domingo, 8 de abril de 2012

Corte Suprema desestimó pedido para extraditar a Morales Bermúdez

Justicia argentina busca procesarlo por delitos de tortura, asociación ilícita y secuestro al considerar que participó en el Plan Cóndor


Francisco Morales Bermudez
(Foto archivo Reuters)

La solicitud de extradición formulada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número cinco de la República de Argentina contra el ex presidente de facto Francisco Morales Bermúdez Cerruti fue declarada improcedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

La justicia del vecino país busca procesarlo por los delitos de tortura, asociación ilícita y secuestro.

En su defensa, Morales Bermúdez ha negado que la deportación de 13 opositores de su gobierno, en 1978, se realizara en el marco del Plan Cóndor, que consistía en operación represivas coordinadas entre los servicios de inteligencia de las dictaduras de la región en los años 70 y 80, entre ellas las de Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay contra sus opositores internos.

SE PODRÁ INVESTIGAR EN PERÚ
La Corte desestimó el pedido al considerar que los delitos de tortura y asociación ilícita no estaban vigentes en la legislación peruana al momento en que presuntamente ocurrieron. Además, señala que en la solicitud de extradición no se adjuntaron las pruebas que sustenten las imputaciones.

También se concluye que no existe impedimento para que las autoridades judiciales peruanas puedan investigar sobre las acciones atribuidas al ex mandatario y, de ser el caso, juzgarlo por el delito de secuestro, pues este no prescribe.

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RECHAZARON LA EXTRADICION DEL PERUANO FRANCISCO MORALES BERMUDEZ

Un dictador a salvo en Lima

El juez federal Norberto Oyarbide había reclamado la extradición del dictador peruano Francisco Morales Bermúdez por su participación en el Plan Cóndor, pero la Corte Suprema de su país se negó al pedido.

Francisco Morales Bermúdez derrocó en agosto de 1975 al general reformista Juan Velasco Alvarado.


Por Carlos Noriega

Desde Lima

El ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez se salvó de la extradición a la Argentina para responder por el secuestro y deportación a este país, durante la dictadura militar, de trece opositores a su régimen. La extradición del general Morales Bermúdez había sido pedida por el juez federal Norberto Oyarbide, quien enmarcó la deportación de los trece peruanos dentro del Plan Cóndor. Gracias a un fallo a su favor de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú, el dictador no tendrá que responder a los tribunales argentinos por este caso. La Corte Suprema pasó el expediente a la fiscalía y así dejó abierta la puerta para que el general de 90 años sea juzgado por la Justicia peruana, pero esa posibilidad parece lejana. “Estoy muy agradecido a Dios y expreso mi reconocimiento a la Corte Suprema”, dijo el dictador Morales Bermúdez apenas se conoció el fallo judicial que lo salvó de la extradición.

“Los argumentos de la Corte Suprema para negar la extradición de Morales Bermúdez carecen de sustento jurídico. Es inverosímil. Es clarísimo que fuimos víctimas de un secuestro político para entregarnos a un ejército extranjero. El partido aprista (del ex presidente Alan García) y los sectores más conservadores han operado en los medios de comunicación para presionar en contra de la extradición de Morales Bermúdez. Que el Poder Judicial peruano diga que pasa el caso a la fiscalía para que investigue es una forma de congelar el tema. En el Perú no existen condiciones para que Morales Bermúdez sea juzgado. La Justicia argentina debería insistir en la extradición”, le dijo a Página/12 Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista y congresista de la coalición oficialista Gana Perú, quien fue uno de los trece peruanos secuestrados y enviados a una prisión militar a la Argentina durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

En mayo de 1978, la dictadura de Morales Bermúdez –quien en agosto de 1975 había derrocado al general reformista Juan Velasco Alvarado e iniciado un proceso para desmontar las reformas económicas y sociales del régimen velasquista– se debatía en una grave crisis producto de un amplio descontento popular. Luego de una contundente huelga general que paralizó el país, la dictadura anunció la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente y la transferencia del gobierno a los civiles en 1980. Es en ese contexto que, el 25 de mayo de 1978, cuando los peruanos se preparaban para acudir a las urnas, la dictadura de Morales Bermúdez secuestró a diez dirigentes de izquierda y líderes sindicales –varios de ellos candidatos a la Constituyente–, a dos almirantes velasquistas y a un periodista y los expulsó en un avión militar a la Argentina para entregárselos a Videla.

Los trece peruanos llegaron a Jujuy y fueron encarcelados en el Regimiento de Infantería de Montaña 20. Allí les dijeron que eran “prisioneros de guerra”. En el Perú nadie conocía su paradero. Después de varios días de estar detenidos en Jujuy, los peruanos fueron llevados a Buenos Aires y recluidos en los sótanos de la Policía Federal. “Fuimos encarcelados en una celda de dos metros por un metro y medio, con una plancha metálica como puerta, un camastro y una bomba de luz que estaba siempre prendida, para que perdamos la noción del tiempo. Recibíamos una comida al día. Estábamos incomunicados. Desde la celda se escuchaban los gritos de otros detenidos en ese centro de reclusión”, recuerda Diez Canseco.

La detención de los peruanos en Argentina se conoció porque un diario de Jujuy publicó una foto de la llegada del avión militar peruano con los detenidos. “Esa publicación que revelaba nuestra detención en Argentina fue un hecho central. No sé si eso fue lo que impidió nuestra desaparición, pero ayudó mucho”, dice Diez Canseco. Conocido el paradero de los secuestrados, comenzaron las gestiones para conseguir su liberación, la que se obtuvo cerca de un mes después. En esa tarea, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados tuvo un papel central. Una vez en libertad, los peruanos viajaron a distintos países.

Morales Bermúdez ha justificado la deportación de los trece peruanos y niega la participación de la dictadura peruana en el Plan Cóndor. Pero hay otros hechos que también comprometen a Morales Bermúdez con la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El 15 de abril de 1977, el argentino Carlos Maguid, refugiado en Perú, donde trabajaba como profesor de sociología en la Universidad Católica de Lima, fue secuestrado en una calle de Lima y desaparecido. Maguid, casado con Nélida Arrostito, hermana de Norma Esther Arrostito, dirigente montonera asesinada por la dictadura de Videla, había sido acusado por la dictadura de participar en el operativo de secuestro del dictador Pedro Aramburu. En junio de 1980, un mes antes que la dictadura entregue el poder a los civiles, fueron secuestrados en Lima los argentinos Noemí Gianotti de Molfino, María Inés Reverta y Julio César Ramírez. Gianotti de Molfino apareció muerta en un hotel de Madrid. De los otros dos hasta ahora no se sabe nada. Por este caso existe desde el año 2007 un pedido de extradición contra Morales Bermúdez de la Justicia de Italia –Gianotti de Molfino también tenía ciudadanía italiana– que el ex presidente Alan García rechazó. En su libro Muerte en el Pentagonito (nombre con el que se conoce a la comandancia general del ejército), publicado en 2004, el periodista Ricardo Uceda cita el testimonio del agente de la Inteligencia peruana Arnaldo Alvarado, quien revela que los tres argentinos fueron secuestrados en un operativo conjunto de los ejércitos de Perú y Argentina y torturados en instalaciones del ejército peruano. Un informe desclasificado de la CIA señala que la dictadura de Morales Bermúdez formó parte del Plan Cóndor.

Hay muchas cosas por las que el ex dictador Morales Bermúdez debe responder, pero, al menos por ahora, ha quedado libre de hacerlo gracias al fallo de la Corte Suprema del Perú y el apoyo que le ha dado la derecha peruana.

Fuente: Pagina 12, viernes

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Como a Argentina busca a verdade e produz justiça

Se, na economia, o Brasil é o gigante da América do Sul, no terreno da busca da Verdade, da Justiça e da Memória, a Argentina é a referência principal com uma história de busca da verdade, construção da justiça e reconstrução da memória. Em entrevista à Carta Maior, Remo Carlotto, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Garantias da Câmara dos Deputados, fala sobre o sentido desses avanços e de outors que estão por vir. Um deles é a responsabilização de civis e grupos empresariais que participaram ativamente do golpe, da repressão e da prática de crimes contra a humanidade.

Marco Aurélio Weissheimer

Porto Alegre - A Argentina é, sem dúvida alguma, o país que mais avançou na América Latina na tarefa de julgamento dos crimes cometidos durante o período ditatorial que assolou o continente. A desmoralização dos militares argentinos após a Guerra das Malvinas contribuiu para isso, é verdade, mas essa não é a parte mais importante dessa história de busca da verdade, construção da justiça e reconstrução da memória. Neste processo, a Argentina inovou e segue inovando em matéria de direito civil, penal e constitucional. Pactos e tratados internacionais de direitos humanos, subscritos pelo país, foram incorporados à Constituição. Além disso, o Congresso argentino tem legislado em matéria civil, introduzindo a figura da desaparição forçada de pessoas no Código Civil e no Código Penal. Agora, prepara-se para fazer o mesmo com a figura do genocídio.

Em vários aspectos, a Argentina está a anos-luz do que ocorre no Brasil nesta matéria. Em entrevista à Carta Maior, o deputado nacional Remo Carlotto, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Garantias da Câmara dos Deputados, fala sobre o sentido desses avanços e de outros que estão por vir. Um deles é a responsabilização de civis e grupos empresariais que participaram ativamente do golpe e da repressão. Na entrevista ele cita alguns exemplos:

“(...) A empresa Ford que manteve, em sua fábrica situada nos arredores de Buenos Aires, um centro clandestino de detenção, onde os delegados sindicais dessa fábrica foram torturados. O mesmo ocorreu com a empresa Mercedes Benz. O mesmo ocorreu com a principal empresa açucareira argentina, Ledesma, que utilizou a estrutura da empresa para o sequestro de mais de 300 pessoas. Há processos judiciais em curso onde representantes dessas empresas estão diretamente envolvidos. O diário mais importante da Argentina, o Clarín, adquiriu, junto com outro jornal importante, La Nación, a empresa Papel Prensa, a partir do sequestro e da tortura dos proprietários dessa empresa que produz papel para jornais”.

Carlotto esteve em Porto Alegre participando do 5º Encontro Latinoamericano Memória, Verdade e Justiça. Conhecer a experiência argentina é indispensável para transformar essas palavras em eixos estruturantes de políticas públicas de defesa dos direitos humanos e da democracia. Se, na economia, o Brasil é o gigante da América do Sul, no terreno da busca da Verdade, da Justiça e da Memória, a Argentina é a referência principal.

Carta Maior: O senhor veio a Porto Alegre para participar de um debate sobre o conteúdo e as consequências das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, relacionadas a crimes cometidos pelas ditaduras civil-militares do Cone Sul. A Argentina é o país da América Latina que mais avançou neste terreno. Qual a sua avaliação sobre o modo como as sentenças da Corte Americana vem sendo tratadas na região?

Remo Carlotto: A Argentina tem uma característica particular com respeito ao direito interno de aplicação dos pactos e tratados internacionais de direitos humanos subscritos por nosso país. A partir da reforma constitucional de 1994, a Argentina incorporou no artigo 75, inciso 22, da Constituição, todos os pactos e tratados de direitos humanos subscritos até esse momento. Isso significa que a hierarquia que esses pactos e tratados tem no direito interno equivale à ordem constitucional, o que provoca um reordenamento da interpretação jurídica em nosso país, afetando as leis em sua totalidade, não só aquelas que têm a ver especificamente com a aplicação de uma legislação vinculada a um direito em particular.

A partir desse momento, toda legislação do país deve contemplar os pactos e tratados internacionais em matéria de direitos humanos assinados e reconhecidos pelo país. E os pactos e tratados posteriores a 1994 têm um sistema de incorporação que é similar aquele adotado pelos países da região e que envolve a assinatura do tratado e sua ratificação pelo parlamento nacional. Com uma maioria especial (dois terços da composição de ambas as câmaras, de deputados e de senadores), esses pactos podem ser incorporados à ordem constitucional.

Neste sentido, o direito internacional está muito presente na discussão legislativa na Argentina e também na aplicação e na interpretação das leis, o que tem favorecido um tema central neste debate do qual estamos participando , a saber, que não podem existir leis de anistia e de perdão que impeçam o julgamento de crimes contra a humanidade e, no caso da desaparição forçada de pessoas, a imprescritibilidade desses crimes.

Carta Maior: Como é esse debate no interior do Legislativo?

RC: Nós temos acompanhado no Legislativo os atos de reparação por parte do Estado argentino. Além disso, temos legislado em matéria civil, introduzindo a figura da desaparição forçada de pessoas no Código Civil e no Código Penal. Ou seja, na Argentina pode-se julgar e condenar alguém pelo crime de desaparição forçada de pessoas. Hoje estamos debatendo a incorporação da figura do genocídio em nosso código e também temos a tarefa de ratificar as reparações que devem ser feitas pelo Estado para as vítimas da ditadura. Não se trata apenas da reparação de caráter econômico, mas também o reconhecimento, pelo Estado, da prática de crimes. Isso significa uma vinculação de ordem jurídica, mas também uma interpretação e um olhar interdisciplinar sobre as formas de reparação das vítimas, familiares e sobreviventes, por parte do Estado de uma maneira integral. Legislamos ainda em matéria de construção da memória como uma ação pública. Ou seja, o leque de opções e conceitos que vem sendo adotados pelo Estado argentino é amplo.

Cabe observar que tudo isso depende de decisões de caráter estritamente político. Um exemplo é a implementação de um processo, em nível parlamentar, para a reversão das leis de impunidade. Tivemos duas delas: a Lei de Obediência Devida, que determinava que os membros das forças de segurança e das forças armadas tinham cumprido ordens e que só as cúpulas eram responsáveis; e a Lei do Ponto Final, que estabelecia um término para a apresentação de ações judiciais relacionadas a crimes da ditadura. Essas duas leis obstruíam o acesso á Justiça. Então, o caminho que se seguiu na ordem parlamentar foi propor a anulação dessas leis, declarando-as absolutamente nulas por contrariarem o direito internacional reconhecido pela Argentina. Isso ocorreu não somente pela reforma constitucional de 1994, mas também pela interpretação do direito internacional que afirma que nenhum tipo de crime ou ato genocida pode ser anistiado ou declarado impune. Posteriormente houve uma ratificação por parte da Corte Suprema reconhecendo a inconstitucionalidade dessas leis.

Avançamos também em outra direção. Tivemos participantes do terrorismo de Estado que foram eleitos parlamentares e o Parlamento acabou impedindo que tomassem posse, declarando a incompatibilidade moral de alguém que participou de tortura e crimes aberrantes ocupar um cargo público de representação popular. Assim, o âmbito parlamentar tem um duplo papel neste processo: um papel de caráter legislativo para adequar toda a legislação nacional aos pactos e tratados internacionais, e um papel eminentemente político que deve acompanhar os processos de julgamento dos responsáveis pelos crimes da última ditadura civil-militar e monitorar o cumprimento desses pactos e acordos. Os países, muitas vezes, subscrevem pactos e tratados internacionais e depois não os cumprem. Por isso, é fundamental desenvolver ferramentas de monitoramento interno.

Carta Maior: Há algum outro país da região que tenha feito essa incorporação constitucional de tratados e pactos internacionais?

RC: As reformas constitucionais realizadas por Equador, Bolívia e Venezuela caminham nesta direção. Não é exatamente a mesma coisa que foi feita na Argentina, mas tomam o direito universal e o sistema interamericano de direitos humanos e o incorporam, artigo por artigo, dentro da própria estrutura da Constituição. Mais do que isso, essas Constituições, no marco da interpretação do Constitucionalismo social latino-americano, apresentam profundos avanços em matéria de garantia de direitos humanos. Esses países seguem um caminho sumamente auspicioso por que avançam também sobre temas específicos e particularidades de sua realidade social e política.

Há um tema de fundo por trás desses avanços. Cada vez que falamos de crimes cometidos pelas ditaduras civil-militares estamos falando da usurpação dos recursos econômicos do Estado por parte de grupos econômicos concentrados em nossos países. Os militares não decidiram, sozinhos, levar adiante ações criminais, só pelo prazer de praticá-las. Eles fizeram isso no marco da implementação de planos econômicos muito direcionados, sob a coordenação dos Estados Unidos e apoiados em uma doutrina de segurança nacional. Essa espoliação das economias de nossos países foi sustentada pela ação repressiva e persecutória por parte das ditaduras.

Carta Maior: Em que consiste precisamente o ponto de vista do Constitucionalismo Social para esses temas?

RC: A prioridade dada à busca da garantia de direitos tem a ver também com a forma pela qual a riqueza é distribuída em nosso país e a forma pela qual se tem acesso à totalidade de direitos. Esse é o ponto de vista do Constitucionalismo social, que considera que os direitos humanos não podem ser dissociados um do outro. A Argentina é um dos cinco países que ratificou o Protocolo Facultativo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse pacto está baseado em quatro pilares – acesso à habitação, à educação, à saúde e ao trabalho -, a partir dos quais se pode demandar judicialmente os Estados para que cumpram e garantam esses direitos. Essa é a concepção que temos sobre a distribuição da riqueza em nosso país.

Então, respondendo sua pergunta, o Constitucionalismo social que está sendo implementado nestes países latino-americanos está diretamente relacionado com um processo distributivo de garantia essencial de direitos que é, em última instância, o que articula a garantia da totalidade de direitos em nossa sociedade.

Carta Maior: Na Argentina, os militares saíram do poder muito desmoralizados e enfraquecidos politicamente, tanto pelo que aconteceu na Guerra das Malvinas, quanto pela crise econômica na qual acabaram mergulhando o país. Aqui no Brasil, ao contrário, os militares saíram relativamente ilesos e hoje ainda tem uma força política grande o suficiente para resistir a uma iniciativa como a Comissão da Verdade. Na sua avaliação, a Corte Interamericana da OEA tornou-se um caminho para superar essa barreira imposta pelos militares e seus aliados civis no Brasil?

RC: Creio que os processos de conhecimento da verdade, de construção da memória e da justiça são processos inexoráveis para nossas sociedades. Não há como impedir que a sociedade saiba a verdade, que saiba o que aconteceu com as pessoas que estão desaparecidas, quem foram os responsáveis. Sem nenhuma dúvida, os instrumentos internacionais, como são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, têm um papel sumamente importante. Quando ratificamos um pacto ou um tratado internacional, estamos assumindo a responsabilidade perante estes organismos de seguir, por exemplo, as recomendações das sentenças que são proferidas por eles. Para isso, obviamente, é necessário o conhecimento e o esclarecimento do conjunto da população a respeito de seus direitos. Quando falamos de reparação por parte do Estado, estamos falando que a reparação não é só para as vítimas, mas também para o conjunto da sociedade. E isso é assim para que se possa construir uma sociedade com maior qualidade democrática.

A Argentina teve não somente a intervenção da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também a aplicação da justiça universal através das ações do juiz Baltasar Garzon, na Espanha. Esses crimes que queremos esclarecer devem ser considerados como crimes contra a humanidade e, assim, devem ser perseguidos pela totalidade da comunidade internacional. Isso é o que aconteceu na Espanha, o que condicionou fortemente o próprio funcionamento do poder Judiciário em nosso país. O Judiciário avaliou que os crimes que haviam sido cometidos na Argentina deviam ser julgados na Argentina e não em outra jurisdição. Esse elemento também foi fundamental para romper o cerco de impunidade.

É disso que viemos tratar nesse encontro em Porto Alegre que reúne os países da região, parlamentares, procuradores, organizações de direitos humanos e investigadores, debatendo como podemos nos ajudar para romper esse cerco de impunidade em cada um de nossos países. Isso para nós é uma obrigação.

A Argentina é, claramente, o país com o processo mais avançado nesta direção. Queremos contar nossos acertos e fracassos e transmitir as formas pelas quais podemos colaborar para obter essas demandas que consideramos essenciais à democracia. A nossa presidenta da República disse que se os crimes de lesa humanidade não fossem resolvidos na Argentina, o país seria uma sociedade pré-democrática. Na Argentina foi possível reverter um processo de impunidade, no marco do exercício estrito da justiça. Não houve nenhum ato de vingança pessoal nem se fez justiça pelas próprias mãos. Esperou-se pacientemente que a Justiça resolvesse os casos. E quando houve absolvição de alguns responsáveis por crimes, respeitou-se a decisão da Justiça. Esse foi um ato de profunda maturidade do povo argentino.

Os nossos estados devem implementar não somente uma política de memória em relação aos crimes, mas sim para formar e capacitar nossos agentes públicos, educar nossas crianças e adolescentes para a construção do verdadeiro “nunca mais”, que é saber que devemos respeitar irrestritamente o funcionamento democrático em cada um de nossos países e que devemos garantir integralmente os nossos direitos humanos.

Eu tenho um olhar otimista sobre esse quadro. A Argentina começou esse processo de justiça a partir da busca pela verdade. O caminho foi a busca da verdade. Isso desencadeou o resto das ações que acabaram dando início aos julgamentos dos genocidas. Tenho uma visão esperançosa sobre o debate que está ocorrendo no Brasil, no Uruguai, no Paraguai e também no Chile. Parece-me que temos um olhar comum, uma experiência compartilhada comum, consequências da ação do terrorismo de Estado muito similares e, em função disso, devemos ser atores que articulem a reparação que os estados devem fazer. O que não podemos é seguir deixando que as vítimas sejam quem toque isso adiante. Os estados devem assumir a responsabilidade por esse processo.

Carta Maior: O senhor observou que os militares argentinos, assim como ocorreu no Brasil e em outros países sulamericanos, não deram o golpe e cometeram todos os crimes que cometeram simplesmente por que foram movidos por um desejo sádico. Eles tinham uma conexão com setores econômicos civis da sociedade. Há um movimento na Argentina para responsabilizar os representantes de empresas e de setores sociais que apoiaram e foram cúmplices do golpe e de ditadura?

RC: Sem dúvida alguma. Nós dizemos que a ditadura na Argentina foi uma ditadura civil-militar. Isso significa que poderosos grupos econômicos, que denominamos de oligarquia argentina, foram enormemente beneficiados, fundamentalmente a partir da proposta de endividamento feita pelos Estados Unidos durante as décadas de 70 e 80. Neste período, a dívida argentina passou de 7 bilhões de dólares para 40 bilhões de dólares, sem que nenhum investimento fosse feito no país. Foram transferências diretas de recursos aos grupos econômicos mais concentrados. O ministro da Economia da ditadura civil-militar foi Martínez de Hoz, um integrante das direções das empresas mais importantes de nosso país. Mas não foi somente isso que aconteceu. Esses grupos também foram beneficiários econômicos a partir da aplicação do terrorismo de Estado. A implementação do seu programa econômico precisava que as organizações sindicais e sociais fossem desmanteladas.

Além disso, eles foram partícipes diretos da prática de crimes contra a humanidade. Temos o exemplo da empresa Ford que manteve, em sua fábrica situada nos arredores de Buenos Aires, um centro clandestino de detenção, onde os delegados sindicais dessa fábrica foram torturados. O mesmo ocorreu com a empresa Mercedes Benz. O mesmo ocorreu com a principal empresa açucareira argentina, que é a empresa Ledesma, que utilizou a estrutura da empresa para o sequestro de mais de 300 pessoas. Há processos judiciais em curso onde representantes dessas empresas estão diretamente envolvidos. O diário mais importante da Argentina, o Clarín, adquiriu, junto com outro jornal importante, La Nación, a empresa Papel Prensa, a partir do sequestro e da tortura dos proprietários dessa empresa que produz papel para jornais. Ou seja, temos uma enorme quantidade de ações judiciais onde há o envolvimento de empresários em crimes de lesa humanidade.

Nós não acreditamos que os militares atuaram de uma maneira perversa e diabólica para levar adiante uma ação sem sentido. Eles fizeram o que fizeram para gerar terror na população e poder implementar esse processo de transferência de recursos econômicos de um país periférico para uma potência como os Estados Unidos e também para realizar uma transferência econômica interna, dos setores populares para os setores concentrados da economia, o que provocou a devastação do aparato produtivo do país.

Carta Maior: Há aí, sem dúvida, um outro traço em comum às ditaduras que tivemos em nossos países, a participação de grupos empresariais, entre eles grandes grupos de comunicação. Essa é uma outra área onde está ocorrendo uma profunda mudança na Argentina a partir da aprovação da Lei de Medios. Qual o estágio atual desse debate?

RC: O que está acontecendo na Argentina é que se questionou a hegemonia comunicacional do grupo Clarín, que possui não somente o diário de maior circulação no país, mas também cerca de 70% do serviço de televisão a cabo (em algumas regiões chega a 100%) e mais de 270 emissoras de rádio espalhadas por praticamente todo o território argentino. A situação da comunicação do país foi tema de debate e se sancionou a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, que democratiza o acesso à informação, a possibilidade de informar e de ser informado. Essa lei foi aprovada dentro do estrito marco dos direitos humanos, garantindo a democratização da palavra, o conhecimento das realidades locais e regionais. Isso significou, sem dúvida, mexer com o que significa hoje o epicentro das novas estruturas de poder.

Antes se utilizava as estruturas militares para debilitar um governo; hoje se utilizam os meios de comunicação audiovisuais concentrados, que buscam condicionar os governos a partir da difusão e da tergiversação da informação. Isso ocorre em muitos países latino-americanos. Há, praticamente, uma matriz comum. Na Venezuela, essa estrutura midiática provocou um golpe de Estado. Foram fatos extremamente graves.

Para nós, leis de comunicação que garantam a diversidade e a multiplicidade de vozes é a base essencial de onde devemos partir para discutir o que significa a democratização da comunicação. Isso significa também expor esses grupos midiáticos concentrados que manejam a informação pública segundo seus interesses particulares. Eles foram sócios diretos das ditaduras e hoje são sócios de grupos econômicos concentrados para gerar instabilidade em nosso país.

Nós estamos discutindo muito seriamente a responsabilidade que cabe aos meios de comunicação, por exemplo, sobre a tergiversação de informações econômicas para gerar condições de instabilidade econômica em nosso país.

Acreditamos que isso tem a ver com uma responsabilidade de caráter penal, pois não se pode mentir, tergiversar, para provocar desestabilização ou buscar vantagens econômicas. Esse é um debate muito rico. A Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual possibilita que organizações sociais, sindicatos, universidades e os próprios governos estaduais e municipais tenham canais de rádio e TV. Isso abre o panorama para que se tenha a multiplicidade de vozes necessária, reproduzindo nos meios de comunicação a diversidade da realidade que vivemos e não o olhar de uma empresa que tenta condicionar nosso olhar sobre a realidade que vivemos.

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MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/Brasil INFORMA:

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Procurador argentino formaliza abertura do caso Tenorinho

Da Redação

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Procurador argentino Miguel Angel Osorio entrega documento a Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), para abertura do processo relativo ao pianista Francisco Tenório Jr., desaparecido em Buenos Aires em 1976,

Leia abaixo o documento, em castelhano, e entenda mais clicando aqui.

"Causa n° 10.961/2011 Fiscalnet 34442 Jdo. Fed. 7 Seco 13

AMPLIO REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN

Señor Juez:

MIGUEL ANGEL OSORIO, Fiscal Nacional Titular de Ia Fiscalía Nacional en 10 Criminal y Correccional Federal nO 10, en Ia causa n° 10.961/2011 deI registro de Ia Secretaria n° 13, deI Juzgado a vuestro cargo, a V.S. me presento y digo:

Que en 10s términos de los arts. 180, 188 y cc. deI Código Procesal Penal de Ia Nación, y sin perjuicio de Ia competencia que corresponda a cada tramo deI suceso delictivo, vengo a impulsar Ia acción penal en relación ai secuestro, seguido de lá aplicación de tormentos y muerte deI ciudadano brasileiío FRANCISCO TENORIO CERQUE IRA JUNIOR, conocido como "Tenorinho", brasilero, músico, de 35 aiíos de edad. EI secuestro, habría tenido lugar el día 18 de marzo de 1976, en Ias inmediaciones deI hotel ubicado en Ia zona céntrica de Ia Ciudad de Buenos Aires, donde Cerqueira se hospedaba junto aI grupo que acompaiíaba aI poeta Vinicius de Moraes y aI músico conocido como Toquinho, con quienes se encontraba presentando un espectáculo en el marco de una gira por varios países. Posteriormente, Cerqueira habría sido trasladado a Ia Escuela Mecánica de Ia Armada y asesinado allí con fecha 25 de marzo de 1976.

El hecho descripto fue ejecutado por integrantes de Ia Asociación Ilícita "Operación Cóndor", de nacionalidad brasilera y argentina, entre ellos, una persona que responderia aI nombre de Claudio Vallejos, alias "el Gordo", a quien imputo formalmente por este hecho. Esta organización criminal que actuó en el Cono Sur y que resulta objeto procesaI de estos obrados, se conformó por "Agentes deI Estado" - civiles, militares y fuerzas de seguridad - de los Estados miembros (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia), cuya acción se dirigió al secuestro ilegal de personas, su desaparición, muerte y/o tormento, sm importar los límites territoriales o nacionales de Ias víctimas, ni de los estados terroristas a los que dichos funcionarios pertenecían.

Esta ampliación de los requerimientos de instrucción obrantes en el sumario tiene por basamento Ias siguientes fuentes:

_ EI correo electrónico remitido a Ia casilla oficial dei suscripto por el titular deI Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Ia República de Brasil Jair Krischke - dei cual se adjunta copia - en el que se acompaiía material periodístico de Ia agencia ANSA publicado en el Brasil. Allí se reproducen declaraciones realizadas por quien dice ser Claudio Vallejos, ex suboficial de Ia Armada Argentina, en Ias cuales se refiere que el nombrado habria participado deI secuestro y de Ias torturas de Ias que fuera víctima Cerqueira Junior.

_ La nota periodística publicada el día de ayer en el periódico Pagina 12, titulada "La Caída de un represor en Brasil", en Ia cuaI Francisco Tenorio Cerque ira Neto, hijo de Cerqueira Junior, refiere que su padre habria sido secuestrado, torturado e interrogado por argentinos y brasileiíos en el marco deI Plan Cóndor.

_ El testimonio brindado por Stella Calloni ante el Juzgado Nacional en 10 Criminal y Correccional Federal n° 7 - cfr. fs. 911/918 de los autos principales -, así como Ias referencias ai presente caso contenidas en el capítulo 11 de Ia obra literaria de su autoria titulada "Operación Cóndor - Pacto Criminal", Ia cual fuera oportunamente incorporada como prueba a los presentes actuados.

_ El Legajo CONADEP nº 2982 correspondiente a Francisco Tenorio Cerqueira Junior, reservado en Ia Secretaria de dicho Juzgado.

Diligencias

1. Se realice una amplia certificación de Ia causa nº 14.217/03 caratulada "ESMA y otros s/delito de acción pública", dei registro dei Juzgado Nacional en 10 Criminal y Correccional Federal nº 12, Secretaría n° 23, aIos efectos de establecer si el hecho que tuvo por víctima a Francisco Tenorio Cerqueira Junior resulta objeto procesal de ese sumario, y en caso de ser ello así, se indique cuáles son los imputados, Ia situación procesal de los mismos, y los elementos probatorios que obran respecto a dicho acontecimiento.

2. Se requiera, con carácter urgente, aI Sr. Jefe deI Estado Mayor de Ia Armada Argentina, Ia remisión de Ia totalidad de los legajos que correspondan a una persona llamada Claudio Vallejos, quien habría sido ex suboficial de Ia Armada Argentina y podría haber cumplido funciones en el Servicio de Inteligencia Naval o bien en algún otro destino de Ia fuerza, durante el período comprendido entre los anos 1976-1983.

3. De confirmarse Ia identidad deI ciudadano argentino Claudio Vallejos como integrante de Ia Armada Argentina aI tiempo de los hechos investigados en esta causa, durante el período comprendido entre 105 afios 1976-1983, se solicite Ia detención con fines de extradición deI nombrado a Ia República Federativa de Brasil, quien deberá ser puesto a disposición de V.S. toda vez que se encuentra detenido desde el mes de enero deI comente afio en Santa Catarina, imputado de estafas cometidas en municipios de ese Estado deI sur brasileno.

4. Toda otra medida que V.S. estime conducente para Ia investigación.

Solicito

1. Por todo ello, tenga V.S. por presentada esta ampliación de requerimiento de instrucción.

2. Se instruya sumario·en relación aI suceso que tuvopor víctima a Francisco Tenorio Cerqueira Junior.

3. Practique V.S. Ias diligencias sugeridas Ia Federal n° 10,28 de febrero de 2012."




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