El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Renato Rabi Baldi Cabanillas “No entendió el eje del discurso, que reclamamos en la investigación de los crímenes de lesa humanidad y por ello hicimos una presentación en su contra ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”, aseguró el jefe de la Unidad de Seguimiento de los casos de Lesa Humanidad”, Jorge Auat.
Auad también se refirió a la designación de familiares directos de jueces y camaristas en el ámbito de la Justicia Federal de Salta.
En La misma Cámara Federal de Apelaciones, como así en el Tribunal Oral Federal de Salta, fueron designadas personas con vínculos directos con quienes en su momento ocuparon cargos de primera linea en la administración de justicia federal.
La situación de Baldi Cabanillas, se agravó después del apoyo al juez federal subrrogante de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, concretado el mes pasado, después que un reclamo realizado por representantes de entidades y organismos de los Derechos Humanos, abogados y familiares de víctimas de la represión. Después de esa situación, Olivera Pastor terminó presentando su renuncia.
“Hubo un estancamiento total en avanzar en los casos, y en el hecho del fuerte emepresario Pedro Carlos Blaquier, Olivera Pastor dice que no lo indagó porqué no tenía donde alojarlo”, sostuvo Auat.
“Olivera Pastor no podía mirar para otro lado.porque los jueces federales cuentan con la seguridad que les otroga la Superintendencia Fedceral”, añadió Auat.
“El protector de Olivera Pastor”
Los organismos de derechos humanos de Jujuy celebraron la renuncia del juez Carlos Olivera Pastor, denunciado por bloquear los pedidos de indagatoria de los acusados en las causas por delitos de lesa humanidad.
Fuente: http://nuevodiariodesalta.com.ar
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COMPLICIDAD E INCONGRUENCIA DEL TOF DE PARANA: “el resultado aquí obtenido es incongruente con el obtenido en el tribunal de Rosario”, en referencia a que allí el represor fue condenado ocho días antes a prisión perpetua.
Derechos humanos. Sensaciones por la suspensión del proceso contra el represor
Amargura y decepción por la decisión sobre Díaz Bessone
Organismos de derechos humanos, familiares y víctimas de la dictadura contaron a EL DIARIO sus sentimientos tras la resolución del Tribunal Oral Federal de Paraná de separar a Ramón Genaro Díaz Bessone del juicio por crímenes de la dictadura.
El Diario 7/4/2012
La decisión del Tribunal Oral Federal de Paraná de suspender el proceso contra Ramón Genaro Díaz Bessone generó amargura entre los familiares y víctimas del terrorismo de Estado, como también en los organismos de derechos humanos. Aún cuando haya instancias de apelación posibles, la medida fue recibida como un vaho de impunidad.
La noticia corrió de costa a costa y el malestar se vio reflejado en las caras largas del puñado de militantes que se encontraban en la sala de audiencias en Paraná. Esa misma desilusión y pesadumbre se advirtió entre quienes seguían las instancias del debate por videoconferencia en la sede de los tribunales federales de Concepción del Uruguay. Y de igual manera recibieron la noticia, minutos después, en Concordia y Gualeguaychú.
El tribunal decretó la suspensión del proceso contra el exjefe del Segundo Cuerpo de Ejército por considerar que no está en condiciones psíquicas de comprender cabalmente las imputaciones y enfrentar el devenir de un proceso penal. “Díaz Bessone no posee aptitud para afrontar en plenario una intervención activa y efectiva en ejercicio del derecho de defensa, de intervenir en aquellos actos que imprescindiblemente requieren de su personal participación”, se indicó en la resolución que se conoció el miércoles.
De la misma manera, se aclaró que el proceso continuará el próximo miércoles respecto de los otros ocho imputados. Los querellantes adelantaron que apelarán la decisión del tribunal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, pero la suerte parece estar echada respecto de que Díaz Bessone, a sus 86 años, ya no será juzgado en Paraná.
Garantías. Consultado al respecto, el exsubsecretario de Derechos Humanos Roque Minatta reclamó “que el juicio continúe mientras esto se resuelve, porque de lo contrario se seguirían dilatando los tiempos y es imperioso que, de una vez por todas, esto siga adelante”.
Minatta fue uno de los estudiantes secundarios detenidos en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal y su caso es uno de los que se juzga en este proceso. “No soy médico pero soy garantista y creo que también los militares que violaron los derechos humanos deben tener todas las garantías que brinda el Estado de Derecho, porque eso tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, no con la venganza”, enfatizó a EL DIARIO. “Las leyes hay que aplicarlas para todos igual. Si están en condiciones, a los represores les deseo prisión perpetua en cárcel común; pero si están enfermos, que cumplan las condenas con prisión domiciliaria”, acotó.
Minatta expresó que “si los peritos médicos consideran que no está en condiciones de continuar en el juicio, que no lo esté”, pero advirtió que “es raro que sobre una misma enfermedad opinen de distinta forma, no tiene que haber un abismo entre lo que opinan los distintos profesionales” y acotó: “Queremos que nos digan si entiende lo que se le dice; es el entendimiento lo que se requiere para estar en juicio”.
Impunidad. María Luz Piérola es actualmente coordinadora del Registro Único de la Verdad y estuvo detenida ilegalmente durante la dictadura. “Me parece de terror”, dijo sobre la decisión del tribunal. “Esta es otra de las secuelas después de tantos años de impunidad; los represores tienen las garantías que no les dieron a los 30 mil desaparecidos y los poderes del Estado han estado durante 36 años a favor de la impunidad. Hoy resulta que por culpa de tantos años de impunidad no se los puede juzgar porque están viejos y eso hace que se extienda esa impunidad”.
Del mismo, José Iparraguirre resaltó que “han pasado más de 30 años sin que el Poder Judicial accionara y entonces hoy se pretende que los familiares y víctimas del genocidio tengan en cuenta el deterioro físico que presentan los represores. Es una situación muy injusta que los represores gozaran de la impunidad durante tantos años y las víctimas tengan que cargar hoy con aquella inacción de la justicia”.
El referente del Programa Verdad y Justicia en la provincia acotó que “si bien es cierto que son personas mayores, es injusto cargar esa responsabilidad sobre las víctimas”, al tiempo que manifestó su desacuerdo con la decisión del tribunal, pero consideró que “hay que dar la batalla en el plano jurídico, allí hay que someter a los genocidas”.
Plan sistemático. Alejandro Richardet es querellante en la megacausa denominada Área Paraná, que también tiene a Díaz Bessone como imputado. En diálogo con EL DIARIO, apuntó que “los jefes militares son responsables de lo acontecido durante la dictadura, y en el caso de Díaz Bessone fue uno de los que trajo al país el método de secuestro, tortura y desaparición forzada. Entonces, lo que está en discusión es la culpabilidad o no por la imposición del plan sistemático”.
De todas maneras, consideró que la decisión judicial respecto del exjefe del Segundo Cuerpo de Ejército “es un triunfo de la impunidad, porque no estamos hablando de lo que es Díaz Bessone hoy, sino de lo que hizo hace 30 años, entonces lo que se pone en cuestión no es la imputabilidad actual, sino las trampas del sistema judicial”, sostuvo.
“Se discute sobre la imputabilidad de Díaz Bessone hoy para estar en juicio, pero la pregunta es: ¿Hubo un plan sistemático? ¿Díaz Bessone fue o no responsable? Y ya está demostrado que hubo un plan sistemático de exterminio”, insistió Richardet.
Los abogados van por la apelación
El abogado querellante Marcelo Baridón había manifestó su “decepción”, luego de conocida la decisión del tribunal. Asimismo, consideró que los argumentos “son insuficientes” y que “los métodos de diagnóstico utilizados hasta la fecha para arribar a esas conclusiones no acreditan con absoluta certeza si su decisión de mantener el silencio obedece a su querer voluntario o a déficits cerebrales”.
Por su parte, Rubén Pagliotto, otro de los querellantes, no ocultó su “sorpresa” y señaló que el tribunal adoptó “una decisión ligera que no se ha adecuado a ningún estándar científico, porque ningún perito se ha manifestado en forma explícita respecto de que Díaz Bessone no comprendía”.
En tanto, María Isabel Caccioppoli, que representa a las víctimas desde el inicio de las investigaciones, expresó que “el resultado aquí obtenido es incongruente con el obtenido en el tribunal de Rosario”, en referencia a que allí el represor fue condenado ocho días antes a prisión perpetua. “La situación procesal se encuentra clara en cuanto a que las pericias efectuadas por los peritos de parte y de la Corte Suprema el 1 de marzo de 2012 concluyen que Díaz Bessone comprende el procedimiento en su totalidad, pero lo que lo afecta es un estado depresivo y que no quiere comunicarse”, acotó.
Por Juan Cruz Varela
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