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Comunicado de la empresa Ledesma sobre procesamiento de Blaquier y Lemos
Antela resolución de la Cámara Federal de Salta que confirmó el procesamiento del Dr Carlos Pedro Blaquier y del Ing. Alberto Lemos por el presunto préstamo de una camioneta para la detención de tres personas durante la última dictadura militar, Ledesma reitera que nunca prestó camionetas para tal fin y ratifica la total inocencia de ambos directivos.
La causa judicial se viene desarrollando en un marco de absoluta irregularidad y violación de los derechos y garantías constitucionales más elementales, con la indebida presión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la actuación de grupos como la Tupac Amaru que han realizado intentos de copamiento del Juzgado Federal interviniente, forzando la renuncia del juez actuante, y atentando contra la vida del Dr. Blaquier.
A esto se suma la irregular actuación de la Procuración General de la Nación que reemplazó al fiscal federal natural de la causa por el abogado de los querellantes, en abierta y flagrante violación de las leyes vigentes, tanto nacionales como internacionales.
Estos hechos demuestran que la acusación se basa únicamente en motivaciones políticas e ideológicas, consentidas en este proceso judicial, sin pruebas y plagado de irregularidades y presiones. Estamos seguros de que la inocencia de ambos directivos será finalmente reconocida en las instancias judiciales superiores.
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Sábado 24 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa
Fallo
La Cámara confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos
Por Adrián Ventura | LA NACION
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó los procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, titular de Ledesma, y Alberto Enrique Lemos, ex administrador de la planta, como "partícipes" (cómplices) del secuestro de tres personas que habrían sido llevadas por Gendarmería en camionetas prestadas por la firma.
La resolución fue dictada en el caso en el que se investiga la privación ilegítima de la libertad que sufrieron Luis Ramón Aredez, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián el 24 de marzo de 1976.
Según lo aclara expresamente el fallo, el aporte de Blaquier y de Lemos, como partícipes primario y secundario, se habría limitado a facilitar las camionetas usadas para esa tarea por la Gendarmería.
En cambio, dice la resolución, "no existen pruebas de que ambos directivos hubieran brindado precisiones para que la Gendarmería encontrara a las víctimas" ni "tampoco hay elementos para sospechar que hubieran colaborado con los allanamientos de sus domicilios y las torturas, ni que demuestren que sabían que esos hechos iban a ocurrir".
El fallo de la Cámara Federal, integrada por los doctores Jorge Luis Villada, Roberto Loutauf Ranea y Federico Santiago Díaz, ratificó un fallo que en noviembre último había dictado el juez federal N° 2 de Jujuy, Fernando Poviña.
La empresa Ledesma, en un comunicado firmado por su directorio, reiteró que "nunca prestó camionetas para tal fin" y ratificó la "total inocencia de ambos directivos".
"La causa se viene desarrollando en un marco de absoluta irregularidad y violación de las garantías constitucionales, con la indebida presión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la actuación de grupos como Tupac Amaru", a lo que se suma la irregular actuación de la Procuración General de la Nación, que reemplazó al fiscal de la causa por el abogado de los querellantes", se quejó Ledesma.
"Estos hechos demuestran que la acusación se basa únicamente en motivaciones políticas e ideológicas", agregó en el comunicado.
La resolución
Para confirmar los procesamientos, la Cámara Federal reconoció que faltan pruebas directas, por lo que se apoyó en "inferencias" e "indicios".
El tribunal descartó un informe de la Gendarmería, que afirmó que nunca usaron camionetas de Ledesma.
La relación de las personas secuestradas, entre ellas, el médico Aredes -que había dejado de trabajar en Ledesma 16 años antes del secuestro y que sí se desempeñaba en el hospital que había donado la firma- era muy conflictiva y, como consecuencia de la actuación política y sindical que desarrollaban, "pudieron haber llevado a ser consideradas como personas peligrosas o subversivas" y "pudieron existir elementos de conflicto".
Tres testigos dijeron haber sido llevados en vehículos de Ledesma. La Cámara descartó que esas camionetas hayan sido las que la empresa había entregado años antes a Gendarmería, en virtud de un decreto de 1966, o que hayan sido usadas sin autorización.
Los camaristas afirmaron, en tanto, que en una empresa de la magnitud de Ledesma, nada escapaba al control de Blaquier.
La Gendarmería habría pedido las camionetas porque ese mismo día había hecho otros procedimientos y no le alcanzaban las propias
Fuente: La Nacion
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Eran dueño y administrador del ingenio Ledesma cuando se produjo "El Apagón"
La Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos
Memoria Verdad y Justicia - Télam
La Cámara Federal de Salta confirmó hoy el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El Tribunal también confirmó el procesamiento de Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo del ingenio. A ambos por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente. El fallo publicado íntegramente por el Centro de Información Judicial (CIJ), del Poder Judicial de la Nación, puntualizó que una de las víctimas del delito imputado fue el médico Luis Ramón Aredez, el luego detenido-desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, localidad donde se encuentra el ingenio.Las otras dos víctimas consideradas en el fallo de más de 70 fojas, que confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos, son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz conformaron además la resolución del juez instructor Fernando Poviña que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos.
El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que "operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa".
En el mismo sentido, estableció que "tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su Administrador General (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio".
Las pruebas reunidas en el expediente "indican prima facie que Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa", puntualizó.
"En suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha
circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo", añadió la Cámara.
El fallo confirmó además el aporte de la Empresa Ledesma a la represión dictatorial no sólo el 24 de marzo de 1976 y las privaciones de la libertad en días subsiguientes, como en el caso de Melián, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma.
La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas y en particular la de Aredez, quien, como intendente, había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida.
El Tribunal sostuvo que la actividad política de las victimas generó enfrentamientos con la empresa, los que quedaron acreditados por publicaciones de la época.
La resolución rechazó recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa de los acusados como por la fiscalía y los querellantes particulares.
El fallo de la Cámara Federal de Salta se vio precedido por una declaración conjunta de organismos de derechos humanos que repudió ayer en Jujuy "la escalada mediática que lleva adelante la defensa" de Blaquier para evitar su procesamiento.
Blaquier y Lemos "utilizan" al diario La Nación "como tribuna para ejercer su defensa mediática", afirmaron en la declaración Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas-CONADI), Asociación de Ex presos políticos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez y Grupo de Abogad@s de Derechos Humanos, entre otras entidades jujeñas.
Según el extenso documento, la denunciada "escalada mediática" buscaba "instalar una `verdad` por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta" que debían confirmar o no el procesamiento dictado por el juez Poviña.
"Como parte de esa estrategia", intentaron "deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal", representado por el fiscal federal ad-hoc Pablo Pelazzo, y del juez federal Poviña, subrayó el mismo texto.
En noviembre de 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura, en la llamada "Noche del Apagón" y otros operativos.
Este procesamiento tuvo como base "una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la Empresa Ledesma, por hechos denunciados durante décadas por víctimas del terrorismo de estado y diversos sectores de la sociedad", señalaron los organismos de derechos humanos.
Fuente: Telam
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