Más de diez años de espera y la justicia no llega para los compañeros caidos en PALOMITAS.
Por Elena Corvalán
foto: Elia Fernández
Un coronel dijo que la cúpula policial de Salta se manejaba con “impunidad”.
El coronel retirado Yago Luis de Gracia contó hoy, 8 de enero, que el represor Joaquín Guil tuvo una carrera “meteórica” en la Policía de la provincia de Salta. Lo mismo ocurrió con otros policías que 1979 integraban la cúpula policial y que están sospechados de haber participado de violaciones a los derechos humanos. El testigo dijo que la cúpula policial salteña se manejaba con “impunidad”.
De Gracia declaró en el marco del juicio escrito que en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad se sigue en contra de los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo César Espeche, quienes están acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio doblemente calificado por la Masacre de Palomitas, la matanza de 12 presos políticos (11 estaban en la cárcel de Villa Las Rosas y el duodécimo estaba en la provincia de Jujuy) en las cercanías de esta pequeña localidad, el 6 de julio de 1976.
El testimonio de De Gracia, también pedido por el defensor oficial ad hoc que asiste a Espeche, el abogado Bernardo Solá, sirvió para dejar en claro, una vez más, que los militares que se autoproclamaban la reserva moral de la patria, y sus acólitos, aprovechaban el poder que concentraban para rapiñar hasta en los ámbitos más impensados: en este caso, ascensos en muy corto tiempo y la obtención de campeonatos de fútbol mediante el apriete a árbitros y jugadores de equipos contrarios.
De Gracia fue jefe de la Policía de Salta entre 1979 y 1981, vino a reemplazar al teniente coronel Juan Carlos Grande (ya fallecido). Según contó, lo mandaron para normalizar a la Policía provincial, desgastada por “irregularidades”, casi todas referidas a la administración y al gobierno de la fuerza.
El militar afirmó que cuando llegó a Salta le llamó la atención la “impunidad” con la que se manejaba la cúpula, que no rendía cuentas a nadie. Además, sus integrantes habían alcanzado el grado de comisario general en muy corto tiempo, diez años cuanto mucho, mientras que otros policías que reunían los requisitos para ser promovidos, nunca habían recibido ascensos. Entre los que habían realizado “carreras meteóricas” enumeró a Guil (del que dijo que “tenía un poder absoluto”), Enrique Trovatto, “Sapo” Toranzos, Roberto Arredes, Abel Murúa. Todos ellos integraban lo que popularmente se conoció en Salta como “la patota de Guil” que está sospechada de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
En 1980 De Gracia dio de baja a estos policías; el coronel admitió que existían otras irregularidades, pero dijo que “no se podían probar”.
Añadió en este sentido la existencia de un equipo de fútbol de la Policía, el Sargento Suárez. Este equipo había ganado cuatro campeonatos: su táctica infalible consistía en detener a los árbitros y a los jugadores de los equipos contrarios. Además, los jugadores del Sargento Suárez figuraban como policías, y cobraban sueldos como tales, pero cuando De Gracia los convocó a trabajar, renunciaron. Por estos hechos se inició un sumario contra Grande, recordó De Gracia.
Sobre el fusilamiento de los presos políticos, contó que habló con Espeche cuando lo visitó en su detención y que este le contó que Mulhall le había ordenado sacar a los detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas y entregárselos a Grande en el acceso a Salta para que fueran trasladados a Córdoba.
Hoy también declaró el coronel retirado Jorge Mainoli, amigo de la infancia de Espeche. Negó conocer la doctrina de seguridad nacional, en la que la dictadura basó la represión interna. “Yo lo que hacía era aplicar el reglamento militar”, respondió ante una pregunta de la abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas.
Por otra parte, reconoció que un capitán, tal era el grado de Espeche en julio de 1976, podía integrar la plana mayor de un Regimiento.
De la audiencia de hoy, a cargo de la secretaria penal del Juzgado, Isabel Falú, participaron familiares de las víctimas, Nora Leonard, Cristina Cobos y Elia Fernández; Blanca Lezcano y Mirta Torres, por Familiares de Detenidos Desaparecidos; el defensor de Espeche, y los abogados querellantes: Kiriaco, representante de algunos familiares; Martín Avila, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Flavia Salim, por la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; Gabriel Sánchez y Fermín Aranda, por la Universidad Nacional de Salta. También estuvo la rectora de esta casa de estudios, Stella Bianchi.
Está previsto que la semana próxima Espeche concurra al Juzgado para ampliar su declaración indagatoria.
Un coronel dijo que la cúpula policial de Salta se manejaba con “impunidad”.
El coronel retirado Yago Luis de Gracia contó hoy, 8 de enero, que el represor Joaquín Guil tuvo una carrera “meteórica” en la Policía de la provincia de Salta. Lo mismo ocurrió con otros policías que 1979 integraban la cúpula policial y que están sospechados de haber participado de violaciones a los derechos humanos. El testigo dijo que la cúpula policial salteña se manejaba con “impunidad”.
De Gracia declaró en el marco del juicio escrito que en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad se sigue en contra de los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo César Espeche, quienes están acusados de privación ilegítima de la libertad y homicidio doblemente calificado por la Masacre de Palomitas, la matanza de 12 presos políticos (11 estaban en la cárcel de Villa Las Rosas y el duodécimo estaba en la provincia de Jujuy) en las cercanías de esta pequeña localidad, el 6 de julio de 1976.
El testimonio de De Gracia, también pedido por el defensor oficial ad hoc que asiste a Espeche, el abogado Bernardo Solá, sirvió para dejar en claro, una vez más, que los militares que se autoproclamaban la reserva moral de la patria, y sus acólitos, aprovechaban el poder que concentraban para rapiñar hasta en los ámbitos más impensados: en este caso, ascensos en muy corto tiempo y la obtención de campeonatos de fútbol mediante el apriete a árbitros y jugadores de equipos contrarios.
De Gracia fue jefe de la Policía de Salta entre 1979 y 1981, vino a reemplazar al teniente coronel Juan Carlos Grande (ya fallecido). Según contó, lo mandaron para normalizar a la Policía provincial, desgastada por “irregularidades”, casi todas referidas a la administración y al gobierno de la fuerza.
El militar afirmó que cuando llegó a Salta le llamó la atención la “impunidad” con la que se manejaba la cúpula, que no rendía cuentas a nadie. Además, sus integrantes habían alcanzado el grado de comisario general en muy corto tiempo, diez años cuanto mucho, mientras que otros policías que reunían los requisitos para ser promovidos, nunca habían recibido ascensos. Entre los que habían realizado “carreras meteóricas” enumeró a Guil (del que dijo que “tenía un poder absoluto”), Enrique Trovatto, “Sapo” Toranzos, Roberto Arredes, Abel Murúa. Todos ellos integraban lo que popularmente se conoció en Salta como “la patota de Guil” que está sospechada de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
En 1980 De Gracia dio de baja a estos policías; el coronel admitió que existían otras irregularidades, pero dijo que “no se podían probar”.
Añadió en este sentido la existencia de un equipo de fútbol de la Policía, el Sargento Suárez. Este equipo había ganado cuatro campeonatos: su táctica infalible consistía en detener a los árbitros y a los jugadores de los equipos contrarios. Además, los jugadores del Sargento Suárez figuraban como policías, y cobraban sueldos como tales, pero cuando De Gracia los convocó a trabajar, renunciaron. Por estos hechos se inició un sumario contra Grande, recordó De Gracia.
Sobre el fusilamiento de los presos políticos, contó que habló con Espeche cuando lo visitó en su detención y que este le contó que Mulhall le había ordenado sacar a los detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas y entregárselos a Grande en el acceso a Salta para que fueran trasladados a Córdoba.
Hoy también declaró el coronel retirado Jorge Mainoli, amigo de la infancia de Espeche. Negó conocer la doctrina de seguridad nacional, en la que la dictadura basó la represión interna. “Yo lo que hacía era aplicar el reglamento militar”, respondió ante una pregunta de la abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas.
Por otra parte, reconoció que un capitán, tal era el grado de Espeche en julio de 1976, podía integrar la plana mayor de un Regimiento.
De la audiencia de hoy, a cargo de la secretaria penal del Juzgado, Isabel Falú, participaron familiares de las víctimas, Nora Leonard, Cristina Cobos y Elia Fernández; Blanca Lezcano y Mirta Torres, por Familiares de Detenidos Desaparecidos; el defensor de Espeche, y los abogados querellantes: Kiriaco, representante de algunos familiares; Martín Avila, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Flavia Salim, por la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; Gabriel Sánchez y Fermín Aranda, por la Universidad Nacional de Salta. También estuvo la rectora de esta casa de estudios, Stella Bianchi.
Está previsto que la semana próxima Espeche concurra al Juzgado para ampliar su declaración indagatoria.
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