Tucuman: Procesaron al ex juez federal Manlio Martinez " como miembro de la asociación ilicita que llevó adelante el terror estatal"

                        La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento del ex juez federal Manlio Martínez. Además de confirmar su procesamiento por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada (todo como autor material), lo procesó como miembro de la asociación ilícita que llevó adelante el terror estatal. Señaló que el ex juez Martínez "contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus actores"

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NOTAS DE ARCHIVO

Tucumán: una familia judicial cómplice

Año 3. Edición número 152. Domingo 17 de abril de 2011

Por 

Marcos Taire, periodista, desde Tucumán

lesahumanidad@miradasalsur.com

El juez Pérez Villalobos fue quien denunció a sus colegas y reclamó investigar sus conductas.

Un juez pidió investigar a los magistrados que fueron colaboracionistas con la última dictadura

La responsabilidad de la Justicia en el plan de exterminio del terrorismo de Estado y la actuación del ex juez federal Manlio Martínez fueron señaladas por José María Pérez Villalobo, integrante del Tribunal Oral Nº 1 que condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y al comisario Roberto El Tuerto Albornoz en la causa “Romero-Niklisson”. El magistrado acusó a Martínez al destacar que los testigos “refirieron que acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores”. También expresó su esperanza de que “se investiguen las conductas de los funcionarios judiciales” y estimó que “aquellos magistrados y funcionarios que tuvieron complicidad con el terrorismo de Estado deben ser juzgados con la misma severidad que los responsables reales de este período negro de nuestra historia. Si las víctimas han confiado en este órgano judicial para relatar sus padecimientos, tenemos la obligación funcional de promover las investigaciones correspondientes”.

En la causa “Romero-Niklisson” se investigó y probó el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros. En su dictamen, Pérez Villalobo denunció que “tanto el ex juez Martínez como la ex actuaria Donatila Rosa Carabajal, tuvieron conocimiento desde el primer día de la existencia del supuesto enfrentamiento, de la existencia de cadáveres pertenecientes a civiles abatidos, de los nombres de los mismos, de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ni el señor juez ni el señor fiscal de ese entonces tomaron medidas tendientes a identificar los cuerpos ni ordenaron efectuar autopsias ni identificaron al personal militar interviniente”. Para Pérez Villalobo, “esas omisiones funcionales tenían el claro propósito de encubrir el accionar delictuoso de las fuerzas del orden”. Su conclusión es que “el Poder Judicial es el único poder del Estado que no hizo su autocrítica reflexiva”.

“Ni la policía me exigió que me declare dueño de ese paquete (con panfletos) y, en verdad, lo único que tiene que hacer usted es tomarme declaración testimonial y no exigirme que declare una cosa que no es cierta.” Esas palabras le enrostró un obrero ferroviario detenido ilegalmente al juez federal Manlio Martínez en 1975. Están en el legajo 317-B-84 del informe de la Comisión Bicameral que investigó las violaciones de los derechos humanos cometidas en Tucumán. Decenas de testimonios similares y otros aun más graves incriminan a Martínez, que siguió siendo juez en democracia y nunca fue llamado a declarar ni en calidad de testigo. Ejerció el cargo entre 1974 y 1984, cuando los senadores rechazaron su pliego. Desde la Operación Independencia y durante la dictadura, rechazó todos los hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. También dio por finalizadas algunas causas por asesinatos emblemáticos, como el del presidente de la UCR tucumana, Angel Gerardo Pisarello, sin haber realizado ninguna investigación.

El fiscal Alfredo Terraf, acusador en el juicio “Vargas Aignasse” en el que fueron condenados a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, reveló que hay “un acta en la causa, en la cual ese ex magistrado (Martínez) aparece visitando Famaillá, donde funcionó el primer centro clandestino de detención, en compañía del entonces coronel Mario Benjamín Menéndez”. Este militar fue jefe de estado mayor de la zona de operaciones en Tucumán y fue el que en 1982 rindió las tropas argentinas a los ingleses en la guerra de las Malvinas. El general Rattembach, en su informe sobre el desempeño cobarde e inepto de la mayoría de la oficialidad argentina, pidió para Menéndez las penas más duras contenidas en el Código Militar. Años después Menéndez dijo que los siete meses que pasó en Famaillá fueron un período de gran aprendizaje y elogió la tortura como método aplicado en ese lugar.

El juez español Baltasar Garzón, cuando en nuestro país estaban vigentes las leyes de impunidad, pidió la captura internacional del ex juez Martínez, junto a decenas de represores que actuaron en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército.

En Tucumán, todos saben que la familia judicial, cómplice de la dictadura militar, permanece incólume. Familiares y amigos de los funcionarios que debieran ser acusados por esa complicidad con los represores pueblan los juzgados provinciales y federales. Al producirse la caída de las leyes de impunidad los abogados querellantes en las causas de violaciones de los derechos humanos descubrieron que en los expedientes faltaban folios que habían sido arrancados y no pudieron rehacerse nunca más. Es fácil imaginar quiénes los sustrajeron.

Una gestión personal del ex presidente Kirchner impidió que un personaje ligado a los represores, Francisco Sassi Colombres, ex fiscal de Estado durante la dictadura y acusado de defender a Bussi en los estrados judiciales, llegara a integrar la Corte Suprema de Justicia provincial, cargo para el que ya había sido designado con la aprobación de los legisladores provinciales. Inexplicablemente, el gobernador José Alperovich lo nombró presidente de la Caja Popular de Ahorros de la provincia, cargo que actualmente desempeña. Sobre Sassi Colombres pesa la denuncia de que hizo desaparecer, quemándola, documentación sobre los desaparecidos en Tucumán, que se encontraba escondida en su estudio.

Otro ex fiscal de Estado de la dictadura y funcionario de todos los gobiernos militares desde la década del ’60, Mario René Goane, fue designado vocal de la Corte Suprema provincial, en una clara demostración del poder de la corporación judicial, que pudo más que los gobiernos nacional y provincial, que intentaron vanamente impedirlo. El establishment en pleno lo respaldó, destacando sus cualidades de hombre de bien, occidental y cristiano. Al recordarse en 2010 el bicentenario del tucumano Alberdi, Goane afirmó en un discurso que “la República hoy atraviesa una sistemática y grave situación de peligro de extinción y de instauración de un totalitarismo enmascarado”. Curiosa preocupación de Goane: nunca abrió la boca para defender las libertades conculcadas cuando en la dictadura ocupó el mismo cargo que tiene ahora.

Los funcionarios de la unidad de seguimiento de los juicios por violaciones de los derechos humanos de la Nación formularon advertencias y denuncias sobre las trabas en las causas en Tucumán. Remo Carlotto dijo que los juicios en la provincia tenían una estructura perversa que beneficiaba a los represores. A su vez, el fiscal Jorge Auat afirmó que un ejemplo de lo que no se debe hacer es lo que se hizo en Tucumán, donde, a pesar de que esa provincia fue una de las más castigadas por el terrorismo de Estado, los juicios se estructuraron por casos individuales, en lugar de nuclearlos por centros clandestinos de detención.

El caso Debenedetti. Osvaldo Debenedetti era un militante del PRT que fue detenido en 1974 en Tucumán y a quien el juez Martínez procesó y envió a la cárcel, acusándolo de integrar una asociación ilícita. Al mismo tiempo fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El Tordo, como le decían sus compañeros, deambuló de penal en penal durante 4 años hasta que en 1978 fue alojado en la UP 1 de Córdoba.

Un ex militante del ERP que se había entregado, agobiado por las condiciones de la vida en clandestinidad, fue el nexo que los militares encontraron para vincular a Debenedetti con el frustrado ataque a un cuartel del Ejército en Catamarca en 1974. Se convencieron de que El Tordo había ocupado un lugar relevante en la estructura guerrillera y decidieron asesinarlo. Ordenaron su traslado desde la cárcel de Córdoba a Tucumán. Allí fue alojado en el penal de Villa Urquiza, de donde un día lo sacaron y lo mataron. El Ejército informó que Debenedetti había muerto al intentar fugar, en algún lugar cercano a Caspinchango.

Debenedetti era un preso con proceso y el juez que entendía en la causa, Martínez, era el responsable de su seguridad y del cumplimiento de todas las normas legales que garantizaran su vida. La fuga fraguada no fue investigada nunca por el juez. La causa por este asesinato, en la cual hay media docena de imputados, incluidos los acusados de haber cometido el crimen, iba a ser tratada en juicio oral a principios de este año, pero fue postergada para fines de octubre próximo.

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Las excusas de un juez procesista

Año 4. Edición número 167. Domingo 31 de julio de 2011

Por 

Ramiro Rearte, desde Tucumán

lesahumanidad@miradasalsur.com

El pasado vuelve. El ex magistrado tucumano declaró el miércoles ante la justicia.

Manlio Martínez está acusado de tomar declaración en centros clandestinos y de rechazar hábeas corpus.

El ex juez federal durante la dictadura militar, Manlio Torcuato Martínez, finalmente declaró ante un juez en democracia, luego de más 35 años de silencio por parte del ex magistrado tucumano, acusado de haber visitado centros clandestinos de detención para tomarles declaración a los detenidos, entre otros delitos de lesa humanidad.

Luego de varias dilaciones de parte de Martínez, llegó el miércoles pasado al primer piso de los Tribunales Federales de Tucumán, donde lo esperaba el juez Daniel Bejas. Martínez fue un activo civil durante la presencia de los genocidas Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi en la provincia. El ex magistrado llegó ofuscado: porque consideró (y lo dijo frente a los empleados de tribunales a los gritos) que era víctima de “los fiscales militantes”, haciendo referencia al fiscal Carlos Brito, que firmó su comparecencia ante Bejas y elevó todo el trabajo de investigación realizado durante más de un año. Pero lo que más lo molestó a Martínez fue la exposición de esta situación en los medios gráficos nacionales, como las notas publicadas por Miradas al Sur, que lo hicieron “conocido” y también ayudaron a que este civil colaboracionista fuera citado como imputado en una causa de derechos humanos de relevancia.

El pedido de instrucción se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto a prisión perpetua por el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brand­sen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1816/1820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976. Para la fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

Durante más de dos horas, Martínez trató de defenderse de su participación en los hechos que se lo vinculan. Entre otras cosas, de rechazar todos los pedidos de hábeas corpus que entraban en su despacho, desde 1975 hasta entrada la democracia. Por ende, eligió vendarse los ojos frente a los familiares de desaparecidos, a la hora de impartir justicia, pero acudía raudamente cuando algún genocida de turno lo convocaba para tomar declaración testimonial a personas detenidas ilegalmente.

Según el fiscal Brito, “los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con su anuencia para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”. Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un centro clandestino de detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, El Tuerto Albornoz. Ese prisionero ilegal estuvo privado de su libertad durante más de un año.

El juez Bejas le mostró a Martínez todas y cada una de las actas firmadas por él mientras fue magistrado durante la represión ilegal de los años ’70. El ex juez poco pudo decir sobre las pruebas que se le presentaban, una tras otra. Sólo entre 1975 y 1976 Manlio Martínez recibió más de 350 acciones de hábeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas.

Con el apoyo de Vilas. Según el fiscal Brito, “Manlio Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo de la Operación Independencia, en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las Fuerzas Armadas a su cargo. Señaló Vilas en esos años que pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez.

Desde 1975 hasta 1983, Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa rea­lizada a Vilas. “Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas ‘legalizadas’ eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura”, dice parte de la acusación de la fiscalía.

Ante la cantidad de testimonios que Bejas tomó a las personas detenidas durante la dictadura se pudo comprobar que existen además registros de su presencia en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia: la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” de la Operación Independencia, la Escuelita de Famaillá y la Delegación local de la Policía Federal. En esos lugares, “el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas”, asegura Brito en su informe.

Martínez supo construir en democracia mucho poder dentro de la esfera judicial. De hecho, uno de los comentarios más fuertes en los tribunales tucumanos era que el ex juez nunca iba a ser citado a declarar. Sin embargo, al parecer las cosas empezaron a cambiar dentro de la familia judicial.

Lo que se espera en un par de días es que el juez federal Bejas dictamine sobre la causa en cuestión y sobre el futuro procesal de Martínez, que podría quedar detenido por las pruebas aportadas por el fiscal Brito y la Unidad de Fiscales en la materia, coordinadas por Jorge Auat y Pablo Parenti.

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