lunes, 20 de mayo de 2013

Se reanudan las audiencias





Se reanudan las audiencias

Luego de que el pasado 6 de mayo se diera inicio al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Capilla del Rosario (Catamarca) entre el 11 y el 12 de agosto de 1974, contra 14 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), este lunes 20 de mayo, a partir de las 9:00hs se reanudarán las audiencias en el Tribunal Oral Federal (TOF) de calle Sarmiento 695.
En la sesión pasada, el abogado de la defensa, Lucio Montero, planteó al tribunal la nulidad de todo el proceso judicial basándose en que el fiscal federal que instruyó esta causa, Santos Reynoso, no poseía un título de abogado y ejercía su cargo ilegítimamente. Asimismo, denunció a los querellantes por “asociación ilícita”, pues motivados por “un afán desmedido de venganza” estarían tergiversando los hechos, enmarcándolos como delitos de lesa humanidad cuando, según Montero, se trató de “un enfrentamiento circunstancial con terroristas armados”. Finalmente, el tribunal rechazó la totalidad de estos planteos y decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este lunes 20 de mayo.


NOTA DE ARCHIVO

EL ANCASTI POLICIALES/JUDICIALES  Catamarca - Miércoles 30 de agosto de 2006

EL ANCASTI accedió a documentos que permanecieron ocultos desde hace 32 años
Autopsias confirman que se ejecutó a los guerrilleros

Aunque las pericias eran claras, la Justicia nunca investigó de oficio lo sucedido. Todos los cuerpos presentan heridas certeras,  casi todas en el tórax. s Uno de ellos recibió tres balazos en la parte posterior de la cabeza, en lo que fue una clara ejecución. 1974, confirman que éstos no murieron en un enfrentamiento sino que fueron ejecutados. Los protocolos de dichas pericias, llevadas a cabo por tres médicos forenses de la Policía provincial, se encuentran ahora incorporada a la causa iniciada a partir de la denuncia que realizaron representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes para afirmar que miembros del Ejército Argentino y posiblemente de la Policía provincial cometieron entonces delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.
E
L ANCASTI tuvo acceso a esos documentos,  en los que se detallan y muestran gráficamente las heridas de bala sufridas por cada uno de los integrantes del ERP: todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia, que afectaron órganos vitales e incluso en algunos casos miembros superiores, usados en un gesto defensivo reflejo.
Un caso es paradigmático y por demás elocuente: el del guerrillero identificado entonces como Norberto Carlos Rufino o José Eduardo Gruss: la pericia indica que presentaba cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente”.
El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Es decir, le dispararon desde atrás y posiblemente intentó cubrirse la cabeza con sus manos antes de ser ejecutado
Denuncias
Esta situación ya había sido denunciada públicamente en 1974, aún a costa de su seguridad personal, por los abogados Mardonio Díaz Martínez, Mario Marca y Alfredo “Cuqui” Curuchet.
Éste último letrado apareció asesinado con 50 balazos, en La Plata. La última vez que se lo vio con vida fue abordando el ómnibus desde la Terminal de Catamarca. Se sospecha que el homicidio lo cometió la Triple A. Sin embargo, ni con las denuncias realizadas entonces -los abogados mencionaron que las heridas tenían rastros de pólvora, lo que indica que los disparos se hicieron a corta distancia- ni con las pericias oficiales a la vista, la Justicia jamás inició una causa de oficio para investigar las circunstancias de lo ocurrido en Capilla del Rosario. Sí fueron juzgados y condenados en el fuero federal trece guerrilleros capturados en distintos puntos del Valle Central.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia que hicieron Mirta de Clérici, Ana Radusky, Jorge Alberto Perea y Guillermo Díaz Martínez con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda, y con el posterior requerimiento del fiscal Santos Reynoso, comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la masacre, como también procurar la identificación de los cinco cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en elcementerio municipal.
El expediente comenzó a ser tramitado por entonces juez federal Pedro Armando Navarro -secretaría de Manuel Moreno (h)- y evidenció importantes avances desde entonces, ya que se incorporó el expediente inicial, se citó a varios testigos que presenciaron aquellos hechos y se exhumaron los cinco cadáveres que estaban sepultados en el cuadro 24 del cementerio local. Uno de ellos ya fue identificado y resultó ser, tal como se sospechaba, un guerrillero uruguayo que se había sumado a la intentona rebelde, Rutilio Dardo Betancour Roth. Sus familiares no sólo reclaman los restos mortales que permanecieron sepultados más de treinta años sin ser identificados.
Van más allá. Con la reciente constitución como querellantes particulares, sus hermanas quieren que se conozca la verdad de lo sucedido y que se castigue a los responsables de la masacre.


Daniel Saseta


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