martes, 21 de mayo de 2013





18ª Marcha de Silencio, anoche por la Avenida 18 de Julio. Foto: Nicolás Celaya
Aún

Ayer se realizó la 18ª Marcha del Silencio, en un clima de malestar por percepción de retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia.
La sensación entre los miles de manifestantes era la de que hubo un retroceso. Desde la Marcha del Silencio del 20 de mayo del año pasado hasta la de ayer todo lo relacionado a la búsqueda de verdad y con los procesos judiciales a los responsables de crímenes en la última dictadura no ha sido alentador para los militantes por la defensa de los derechos humanos.
El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil y la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de caducidad golpeó duramente a quienes luchan desde hace años por verdad y justicia. Ese estado se podía percibir entre los presentes en la previa al inicio de una nueva Marcha del Silencio, desde Rivera y Jackson. Se notaba en las charlas y en las pancartas y carteles. “Basta de palabras. Juicio y castigo”, rezaba uno firmado por la Corriente de Estudiantes del Pueblo. “No son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad”, afirmaba otro, en referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró prescriptibles los crímenes denunciados por las organizaciones de derechos humanos. “
Ninguna confianza en esta Justicia”, “apertura de los archivos de la dictadura”, “la muralla de la impunidad caerá”, decía el cartel de Plenaria Memoria y Justicia, mientras que el pasacalle principal expresaba el lema de la convocatoria de ayer: “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”. Se trataba, en esos casos, de mensajes que era posible encontrar en otras ediciones de la marcha, pero hubo dos que, de algún modo, marcaron la tónica de la de ayer.
Al final, un enorme pasacalle decía: “Señores del gobierno y la Corte, con su sangre hagan los pactos que deseen, pero no le permitimos pactar con la sangre inocente de nuestros seres queridos”, firmado por “Hijos, familiares y amigos de Aldo Chiquito Perrini”, uno de los casos que el fallo de la SCJ dejó sin sentencia (ver http://ladiaria.com.uy/ACKr). Unas cuadras más adelante, a la altura de la Plaza de los Treinta y Tres, otro enorme cartel daba cuenta del cambio de ánimo que provocaron los fallos de la SCJ: “¿Hasta cuándo marcharemos en silencio?”, era la pregunta. A la hora de arrancar se podía apreciar una concurrencia importante, que desafiaba al frío y a un cielo nublado y amenazante. Había dirigentes del Frente Amplio (FA) como el diputado Felipe Michelini, Daniel Martínez, el embajador itinerante Julio Baráibar, el ex ministro de Salud Pública Jorge Venegas, la ex ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, el ex vicecanciller socialista Roberto Conde, el ex director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Víctor Giorgi, el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Faroppa. También, el ex embajador argentino en Uruguay Hernán Patiño Mayer y los militantes Jorge Marenales y Jorge Zabalza, entre otros.
Cuando comenzó la marcha, alguien gritó que el responsable de que no hubiera justicia era el FA, lo que motivó que un integrante de la organización le pidiera que se retirara. El hombre retrucó diciendo: “No me metas nada que la calle es libre”. Un par de cuadras después, a la altura de la Facultad de Derecho, se escucharon gritos contra Tabaré Vázquez, José Mujica y otros dirigentes del FA. El que los profería era un hombre que simulaba hablar desde un público, y que molestó a los manifestantes porque estaba rompiendo la consigna de marcha en silencio. Entonces, el hombre dijo su última frase: “Hola, ¿Jefatura? Acá hay un grave caso de droga y tortas fritas”. Luego, colgó el tubo y se retiró.
Al llegar a la altura de la explanada municipal, en la pantalla de la fachada del edificio de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales se emitía un spot alusivo a la marcha, que decía “Escuchalos”, mostraba algo escrito en lenguaje de señas y remataba con un gran “Están”, en letras blancas sobre fondo negro.
Como todos los años, al llegar la cabecera de la marcha a las inmediaciones de la Plaza Libertad, se enunciaron los nombres de los detenidos desaparecidos, y ante cada uno de ellos, los concurrentes gritaron “presente”. Al llegar a la plaza, se entonó el Himno Nacional, y a la altura de las últimas estrofas comenzó a caer una suave e imperceptible llovizna. Parecía que todo terminaba ahí, pero no fue así. Integrantes de algunas organizaciones, entre ellas Plenaria Memoria y Justicia, hicieron un caceroleo en la sede de la SCJ. Los manifestantes sólo llegaron hasta una valla que no permitía acceder a la puerta del edificio.
Dos manifestantes se paseaban por la plaza: una mujer disfrazada de Justicia, con los ojos tapados con un trapo que decía “Frente Amplio”y la boca con un bozal que decía PITCNT; otro, disfrazado de coracero y portando un escudo que decía “SCJ”, llevaba atada a la primera. Otros se quejaban, indignados, porque un policía que estaba del otro lado de la valla se reía. Los demás golpeaban cacerolas, cucharones, latas de conserva vacías, canillas, al tiempo que entonaban consignas como “no hubo errores, no hubo excesos; son todos asesinos los milicos del proceso” y “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”.
Con el correr de los minutos, la protesta en las inmediaciones de la sede de la SCJ se fue disipando. En la plaza quedaba mucha gente que no se había sumado al caceroleo. El senador Rafael Michelini declaraba a la prensa que confía en que la Justicia determine “quiénes son los responsables y actúe con las garantías del caso”, y que mientras haya un caso impune “el Estado estará en deuda, por eso hay que seguir”. Óscar Urtazún, integrante de Familiares, declaraba que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro “lo único que ha hecho es entorpecer las investigaciones y jugarse siempre por la inocencia de los asesinos”. Valentín Enseñat, de Hijos, afirmaba: “Algo que nos anima y nos alienta es ver cuáles han sido las consecuencias de eso, y ver que los fiscales y los jueces, a pesar de estas resoluciones, han tomado decisiones de acuerdo a lo planteado por el derecho internacional”. La llovizna seguía cayendo, no se notaba pero seguía, y de puro perseverante, mojaba.

Fuente: www.ladiaria.com.uy
Nacional - DERECHOS HUMANOS

Tras la Marcha del Silencio, protesta frente a la Suprema Corte

Luego de llegar a la Plaza Libertad, un grupo enfiló hacia la Suprema Corte para protestar por las recientes decisiones del organismo: "Hay que anular, hay que anular, sino la Corte se va a quemar", cantaron


Con la consigna "En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?", miles de personas marcharon en la noche de este lunes por el Centro de Montevideo, en una nueva edición de la Marcha del Silencio, convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Como todos los años la concentración y marcha fue en silencio, sin banderas ni consignas partidarias. De todos modos, varios dirigentes políticos se hicieron presentes, mayormente del Frente Amplio.

La concentración, como es habitual, partió del Espacio de Homenaje a los detenidos desaparecidos en América Latina, en Rivera y Guayabo,  para posteriormente marchar por unos dos kilómetros hasta la Plaza Libertad.

Al finalizar la marcha, con el tradicional canto del himno y la mención al nombre de todos los detenidos desaparecidos seguidos del grito “presente”, el grueso de los manifestantes se dispersaron, pero un grupo importante enfiló hacia el edificio de la Suprema Corte, a pocos metros de allí, para protestar.

"Hay que anular, hay que anular, sino la Corte se va a quemar", cantaron, además de entonar: “Los queremos todos presos, los milicos del proceso", en referencia a la decisión de la SCJ que declaró inconstitucional la ley que derogó los efectos de la Caducidad.

“Respuesta” de la Justicia.
Oscar Ortazum, uno de los integrantes de Madres y Familiares dijo el domingo que los miembros del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial "deberían dar una respuesta" por esa falta de justicia.

Los 20 de mayo, desde 1996, las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos marchan por la capital uruguaya para reclamar conocer "toda la verdad" sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La fecha elegida se debe a que el 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires, donde se habían exiliado, los legisladores uruguayos Zelmar Michelini (senador) y Héctor Gutiérrez Ruiz (diputado), junto con los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw en casos nunca aclarados.

Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura en Uruguay, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que son más de 200.

Hace diez días la Justicia uruguaya condenó al general Miguel Dalmao, a 28 años de prisión por los crímenes cometidos durante la dictadura.

El general Dalmao, de 61 años, se convirtió en el primer militar en actividad condenado y fue encontrado responsable del homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, de 24 años y profesora de literatura, en una unidad militar en 1974.
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www.elobservador.com.uy



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EL MUNDO › DIFUNDEN DOCUMENTOS INEDITOS SOBRE LA DICTADURA DE BRASIL
Escuela de represores

La Escuela Nacional de Informaciones fue creada por los militares y siguió funcionando en democracia, hasta 1989. Pasaron por allí los que hoy están acusados de ser torturadores.

La escuela fue creada durante la dictadura de Garrastazú Médici.

Documentos inéditos revelan que la dictadura brasileña (1964-1985) creó un centro de formación de represores similar a la Escuela de las Américas, que Estados Unidos montó en su base en Panamá. La Escuela Nacional de Informaciones (ESNI), en la que se dictaron cursos de formación para la represión ilegal de la oposición política, fue creada en 1972 bajo el gobierno del presidente de facto Emilio Garrastazú Médici (1969-74), según documentos revelados ayer por el diario brasileño O Globo.
La ESNI funcionó hasta 1989, cuatro años después del fin del régimen militar, bajo el gobierno de transición de José Sarney. Según los documentos, a los que el periódico brasileño accedió en virtud de la Ley de Transparencia, estuvo inspirada en la Escuela de las Américas que funcionó entre 1946 y 1984 en Fort Gullick, territorio estadounidense en el Canal de Panamá, para formar a agentes latinoamericanos en la represión ilegal de la oposición bajo el pretexto del combate al comunismo durante la Guerra Fría.
“Por estas escuelas de represión pasaron los que hoy están acusados de ser torturadores, y en sus clases los represores aprendían a disfrazarse, a penetrar en residencias sin dejar vestigios, y a pensar como guerrilleros, leyendo estrategia del Che Guevara y de Mao Tse Tung”, escribió O Globo.
La ESNI ofreció 83 cursos durante sus 17 años de actividad. Algunos se llamaban “Interrogatorio” o “Vigilancia”. “Los clases de Interrogatorio representaron el más importante número de horarios de la disciplina”, publicó el medio. Los cursos tenían como asistentes a los agentes civiles y militares del Servicio Nacional de Información (SNI), y el objetivo era formar cuadros para los diferentes niveles de la red represiva.
Después de la escuela, muchos de los alumnos entraron al Destacamento de Operaciones de Informaciones (DOI) o al CODI (Centro de Operaciones para la Defensa Interna). Según O Globo, entre los inspiradores de la ESNI figura el brigadier Joao Paulo Burnier, ex comandante de la base aérea del aeropuerto internacional de Río de Janeiro y uno de los 60 mil militares entrenados en la Escuela de las Américas, acusado por la desaparición del militante brasileño-estadounidense Stuar Angel Jones, que fue miembro del grupo armado MR-8 e hijo de la diseñadora de modas Zuzu Angel.
El caso de la ESNI, que tuvo su sede central en un barrio de la zona sur de Río de Janeiro, al lado de la playa Copacabana, se conoció en medio del avance de la Comisión de la Verdad instalada hace un año por la presidenta Dilma Rousseff, quien fue guerrillera y estuvo presa por la dictadura, que la torturó. Brasil tuvo a sus últimos tres presidentes como víctimas de la prisión o exilio bajo la dictadura. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Rousseff.
La Comisión de la Verdad no descarta que su informe final sobre lo que pasó durante los años de plomo en Brasil, que será entregado en mayo de 2014, a 50 años del golpe y antes del Mundial de fútbol, pueda contribuir a que se derogue la Ley de Amnistía sancionada en 1979 por el último presidente de facto, el general Joao Baptista de Figueiredo.
En los últimos días, militares retirados que tuvieron gran parte de su formación dentro de la democracia, fustigaron los trabajos de la Comisión de la Verdad, como el interrogatorio realizado al ex coronel Carlos Brilhante Ustra, jefe de la represión en San Pablo, que negó los 50 casos de torturas seguidas de muerte bajo su comando.
Uno de los casos fue el del general Luis Sodré de Castro, que hasta 2011 fue el comandante militar de la casa de gobierno, el Palacio del Planalto, que consideró el caso de Ustra como revanchismo.
Sin embargo, la vigencia de la Ley de Amnistía fue ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF). Esta ley, que impide la apertura de procesos contra los autores de violaciones a los derechos humanos, convirtió a Brasil en el país más atrasado respecto de sus vecinos sobre la investigación y castigo a los responsables de cometer crímenes desde el Estado.
Según Gilney Viana, coordinador del Ministerio de Derechos Humanos, la nueva generación de militares adopta parte de los sentimientos de la más antigua, que participó activamente en la represión surgida del golpe de Estado contra el presidente constitucional Joao Goulart.
“Recientemente los egresados de la academia militar Agujas Negras fue bautizada como Médici (tercer presidente de la dictadura). Los instructores y los manuales militares todavía tienen otra visión de la historia y la enseñan de acuerdo con su conveniencia”, sostuvo el funcionario.
Fuente: Pagina 12, lunes

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La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia

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