miércoles, 10 de febrero de 2010

INSPECCION OCULAR EN TARTAGAL

Inspeccionaron el lugar del secuestro de Aldo Melitón Bustos.
Foto: El Juez Villada (centro) , los abogados de la defensa Petrina y Tobio ( a la izquierda) y el abogado de la querella Leiva (derecha). Fuente: Miguel Vargas

El primer juicio que se lleva a cabo en la provincia de Salta para juzgar crímenes cometidos durante la última dictadura militar continuó hoy, 9 de febrero, en la norteña ciudad de Tartagal, adonde se trasladaron las partes para participar de una inspección ocular en el lugar de secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos y en el Regimiento de Infantería de Monte 28.
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En opinión de la querella, que impulsan los abogados David Leiva y Tania Kiriaco en representación de Raúl Federico Bustos, hijo del escribano desaparecido el 2 de febrero de 1978, la inspección fue útil para ratificar los dichos del testigo Juan Domingo “Cacho” Javier.
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Javier sorprendió a los participantes del debate al afirmar que había sido testigo del secuestro y ofrecerse a declarar ante el Tribunal. Su testimonio se escuchó el pasado 3 de este mes. Sostuvo que la madrugada del 2 de febrero de 1978 estaba cruzando la calle San Martín por la esquina de la calle Rivadavia, a unos treinta o cuarenta metros de donde vivía Bustos, sobre la San Martín, y vió que el escribano era llevado casi en andas y en calzoncillos, también cruzando la calle hacia un automóvil, por el ahora coronel retirado Carlos Alberto Arias, que está siendo juzgado en este proceso, y por otro hombre al que no pudo identificar.
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Javier dijo que un foco alumbraba a los secuestradores y por eso pudo verlos y reconocer al entonces teniente Arias, al que conocía porque solía ir a la confitería bailable Maracatú, donde Javier trabajaba de mozo y de donde, precisamente, salía esa madrugada.
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El relato de Javier ratifica los dichos del principal testigo del proceso, el propio hijo del escribano desaparecido, que desde 1978 viene sosteniendo que Arias y otro hombre al que no reconoció se llevaron a su padre del inmueble que servía como vivienda familiar y escribanía a la vez. Bustos hijo, que en 1978 era un adolescente, asegura que su padre fue cargado en un automóvil Dodge 1500 que había sido estacionado frente a su casa y donde esperaba un tercer hombre que oficiaba de chofer. Un automóvil similar era de propiedad del Regimiento de Monte 28 de Tartagal.
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El escribano Bustos había recibido amenazas de muerte de miembros del Ejército.
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Los participantes de la inspección, el juez de cámara Jorge Luis Villada (único miembro del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta que viajó hasta Tartagal), el fiscal Eduardo Villalba, la secretaria de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal Nº 2, Paula Gallo; los abogados defensores Pablo Tobío, Federico Petrina y Edgardo Sola; los letrados de la querella y los propios acusados, el también coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo y Arias, pudieron apreciar que alguien que estuviera en el lugar que dice haber estado Javier pudo haber visto claramente cuando Bustos era retirado de su casa.
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El escribano alquilaba la casa de la calle San Martín, actualmente la vivienda sigue alquilada pero sus ocupantes prefirieron dejarla sola durante la inspección que, de todos modos, se hizo fuera de la morada, donde peritos judiciales realizaron mediciones.
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Cuando la inspección se trasladó al Regimiento de Monte 28 los acusados comenzaron a hablar informando sobre la ubicación de las distintas dependencias en la época histórica en que se ubica la investigación. La verborragia de los coroneles retirados, que hasta ahora se han negado a declarar en del debate, fue interrumpida por la querella, que advirtió que no correspondía que la inspección se basara en los datos aportados por los propios acusados.
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El juez Villada acogió la oposición de la querella y el resto del recorrido por el Regimiento se hizo ya sin el aporte de Arias y Zírpolo. La inspección tuvo un fruto impensado: dentro del Regimiento se conserva una placa colocada en 1977 que da cuenta de la plana mayor de la época, todo un dato si se tiene en cuenta que la casi totalidad de los militares convocados como testigos exhibieron memorias más que débiles a la hora de recordar la época en que ocurrió el secuestro.
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Asesinos
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Aunque de la inspección solo participaron el juez, las partes y los acusados, el operativo tuvo el acompañamiento de un grupo de militantes de la organización de derechos humanos Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la localidad de Orán. También participaron familiares de víctimas de la represión estatal de la ciudad de Salta y de Tartagal y ex presos políticos de esta última ciudad.
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Cuando la inspección llegó al Regimiento los militantes de derechos humanos avanzaron con banderas y pancartas e hicieron pintadas en las calles con las leyendas “El ‘Papón’ Arias y el ‘Ronco’ Zírpolo son asesinos”.
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Por otra parte, el fiscal Villalba escuchó el relato espontáneo de la ex presa política Eva Garnica, que confesó sentirse “un poco culpable” del secuestro de Bustos porque, recordó, junto a otros militantes peronistas, utilizaron los servicios del escribano para dejar constancia de una toma de la municipalidad de Tartagal, lo que habría generado el enojo de miembros del Ejército. Se indicó que es posible que Garnica sea convocada a prestar testimonio en el debate.
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Está previsto que la próxima audiencia se lleve a cabo el 22 de este mes.
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Fuente: Lucho Soria

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