informe de la unidad fiscal de seguimiento de causas de derechos humanos
Auat: "Todavía hay jueces militantes de la impunidad"
Jorge Auat, fiscal a cargo de la unidad que realiza seguimientos sobre los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, advirtió que "hay jueces militantes de la impunidad", al presentar un relevamiento sobre el avance de las causas contra represores en todo el país ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
"Lo más difícil es ir contra las estructuras del sistema judicial; hay jueces militantes de la impunidad y siguen existiendo mecanismos perversos que protegen a jueces funcionales a la impunidad", declaró Auat.
En ese marco, pidió ante la comisión un "acompañamiento político" al accionar de la unidad fiscal y que ese ámbito parlamentario actúe como "caja de resonancia" de los procesos judiciales.
"La impunidad se refugia en las propias estructuras que debían ser las que pusieran fin a la impunidad; teníamos un caballo de Troya adentro del sistema judicial, que opera mecanismos propios para protegerse", afirmó Auat sobre las causas contra represores que no registraron grandes avances en años. El fiscal relató en detalle parte del trabajo llevado adelante por la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado ante la comisión a cargo de Remo Carlotto, adonde asistió acompañado por el coordinador de esa unidad, Pablo Parenti. "Hay que interpelar fuertemente y con celeridad a los jueces funcionales a la impunidad", opinó Auat, para quien "se necesita dar sustentabilidad a una política de Estado concreta con acciones concretas".
La Unidad –que depende de la Procuración General– fue creada en 2007 para hacer un relevamiento y seguimiento constante de las causas, cualquiera sea su estado procesal. También tiene por objeto "coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación y persecución para posibilitar la apertura y sustanciación de los juicios en los plazos más breves posibles". «
Fuente: Tiempo Argentino
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La comisión de Derechos Humanos recibió a la Unidad Fiscal que dió un informe sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en el país
“Esto es un paso más para continuar con el objetivo de darle visibilidad al estado actual de las causas y colaborar con la celeridad de los juicios, tal como lo pidió la Presidenta de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia” dijo Remo Carlotto en la apertura de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La comisión recibió a los doctores Jorge Auat y Pablo Parenti, fiscal a cargo y coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado “la impunidad se refugiaba en las propias estructuras que debían ponerle fin” reflexionó Auat cuando hacía un repaso sobre la actuación del Poder Judicial respecto a esas causas y agregó “lo que nosotros tratamos de hacer es cambiar el paradigma de las formas de funcionamiento de ese sistema”.
Pablo Parenti y Lisandro Pellegrini forman parte del equipo del Dr. Auat. El primero definió que las causas sobre la dictadura nunca dejaron de ser “cuerpos extraños” para la estructura judicial argentina, no acostumbrada a que existan organizaciones de la sociedad civil que realicen un seguimiento sobre las mismas, ni que tengan tanta relevancia pública. El Dr. Pellegrini, por su parte, describió que en esta etapa donde los juicios avanzan sobre la investigación de civiles se abren nuevas redes de impunidad que presentan nuevos desafíos para la justicia.
Es la primera vez que representantes de esta Unidad Fiscal visitan la Comisión para informar sobre el seguimiento de todos los juicios de crímenes de lesa humanidad que se vienen llevando adelante en el país y los principales obstáculos que la Unidad Fiscal encuentra a la hora de que los mismos lleguen a término.
Remo Carlotto concluyó diciendo que el trabajo que realiza la Unidad Fiscal acompaña y complementa la impronta federal que la Comisión de Derechos Humanos le viene dando a su agenda de trabajo en lo que va del año, de hecho recorrieron en más de una oportunidad juntos el país entrevistándose con organismos derechos humanos y jueces a cargo de este tipo de causas.
El fiscal Jorge Auat aseguró que "hay jueces militantes de la impunidad"
Jorge Auat, fiscal a cargo de la unidad que realiza seguimientos sobre los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, advirtió que "hay jueces militantes de la impunidad", al tiempo que celebró el camino abierto en materia de juzgamientos, más allá de que "todavía falta" por hacer.
El fiscal se pronunció así al presentar un relevamiento sobre el avance de las causas contra represores en todo el país ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
"Lo más difícil es ir contra las estructuras del sistema judicial; hay jueces militantes de la impunidad y siguen existiendo mecanismos perversos que protegen a jueces funcionales a la impunidad", declaró Auat.
En ese marco, pidió ante la comisión un "acompañamiento político" al accionar de la unidad fiscal y que ese ámbito parlamentario actúe como "caja de resonancia" de los procesos judiciales.
"La impunidad se refugia en las propias estructuras que debían ser las que pusieran fin a la impunidad; teníamos un caballo de Troya adentro del sistema judicial, que opera mecanismos propios para protegerse", afirmó Auat sobre las causas contra represores que no registraron grandes avances en años.
Auat relató en detalle parte del trabajo llevado adelante por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado ante la comisión a cargo de Remo Carlotto, adonde asistió acompañado por el coordinador de esa unidad, Pablo Parenti.
"Hay que interpelar fuertemente y con celeridad a los jueces funcionales a la impunidad" opinó Auat, para quien "se necesita dar sustentabilidad a una política de Estado concreta con acciones concretas".
La Unidad -que depende de la Procuración General- fue creada en el 2007 para hacer un relevamiento y seguimiento constante de las causas, cualquiera sea su estado procesal.
También tiene por objeto “coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación y persecución para posibilitar la apertura y sustanciación de los juicios en los plazos más breves posibles”.
"Es una especie de cuerpo extraño en un sistema judicial que no está preparado para llevar adelante los procesos por violaciones a derechos humanos cometidas por la dictadura", graficó Parenti sobre el accionar de la Unidad.
Además, sugirieron la necesidad de impulsar cambios en el Código Procesal Penal y la posibilidad de que los legisladores formulen pedidos de informes a los jueces a cargo de expedientes contra represores.
Como ejemplo del lento avance judicial en materia de derechos humanos, Auat y Parenti mencionaron la demora de los jueces a la hora de fijar las audiencias, o de elevar una causa a juicio oral y la ausencia de herramientas concretas para pedir "explicaciones" a los magistrados.
Fuente: Telam
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Comisión de DDHH: Fuertes críticas de fiscales al sistema judicial
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14-8-2012
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Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, cuestionaron varios aspectos de la actual estructura del régimen judicial y consideraron que “a la voluntad política hay que acompañarla con hechos concretos”.
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En el marco de una convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, presidida por Remo Carlotto (FpV), los doctores Jorge Auat y Pablo Parenti, fiscal a cargo y coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, expusieron sobre el estado actual de los juicios y formularon duras críticas a la estructura del sistema judicial.
“A veces los números reflejan un estado de situación auspicioso pero se desconocen las dificultades”, arrancó Auat, quien repasó el trabajo de la Unidad Fiscal y apuntó que “no puede ser soslayado que la impunidad se reflejaba en las propias estructuras que debían ponerle fin a ésta”. Habló de “jueces funcionales a ese proyecto” y sostuvo que “a la voluntad política hay que acompañarla con hechos concretos”. Por su parte, Parenti indicó que “hace falta mayor gestión judicial”. Opinó que transcurridos cuatro años de reapertura de los juicios, desde la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hasta 2007, “se esperaba otro estado de situación” y que “cada juez y fiscal hacía lo que quería con las causas, sin un plan prefijado”. El fiscal agregó que “no hay ningún juez que haya sido sancionado por las demoras en las causas”. “Es verdad que el proceso está en marcha, pero falta mucho, aunque tampoco podemos transmitir la imagen de que no se avanzó nada”, dijo. Carlotto se comprometió a acompañar, desde la comisión, “en la celeridad de los juicios”, y mencionó que “Argentina es observada como un país que está avanzando fuertemente en la materia”. Por último, ante las inquietudes de los diputados Juliana Di Tullio (FpV), Manuel Garrido (UCR) y Stella Maris Córdoba (FpV), quien además es representante del Congreso en el Consejo de la Magistratura, Parenti y Auat pidieron avanzar sobre algunas reformas en el Código Procesal Penal y en la reglamentación de la prisión domiciliaria -no solo para los casos de delitos de lesa humanidad-. La reunión contó con la presencia de representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HIJOS y Abuelas de Plaza de Mayo. |
Fuente: Parlamentario
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EN LA RIOJA EMPIEZA EL JUICIO POR EL ASESINATO DE LOS CURAS CARLOS DE DIOS MURIAS Y GABRIEL LONGUEVILLE
El plan de persecución a los sacerdotes
De Dios Murias y Longueville fueron asesinados en 1976, dos semanas antes del crimen del obispo Angelelli. Los acusados son Luciano Benjamín Menéndez, que sería exceptuado del juicio por razones de salud, el vicecomodoro Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera.
Los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, francés.
Por Alejandra Dandan
Mañana empieza en La Rioja el juicio por los crímenes de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y el francés Gabriel Longueville, asesinados dos semanas antes del falso accidente que eliminó al obispo Enrique Angelelli mientras viajaba a Buenos Aires con información sobre la persecución a los curas. El debate, que es pensado como la puerta de entrada a lo que fue la persecución de la dictadura al sector de la Iglesia que encarnó la opción por los pobres, comienza en un escenario repetido en muchos lugares del interior del país: de los dos acusados, uno, el ex comisario Domingo Benito Vera, imputado como autor material de los crímenes, está relacionado con la corporación judicial que consiguió posponer durante demasiado tiempo el comienzo del juicio. Y en los últimos días volvió a hacer un intento. Un informe médico intentó apartarlo del juicio; el Tribunal aceptó; la fiscalía se opuso. El debate ahora comienza con los dos acusados en condiciones de estar en la sala. A veinte días del pedido de los fiscales, el Tribunal además acaba de poner por primera vez a los dos acusados en prisión.
Una delegación que se presentó como integrante de la Policía Federal Argentina secuestró a los dos sacerdotes el 18 de julio de 1976, en la casa parroquial de la Iglesia El Salvador, en la localidad de Chamical. Los subieron a un auto; los llevaron a la base aérea de Chamical (Celpa) de la Fuerza Aérea Argentina, los interrogaron y los torturaron. Los cadáveres aparecieron con vendas en los ojos y brutales marcas de tortura, el 20 de julio, cerca de las vías del tren, a unos siete kilómetros de Chamical. En la causa están imputados Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Segundo Cuerpo del Ejército, que hasta ayer era revisado en Córdoba y probablemente quede exceptuado del juicio por razones de salud. También el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, segundo jefe de la base aérea de Chamical. Y Domingo Benito Vera, ex comisario de La Rioja, de quien los testigos dicen que cuando estaba excedido de copas salía por el pueblo ufanándose de haber matado a los curas.
Vera estuvo excarcelado hasta el lunes. Con Estrella sucedió lo mismo en esta causa, pero el expediente paralelo por la investigación del crimen de Angelelli lo mantuvo con prisión domiciliaria. La defensa de Vera presentó hace más de diez días un informe de los peritos del Poder Judicial de la provincia, cuando se trata de una causa federal. El informe decía que por problemas de salud consideraban que no era “oportuno” someterlo al debate. El comienzo del juicio –cuya fecha de inicio debió ser marzo pasado– se suspendió el 7 de agosto porque el tribunal que preside José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu tradujo el “no era oportuno” por “no puede”.
El fiscal Carlos Gonella se opuso a la decisión y pidió que los exámenes se cotejaran con los de médicos del Cuerpo Médico Forense o de hospitales públicos independientes, teniendo en cuenta la trama de relaciones que parecía beneficiarlo. Vera es hermano de un camarista de Chamical; su abogado defensor, Juan Carlos Pagotto, es hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Y los parentescos los enlazan con médicos que trabajan para la corporación judicial. “El diagnóstico finalmente se resolvió de hecho”, dice Gonella. “El fin de semana pasado los vecinos de Chamical vieron a Vera lo más tranquilo caminando en la calle. Para evitar casos como éstos, le pedimos al Tribunal hace quince o veinte días la detención de los dos”, dice. El lunes pasado, los jueces ordenaron la detención “inmediata” por la inminencia del juicio.
Cristina Murias es la hermana del sacerdote Carlos de Dios y parte de la querella. “Un triunfo de la querella y la fiscalía es que se ordenó la detención”, dice a Página/12. “En 36 años nunca estuvieron detenidos ni Vera ni el comodoro Estrella; algo es algo.”
“En La Rioja, el carácter del golpe cívico-militar estuvo marcado por la persecución a los militantes políticos, pero también a los sacerdotes que desarrollaron sus tareas pastorales con el movimiento campesino”, dice Gonella. “En la línea de Angelelli, los sacerdotes reivindicaron los derechos de defensa a la tierra de quienes peleaban desde hacía tiempo frente a los intereses económicos que formaron parte de la represión ilegal y querían desposeerlos.” La represión, dice Gonella, buscó eliminar a los sacerdotes que consideró una amenaza. “Es muy interesante observar cómo en 1970 Angelelli, con los curas que formaban parte del equipo de la pastoral, entre ellos las víctimas de esta causa, ya decía que no se puede alcanzar la paz social mientras el Estado represor esté afectando la dignidad de las personas, eso está en los medios y en las homilías.” Cuando lo mataron, Angelelli llevaba una carpeta con las investigaciones que se habían hecho por la muerte de los dos curas conocidos como “los mártires de Chamical”.
Este es el primer debate oral que mostrará esa trama. Ramiro Fresneda, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos con Guillermo Martínez y Bernardo Lobos, explica que la prueba es numerosa: datos sobre la persecución a otros sacerdotes; documentos sobre la actividad de espionaje en las homilías, que eran grabadas por los militares, y pruebas pastorales, como la última homilía en la que uno de los sacerdotes dice que está amenazado y pide oraciones a la comunidad. “La nota característica del juicio es el plan sistemático de persecución a la pastoral que buscó exterminar la diócesis de Angelelli”, dice Fresneda. “Hay elementos de prueba documental y testimonial y un cúmulo de indicios importantes que permiten tener la certeza de que toda la persecución a los sacerdotes y laicos tuvo que ver con el trabajo de la pastoral y la opción por los pobres y el compromiso con el movimiento rural.”
Las audiencias se harán jueves y viernes. Entre los testigos habrá sacerdotes, religiosas, vecinos de Chamical, integrantes del movimiento campesino y familiares. La lista original sumaba a unas cien personas, pero casi la mitad ya falleció. Los que quedaron son entre 50 y 60 testigos. Se espera que, durante el juicio, aparezcan otras responsabilidades o el silencio y complicidad de la jerarquía de la Iglesia.
Fuente: Pagina 12
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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007
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