22.04.2013 | La Operación Colombo de la DINA chilena terminó con 115 militantes del MIR asesinados, es un antecedente del Plan Cóndor
WikiLeaks: nuevas pruebas sobre la coordinación represiva en la región
Un cable del 14 de agosto de 1975 de la oficina del FBI en Buenos Aires revela la existencia de asesinatos que pueden llevar a cabo integrantes de fuerzas de seguridad de un país en otro. El rol de López Rega y la operación mediática.
Dos meses antes de la que se considera la primera reunión secreta entre las Fuerzas Armadas del Cono Sur para organizar el Plan Cóndor, el servicio exterior de Estados Unidos ya sabía de la coordinación de acciones represivas entre los militares de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
Así lo prueba un cable enviado al Departamento de Estado por la embajada estadounidense en Argentina el 14 de agosto de 1975 en el que se cita que la oficina del FBI en Buenos Aires "sabe que hay asesinatos que pueden ser llevados a cabo por las agencias de seguridad de alguno de estos gobiernos en lugar del otro".
El documento, difundido por WikiLeaks, es uno de los primeros cables que reconoce la cooperación de las fuerzas represivas de la región en el marco de lo que se conoció como Operación Colombo de la DINA, que consistió en el asesinato de 119 personas, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y en una operación de contrainteligencia con la prensa para aparentar que habían muerto en una purga interna en la Argentina.
El montaje, un antecedente del Cóndor, intentó encubrir el secuestro y desaparición de militantes políticos en Chile y contó con el apoyo de medios de prensa chilenos (El Mercurio, La Segunda y La Tercera), junto a la revista Lea de Argentina y Novo O'Día de Brasil.
"Muertes y desapariciones de extremistas chilenos: la participación del gobierno argentino", se tituló el cable del embajador Robert Hill, quien le explicó a la Secretaría de Estado de Henry Kissinger que habían hecho el esfuerzo para descubrir la veracidad de la historia que conecta a las fuerzas de seguridad argentinas con los asesinatos de exiliados de izquierda en el país.
"No hemos descubierto evidencia que pruebe que el enfrentamiento de Salta haya ocurrido, sin embargo presumimos que el gobierno de Argentina cooperó de hecho con el gobierno chileno, así como con los gobierno de Paraguay y Uruguay en actividades antisubversivas", explicó el embajador a sus jefes en Washington.
La operación comenzó el 15 de julio de 1975 con la publicación en el primer y último número de la revista argentina Lea de una noticia titulada "La vendetta chilena" sobre la muerte de 60 "extremistas" chilenos que, según ese medio, fueron "eliminados por sus propios compañeros de lucha en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política".
La nota incluía la lista de las personas asesinadas y el mismo día salió una publicación similar en la revista Novo O'Día de Brasil.
El cable diplomático secreto explica que el origen de la revista Lea, cuyo único ejemplar se imprimió ese 15 de julio, "fue rastreado a una imprenta en una oficina que dependía del Ministerio de Bienestar Social cuando el ex ministro López Rega todavía estaba en el cargo", y consideró que era "poco probable que el poderoso ex ministro no estuviera al tanto de la operación".
Luego de la salida de las notas de Lea y Novo O'Día (también fue su último ejemplar), comenzó a repercutir la operación en los diarios La Segunda, La Tercera y El Mercurio.
Este último matutino tituló "Exterminan como ratas a miristas", al difundir las primeras 60 muertes. Luego se sumarían otras 59 personas asesinadas.
"Las fuentes consultadas creen que las personas de las listas de Lea y O'Día fueron probablemente asesinados en Chile mientras estaban bajo detención de las fuerzas de seguridad. Además, ninguna fuente del gobierno argentino o privada dijo tener conocimiento sobre el enfrentamiento en Salta", sostuvo Hill en su cable.
Después de la operación de prensa, aparecieron en Buenos Aires los cuerpos carbonizados de cuatro personas. No se podían identificar salvo sus documentos. Entre ellos estaban Luis Alberto Wendelman Wisnik y Juan Carlos Perelman Ide, pero sus familiares rechazaron que se tratara de ellos.
Las sospechas sobre la coordinación de acciones represivas son confirmadas en el mismo cable del 14 de agosto citando fuentes de la oficina del FBI en Buenos Aires.
Estos ratifican que "la policía y especialmente los militares de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile están bien interconectados" y detallan que "las fuerzas de seguridad chilenas tendrían muy pocas dificultades para que sus pares argentinos plantaran los documentos de Guendelman-Perelman o incluso sus cadáveres en Buenos Aires".
Como conclusión, el diplomático señala que, según su investigación, "las historias de asesinatos y la operación de Salta que involucran a fuerzas de seguridad argentinas fueron probablemente inventadas por el gobierno chileno con fines internos. La complicidad del gobierno argentino, si hubo, probablemente estuvo limitada a la cooperación con las autoridades chilenas en realizar el engaño".
En otro cable, Hill difunde la postura de las autoridades argentinas sobre esta colaboración. Aseguró que el Ejecutivo "expresamente negó algún vínculo con el gobierno chileno al nivel de los servicios de seguridad (DINA/SIDE). Sin embargo reconocieron un vínculo probable entre la DINA y la Triple A". «
los primeros contactos entre las fuerzas
Uno de los primeros documentos que dan cuenta de la cooperación represiva entre Chile, la Argentina y Paraguay data del 6 de junio de 1975.
Allí, el agregado de Asuntos Legales de la embajada estadounidense en la Argentina, Robert Scherrer, envía una carta al general chileno Ernesto Baeza para informarle que Jorge Isaac Fuentes Alarcón, ciudadano chileno, fue detenido en Asunción el 17 de mayo de 1975. Junto a él estaba Amílcar Santucho, hermano del líder del ERP Mario Roberto Santucho.
"Me he enterado que el sujeto citado es ciudadano chileno y miembro del MIR. Durante varios interrogatorios por parte de la policía de Asunción admitió que es miembro de la Junta Coordinadora y estuvo actuando como correo para dicha agrupación", señaló Scherrer.
Unos días después de conocerse el secuestro, figura otro documento donde el coronel José Osvaldo Ribeiro (alias Rawson), oficial del Batallón de Inteligencia 601, envía a sus pares paraguayos una serie de preguntas para el interrogatorio de Santucho y Fuentes Alarcón dirigidas a esclarecer las actividades de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que integraban el MIR, el ERP y Tupamaros de Uruguay.
plan cóndor
Se denomina Plan Cóndor a la coordinación de acciones represivas entre las fuerzas de seguridad de los países del Cono Sur que estaban regidos por gobiernos militares o autoritarios. Los países que participaron de esta organización fueron, principalmente, la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Aunque hubo también colaboración de otros gobiernos de la región.
La primera reunión de lo que sería el Plan Cóndor se llevó a cabo en Santiago de Chile en noviembre de 1975. Sin embargo los cables aquí publicados dan cuenta que ya existían vínculos entre las fuerzas represivas anteriores a aquella época y que contaban, al menos, con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos.
Como destacan los documentos, la Operación Colombo vinculó a la inteligencia chilena con las fuerzas parapoliciales de la Triple A, encabezada por el ministro de Bienestar Social José López Rega, e integrada por miembros de las fuerzas de seguridad, militares y civiles.
A diferencia de la mayoría de los casos que son investigados, estos hechos ocurrieron antes de que rigiera en el país el decreto que otorgó "intervención de las Fuerzas Armadas" para "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país", firmado el 6 de octubre de 1975 por Ítalo Luder, presidente provisional del Senado oficiando como titular del ejecutivo ante la licencia de María Estela Martínez de Perón.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Capital tiene previsto reanudar hoy el juicio oral y público en la causa, en la que se juzga a 25 imputados, entre ellos el ex dictador Jorge Rafael Videla, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
En la audiencia, los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo G. Laufer y Ricardo Angel Basílico tienen previsto continuar con la resolución de las cuestiones preliminares y el inicio de las indagatorias de los acusados. Este juicio busca establecer responsabilidades por la colaboración de las dictaduras de Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil.
Fuente: Tiempo Argentino
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