jueves, 2 de mayo de 2013







30.04.2013 | tras la acusación de mario cimadevilla

Respaldo a la procuradora Gils Carbó

Sectores de la justicia opinaron que la denuncia contra la jefa de los fiscales tiene motivación política. Los antecedentes que legitiman las designaciones ad hoc.




Por: 

Tiempo Argentino





La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue respaldada por diversos sectores de la justicia nacional y organismos vinculados al Derecho, ante la denuncia del senador radical y consejero de la Magistratura, Mario Cimadevilla, por la designación de fiscales sin el debido proceso. Desde la jefatura de los fiscales sostuvieron que la funcionaria hará una defensa política de su gestión al frente de la Procuración, que se caracterizó por la creación de unidades especializadas para combatir delitos económicos y lavado de dinero, violencia institucional y narcotráfico. Las mismas fuentes aseguraron que la denuncia contra Gils Carbó –que será investigada por el fiscal Guillermo Marijuán– tiene motivación política y origen en un grupo de fiscales descontentos con haber sido desplazados por su gestión. 
Técnicamente, Gils Carbó está facultada por el artículo 11 de la Ley Orgánica de Ministerios Públicos y por la resolución 35/1998 del ex procurador Nicolás Becerra para elegir como fiscales ad hoc a funcionaros y personal auxiliar de la propia Procuración. En 2002 y 2006, la asesoría jurídica del organismo elaboró dictámenes en los cuales se señalaban dos razones que facultan al procurador para designar ese tipo de fiscales: una extraordinaria cantidad de trabajo en una jurisdicción que no cuente con los magistrados suficientes y la ausencia de fiscales con acuerdo del Senado. 
La denuncia de Cimadevilla se apoya en la misma base argumental de los planteos realizados por los abogados defensores de represores en casusas por delitos de lesa humanidad, donde es habitual la designación de fiscales para permitir que el proceso avance. En esos casos, la intención es la de nulificar los juicios. Se aduce la presunta prevalencia de la garantía del fiscal natural por sobre el mejor funcionamiento del sistema acusatorio. Los antecedentes de este tipo de nombramientos se remontan al juicio a las Juntas, cuando se invitó a participar a Luis Moreno Ocampo como fiscal adjunto. Lo mismo sucedió en el proceso contra el levantamiento carapintada en 1991 cuando el entonces secretario Martín Niklison fue designado fiscal ad hoc por el procurador Oscar Roger. Becerra aplicó el mismo proceso en los juicios por la Verdad, con acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indicaba la designación de "Fiscales Especiales Coadyuvantes", y la de fiscales ad hoc para actuar junto con los fiscales en todas las causas de averiguación de la verdad y destino final de las personas desaparecidas. 
Esteban Righi, durante su gestión también recurrió al mismo mecanismo de designación e incluso creó las distintas estructuras especiales, las cuales fueron remplazadas por las procuradurías diseñadas por Gils Carbó. En su interinato, Luis González Warcalde también procedió a designar fiscales bajo las mismas condiciones. En ninguno de los casos anteriores hubo denuncias de parte de consejeros de la Magistratura por haber creado condiciones para apuntalar las acusaciones del Ministerio Público. Desde la jefatura de los fiscales vincularon esta presentación judicial en su contra con la activa participación que mostró en el movimiento Justicia Legítima y el apoyo a las reformas en la justicia. Apuntaron hacia una interna entre fiscales, encabezada por el ex fiscal antilavado, Raúl Plee, su par Ricardo Sáenz y el ex fiscal de Cámara Juan Martín Romero Victorica. «

Fuente: Tiempo Argentino



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Justicia legítima



El espacio de jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales “Justicia legítima” sostiene que “la administración de los recursos” del Poder Judicial debe hacerse “según lo establece el artículo 114 de la Constitución Nacional”, esto es, a través del Consejo de la Magistratura y no de la Corte Suprema de Justicia. En los proyectos que el Gobierno envió al Congreso para la reforma de la Justicia se establecía que el manejo de los fondos lo haría el Consejo, pero ante un pedido del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el Ejecutivo accedió a modificar su iniciativa y que fuera el máximo tribunal quien se ocupara de la administración de los recursos. “Justicia Legítima representa una actitud ética y moral frente a una administración de justicia y un ejercicio de la magistratura caracterizados por un espíritu corporativo que produjo su aislamiento del conjunto de la sociedad. Consecuentemente, una interpelación semejante que conmueve los cimientos de una estructura configurada a la medida de los intereses de clase y de espaldas al pueblo no puede hacerse sin antes pasar por virulentas reacciones contra quienes nos atrevimos al desafío. En ese marco, entendemos que las reformas son la piedra angular de un nuevo tiempo. Y seguiremos trabajando para que nuestras convicciones se concreten en realidades tangibles, entre ellas el que a nuestro juicio constituye su elemento nodal, como es el de la administración de los recursos según lo establece el artículo 114 de la Constitución Nacional”, dice la agrupación, que volverá a reunirse el 31 de mayo, en un nuevo documento. “Lo hecho hasta aquí no es más que el comienzo de un largo y complejo camino para hacer realidad el cambio cultural de magistrados, funcionarios y empleados que los acerque definitivamente a las necesidades sociales que están llamados a atender”, señalaron.




Fuente: Pagina 12





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