los ocupantes de la vivienda: el matrimonio Nigro fue encerrado en una habitación y Bugatti llevado con rumbo desconocido”. Según los relatos de la familia Nigro, uno de los cuatro secuestradores era López Veloso. 

Angélica Seva de Bugatti intentó denunciar el secuestro de su marido ante la Policía de Santiago del Estero y ante el Ejército sin resultado alguno.

Fuente: El Liberal-

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Leopoldo Sánchez se negó a declarar

Ante el juez federal de esa provinciao, Guillermo Molinari, el exoficial de Inteligencia Leopoldo Sánchez se abstuvo a declarar en el juicio oral por el que está acusado de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 44 personas durante la última dictadura militar y, según informaron fuentes judiciales, continuará en libertad por disposición de la Justicia Federal.

En su declaración en mayo pasado, el exagente de policía Juan Bustamante había calificado a Sánchez como "el dueño de la vida y la muerte" y "brazo ejecutor de Antonio Bussi”, el jefe mayor del Ejército en Tucumán.

Además, en esa ocasión, Bustamante, quien durante la última dictadura realizaba informes de inteligencia de calle, reveló otros nombres de militares y jueces de la última dictadura militar que a su criterio “hoy deberían estar en el banquillo de los acusados y no están”: “Sánchez dirigía los operativos, traía de Tucumán el listado de las personas que debían secuestrar y procedía a su traslado, juntamente con los entonces militares Llavier, Arce, Julián, Correa Aldana, Tomo y D’Amico”, añadió.

Asimismo indicó que los ex jueces Santiago Grand, Arturo Liendo Roca, Eduardo López (actual camarista federal), Santiago Olmedo (integró el tribunal en el caso María Soledad Morales, en Catamarca) y Lorna Hernández “tenían pleno conocimiento de lo que ocurría e incluso estaban en los interrogatorios de los detenidos”. “Esta sala tendría que estar llena de imputados y únicamente estamos los que elaborábamos informes callejeros”, señaló.

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PEDIDO DE LA FISCALIA EN LA CAUSA POR LOS DELITOS EN EL CIRCUITO CAMPS

La acusación por los homicidios

La fiscalía federal de La Plata solicitó ampliar las imputaciones de catorce acusados e incluir el homicidio de 33 víctimas. El pedido abarca a Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. Si prospera, podrían ser condenados a prisión perpetua.

El abogado Jaime Smart fue ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura.

Por Alejandra Dandan

El fiscal Hernán Schapiro recordó lo que dijo una testigo durante el juicio. El momento en el que Magdalena Perdighé explicó cómo había entendido de chica eso que el dictador Jorge Rafael Videla decía sobre los desaparecidos: “Cuando de chiquita escuchaba ‘no están’, son una ‘entelequia’, a uno le parecía que era hija de fantasmas, todo eso cambió muy positivamente cuando identificaron el cuerpo de mi madre”. Con esos modos de entender lo que significó la recuperación de los cuerpos de las víctimas para sus familias, con los elementos que aportó sobre los asesinatos el Equipo Argentino de Antropología Forense y para tratar de “abarcar la magnitud que tuvieron los hechos”, la fiscalía federal de La Plata pidió ayer, en el juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps, ampliar las imputaciones de catorce acusados e incluir el delito de homicidio por 33 de las víctimas. Como lo empezaron a hacer la semana pasada las querellas, el pedido alcanzó a los responsables máximos del accionar militar en la provincia de Buenos Aires: Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, gobernador y ministro de Gobierno, que hasta ahora no están acusados por asesinato. De prosperar el pedido, también ellos podrían ser condenados a prisión perpetua. Hacia el final del día, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se sumó a la solicitud. El Tribunal postergó las audiencias hasta el 28 de agosto para que respondan las defensas.

“Cuando uno ve cosas como las que todos pudimos ver acá, y hablo de todos, hacen falta palabras que uno no encuentra para explicar tanto horror”, dijo Schapiro. “En parte, la misión nuestra como fiscalía, como también la del Tribunal, es reparar estos hechos que no sólo significan identificar los restos (de las víctimas), sino también determinar la verdad histórica, la aplicación de la responsabilidades penales que a cada uno de los imputados les cabe y la aplicación de una sanción correspondiente, procurando abarcar la magnitud de esos hechos atroces: éste es el sentido de la ampliación que estamos pidiendo.”

La jornada del juicio se abrió tras largas demoras por los traslados de los prisioneros. El Servicio Penitenciario Federal debía llevar a Rodolfo Aníbal Campos, el segundo de Ramón Camps, hasta la cárcel de Ezeiza para escuchar la ronda de acusaciones, pero en el camino se desvió a recoger al médico de policía Jorge Bergés. El Tribunal no quería. Les había dicho que todo estaba demorado y ese traslado no hacía falta. “Quiero que se tenga en cuenta”, repitió el presidente del TOF, Carlos Rozanski, notoriamente molesto cuando se enteró. En la sala del Teatro de la ex AMIA de La Plata, sede del debate, se sentó temprano Saint Jean, que habitualmente no está. Llegó en la silla de ruedas para escuchar la acusación en su contra. Esta vez estaba ahí por el homicidio de Jorge Rubinstein, abogado y hombre de confianza de David Graiver, secuestrado y torturado en Puesto Vasco. Saint Jean quedó sentado en una esquina del escenario, cerca del escuadrón de acusados que sigue el juicio. Apenas lo vio, el ex comisario Miguel Etchecolatz caminó, se puso enfrente y lo saludó efusivamente con la mano.

Schapiro y el fiscal ad hoc Gerardo Fernández tomaron la palabra. Schapiro explicó cuestiones de doctrina y, entre otros antecedentes, una del Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio por los crímenes cometidos en El Vesubio, que habilitó pedidos similares. Con esos elementos intentó abrir lo que reaparece en cada uno de los últimos juicios como dilema, que es cómo hacer para poder incluir la figura de homicidio cuando no fue planteada en la etapa de instrucción. Los argumentos intentan demostrar la vitalidad de la etapa oral y la capacidad de aportar nuevos elementos. En ese sentido, Schapiro habló de nuevos elementos y contó cómo esas pruebas aportaron información de contexto para entender, por ejemplo, en toda su dimensión la dinámica de los centros clandestinos del Circuito Camps, “con mayor conocimiento e información más rigurosa que la instrucción”. Habló de los homicidios como “segunda desaparición”: intentaron “crear un estado de anulación de las personas provocado para causar la muerte sin riesgo alguno para los agresores”.

Los pedidos fueron los mismos que la semana pasada hizo Justicia Ya! Abarcaron tres grupos de víctimas. Entre ellas, veintidós identificadas por el Equipo de Antropología Forense. Otro es el llamado “Grupo de los siete”, aquellas víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones de La Plata y por las cuales el capellán Christian von Wernich fue condenado en 2007. La condena incluyó el homicidio pese a la ausencia de los cuerpos. La sentencia quedó firme en 2010 por un fallo de la Corte Suprema y ahora se lee como prueba documental para sostener la constancia de los asesinatos.

El caso que podría llevar a las perpetuas de Saint Jean y Smart es el de Jorge Rubinstein. Es complicado jurídicamente porque la causa 44/85 consideró que fue secuestrado y torturado, pero no probó el homicidio. Para eso tenía en las manos un informe de la morgue que decía que la muerte era “natural” y consideró que para rebatirla no era suficiente el único testimonio que evaluó, el de Lidia Papaleo, que dijo haberlo escuchado gritar en las torturas, que luego escuchó un silencio y a continuación que arrastraban su cuerpo. Todo eso se puso en discusión en este juicio a partir de la declaración, entre otros, de Isidoro Graiver, que permitió entender que el homicidio se produjo como consecuencia de las torturas sumadas a un grave cuadro de salud. “Jorge Rubinstein era abogado y hombre de confianza de mi hermano”, recordaron los fiscales que dijo él. “Había sufrido un accidente y había sufrido una operación del corazón. Las pastillas que necesitaba no se las daban regularmente. No estaba en condiciones de resistir una sesión más de tortura... Lo llevaron igual. Después de un cierto tiempo escuchamos unos pasos, como arrastrando un cuerpo. (Francisco) Fernández Bernárdez (secuestrado en Puesto Vasco con ellos) puso el ojo en la mirilla y nos dijo que había visto pasar el cuerpo de Rubinstein arrastrado por dos personas.”

En ese contexto, el fiscal Fernández recordó el nuevo testimonio de Lidia Papaleo. Y dijo que los testimonios demostraron que el abogado era una persona de edad avanzada, con “una salud deteriorada”, que fue sometido a tortura y que eso provocó su muerte. Y “contrariamente” a lo que dijeron los peritos, aseguró que “ha quedado demostrado fehacientemente que Rubinstein ingresa a Puesto Vasco en mal estado de salud, con necesidad de medicación controlada y permanente y que, pese a dichas circunstancias conocidas por sus captores, fue sometido sistemáticamente a tormentos”.

Los fiscales pidieron como medida cautelar la detención inmediata y la prisión de todos los imputados y de los que están con domiciliaria por mayoría de edad, entre ellos la de Smart. Los jueces dijeron que el 28 volverá el debate para que se descarguen las defensas y decidir también las cautelares.

Fuente: Pagina 12

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