un caso clave sobre la apropiación de empresas durante la dictadura "Venimos a sacarnos una mochila que tiene 37 años"

 un caso clave sobre la apropiación de empresas durante la dictadura

"Venimos a sacarnos una mochila que tiene 37 años"

El empresario Carlos Iaccarino declaró en la primera audiencia del juicio a los ex policías acusados de su secuestro y el de sus hermanos.

Por: 

Pablo Roesler

Teníamos que dar nuestro aporte a la Memoria, la Justicia y la Verdad. Teníamos un deber moral de decir la verdad y sacarnos una mochila de 37 años.” Con esas palabras el empresario Carlos Iaccarino concluyó su declaración en la primera audiencia del juicio que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata sigue a dos ex comisarios de la Policía Bonaerense por el secuestro y torturas cometidos en su perjuicio y el de sus hermanos Alejandro y Rodolfo (ya fallecido). En esa causa también comenzó a develarse el rol de civiles, jueces y empresarios en el desapoderamiento de las dos estancias de 25 mil hectáreas en Santiago del Estero y un avión valuado en 300 mil dólares de los tres hermanos durante la última dictadura militar.

Desde ayer, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega juzgan por "secuestro coactivo en concurso real con tormentos" a los ex comisarios Bruno Trevisan (84) y Rómulo Jorge Ferranti (76), quienes se desempeñaban como jefe y subjefe del centro clandestino de detención El Infierno que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda. Allí se realizó en 1977 la maniobra fraudulenta para obligar a los empresarios a vender a precio vil sus propiedades.

Carlos Iaccarino recordó el desarrollo empresario familiar que comenzó a finales de la década del '60 con una estrategia basada en la economía social en diversas ramas y que alcanzó su apogeo a mediados de los '70 con la compra de una empresa lechera en Santiago del Estero. Contó que fue secuestrado el 4 de noviembre de 1976 junto a su padre y su hermano Rodolfo por la Policía en Santiago del Estero y luego trasladados en avión a Aeroparque. También contó que ese mismo día su madre y su hermano Alejandro fueron secuestrados en Capital Federal.

Recordó que allí comenzó la tragedia. Tras pasar durante ocho meses por diferentes centros de detención de la Policía Federal en Capital y el centro de tortura de la Bonaerense que funcionó en el COT I de Martínez, llegaron el 6 de julio de 1977 a la Brigada de Lanús.

Allí fueron indagados en julio por el juez Russo, del Juzgado Federal Nº 2 de La Plata y su secretaria Beatriz Aparicio –que se jubiló recientemente como jueza–, quienes los interrogaron como imputados en una causa por 

"monopolio en el negocio de la carne", por un acuerdo que habían realizado en 1975 con el secretario general de la CGT de La Plata, Rubén Dieguez, para generar centros de venta barata de carne para frenar el crecimiento de los precios. 

Luego se produjo el desapoderamiento: "En los primeros días de agosto nos llevan a la oficina del comisario Ferranti donde había dos personas. Nos presentan, eran (Bruno) Chesi y (Vicente) García Fernández", contó Iaccarino y recordó que con ellos estaba la escribana Lía Cuartá.

"Ustedes para irse de acá tienen que dejar algo y nosotros queremos los campos y el avión", recordó que amenazaron Chesi, de la empresa Quino Química, y García Fernández de la Cámara de Hoteles y Tierras de Alta Gracia. Y para formalizar la compra a precio vil ofrecieron liberarlos de la causa penal y hacer un poder a nombre de su padre. Como pago les ofrecieron un campo de golf en Alta Gracia y 300 mil dólares.

No tuvieron opción. Y los sobreseyeron de la causa, pero no obtuvieron pago alguno. Y tras pasar por la Unidad 9 de La Plata, fueron liberados el 4 de septiembre de 1978.

La jornada comenzó con la declaración de Ferranti, que negó todo, pero según la abogada de los Iaccarino, Florencia Arietto, incurrió en contradicciones y confirmó la reunión en el centro clandestino. Como testigo de concepto, también declaró el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien apuntó a la complicidad civil con la dictadura.

Fuente: Tiempo Argentino