miércoles, 24 de abril de 2013






 
Jujuy:
 
A la información dada ayer sobre la ingatoria al ex jefe de personal de Mina Aguilar, difundimos una foto de una de las marchas de los obreros de Mina Aguilar, para denunciar la explotación a que eran sometidos. La revancha de los empresario s comenzo antes y despues del 24 de marzo de 1976. De eso tiene que dar cuenta Eduardo Lopez hoy.
 
 
 
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Megajuicio: reconstruyen el circuito del terror en Salta

Por Elena Corvalan
 
 
 
Ayer dos testigos presenciales señalaron, en el Cementerio de la Santa Cruz, el lugar donde el Ejército abrió una fosa común para arrojar cuerpos que traían por la noche. Otro testigo, el policía retirado José Carrasco, reconoció el lugar donde se encontró el cuerpo del militante peronista Eduardo Fronda, el 8 de enero de 1975, el primero de una larga lista de víctimas fatales de la represión paraestatal y estatal. Lo dejaron cerca del alambre del terreno del Ejército, en el camino a Lesser, a unos 300 metros de la entrada al Pucará de Buena Vista, el viejo casco de estancia que pertenece al Ejército y en la actualidad se alquila para fiestas pero que en la década del 70 era usado como residencia del subjefe del Ejército y cuyo paisaje tiene características similares a las descriptas por los detenidos que fueron torturados en centros clandestinos de detención y salieron con vida. 
Con los testimonios volcados en el debate y las inspecciones ya se sabe que los detenidos eran concentrados en dependencias del Ejército, muchos eran pasados a otro centro clandestino de detención donde fueron sometidos a todo tipo de vejámenes (se sospecha que funcionó en Buena Vista), el lugar preferido para el exterminio de personas fue el solitario paraje El Gallinato, donde según un testigo hubo al menos veinte muertos. Si no eran sometidos a explosión para hacerlos desaparecer, los cuerpos eran ocultados en el Cementerio de la Santa Cruz. 
Mariana Gamboa, querellante en este proceso por su madre, Gemma Fernández Arcieri, y su padre, Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 196 y desaparecidos desde entonces, consideró que esta altura del juicio tienen "ya una reconstrucción de lo que significó ese momento", y "falta terminar de determinar dónde quedaron lo restos de nuestros familiares". 
Gamboa insistió en que en la provincia "el circuito del terror fue uno solo". "El territorio de Salta era un campo de batalla pensado por estas mentes de asesinos genocidas que utilizaban espacios geográficos para construir un plan sistemático de eliminación, entonces los lugares no eran casuales, tiene que ver con puntos clave donde ellos podían de alguna manera tener zona liberada, esconder pruebas, o sea, tenían como una razón de ser que se repite, es muy parecido al campo de concentración de La Perla, la situación del Chaco, de Jujuy, en donde los circuitos del terror tienen como piezas fundamentales la detención, la desaparición, la tortura, la búsqueda de información, el chequeo de esas personas y los traslados o destino final como le decían ellos mismos en la jerga que usaban para su eliminación", analizó ayer tras las inspecciones. 
Gamboa destacó asimismo la articulación de la represión "entre Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, el circuito de la zona y subzona queda además probado y lo vamos a terminar de probar cuando vayamos a Tartagal y Orán". 
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4.04.2013 | jornada decisiva en la causa por la masacre de margarita belén II

Dictan en Chaco sentencia a represor

El ex capitán de Inteligencia del Ejército Norberto Raúl Tozzo escuchará hoy el veredicto por cuatro casos de privación ilegítima de la libertad. Las consecuencias de las limitaciones que Brasil impuso para su extradición.




El ex capitán de Inteligencia del Ejército Norberto Raúl Tozzo escuchará hoy la sentencia como único acusado en la segunda parte del juicio que se le sigue en Chaco por la Masacre de Margarita Belén. Si bien las querellas y fiscalía creen que participó en once homicidios cometidos en 1976, sólo deberá responder por cuatro casos de privación ilegitima de la libertad debido a las limitaciones impuestas por Brasil para su extradición. 
Tozzo no pudo ser juzgado en el anterior debate por la Masacre de Margarita Belén porque estaba prófugo de la justicia en el país vecino. El militar fue apresado en la ciudad de Río de Janeiro el 17 de septiembre de 2008 y la justicia recién logró que volviera al país en mayo de 2011, pocos días después de que se condenara a perpetua a ocho miembros del Ejército por el fusilamiento de 22 presos políticos. 
Tanto para las querellas como para los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay, el acusado "no sólo participó en la planificación sino en la misma ejecución del hecho", en relación a la desaparición de Fernando Piérola, Roberto Yedro, Reynald Zapata y Julio Pereyra. Es por eso que pidieron para el ex militar 24 años de prisión como coautor de esas privaciones ilegitimas de las libertad cometidas en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. 
Si bien la extradición desde Brasil permitió su juzgamiento, también le impuso un "corsé jurídico", según expresó el fiscal Patricio Sabadini, ya que como Brasil no ratificó la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y no incorporó esos delitos a su derecho interno, sólo se lo pudo acusar por privación de la libertad. 
Hasta la etapa crítica del trámite de extradición, Tozzo también estaba imputado por once homicidios agravados así como por las privaciones ilegítimas de la libertad agravada de esos hechos. Otra condición impuesta por la justicia brasileña fue que, en caso de considerarlo culpable, la condena no pueda superar los treinta años de prisión, en relación al límite máximo del ordenamiento penal brasileño.
"Los otros acusados fueron condenados a perpetua, entonces parece que se premia al que se ha fugado", se lamentó Sabadini, quien también advirtió sobre el peligro de que con este tipo de "beneficios" las personas que no están detenidas o que tienen prisión domiciliaria se fuguen a Brasil. "Argentina está a la vanguardia del enjuiciamiento de las violaciones a los Derechos Humanos en la región y deja en evidencia al resto de los países del Mercosur. Hay que replantear en la región estos tratados de extradición sobre los ciudadanos  argentinos", analizó el fiscal.


Fuente: Tiempo Argentino












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