CAMPAÑA POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL LAS CAUSA POR DELITO DE LESA HUMANIDAD

EL PAIS › LA CAMPAñA DE HIJOS PARA QUE LA GENTE PARTICIPE DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS EN LAS QUE SE JUZGA A LOS REPRESORES

“Lo importante es la presencia social”

En todo el país empezarán a leerse los afiches de la agrupación Hijos convocando a los mayores de 18 años a asistir a los juicios por delitos de lesa humanidad. Los hijos de desaparecidos aspiran a que las escuelas se interesen por la difusión.

Por Alejandra Dandan

Serán mil afiches de un metro por setenta centímetros esparcidos en distintos puntos del país. De un solo golpe de vista, la imagen muestra el avance de los juicios orales a los represores diseminados por todo el territorio. De provincia en provincia, de Chubut hasta Salta, los cuatro que se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, el juicio en ausencia en Italia. La agrupación Hijos construyó el afiche con un lenguaje callejero no sólo para “visibilizar” la irradiación de los juicios, sino para algo todavía más importante: convocar a participar de las audiencias. “Si tenés 18 años o más –indica el afiche– podés asistir a los juicios trayendo sólo DNI o cédula.” La agrupación a esta altura está convencida de que el avance de los juicios depende de la presión colectiva.

La agrupación Hijos decidió realizar un afiche con mucha información para atraer la participación.

Para Hijos el afiche refleja el pasaje de los escraches como herramienta política a este nuevo momento. “Hace quince años, empezamos viendo a Scilingo hablando de los vuelos de la muerte ligeramente para la televisión”, dice Giselle Tepper, de la agrupación. “Todavía tenían vigencia las leyes de la impunidad, todo parecía muy difícil; Hijos se sumó a un proceso que llevaban adelante las Madres y las Abuelas y en ese momento apareció la herramienta del escrache para lograr una condena social contra la impunidad; ahora llegaron los juicios, tarde y con mucho para saldar, pero reconocemos que están y queremos reflejar que anulamos la leyes entre todos y que para que sigan adelante los juicios tienen que estar apoyados por toda la sociedad.”

El afiche advierte sobre los juicios que se hacen y los que se están por hacer, como el del plan sistemático de robo de bebés que se iniciará en septiembre. El lenguaje evoca el sentido mundialista. “De los Tribunales directo a los penales”, dice la campaña, que alude a la doble dimensión de la idea del penal. La primera etapa arrancó el año pasado con la campaña “ponete la camiseta por el juicio y castigo”. Convocaron a Manu Chao, Florencia Peña, Federico Luppi en un proyecto que se extendió a recitales donde quienes se acercaban pintaban las remeras con stencil.

En el camino, avanzaron los juicios. La información era mucha. Ahora, dice Gisella, es el momento con más juicios orales, y era importante organizar los datos porque si no es muy difícil trasmitirlos. “Quien quiere pedir el afiche puede hacerlo, y también pensamos en un mapa viajero para escuelas, facultades, que se pueda ir y contar de qué se tratan estos juicios.”

Lo que fueron notando desde entonces en las audiencias es que, a medida que la información circulaba, había más gente que se acercaba. Muchos chicos no saben que pueden participar, dice Gisella, aunque no sean ni familiares ni estén vinculados a los organismos de derechos humanos. Se toparon con algún caso de quien intenta ir a Tribunales y, como no conoce el camino hasta las salas, terminó preguntándole a un policía de la entrada. El custodio les dijo que no había audiencias, cuando en realidad las había. Por eso hicieron dos cosas. En los afiches colocaron la mayor información sobre dónde se hacen los debates y además intentan ver cómo señalizar los Tribunales para llegar a las audiencias.

Pero no es lo único que sucedió. Las salas empezaron a poblarse. Una escuela invocó el derecho a la educación para poder presenciar el juicio de Campo de Mayo, aunque los alumnos eran menores de edad. En el juicio por la ESMA, participan estudiantes del IUNA que ensayan sus modelos vivos retratando represores, testigos y jueces. La Escuela de Cine de la Enerc filma las audiencias. Las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía de la UBA los declararon de “interés académico”. Pero todavía falta la presencia de los canales de televisión abierta.

“Muchos nos preguntan por qué los juicios no aparecen en televisión”, dice Gisella. “Una acordada de la Corte estipuló que pueden transmitirse imágenes sólo del inicio del debate, los alegatos y la sentencia. En el medio no, con un criterio que compartimos por el proceso pero también para no exponer a los testigos, porque no hay garantías de seguridad eficientes. Los canales pueden transmitir una parte, pero falta la decisión de ir a televisarlo.”

–¿La presencia de más gente ayudaría?

–La gobernación de Santa Fe tiene en la página web la transmisión on line de la juicios y esto lo podrían hacer todas las provincias. Los medios podrían tomarlo de ahí. Nos parece que debería haber un compromiso para la televisación; nos gustaría que se les preguntara a ellos por qué no construyen agenda con esto: no hay manera de entender la democracia si no es sobre la condena a los crímenes de la dictadura.

Fuente: Pagina 12, martes

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Ahora está detenido en la Unidad Penal 1

Un represor comprometido en la causa Área Paraná era vigilador de una empresa de seguridad privada

Cosme Demonte está seriamente comprometido en la causa Área Paraná.

El represor Cosme Ignacio Marino Demonte, actualmente procesado y con prisión preventiva, se desempeñaba como vigilador de una empresa de seguridad privada de Paraná hasta que fue detenido el 17 de abril. Tenía credencial habilitante expedida por la Policía de Ente Ríos. Si bien legalmente no estaba impedido de realizar ese trabajo, puesto que hasta ese momento no tenía causas penales abiertas, el dato vuelve evidente una vez más cómo se reciclaron en tiempos de democracia los autores de los crímenes de la última dictadura militar. Está seriamente comprometido en la causa Área Paraná, ya que fue reconocido como el autor del homicidio de Pedro Sobko en avenida Ramírez a plena luz del día y del secuestro de Victorio Erbetta. Las dos víctimas continúan en condición de desaparecidos en la actualidad.

En las actuaciones que hoy por hoy lleva adelante el juez subrogante Gustavo Zonis, existe constancia de que Demonte, conocido como el “fusilador de avenida Ramírez”, se desempeñó en la empresa Phoenix como vigilador “sin armas”.

Su credencial habilitante –a la que tuvo acceso diario Uno– tiene fecha de emisión el 20 de marzo de 2010 –pocos días antes de ser detenido– y vencimiento el mismo día de 2011. Está firmada por el comisario general Carlos Alberto Schmunk, director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.

En esa credencial, curiosamente, el hombre figura con apellidos “Demonte Cosme” y como nombres “Ignacio Mario”, cuando en realidad sus nombres son Cosme Ignacio Marino. Pero su número de documento no deja lugar a dudas: 10.190.883.

Como se ha demostrado con otros represores, Demonte, quien integró las filas de la Policía Federal, fue mano de obra desocupada de la represión ilegal con el advenimiento de la democracia, pero pudo reciclarse dedicándose a la seguridad privada y hasta gozar del buen concepto de sus vecinos del barrio ATM.

El informe de antecedentes elaborado por la Delegación Paraná de la Policía Federal, sólo 10 días después de su detención, indicó que su “profesión” era la de “jubilado”. Nada decía del trabajo de agente de seguridad privada. El informante fue uno de sus hijos. Además, destacó que a los habitantes del barrio ATM este jubilado de 58 años les merecía “muy buen concepto, no se lo ve alcoholizado, no es pendenciero, tiene buen trato con los vecinos”.

Apto

Como no tenía antecedentes penales, pudo ser vigilador al amparo del decreto 2.940/01, que establece las tramitaciones necesarias para la habilitación y funcionamiento de agencias de vigilancia privada.

Demonte cumplía con los requisitos para ser vigilador, por ejemplo: “No registrar procesos judiciales pendientes, en caso de contar con antecedentes judiciales, deberá presentar testimonio con absolución o sobreseimiento” o “no registrar antecedentes contravencionales o policiales que por su naturaleza sean incompatibles con el desempeño de su función”.

Se entiende que también cumplió con requisitos como presentar certificado de buena conducta y vecindad, no pertenecer al personal dado de baja, exoneración o cesanteado de las fuerzas armadas, de seguridad o de la Policía, por hechos cometidos en el cumplimiento de sus funciones específicas, entre otros. Sin embargo, el juez Zonis le dictó la prisión preventiva, que cumple en la cárcel de Paraná, y le trabó embargo por 300.000 pesos, por considerarlo “prima facie autor penalmente responsable, en calidad de coautor, del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por la especial calidad de funcionario público, mediante el uso de violencia y amenazas en concurso real” en dos hechos.

Uno de esos hechos es el homicidio de Sobko, ocurrido durante el mediodía del 2 de mayo de 1977, en avenida Ramírez. Vecinos y transeúntes testimoniaron ante la Justicia que, aquel día, un muchacho se escapó del baúl de un auto y cruzó corriendo la avenida, en la zona del colegio Don Bosco. Revólver en mano, un hombre salió tras él y lo fusiló a la vista de todo el mundo. La víctima, Sobko, fue cargada nuevamente en el baúl, ensangrentada. Hubo testigos que identificaron a Demonte como el autor de los disparos.

Datos

Demonte, conocido como el “fusilador de avenida Ramírez”, se desempeñó en la empresa Phoenix como vigilador “sin armas”. Integró las filas de la Policía Federal Argentina y pudo reciclarse en la seguridad privada.

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La causa está a cargo de Oyarbide

¿Por qué no avanza la investigación penal sobre las Tres A?

En La fuga del brujo Gasparini revela estrechas relaciones de las Fuerzas Armadas y las Tres A.

El sumario judicial contra la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) se encuentra paralizado porque el juez a cargo de las diligencias, Norberto Oyarbide, no investiga a toda la galaxia de grupos paramilitares escudados en dicha sigla, autores de atentados y homicidios a partir de noviembre de 1973, que socavaran la democracia, favoreciendo el golpe militar del 24 de marzo de 1976, cobrándose alrededor de 2000 víctimas. Iniciada en 1975, reactivada en 2007 tras la anulación de las leyes de amnistía y la ratificación de la Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad por el gobierno del entonces Presidente Néstor Kirchner, la causa registra unos 600 casos.

Por Juan Gasparini (Especial para ANALISIS DIGITAL)

Oyarbide fracasó en 2008 que España extraditara a la ex-Presidenta, María Estela Martínez de Perón, alias Isabel, quien reside libremente en ese país, donde uno de sus ex abogados, Carlos Antonio Bautista Bettini, es el actual embajador de Argentina. A Isabel se le atribuye haber protegido al líder espiritual, ideológico y político de la Triple A, el superministro José López Rega, fallecido privado de su libertad en Buenos Aires, sin condena, el 9 de junio de 1989.

El fracaso de Oyarbide se profundiza quizá por haberse limitado a perseguir exclusivamente a ciertos colaboradores del Brujo López Rega, tres de ellos muertos también impunes pero en detención preventiva (Rodolfo Eduardo Almirón, Juan Ramón Morales y Felipe Romeo), quedando aún vivo Miguel Ángel Rovira, aguardando sentencia.

El fracaso de Oyarbide se hace flagrante por su negativa a seguir la pista del dinero, y recuperar la fortuna de López Rega, heredada por su última compañera sentimental, María Elena Cisneros, quien disfruta del botín en Paraguay, cuya localización, fotografías y datos financieros fueron revelados en mi libro, La fuga del Brujo Historia criminal de José López Rega, publicado en 2005, que se puede consultar en mi portal de internet www.juangasparini.com.

En ese libro se exponen las pruebas documentales y testimoniales y los organigramas que vinculan a los integrantes de las diferentes estructuras de las Tres A. Esa información incrimina a las patotas del Ministerio de Bienestar Social (MBS) y de la Policía Federal (PFA), a la banda de Aníbal Gordon organizada en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y a las hordas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), manejadas por el difunto sindicalista Lorenzo Miguel, junto a los extremistas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que operaban en La Plata, Provincia de Buenos Aires, Formosa, Chaco y Córdoba.

El libro le consagra un capítulo a las estrechas relaciones entre las Fuerzas Armadas y las Tres A. Aporta indicios sobre el presunto conocimiento que tal vez tuvo el abogado Julio González de las actividades terroristas imputadas a Isabel y López Rega, a los cuales sirvió en el ejercicio del poder del Estado desde puestos de alta responsabilidad institucional, y desnuda algún supuesto grado de participación de Jorge Lannot, empleado parlamentario, en el primer atentado de las Tres A, perpetrado el 21 de noviembre de 1973 contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen, quien salió gravemente herido de la explosión de su automóvil.

Iniciada en 1975, reactivada en 2007 tras la anulación de las leyes de amnistía y la ratificación de la Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad por el gobierno del entonces Presidente Néstor Kirchner, la causa registra unos 600 casos. Queda así demostrado el carácter masivo y sistemático, y por ende imprescriptible, de los delitos cometidos por las Tres A. Esos hechos han motivado una película magnífica, El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, premiada y vista por millones de espectadores, alertando sobre el riesgo que los familiares de la víctimas podrían salir a hacer justicia por mano propia para reparar el daño sufrido, ante la defección de los tribunales.

Fuente: Analisis Digital