La verdad sobre Gabriel
Este Juez pone obstáculos para que las causas no avancen” | ||
Ana Óberlin | ||
![]() La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa que investiga la muerte del Obispo Carlos Horacio Ponce de León –Ana Óberlin- se refirió en diálogo con este medio a Villafuerte Ruzo, y una situación sobre Víctor Martínez. De la Redacción de EL NORTE Ana Óberlin es la abogada representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la causa que investiga las circunstancias de la muerte de quien fuera Obispo de San Nicolás: Carlos Horacio Ponce de León. También representa a Abuelas de Plaza de Mayo y a víctimas particulares en otros casos locales y no locales. En diálogo con este medio, se refirió a una situación que se dio judicialmente en torno a Víctor Martínez, quien acompañaba al Prelado en el momento del choque de 1977. “Ocurrió una situación bastante anómala y sorprendente para nosotros. Además de estar constituidas la Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, se había constituido como querellante Víctor Martínez, en la investigación sobre el episodio en el que el Prelado perdió la vida. Él es víctima en la causa de Ponce de León porque es quien viajaba con el Obispo. El año pasado, el Juez Villafuerte Ruzo decidió, después de haberlo indagado y acusado por falso testimonio en otra causa, apartarlo como querellante. Lo hizo por iniciativa propia, no en respuesta de una solicitud concreta de la defensa. Esta resolución de apartarlo como querellante fue apelada y la Cámara de Rosario resolvió el 29 abril pasado revocar la decisión de Villafuerte Ruzo, diciendo que su apreciación fue incorrecta respecto de que aquí se aplicaría un supuesto excepcional para apartar a los querellantes cuando las personas son acusadas por los mismos delitos o conexos, que no es el caso”, explicó. Víctor Martínez “La calidad de víctima de Víctor Martínez en la causa de Ponce de León no debe ser puesta en duda, en todo caso sí lo estará, si así lo considera, la veracidad de sus dichos. Si se determina que ese accidente fue provocado intencionalmente –como nosotros creemos- y que por lo tanto fue fraguado, la única víctima no fue Ponce de León que falleció sino también Víctor Martínez, que viajaba en el mismo vehículo”, marcó. Al ser consultada sobre el vínculo de Víctor Martínez con el Obispo y las circunstancias del viaje en el que pierde la vida el Prelado, precisó: “Trabajaba con Ponce de León, era una especie de Secretario –por decirlo de alguna manera- y estaban viajando a Buenos Aires, todo lo indica, que a llevar una cierta documentación de algunas denuncias que venía realizando Ponce de León en materia de desaparecidos en lo que era el accionar represivo en esta ciudad. Esa es la hipótesis que se maneja”. “Altamente llamativo” La Abogada destacó: “Más allá de esta causa, lo importante es que en términos generales, en todas las que participamos vemos que este Juez es renuente a avanzar en las investigaciones. Utiliza criterios y conceptos que son totalmente opuestos a los que tienen que ser aplicados, dilata de manera excesiva todos los trámites de los procesos. Algunas dilaciones son escandalosas. Este Juez pone obstáculos continuamente para que no avancen estas causas”. “Por ejemplo, en la causa de la supresión de identidad de Manuel Gonçalvez, hicimos una apelación a una resolución terrible. Es una de las resoluciones más terribles que he leído como abogada, porque los conceptos que vierte, pone en cabeza de los familiares y del mismo Manuel, la responsabilidad por haber sido apropiado. Distorsiona completamente los parámetros comunes y habituales de la lógica incluso, no solamente de lo que tiene que ver con lo jurídico. Hace dos meses y medio que presentamos la apelación, la elevaron dos meses después -cuando es un trámite muy simple- y la elevaron mal porque no estaban notificadas todas las partes. La Cámara volvió a enviar el expediente a Villafuerte Ruzo y esto implicó una dilación inusual de los plazos”, expresó. Ana Óberlin manifestó: “Es altamente llamativo que en la mayoría de los casos se produzcan estas anomalías”. |
SE ABRIO INVESTIGACION JUDICIAL SOBRE ARCHIVOS DE INTELIGENCIA
"Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado", dijo la fiscal que investigaba la denuncia de Patricia Isasa. "También podría caber el encubrimiento", agregó a este diario Colalongo.
Los mismos archivos que en 1987 el entonces gobernador José María Vernet decidió conservar en pleno alzamiento carapintada, a pesar de los pedidos del capitán Rondello Barbaresi, responsable de la ex Dirección general de Informaciones, y que el propio Víctor Reviglio también preservó, pudieron haber sido destruidos de cumplirse la orden emanada de puño y letra del entonces gobernador Carlos Reutemann, en enero de 1992. Esta es la primera aseveración que se desprende de la documentación entregada por la denunciante Patricia Isasa, sobreviviente y querellante en la Causa Brusa. La denuncia ya está siendo investigada por la fiscal federal Mabel Colalongo, luego de ser presentada ante Jorge Auat, coordinador de la Unidad de Fiscalización de causas por derechos humanos.
"Esta denuncia señala cómo fue históricamente tratado por los distintos gobiernos santafesinos ese Archivo Intermedio, y el destino que iba a tener", indicó Colalongo. "Entre otras cosas, Isasa presenta decretos firmados por Reutemann sobre el archivo, algunos de los cuales ordenaban retirar la documentación existente la que debía ser entregada a los bomberos, concientes creo del tipo de documentación de la que se trataba. Esto se tiene que confirmar, así como ver quiénes eran las personas que informaban y presentaban la información con la que se redactaba esa documentación, que relataban las detenciones ilegales, que hemos podido verificar con las fotocopias obtenidas luego de un arduo trabajo".
--¿De qué documentación estamos hablando?
-- Hay documentación que da cuenta de procedimientos ilegales y detenciones con nombre y apellido de víctimas de acuerdo al registro de Conadep, que son víctimas del plan sistemático. Hay procedimientos de enfrentamientos fraguados donde mueren víctimas en total estado de indefensión. Hay muchos casos de Rosario, pero también elaboramos un informe sobre Reconquista que ya envié al fiscal federal de esa ciudad, que ya nos agradeció la información. Lo mismo hicimos con Santa Fe- contestó la fiscal.
--De haberse constituido algún tipo de delito en la acción de Reutemann, ¿qué figura penal le cabría?
--Hay muchas cuestiones que revisar, como el tiempo transcurrido desde el decreto y si existen actos que pudiesen haber interrumpido el posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, o en su caso un delito especial como la destrucción de pruebas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado. También podría caber el encubrimiento, pero no quiero anticipar nada porque no tengo la información que necesito. En principio la denuncia da cuenta del distinto tratamiento que se le dio durante los sucesivos gobiernos a esta documentación: están los decretos de Vernet y Reviglio conservando esta documental y también está el decreto 77 de Reutemann firmado en enero de 1992, ordenando al entrega a bomberos de esta imformación específica".
El 15 de enero de 1992, Reutemann firmó un decreto que en su artículo primero decía: "Autorizar al Cuerpo de Bomberos de la Provincia a efectuar el retiro de la documentación existente en las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno." Exceptuaba esos papeles del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación de documentos de la administración pública. De esta forma se disponía la destrucción de los partes de la ex Dirección General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura.
DEMORAS Y DILACIONES EN LOS JUICIOS A REPRESORES
El fiscal a cargo del seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad en todo el país, Jorge Auat, cuestionó la "falta de firmeza" de algunos jueces, al permitir a la defensa de los represores utilizar maniobras para "dilatar" los procesos que conducen al juicio oral.
"No hay ningún obstáculo para que en dos o tres años el grueso de las causas tengan juicio y castigo. Si esto no ocurre es porque el sistema judicial falla", dijo Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Auat agregó, en una entrevista con la agencia Télam, que "esa es la preocupación" del Ministerio Público, del cual depende la Unidad, y explicó que "el tiempo perdido es un problema serio en estas causas", debido a la edad de los imputados y también de las víctimas y sus familiares, así como a la alta exposición de los testigos.
Pablo Parenti, quien trabaja con Auat coordinando esa unidad, consideró que el Poder Judicial "debe dar un paso más" y "desarrollar estrategias que eviten demoras", y sostuvo que para ello "hace falta más firmeza por parte de los jueces". Esta firmeza, explicó, se demuestra utilizando las propias facultades del Poder Judicial, como "corrección" o "sanciones" ante "presentaciones manifiestamente improcedentes", lo que constituye -dijo- "un imperativo ético" además de normativo.
Incluso, Parenti recordó recientes declaraciones de integrantes del Poder Judicial en cuanto a que "todo esto no era su responsabilidad sino de otros poderes", y consideró que "ese tipo de expresiones no hacen más que confirmar el discurso de la impunidad".
Lamentó también que el Poder Judicial no haya tenido todavía "el grado de renovación necesaria o saludable" que termine con "características de elite, con poca apertura hacia la sociedad". Argumentó que por este motivo se suma a la "complejidad" que de por sí tienen las causas por violaciones a los derechos humanos otros problemas que denotan "falta de compromiso" con "dar respuestas a la sociedad", como el permitir "la estrategia de dilación que utilizan algunos defensores (privados y oficiales), que tienen un interés directo en que las causas no avancen".
Según coincidieron Auat y Parenti, "los operadores judiciales pueden advertir esta maniobra (recursos procesales como las recusaciones) desde el primer escrito que presenta la defensa". "Es lectura de manual, pero muchas veces en vez de corregirlas algunos jueces permiten que se logre el cometido, es decir que no haya juicios y, por lo tanto, tampoco estado de derecho", dijo Auat.
Frente a esta situación que encuentran en muchas provincias, la Unidad Fiscal contrapone la "estrategia de unificar causas" para "robustecer el proceso" para que reflejen realmente "la magnitud de la represión en Argentina" y no se trate de "juicios raquíticos a una o dos personas y por pocos hechos. Auat citó el caso de la provincia de Tucumán, que pese a ser uno de los epicentros de la represión en el noroeste del país, tiene un sólo juicio con un imputado (juicio por ex senador por el Peronismo Guillermo Vargas Aignasse) que no representa lo que sucedió en Tuc
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NN La Justicia Federal hará una inspección ocular en un sitio del departamento Capital | |
Descubren un nuevo lugar de enterramiento clandestino | |
Excavaciones. Dentro de poco arribará el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), que realizará exhumaciones de tumbas de presuntas víctimas del terrorismo de Estado, en los cementerios de Pozo Hondo y de la capital. |
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Los investigadores tienen al menos ubicadas media docena de tumbas con restos de desaparecidos. |
Los casos que investiga la Justicia |
Además de los enterramientos clandestinos de Pozo Hondo y en el cementerio La Piedad, en la capital; la Justicia Federal investiga varias denuncias y que señalan tumbas con restos de desaparecidos en el cementerio de Quimilí, Puerta Chiquita (Guasayán) y en Villa La Punta (Choya). El último caso que se sumó es el de Loreto, adonde se sospecha que el cadáver de un joven ejecutado habría sido arrojado en un pozo de una finca. |