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EL PAIS › EL MAGISTRADO EDUARDO PUIGDENGOLAS DENUNCIO INTIMIDACIONES DE UN REPRESOR
Amenazas a un juez mendocino
La intimidación fue telefónica. La hizo un hombre que se identificó con nombre y apellido como detenido por crímenes de lesa humanidad. Los destinatarios fueron el juez federal y el ex fiscal general de San Rafael.
El juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, recibió el llamado el fin de semana.
Por Ailín Bullentini
“Cuídense, estamos cerca”, le advirtieron por teléfono al juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, el pasado fin de semana. La amenaza fue expresamente dirigida a él y al ex fiscal general de esa ciudad Francisco Maldonado por un hombre que se identificó como uno de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, acusado en la instrucción de ese magistrado.
El fiscal general de esa ciudad mendocina está llevando a cabo la investigación sobre la amenaza, que permanece con secreto de sumario. Por ahora en sus manos –resta definir si no pasará al fuero de la ciudad capital de la provincia–, el actual fiscal general de San Rafael, Pablo Garciarena Robles, inició la causa por las amenazas que recibió Puigdéngolas el fin de semana, cuando el magistrado denunció la advertencia telefónica. Ayer a primera hora recibió de parte del juez federal la ampliación de la denuncia en su despacho. Hoy se presentará en el penal de San Felipe, de donde presuntamente provino la amenaza. “El autor de la amenaza se identificó con nombre y apellido. Esa persona es un acusado por crímenes de lesa humanidad, investigado por el juez y el fiscal amenazados, y cumple prisión preventiva en el San Felipe. Queremos corroborar que no haya sido alguien que quiso hacerse pasar por el acusado”, explicó a este diario el fiscal a cargo.
La causa permanece bajo reserva, aunque Garciarena Robles confirmó que el presunto amenazador es uno de los imputados en la última causa que instruyó el juez amenazado, quien cuenta con custodia policial.
No existen en San Rafael antecedentes de miembros del Poder Judicial que, por investigar hechos ligados a los secuestros, las torturas, las desapariciones y homicidios sucedidos durante la última dictadura cívico militar hayan recibido amenazas o ataques. Sin embargo, sí hay registros de algunos hechos de esa índole en Mendoza capital. Cuando comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad, el presidente del tribunal denunció haber recibido amenazas o intimidaciones, recordó Garciarena Robles. En más oportunidades les ocurrió lo mismo a abogados de organismos defensores de derechos humanos y al fiscal general de Mendoza, Dante Vega. Puigdéngolas y Maldonado, el fiscal que era subrogante en San Rafael hasta hace poco menos de un mes, fueron los responsables de investigar, detener y procesar a catorce ex integrantes de la policía de Mendoza y ocho militares de un total de 35 acusados, a quienes se los investiga por su presunta comisión de delitos de lesa humanidad en esa ciudad durante la última dictadura militar. Se trata de la investigación más importante de San Rafael en materia de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado –incluye siete causas– y llegaría a la instancia de juicio oral este año. Este sería el segundo de ese distrito y el quinto de la provincia.
Algunos acusados desde la cárcel, como el sospechado de haber cometido la amenaza al juez y al fiscal, otros con el beneficio de la prisión domiciliaria, aguardan que la Justicia analice sus responsabilidades en homicidios, tormentos, asociación ilícita, robo o privación ilegítima de la libertad cometidos en los departamentos de General Alvear, Malargüe y San Rafael propiamente –todos pertenecen a la jurisdicción judicial de este último–. En el plan sistemático de exterminio del Estado genocida, los escenarios en donde se dieron la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, como el palacio policial rafaelino, eran considerados “de tránsito” hacia centros clandestinos más feroces.
La instrucción de esta megacausa, conocida como “causa Báez”, no fue la única intervención de Puigdéngolas en hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad. El año pasado, estuvo a cargo junto al Equipo Argentino de Antropología Forense de la búsqueda de restos óseos humanos en inmediaciones de un ex refugio militar ubicado en el departamento mendocino de San Carlos. Si bien la búsqueda resultó en el hallazgo de restos óseos, aún no hay información de su pertenencia. Además, ordenó el procesamiento de Julio Demetrio Petra, el camarista que luego de ayudar al ex juez Otilio Romano, quitándole del medio al magistrado que investigaba su complicidad en el genocidio de la década del ’70, se encontró con él a tomar champagne.
Fuente: Pagina 12
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"Cuídense, estamos cerca", advirtieron. En el penal hay varios de los imputados
San Rafael: Un juez y un fiscal fueron amenazados por teléfono desde el penal de San Felipe
San Rafael.- El juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas y el ex fiscal Federal Francisco Maldonado fueron amenazados telefónicamente desde el Penal de San Felipe por uno de los presos por delitos de lesa humanidad que está allí detenido. "Ya hice la denuncia en la Fiscalía Federal y se están tomando las medidas necesarias. Fue una amenaza directa de un detenido por lesa humanidad", indicó el juez Puigdéngolas, quien investiga la participación de policías y militares en delitos de lesa humanidad. "Cuídense, estamos cerca", les dijo una voz de hombre por el teléfono.
La amenaza ocurrió este fin de semana en forma directa y provino desde el penal de San Felipe, anexo a la carcel de esta capital, donde el detenido espera el desarrollo del quinto juicio por delitos de lesa humanidad que se realizaría este año en San Rafael, en el sur provincial.
En tanto, el ex fiscal federal, quien actualmente está a cargo de la Fiscalía en San Juan, Francisco Maldonado, también fue amenazado telefónicamente y haría la denuncia en San Juan para que luego la justicia de allí gire la denuncia a Mendoza.
El año pasado, el magistrado mendocino concretó la detención y procesamiento de 14 miembros ya retirados de la policía de Mendoza y de ocho militares de un total de 35 originales, a quienes se los investiga por su presunta comisión de delitos de lesa humanidad en San Rafael durante la dictadura. Esa investigación llevaría este año a concretar un quinto juicio oral por delitos de lesa humanidad en esta provincia. Tras la denuncia, Puigdéngolas tiene custodia de la Policía Federal en su domicilio. También el año pasado, este juez federal estuvo a cargo junto al Equipo Argentino de Antropología Forense de la búsqueda de restos óseos humanos en inmediaciones de un ex refugio militar ubicado en el departamento mendocino de San Carlos, donde se hallaron fragmentos de huesos, pero aún sin resultados oficiales.
En San Rafael este año se espera concretar el segundo juicio por delitos de lesa humanidad (el quinto en Mendoza,) en el cual se juzgará a 21 ex policías o militares. Algunos de ellos permanecen en la cárcel y otros con prisión domiciliaria a la espera del juicio, con imputaciones que van desde homicidio, tormentos, asociación ilícita, robo, o privación ilegítima de la libertad.
Fuente:http://memoria.telam.com.ar
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Megacausa con 37 imputados
Mendoza: juicio demorado y amenazas a funcionarios judiciales
En dos semanas comenzarán a declarar los testigos de la causa de los ex jueces en la capital provincial. En San Rafael, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que realiza en ese departamento, amenazaron a un magistrado y a un ex fiscal.
Por: Juan Manuel Mannarino
El megajuicio de Mendoza por delitos de lesa humanidad está demorado: las audiencias, que transcurren lunes y martes, aún siguen en la lectura de acusaciones a los imputados. “Creemos que en dos semanas recién empezarán a declarar los testigos. En estos momentos se están leyendo las acusaciones a los exjueces Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Luis Miret. El caso de Otilio Romano es diferente: está en una causa separada por haber estado prófugo. El juicio viene demorado porque además de la megacausa 'D2' –Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza–, está la de los jueces, y las audiencias terminan después del mediodía. Pedimos expresamente a la fiscalía si podemos aumentar las horas de audiencia para las próximas semanas porque si no, se avanzará demasiado lento”, dijo a Infojus Noticias Juan Manuel González, subsecretario de Derechos Humanos de Mendoza.
A diferencia de otros juicios por delitos de lesa humanidad, hay una expectativa diferente en torno a las audiencias. “Son muchos los imputados, es la primera vez que en Mendoza hay una megacausa, con 37 imputados. Es importante remarcar que la fiscalía está haciendo un gran trabajo sobre los requerimientos, para que todo siga por el curso normal de los acontecimientos”, aclaró González. Solo en la primera audiencia hubo un incidente. El exjuez Miret sacó una cámara de fotos y provocó malestar en los familiares de las víctimas, que lo increparon públicamente. A partir de allí, dentro y fuera del tribunal predomina una “tensa calma”, según definió González. Los jueces prohibieron la cámara a Miret.
“Hay un antes y un después en este juicio. La sociedad civil está participando activamente, son jornadas históricas. Aún no se puede hacer una gran evaluación de lo ocurrido, pero el juicio revelará grandes acontecimientos para nuestra historia”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos.
El megajuicio de Mendoza es considerado inédito en el país porque además de juzgar la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado, contempla por primera vez en la provincia los ataques sexuales que sufrieron ex detenidas durante sus cautiverios como un delito independiente de las torturas y tormentos. Los ex policías Julio Héctor Lapaz y Rubén Darío González fueron los primeros a los que se les leyó la novedosa imputación dentro de la causa que tiene como víctima a Rosa del Carmen Gómez. En total son doce los represores a los que se imputa, entre otros delitos, de violar sistemáticamente a un grupo de personas que hoy son sobrevivientes del D2, el máximo centro clandestino de detención de la provincia.
El megajuicio –que se estima durará dos años– incluye, en total, más de doce causas. Involucra a cien víctimas, de las cuales 37 están desaparecidas. Las demás personas sufrieron privaciones de la libertad, la mayoría fue sometida a torturas, algunas quedaron con lesiones y/o perdieron parte de su patrimonio debido a los robos, considerados “botín de guerra”. A esto se suman varios casos de encubrimiento junto a una supresión de identidad y la sustracción de una bebé.
Amenazas a funcionarios judiciales en San Rafael
El juez federal de San Rafael y el ex fiscal Federal, Eduardo Puigdéngolas y Francisco Maldonado, respectivamente, fueron amenazados telefónicamente desde el Penal de San Felipe por uno de los presos por delitos de lesa humanidad, detenido allí.
“Ya hice la denuncia en la Fiscalía Federal y se están tomando las medidas necesarias. Fue una amenaza directa de un detenido por delitos de lesa humanidad”, indicó el juez Puigdéngolas, quien investiga la participación de ex policías y militares en la represión de la dictadura.
“Cuídense, estamos cerca”, les dijo una voz de hombre por teléfono. La amenaza ocurrió este fin de semana en forma directa y provino desde el penal de San Felipe, anexo a la cárcel de esta capital, donde el detenido espera el desarrollo del quinto juicio por delitos de lesa humanidad que se realizaría este año en San Rafael, a unos 250 km al sur de la capital provincial.
En tanto el ex fiscal federal, quien actualmente está a cargo de la Fiscalía en San Juan, Francisco Maldonado, también fue amenazado telefónicamente y haría la denuncia en San Juan para que luego la justicia de allí gire la denuncia a Mendoza.
El año pasado, el magistrado mendocino concretó la detención y procesamiento de 14 ex integrantes de la policía de Mendoza y ocho militares de un total de 35 originales, a quienes se los investiga por su presunta comisión de delitos de lesa humanidad en San Rafael durante la dictadura. Tras la denuncia, Puigdéngolas tiene custodia de la Policía Federal en su domicilio.
También el año pasado, este juez federal estuvo a cargo junto al Equipo Argentino de Antropología Forense de la búsqueda de restos óseos humanos en las inmediaciones de un ex refugio militar ubicado en el departamento mendocino de San Carlos, donde se hallaron fragmentos de huesos, pero aún sin resultados oficiales.
En San Rafael este año se espera concretar el segundo juicio por delitos de lesa humanidad (el quinto en Mendoza) en el cual se juzgará a 21 ex policías o militares. Algunos de ellos permanecen en la cárcel y otros con prisión domiciliaria a la espera del juicio. Sus imputaciones van desde homicidio, tormentos, privación ilegítima de la libertad, hasta asociación ilícita o robo.
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