Novena jornada del juicio de Melitón Bustos

Cuarto intermedio hasta el 3 de Febrero de 2010.

Los represores Arias y Zírpolo pasarán la Navidad sin sus respectivas condenas. Un año más gazando de impunidad y seguramenta se pasaran la vida sin decir donde tiraron los huesos de Aldo Melitón Bustos. Que por cierto tampoco la justicia hará mucho por encontrar. Pasa el tiempo y la fosa común del cementero de La Santa Cruz sigue sin ser abierta por los antropólogos forenses, porque no hay juez que libre la orden. Y de nuevo la escusa será que habrá que esperar que pase la epoca de lluvias. Pero si en Salta hace tiempo que no llueve justicia!!!!

A pesar de todo comañeros no dejo de perder las esperanzas de que el 2010 nos encuentre más unidos y firmes para seguir dando batalla!!!!!!!!!!

POR LOS 30.000 COMPAÑEROS, PADRES, HIJOS, HERMANOS, DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!!

JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!!

Secuestro y desaparición de Melitón Bustos

Por Elena Corvalán

El fiscal acusó de falso testimonio
a tres policías desmemoriados

El fiscal federal Eduardo Villalba pidió hoy, 22 de diciembre, que se investigue por falso testimonio a tres policías retirados que se mostraron desmemoriados y remisos

a declarar en el juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta se sigue contra los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos.

Seis testigos declararon en la novena jornada del debate, que pasó a un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero de 2010, cuando volverá a reunirse el Tribunal para escuchar más testimonios, entre ellos el de un hombre, Juan Domingo Javier, que dice haber presenciado el secuestro de Bustos, ocurrido en la madrugada del 2 de febrero de 1978 en la norteña ciudad de Tartagal. Además, el Tribunal dispuso que el 9 de febrero del año próximo se constituirá en Tartagal para realizar una inspección ocular del domicilio del que fue sacado Bustos, también se hará una inspección del Regimiento de Infantería de Monte 28, cuyos integrantes habrían participado del secuestro y desaparición del escribano.

El comisario retirado Nicolás Villalba, que en febrero de 1978 se desempeñaba en la Comisaría de Tartagal, y los policías retirados Alberto Espinoza y Lucio Aramayo abandonaron los tribunales federales de Salta con pedidos de que se los investigue por falso testimonio. Es que se mostraron tan renuentes a declarar, tuvieron siempre una actitud de negativa, se contradijeron y fueron tan insistentes en que no recordaban nada que terminaron por exasperar a algunos de los jueces, el fiscal y la querella.

El 2 de febrero Villalba era comisario en Tartagal y, según afirmaron otros testigos, informó a Gendarmería Nacional del secuestro de Bustos y que se había mencionado a esta fuerza como responsable del operativo. “No recuerdo nada de eso”, negó ni bien se lo comenzó a interrogar. Insistió que siempre se informaba al juez provincial de turno sobre las novedades. Pero, a pesar de que reconoció que el secuestro de un escribano no era un hecho común, insistió en que no recordaba nada y que sus subordinados no le informaron nada durante la madrugada del 2 de febrero, cuando lo concubina de Bustos, Eva Carrillo, hizo la denuncia y luego su hijo, Raúl Bustos, prestó declaración testimonial.

Villalba negó también que hubiera avisado a otras fuerzas, a pesar de que en el expediente figuran medidas tomadas, como el control de vehículos y un rastrillaje en la zona, y de que Aramayo hizo constar expresamente que el mismo 2 de febrero se informó a Gendarmería y al Regimiento de Monte 28.

Y dijo que tampoco conocía a Bustos. “Yo era foráneo, no conocía mucha gente”, se excusó.
Espinoza, que realizó el sumario policial por el secuestro de Bustos, dijo que no recordaba esta actuación suya. “No me acuerdo de nada, solamente que me lea la declaración. No me acuerdo”, insistió ante las primeras preguntas.

Cuando el fiscal le recordó que fue él quien tomó declaración a Raúl Bustos, la misma madrugadas del 2 de febrero de 1978, reiteró que no recuerdo nada. Atribuyó esta desmemoria al paso del tiempo y a que, dijo, sufrió “muchas enfermedades”.
-No me acuerdo quién era el jefe (de la Comisaría de Tartagal) en el 78 –insistió Espinoza tras una pregunta del fiscal.
-Pero usted recién estuvo conversando con su jefe –advirtió el fiscal Villalba.
-Claro, pero él tampoco se acuerda –respondió el testigo.

Aramayo entró a la sala de audiencias con la misma tónica. “No sé si yo hice algún informe”, se atajó de entrada nomás. Contó que en la madrugada del 2 de febrero fue hasta el domicilio de Bustos a verificar el hecho. Y no pudo reconocer su firma en las actuaciones sumariales porque la cambio “dos o tres veces” y no recordaba cómo era la que solía hacer en el 78.

A pesar de su reticencia, Aramayo aportó un dato que deja mal parado al ex comisario Villalba: “Sin duda tomó conocimiento el jefe de dependencia, porque el jefe de dependencia era el que tenía que decidir”, afirmó ante una pregunta del fiscal. Esta aseveración contradice las expresiones de Villalba, quien aseguró que la noche del 2 de febrero estaba durmiendo y no fue despertado por los policías de guardia. También reconoció que le comunicaron del hecho a Gendarmería, porque correspondía, dijo, aunque no pudo recordar por qué le avisaron al Ejército.

La limitación de la memoria del testigo motivó que el juez Jorge Luis Villada lo interrogara acerca de si la Policía dependía del comando del Ejército. El testigo respondió reiteradamente que no. “¿Le han ordenado a usted que declare de esa forma?”, quiso saber al final el magistrado. “No, doctor”, respondió Aramayo.

En ese momento el fiscal pidió que se remitan copias de las actuaciones al fiscal penal de turno para que evalúe si corresponde investigar a los tres ex policías por falso testimonio.

A esas alturas la abogada de la querella, Tania Kiriaco, pidió que se tomaran medidas para que se impidiera que los testigos se comunicaran entre sí.

El cuarto testigo fue otro policía, Andrés Avelino Cinco, que llenó la sala de “negativos” matizados con algún que otro “positivo”.

Cinco era radio operador en febrero de 1978. Pero se le ordenó que acompañara al hijo de Bustos en un rastrillaje por el camino a Coronel Cornejo, en busca del escribano secuestrado. También participó de operativos de control de vehículos en busca de los secuestradores y del automóvil en el que se llevaron a la víctima. Sin embargo, el testigo dijo que no sabía que auto buscaban y que tampoco le hizo muchas preguntas a Raúl Bustos sobre los posibles responsables del secuestro. Sí reconoció que el entonces adolescente dijo que los secuestradores eran miembros del Ejército.

Luchando entre las palabras que pugnaban por salirle, y que lo metieron en inconvenientes en más de una oportunidad (como cuando dijo que “por supuesto que el pueblo se enteró” del secuestro de Bustos y luego quiso desdecirse), y su aparente temor, el policía contó que fue comisionado para el rastrillaje y que el comisario Villalba era quien daba las órdenes.

Al final comenzó a insistir con que decía la verdad y hasta llegó a dirigirse al público, cuando ya había sido desocupado, para pedir: “No vayan a creer que yo estoy mintiendo”.

El último testigo fue el comandante general Hugo Arnaldo Vivo. Fue convocado porque en febrero de 1978 era jefe de la subunidad de Embarcación, mencionada en un anónimo como el lugar de detención de Bustos antes de que fuera ultimado, luego de lo cual se habría detenido también a Arias, por aparentes diferencias entre las fuerzas. “Niego rotundamente que en mi gestión haya estado detenido un oficial del Ejército”, sostuvo.

Sin embargo, Vivo hizo un aporte a la acusación: dijo que siete o diez días después del secuestro, se enteró de este hecho por comentarios en Gendarmería en Embarcación, lo que contradice la posición de la defensa de los acusados que insisten en que el secuestro de Bustos pasó desapercibido.

Juicio oral, juicio escrito

La novena jornada del debate oral y público por el secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos se inició con un planteo de la querella, a cargo del abogado David Leiva, que pidió la incorporación a la audiencia del pedido de pruebas realizados por escrito por el defensor del coronel Luis Angel Gaspar Zírpolo, el abogado Pablo Tobío, y por el abogado Federico Petrina, defensor oficial ad hoc que asiste al coronel Carlos Alberto Arias.

El fiscal Eduardo Villalba adhirió a este pedido. Ambos fundaron la solicitud en que la necesidad de las partes de realizar el control de las actuaciones del proceso. También pidieron que la decisión del tribunal sea oralizada.

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Roberto Frías, dispuso inmediatamente que se leyeran tanto los pedidos de prueba y la decisión del tribunal. Así se supo que Tobío había solicitado un peritaje sobre el radiograma y la nota objeto en la que el Regimiento de Monte 28 informa de la detención de Bustos. El abogado había pedido también el testimonio de quien fuera secretaria de Bustos en su estudio en Tartagal, María del Valle Vilolia, y que se remitan oficios a distintas dependencias oficiales con el fin de constatar la existencia de Carlos Prado y del suboficial Clavel. Estos dos últimos pedidos apuntan también a debilitar la prueba del radiograma y la nota objeto, dado que la persona que entregó estos documentos, Carlos Rioja, dijo en este debate que los recibió de Prado y Clavel, este último ya fallecido.

El Tribunal hizo lugar a estas solicitudes, lo que motivó un planteo de nulidad de la querella, por considerar que al no permitir la oralidad “se está sembrando de nulidad” este proceso. El fiscal adhirió al pedido, los defensores se opusieron. Tras una deliberación de casi una hora, el tribunal rechazó el planteo de la querella y le impuso las costas, igual que al fiscal.

Sin embargo, el tribunal recordó que aún no resolvió si se hará un peritaje del radiograma y la nota objeto, dado que hasta ahora solo autorizó la presentación de un perito para que diga si es posible realizar el peritaje.

Además, el tribunal dispuso incorporar más testimonios, y realizar una inspección ocular en el lugar del secuestro. Con todo eso, el debate quedó para el año próximo.

Razones de humanidad

Otro conflicto de partes se planteó al final de la jornada, cuando Petrina pidió que Arias fuera trasladado a Buenos Aires para que pasara las fiestas cerca de su domicilio.

El fiscal no se opuso, pero la querella sí. El abogado David Leiva recordó que si se dispone el traslado de los acusados, el coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo irá a prisión domiciliaria y existe peligro de fuga, dado que en este proceso se han incorporado pruebas en su contra.

El presidente del Tribunal Oral, Roberto Frías, se mantuvo firme en la decisión de hacer lugar al pedido. Dijo que era por razones de humanidad y porque no veía circunstancias concretas que indiquen que los acusados van a burlar la Justicia. “Es un factor humano”, reiteró ante la negativa de la querella. “Los imputados no lo tuvieron con los desaparecidos”, le recordó Leiva.