miércoles, 13 de octubre de 2010

Quedó para sentencia la causa de Palomitas 1
El juez federal Carlos Olivera Pastor tomó el lunes pasado declaración personal a los tres acusados por la causa Palomitas 1, y quedó en condiciones de dictar sentencia en el primero de los dos juicios que se realizan para determinar su responsabilidad en los fusilamientos de once detenidos del Penal de Villa Las Rosas.
Carlos Mulhall.
El ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Mulhall; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil,y el ex militar Hugo César Espeche, dieron el lunes pasado su última palabra, antes de conocer la sentencia.
Mulhall y Gentil están en prisión domiciliaria, en tanto Espeche se encuentra en libertad, después de que la Cámara Federal le revocara la prisión domiciliaria debido al tiempo que había estado en esa condición .Según fuentes judiciales, Olivera Pastor podría dictar sentencia en el mes de octubre.

El 6 de julio de 1976, Espeche fue encargado de sacar del penal de Villa Las Rosas a once detenidos por razones políticas, y de entregarlos a una comitiva militar cerca de la antigua garita policial de El Portezuelo, con la excusa de que se los iba a trasladar a Córdoba.
Al día siguiente, Mulhall informó al juez federal Ricardo Lona que la comisión había tenido un enfrentamiento con "elementos subversivos". Los detenidos aparecieron acribillados en Palomitas y en parajes de Jujuy y Tucumán, pero ningún efectivo militar resultó herido. Antes, efectivos de la policía había secuestrado vehículos que luego aparecieron en el "lugar de los enfrentamientos".

Uno de los abogados querellantes, David Leiva, reiteró que Olivera Pastor, tiene todos los elementos para dictar una condena a prisión perpetua para los tres acusados. Y le pidió al magistrado que en ese caso tome las medidas procesales necesarias para que se asegure que Espeche cumpla la condena.
Ragone y Fronda

Entre tanto, el Tribunal Oral Federal debe ahora fijar fecha para iniciar las audiencias de de lo juicios por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, en marzo de 1976, y por el asesinato del dirigente de la Juventud Peronista Eduardo Fronda, en enero de 1975.

Leiva reclamó al Tribunal que ponga fecha para iniciar las audiencias, y adjudicó la demora al hecho de que uno de los procesados en ambos juicios, el ex policía Joaquín Guil, tiene alguna vinculación con la política salteña
En 1975 Guil era director de Seguridad de la Policía de Salta, "y era pieza clave en todo el entramado del aparato represor de la provincia", indicó el abogado.

Durante el desarrollo de la causa Fronda, sus familiares denunciaron que en su momento el juez Miguel Medina esperó que Guil cumpliera 70 años para tomarle declaración indagatoria.

Leiva recordó también que Guil estaba vinculado a la clase política gobernante en todos los períodos en que la familia Romero gobernó la provincia, y también, previo a su detención, a la política de seguridad del diario El Tribuno.
Fuente: Nuevo Diario de Salta
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El debate oral y público fue fijado para el 4 de abril de 2011

El juicio por el “caso Ragone” ya tiene fecha

El anuncio lo realizó ayer uno de los nietos del ex mandatario, quien se mostró esperanzado en que se haga justicia.
Viernes 08 de Octubre de 2010 Salta
En el banquillo de los acusados estará, entre otros, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, general Menéndez.
El gobierno de Ragone comenzó el 25 de mayo de 1973 y concluyó, antes de que expirara su mandato, a fines del año 1974
Cuando el 4 de abril de 2011 se cumplan 35 años y 24 días del secuestro y desaparición del ex gobernador constitucional Miguel Ragone, los salteños recién podrán asistir al juicio oral y público contra los imputados de este hecho cometido a escasos días del golpe de Estado de 1976. El anuncio de la fecha de debate lo realizó ayer Fernando Pequeño Ragone, nieto de la víctima y uno de los querellantes en esta causa. “Esto nos llena de alegría y le devuelve a mi abuela Clotilde la esperanza de vivir, ya al final de su vida, el día en que se haga justicia por el amor que la marcó para siempre”, expresó, con emoción, Fernando.
En el banquillo de los acusados estarán ex comandante del III Cuerpo del Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía de la Provincia, teniente coronel Miguel Gentil; el ex director de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil, y el ex vocero de la Triple A, Jorge Héctor Zanetto. A éstos se suman los ex policías Andrés del Valle Soraire, un oficial que por esa época se desempeñaba como jefe de la Guardia del Monte, en el departamento de Anta, y Pedro Herrera y Raúl Herrera, ex custodios de Gentil, quien paradójicamente residía a pocos metros de la vivienda de Ragone. Todos ellos serán juzgados, además, por el asesinato del comerciante Santiago Arredes y las lesiones de bala producidas a Margarita Martínez de Leal, quienes fueron testigos del secuestro del ex gobernador aquella tibia mañana del 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al General Güemes. Ragone fue interceptado por un grupo de tareas cuando se dirigía a trabajar a su sanatorio donde se desempeñaba como médico clínico. A partir de ese momento nada más se supo de él.
De las investigaciones surgió que para secuestrar al profesional las fuerzas de seguridad liberaron la zona. La causa estuvo paralizada durante mucho tiempo y recién se activó en el 2004, a partir de una presentación realizada por el dirigente del PJ Juan Carlos Villamayor, luego de que quedaran sin efecto las leyes de obediencia debida y punto final.
Demasiada agua corrió debajo del puente, con una batalla judicial plagada de incidentes, con renuncias y recusaciones de jueces y fiscales. El último planteo fue realizado por Pequeño Ragone, quien había solicitado la recusación de la camarista Liliana Snopek, pero la misma no prosperó y a partir desde ese momento quedó allanado el camino para que se fije la fecha del juicio, la que, según el querellante, le fue confirmada ayer por el propio fiscal.
Fiscal y jueces de afuera
Ningún salteño formará parte del tribunal, como tampoco lo será el representante del Ministerio Público. El abogado Horacio Azzolín, con antecedentes de haber actuado en los tribunales federales de las ciudades de Buenos Aires y La Plata, será el fiscal en el juicio. Azzolín, que tiene experiencia en otras causas por violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar, estará acompañado por la abogada Josefina Martínez Vásquez, integrante del Ministerio Público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. En tanto que los camaristas encargados de impartir justicia serán la jujeña Liliana Snopek, única integrante del tribunal local; Luis Giménez, de Tierra del Fuego, y Adolfo Guzmán, de Catamarca.
Todo el desarrollo del debate será presidido por Snopek, lo que a la familia no le cayó bien luego de los planteos que hicieron en su contra para evitar que interviniera en este juicio. “En Salta, quienes demandamos justicia por crímenes como el de mi abuelo, estamos indefensos, por más paradójico que resulte decirlo a las puertas casi de un juicio tan esperado por la ciudadanía”, señaló Pequeño. Se prevé un debate extenso por la gran cantidad de testigos que fueron convocados a declarar y las numerosas pruebas presentadas por los querellantes. Por la calidad de los acusados, y por la figura emblemática que representa el doctor Ragone, sin duda, éste será uno de los juicios más resonante de la historia criminal de Salta y del país. La sola presencia en el banquillo del general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los militares que carga sobre sus hombros con numerosas imputaciones y condenas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, le dará una impronta muy particular a este juicio.
El del ex gobernador salteño será el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que se le realiza en esta provincia. El primero, de similares características, fue por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, ocurrido el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal. Por este episodio la Justicia Federal de Salta condenó en abril pasado a 20 años de prisión a los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zírpolo.

“Una esperanza para mi abuela y toda la familia”

Por FERNANDO PEQUEÑO RAGONE
Mi abuela Clotilde recuerda el llamado de su amiga Dorita, la señora de Josito Rallé, averiguando por el amigo Miguel, cuando a la mañana temprano del 11 de marzo de 1976 asesinaron a mi abuelo Miguel Ragone. Un asesinato con el que un sector del peronismo, queriendo o sin querer, se aseguraba la imposibilidad de que por mucho tiempo un peronismo popular sostuviera en Salta los principios de la justicia social en los que Ragone se había formado y por lo que dejó su vida. Ella recuerda que el esposo de su hermana fue quien le dijo que lo habían matado. La noticia de que el Tribunal Oral de Salta fijara el 4 de abril de 2011 como fecha de inicio de la primera parte del juicio oral por el asesinato de mi abuelo, el ex gobernador constitucional de Salta, nos llena de alegría, y le devuelve a mi abuela la esperanza de vivir ya al final de su vida el día en que se haga justicia por el amor que la marcó para siempre”.
Fuente: El Tribuno
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CONSAGRACION DE LA IMPUNIDAD
Nuevamente para demostrar su fidelidad a la impunidad de los genocidas la Justicia Federal de Salta acaba de resolver que el juicio por la desaparición y asesinato de Miguel Ragone, sería el 4 de abril del año que viene. Y el uso del potencial es porque desde la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida la misma ha sido funcional a la estrategia de los defensores de los represores.
Además la decisión de la Justicia Federal de Salta, que no le va en zaga a sus pares de Mendoza, Jujuy, La Rioja, San Juan o Catamarca, no ha difundido las razones de esperar 6 meses, si 6 meses para iniciar el juicio a los imputados.
Entonces desde la Agencia de Noticias a instancias de los organismos de derechos humanos y de quienes fueron compañeros de militancia de Ragone sugerimos intervengan a las instituciones oficiales nacionales competentes para revertir esta decisión, de la misma manera que en Mendoza, por citar un ejemplo.
Entonces corresponde, por lo menos que la decisión de la Justicia Federal salteña sea publicada en los medios provinciales y tal vez, tal vez la agencia de noticias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - www.cij.gov.ar -la replique.
En cuanto al juez federal de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, no sería una sorpresa que no informe del día de la condena a los imputados del fusilamiento de presos polìticos en la Masacre de Palomitas, sino que deje trascender ese fallo. No es para menos ya no tiene margen para la morosidad que lo ha caracterizado desde que interviene en los juicios de su provincia y Salta.
La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 1997. Comenzó como Red de Noticias DH.

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