aunque todavía es investigado en la causa 7273/2006
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del intendente Othacehé desoyó la instrucción
En Merlo, intentaron demoler un centro clandestino de detención
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del intendente Othacehé desoyó la instrucción
del Juzgado Nacional N° 3 y arrasó con las dos terceras partes de la Comisaría 2ª Libertad.
Por: María Sucarrat
El martes 18 de abril, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, un equipo municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos comenzó, munido de dos retroexcavadoras y tres camiones, a demoler un edificio ubicado en Eva Perón 1221, en el barrio Libertad de la localidad de Merlo.
No se trata de un edificio cualquiera. El lugar funcionó como un Centro Clandestino de Detención de Personas que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la época de la última dictadura cívico militar, según consta en el Informe de la CONADEP de 1984. Y lo que es peor, no se trata de un inmueble devenido en museo o en edificio histórico, sino que, en la actualidad, es investigado en la Causa 7273/2006 que depende del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 6, dependiente del juez federal Daniel Eduardo Rafecas.
Fueron los vecinos quienes esa mañana alertaron a un grupo de concejales del Bloque Nuevo encuentro sobre lo que estaba ocurriendo. Juan Leguizamón, Marcela Maidana y Patricia Álvarez llegaron hasta el lugar con el escrito firmado por el juez pero los empleados municipales no se detuvieron. Eduardo Aguirre, director de Obras y Servicios Públicos manifestó ante el pedido que le daría a su equipo la orden de detenerse sí y sólo sí se lo informara el secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Aníbal Pazo.
Las máquinas continuaron su avanzada contra las paredes del CCD. Y aunque los vecinos se interpusieron entre las retroexcavadoras y los muros, los empleados se detuvieron cuando llegó la Policía Federal por pedido expreso de la secretaría del Juzgado. Pero fue tarde. Dos tercios del lugar ya habían sido tirados abajo.
La Comisaría 2ª Libertad formó parte del área 163, de la Subzona 16 conformada por los partidos de Merlo, Moreno y Morón (cuando incluía a Hurlingham y a Ituzaingó), perteneciente a la Zona 1, que abarcaba Capital Federal, La Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires. La Zona 1 se encontraba bajo el mando del primer Cuerpo de Ejército aunque la Subzona 16 estaba en manos de la Fuerza Aérea, debido a la existencia de cuatro bases de esa fuerza en la región lo que facilitó las tareas represivas. Allí funcionaron 14 Centros Clandestinos de Detención.
Si bien la demolición en sí no constituye un delito penal, se trata de un desconocimiento grave e injustificado del marco jurídico vigente. La información, según los concejales del bloque Nuevo Encuentro, es de conocimiento público, “no pudiendo ser ajena a ninguna personalidad del arco político local, menos aun cuando lleva más de 20 años de gestión”.
En ese sentido, la Ley provincial 13.584 establece que el “Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictada militar”, a lo que se suma el deber de “colocar placas identificatorias en todos los lugares donde funcionaron dichos centros clandestinos de detención en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en recuerdo de todos los compañeros detenidos desaparecidos que fueron torturados y confinados en ellos”. Además, por el Decreto 600/07, existe autoridad de aplicación: la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, entidad pública dirigida por Sara Derotier de Cobacho, ex funcionaria del gobierno municipal de Raúl Alfredo Othacehé, actual intendente de Merlo.
Fuente: Tiempo Argentino
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Por: María Sucarrat
El martes 18 de abril, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, un equipo municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos comenzó, munido de dos retroexcavadoras y tres camiones, a demoler un edificio ubicado en Eva Perón 1221, en el barrio Libertad de la localidad de Merlo.
No se trata de un edificio cualquiera. El lugar funcionó como un Centro Clandestino de Detención de Personas que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la época de la última dictadura cívico militar, según consta en el Informe de la CONADEP de 1984. Y lo que es peor, no se trata de un inmueble devenido en museo o en edificio histórico, sino que, en la actualidad, es investigado en la Causa 7273/2006 que depende del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 6, dependiente del juez federal Daniel Eduardo Rafecas.
Fueron los vecinos quienes esa mañana alertaron a un grupo de concejales del Bloque Nuevo encuentro sobre lo que estaba ocurriendo. Juan Leguizamón, Marcela Maidana y Patricia Álvarez llegaron hasta el lugar con el escrito firmado por el juez pero los empleados municipales no se detuvieron. Eduardo Aguirre, director de Obras y Servicios Públicos manifestó ante el pedido que le daría a su equipo la orden de detenerse sí y sólo sí se lo informara el secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Aníbal Pazo.
Las máquinas continuaron su avanzada contra las paredes del CCD. Y aunque los vecinos se interpusieron entre las retroexcavadoras y los muros, los empleados se detuvieron cuando llegó la Policía Federal por pedido expreso de la secretaría del Juzgado. Pero fue tarde. Dos tercios del lugar ya habían sido tirados abajo.
La Comisaría 2ª Libertad formó parte del área 163, de la Subzona 16 conformada por los partidos de Merlo, Moreno y Morón (cuando incluía a Hurlingham y a Ituzaingó), perteneciente a la Zona 1, que abarcaba Capital Federal, La Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires. La Zona 1 se encontraba bajo el mando del primer Cuerpo de Ejército aunque la Subzona 16 estaba en manos de la Fuerza Aérea, debido a la existencia de cuatro bases de esa fuerza en la región lo que facilitó las tareas represivas. Allí funcionaron 14 Centros Clandestinos de Detención.
Si bien la demolición en sí no constituye un delito penal, se trata de un desconocimiento grave e injustificado del marco jurídico vigente. La información, según los concejales del bloque Nuevo Encuentro, es de conocimiento público, “no pudiendo ser ajena a ninguna personalidad del arco político local, menos aun cuando lleva más de 20 años de gestión”.
En ese sentido, la Ley provincial 13.584 establece que el “Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictada militar”, a lo que se suma el deber de “colocar placas identificatorias en todos los lugares donde funcionaron dichos centros clandestinos de detención en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en recuerdo de todos los compañeros detenidos desaparecidos que fueron torturados y confinados en ellos”. Además, por el Decreto 600/07, existe autoridad de aplicación: la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, entidad pública dirigida por Sara Derotier de Cobacho, ex funcionaria del gobierno municipal de Raúl Alfredo Othacehé, actual intendente de Merlo.
No se trata de un edificio cualquiera. El lugar funcionó como un Centro Clandestino de Detención de Personas que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la época de la última dictadura cívico militar, según consta en el Informe de la CONADEP de 1984. Y lo que es peor, no se trata de un inmueble devenido en museo o en edificio histórico, sino que, en la actualidad, es investigado en la Causa 7273/2006 que depende del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 6, dependiente del juez federal Daniel Eduardo Rafecas.
Fueron los vecinos quienes esa mañana alertaron a un grupo de concejales del Bloque Nuevo encuentro sobre lo que estaba ocurriendo. Juan Leguizamón, Marcela Maidana y Patricia Álvarez llegaron hasta el lugar con el escrito firmado por el juez pero los empleados municipales no se detuvieron. Eduardo Aguirre, director de Obras y Servicios Públicos manifestó ante el pedido que le daría a su equipo la orden de detenerse sí y sólo sí se lo informara el secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Aníbal Pazo.
Las máquinas continuaron su avanzada contra las paredes del CCD. Y aunque los vecinos se interpusieron entre las retroexcavadoras y los muros, los empleados se detuvieron cuando llegó la Policía Federal por pedido expreso de la secretaría del Juzgado. Pero fue tarde. Dos tercios del lugar ya habían sido tirados abajo.
La Comisaría 2ª Libertad formó parte del área 163, de la Subzona 16 conformada por los partidos de Merlo, Moreno y Morón (cuando incluía a Hurlingham y a Ituzaingó), perteneciente a la Zona 1, que abarcaba Capital Federal, La Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires. La Zona 1 se encontraba bajo el mando del primer Cuerpo de Ejército aunque la Subzona 16 estaba en manos de la Fuerza Aérea, debido a la existencia de cuatro bases de esa fuerza en la región lo que facilitó las tareas represivas. Allí funcionaron 14 Centros Clandestinos de Detención.
Si bien la demolición en sí no constituye un delito penal, se trata de un desconocimiento grave e injustificado del marco jurídico vigente. La información, según los concejales del bloque Nuevo Encuentro, es de conocimiento público, “no pudiendo ser ajena a ninguna personalidad del arco político local, menos aun cuando lleva más de 20 años de gestión”.
En ese sentido, la Ley provincial 13.584 establece que el “Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictada militar”, a lo que se suma el deber de “colocar placas identificatorias en todos los lugares donde funcionaron dichos centros clandestinos de detención en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en recuerdo de todos los compañeros detenidos desaparecidos que fueron torturados y confinados en ellos”. Además, por el Decreto 600/07, existe autoridad de aplicación: la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, entidad pública dirigida por Sara Derotier de Cobacho, ex funcionaria del gobierno municipal de Raúl Alfredo Othacehé, actual intendente de Merlo.
Fuente: Tiempo Argentino
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Denuncian el vaciamiento del espacio que funciona en el ex centro Olimpo
Un reclamo por la memoria
Vecinos y organizaciones sociales y de derechos humanos organizaron un festival en la puerta del ex centro clandestino de detención. Reclaman porque el gobierno porteño retiró al personal de seguridad y se han producido robos.
Bandas de rock, grupos de murga y elencos de Teatro x la Identidad se sumaron al encuentro.
“No al vaciamiento y al cierre de los espacios públicos y sitios de Memoria.” La frase, escrita en una bandera ubicada en la puerta del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura El Olimpo, fue la consigna principal de la jornada cultural convocada por organizaciones políticas y de derechos humanos del barrio de Floresta. La actividad, que se llevó a cabo el sábado a la tarde en ese sitio recuperado en 2005 por los vecinos como un Espacio para la Memoria, tuvo como objetivo principal denunciar la situación actual del lugar y repudiar la política de “desprotección a los espacios públicos, históricos y culturales que lleva adelante el gobierno porteño”. Durante la manifestación actuaron bandas de rock, grupos de murga y un elenco de Teatro x la Identidad.
Mientras los vecinos se iban acercando al lugar, atraídos por la música y en apoyo a las consignas, los grupos musicales hacían sus presentaciones en un escenario instalado en la puerta del ex centro clandestino, ubicado en Ramón Falcón 4250. El colectivo de teatro interpretó dos breves obras con temáticas sociales y referidas a la búsqueda y a la recuperación de la identidad. “Vamos a continuar con nuestra lucha hasta que aparezca el último nieto y conozca su verdadero origen”, manifestó uno de los actores al cierre de su presentación. Luego subió al escenario el grupo de murga uruguaya La Contracara, y más tarde lo hicieron Quiero Vale Murga, Avanti Esperanza, Brancaleone y el ballet Cruz Andina (de danzas bolivianas), entre otros.
La jornada cultural fue organizada para denunciar la falta de personal de seguridad para el cuidado de los equipos y otros bienes, lo que afecta el funcionamiento de los talleres que se realizan en ese espacio. Es que, en 2011, el gobierno porteño quitó la custodia con el objetivo de reemplazarlo por cámaras de seguridad ubicadas afuera y adentro del ex centro clandestino. Y desde entonces el lugar ha sufrido robos, ataques y roturas de vidrios, según denuncian. “Esa medida tomada por el Gobierno de la Ciudad es parte de la estrategia de vaciamiento de los sitios de la Memoria porque, al dejarnos sin seguridad, hace que todas las actividades dejen de funcionar”, denunció a Página/12 Soledad Adeira, integrante de H.I.J.O.S. Zona Oeste.
En ese sentido, Isabel Cerruti, ex detenida-desaparecida durante la dictadura y una de las integrantes de la organización de ese espacio, consideró que “hay una desprotección a todos los espacios públicos de la ciudad. Y con respecto a las políticas por la memoria, Macri nunca se hizo cargo. Al contrario, si pudiera sacárselas de encima, mejor”.
“La desprotección a este espacio y de otros como El Corralón de Floresta es una constante que viene sucediendo hace años. El gobierno porteño quiere cerrarlos y como no los puede cerrar porque hay muchas organizaciones resistiendo, los quieren vaciar”, consideró Cerruti, quien estuvo detenida ilegalmente desde julio de 1978 hasta enero de 1979. Cerruti continúa buscando a su compañero desaparecido, Ernesto Verter. Y esta semana tendrá que declarar en el juicio contra los represores Alfredo Omar Feito y Pedro Santiago Godoy del circuito ABO (ex CCD Atlético, Banco y Olimpo) por 181 crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El ex Olimpo funcionó como centro clandestino de detención y allí fueron ilegalmente detenidas y mantenidas en cautiverio alrededor de 500 personas, muchas de ellas aún desaparecidas. El predio –que pertenecía en ese entonces a la División de Automotores de la Policía Federal– fue recuperado en 2005 como consecuencia de la lucha de vecinos y organizaciones políticas y sociales de Floresta y barrios cercanos, que apoyaron y se solidarizaron con la causa. Actualmente, ese espacio funciona como un centro cultural y de inclusión social en el que se realizan talleres artísticos para chicos, formación laboral para jóvenes, un bachillerato para adultos, la radio Bemba (91.3) y la Biblioteca Pública y Popular Carlos Fuentealba. Además se realizan visitas semanales al “pozo”, lugar donde encerraban a los detenidos-desaparecidos y que se conserva intacto, como prueba para los juicios contra los represores.
Informe: María Luz Carmona.
Fuente: Pagina 12
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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007
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