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| Se leyeron las declaraciones de los acusados en la etapa de instrucción. |
Frente a la negativa de los imputados de declarar ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, se leyeron las indagatorias. Excepto en los casos de Naldo Miguel Dasso y Marcelo Pérez, quienes se abstuvieron de declarar en la etapa de instrucción.
En tanto, las testimoniales comenzarán el 18 de abril, con los relatos de las víctimas del Terrorismo de Estado en La Histórica. Ese día comparecerán Román, Minatta y Romero. El 19 de abril se presentarán Juan Carlos Rodríguez, Víctor Bandunciel y Carlos Atilio Martínez. Al día siguiente testificarán Hugo Angerosa, Pedro Peluffo y José Felguer.
Las declaraciones están fijadas hasta el 10 de mayo, y algunas de ellas se realizarán mediante videoconferencia. Luego será el turno de otra de las causas que integran el juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 30 personas, cuatro de ellas desaparecidas: Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Salazar, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi.
Palabras de los imputados
En un escrito presentado en etapa de instrucción, Francisco Crescenso negó las acusaciones de César Román y Carlos Martínez, y aseguró “no conocer” a las víctimas.
“Presté servicio en la delegación de Concepción del Uruguay únicamente en 1976, como oficial subalterno. Nunca cumplí tareas en inteligencia, sino que era oficial sumariante”, afirmó en el documento. Además, sostuvo que nunca realizó “detención o interrogatorios de la naturaleza” que se le imputan, y rechazó que haya cumplido “órdenes ilegales”.
“Mi conducta en la fuerza fue intachable. Nunca llevé a cabo las conductas que se me imputan ni integré una asociación ilícita”, insistió en el escrito.
En consonancia con otros genocidas, Harguindeguy reivindicó el golpe de Estado. De hecho, quien fuera ministro del Interior de la dictadura, efectuó un pormenorizado contexto histórico y dio las razones de las que se sirvieron las Fuerzas Armadas para usurpar el poder en el país.
Mencionó entre otros objetivos “erradicar la subversión”, “mantener la vigencia de la seguridad nacional” y “eliminar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas”. Señaló que se trató de una “lucha de índole moral, económico y social”, para reestablecer el “orden”.
Por su parte, Juan Carlos Mondragón manifestó su pesar por acusaciones que negó rotundamente, las cuales dijo que afectaron su vida personal y profesional. Asimismo, remarcó su vínculo con la familia Martínez Garbino.
Julio César Rodríguez repasó su carrera en la Policía, desde la década de 1950. Indicó que no tuvo contacto con detenidos-desaparecidos. Además, detalló extensamente las actividades de la delegación policial y los vehículos que usaba.
Tanto el entonces sargento de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, como los militares retirados Juan Miguel Valentino y Santiago Kelly del Moral, adelantaron que harán uso de la palabra en otras instancias del debate.
Foto: ANALISIS DIGITAL
Ordenan la captura de 23 imputados por crímenes de lesa humanidad en el Pozo de Quilmes
pabloroesler@gmail.com
La justicia federal ordenó la captura de 23 militares, policías y civiles en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes de la Policía Bonaerense. Entre ellos se encuentra el ex policía Tomás Rotella, ex miembro de la Unidad Regional de La Plata acusado de ser autor directo de secuestros y torturas junto al imputado en el juicio por el Circuito Camps, Carlos “el Oso” García y otro policía que aún no fue detenido.
La orden de detención fue emitida el lunes por el juez federal Nº3 Arnaldo Corazza contra 23 imputados del Ejército, la Policía y civiles, de los cuales 21 ya están involucrados en otras causas judiciales. De todos, tres ex policías que fueron reconocidos por un sobreviviente están imputados como autores materiales de privación ilegal de la libertad y tormentos. El resto son considerados autores mediatos.
Uno de los tres acusados de ser autores materiales es el ex policía Tomás Rotella, quien quedó procesado por primera vez en una causa judicial el martes tras ser indagado. Lo mismo le ocurrió, aunque en otra causa, a su superior Julio César Garachico (ver aparte). También está imputado por primera vez el ex policía que aún no fue detenido.
Otro de los presuntos autores materiales es Carlos “El Oso” García, ex policía de la Unidad Regional de La Plata quien se encuentra sentado en el banquillo de los acusados en el juicio que realiza el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención del Circuito Camps.
Los pedidos de detención habían sido pedidos hace alrededor de cinco años por la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que en total elevó 101 pedidos de detenciones por esta causa. Hasta la fecha, se produjeron las 23 detenciones del lunes y otras cuatro anteriores, las de la cúpula: el comisario Miguel Etchecolatz, el ex ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, el segundo de la Bonaerense, general Anibal Cámpos y del jefe de la Brigada de Quilmes, Lucas Belich.
Entre los detenidos de la causa están, también, el abogado Juan María Torino, quien fue secretario del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart, y el jefe del destacamento de inteligencia 101 del Ejército, Jorge Olivera Rovere.
El Pozo. La causa por los crímenes cometidos contra 204 víctimas en el centro que funcionó en la brigada de Investigaciones de Quilmes.
El centro comenzó a funcionar antes de la dictadura y en n la causa se investigan los delitos allí cometidos desde 1975 hasta 1979.
La brigada funcionó en esa dependencia policial hasta el 1 de enero de 1977, cuando por los acuerdos “antisubversivos” entre las fuerzas, la Policía lo cedió al Ejército. Sin embargo, el centro clandestino continuó funcionando, ahora como en un marco de máxima ilegalidad y clandestinidad.
Recién en el año 80 el edificio fue devuelto a la Bonaerense, que instaló allí la brigada femenina. Actualmente volvió a sus funciones primigenias: es sede de la DDI Quilmes.
Detienen al ex policía Garachico por dos homicidios en dictadura
pabloroesler@gmail.com
El ex policía Julio César Garachico fue detenido e indagado por la justicia federal platense por los homicidios de Luis Eduardo Sixto Bearzi y de Marcelo Gabriel José Bettini, hermano del embajador argentino en España, Carlos Bettini, cometidos en el barrio de Tolosa el 9 de noviembre de 1976. El detenido era jefe del servicio de calle de la Unidad Regional (UR) La Plata de la Policía de Buenos Aires y según los legajos policiales habría participado del operativo.
El ex policía fue detenido el lunes en Mar del Plata por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, por orden del titular del juzgado federal Nº3, Arnaldo Corazza. La captura fue informada a través de la cuenta de twitter de la fiscalía (@UnidadDDHHLP), quien reclamaba el procesamiento desde hace cinco años. A las 11.30 del lunes fue trasladado a los tribunales de 8 y 50 donde fue indagado.
También esta semana fue apresado un subordinado suyo en la UR, Tomás Rotella. El ex policía está imputado como autor de secuestro y torturas y su captura es parte de la orden de detención contra 23 militares, policías y civiles emitida por Corazza el lunes en la causa por el pozo de Quilmes (ver aparte).
Aunque Garachico quedó involucrado por los homicidios de Bettini y Bearzi, la participación del detenido en la represión ilegal ya habían sido señaladas por el testigo desaparecido Jorge Julio López en su declaración en el juicio que condenó al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.
“El día uno (de estadía en el campo de Arana) nos saca Etchecolatz con el grupo de picaneadores, grupo en el que reconozco a algunos, como Garachico, Urcola, Aguiar”, disparó López el 28 de junio ante el Tribunal Oral Federal Nº1 en el debate realizado en el salón dorado de la Municipalidad.
El nombre del ex policía también fue mencionado por testigos en los Juicios por la Verdad de La Plata, donde la ex mujer de Rotella aseguró que su esposo junto con Garachico y Manuel Aguiar tenían relación con Etchecolatz. También habría participado en el operativo del ataque a la casa Mariani Teruggi en noviembre de 1976.
El ex policía quedó imputado en la causa Bettini Bearzi luego de que la Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmara los procesamientos de Jaime Lamont Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Eduardo Gargano.
En ese fallo el tribunal sostuvo que la muerte de Bettini, quien ingirió una pastilla de cianuro, constituye un crimen de lesa humanidad y encuadra en la figura de homicidio.
El hecho ocurrió el mediodía del 9 de noviembre de 1976 en 4 bis, entre 528 y 530 de Tolosa, donde Bettini, de 19 años, y Luis Eduardo Sixto Bearzi habían concurrido a una cita. Sin embargo, cuando llegaron los estaba esperando la Policía Bonaerense. Bearzi fue ultimado a disparos y Bettini tomó cianuro antes de ser detenido.
“Bettini actuó coaccionado como consecuencia de los medios violentos -e ilegales- desplegados por parte de las fuerzas represivas durante el operativo, quedando su intervención circunscripta a decidir entre el suicidio o a ser, muy presumiblemente, detenido por la Policía provincial e ingresado al circuito represivo que se encontraba activo en la época", señalaron los jueces en el fallo.
También dijeron: "la decisión de suicidarse fue realizada con una proporcionalidad ajustada al estado de necesidad justificante, ya que con ella no solo buscó evitar padecer tormentos físicos y psíquicos, sino también ser instado a delatar a terceras personas, las cuales eventualmente podían ser aprehendidas e ingresadas al mismo circuito represivo para ser torturadas y muy factiblemente, asesinadas como lo sería él".
Desde hace tiempo la fiscalía insistía en la detención de Garachico por ese hecho, ya que “en los legajos decía que en el operativo habían participado el COT, que dependía de Etchecolatz, y el servicio de calle de la Unidad Regional, de la que él era jefe”, señalaron fuentes judiciales.
El homicidio de Marcelo inició una cadena de secuestros en la familia Bettini. Pero aunque los sobrevivientes iniciaron una investigación en un único expediente por todas las víctimas de la familia, el asesinato del hermano del embajador de España fue separada en la causa 29 y el resto de los hechos unificados en la causa por La Cacha, el centro clandestino de detención de Olmos, recientemente elevada a juicio.
Tercer detenido. El juez Corazza detuvo también ayer al militar Hugo Ildebrando Pascarelli, imputado en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo, en la que a lo largo del mes pasado, la justicia detuvo a 24 personas, entre las que se encuentran el abogado Juan María Torino, quien fue secretario del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart, y en 2002 renunció a la Justicia por denuncias de coimas.
El ex coronel Pascarelli ya estaba detenido tras ser condenado a perpetua en julio del año pasado por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio, de Capital Federal, por donde pasaron, entre muchos otros, el dibujante y creador de El Eternauta, Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti.
Juicio megacausa “La Cueva”
“Nacimos de esos huesos y necesitamos abrazarlos de nuevo”
Martín y Ramiro Fresneda son los hijos de Tomás y María Argañaraz, desaparecidos durante la “Noche de las Corbatas” en julio de 1977. Ambos declararon en una nueva audiencia en el juicio a 16 represores por crímenes en el llamado circuito represivo Necochea - Mar del Plata
Ramiro y Martín se llevan apenas dos años. Cuando secuestraron a sus padres Tomás Fresneda y María de las Mercedes “Mecha” Argañaraz el primero tenía poco más de 4 y el segundo 2 y medio. Ayer los dos hermanos declararon ante el tribunal que juzga a 16 imputados -entre policías y militares- por los crímenes cometidos en centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron en Mar del Plata y Necochea. Ambos reclamaron que los represores confiesen que hicieron con los hijos apropiados y destacaron “la gravedad institucional” que implica que el juez Pedro Federico Hooft -acusado de crímenes de lesa humanidad- siga ejerciendo funciones en el poder judicial.
Los hermanos Fresneda llegaron desde Córdoba, allí viven y ejercen su profesión. Ambos son abogados como lo fue su padre. Tomás Fresneda pertenecía a la Gremial de Abogados, un grupo de profesionales que se dedicaba al derecho laboral y representaba a trabajadores y a gremios. Por ese motivo fue blanco de las patotas del Ejército en la tristemente celebre “Noche de las Corbatas”, operativo realizado entre el 6 y 8 de julio de 1977 en el que secuestraron a un grupo de abogados. Fueron alojados en la comisaría cuarta y en “La Cueva”, el CCD que funcionó en la Base Aérea local. Carlos Bossi, Camilo Ricci y la mujer de Jorge Candeloro lograron sobrevivir. Norberto Centeno fue asesinado y el resto: Salvador Arestín, Tomás Fresneda, “Mecha” Argañaraz -embarazada de 5 meses- y Jorge Candeloro, permanecen desaparecidos.
Ramiro y Martín fueron testigos del secuestro de sus padres. Ayer contaron a los jueces Alfredo Ruiz Paz (presidente), Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros que mientras una patota ingresaba al estudio de su padre, la tarde del 8 de julio del '77, otro grupo lo hacía en el departamento de México al 3000 donde estaban ellos con su madre.
Ramiro tiene imágenes “grabadas a fuego”: su mamá agarrada a los marcos de las puertas para que no se la lleven a la rastra y las armas de los captores. Nunca había visto armas de verdad tan de cerca hasta ese momento. Los dos hermanos y su mamá fueron llevados al estudio jurídico.
Martín aseguró que su padre se entregó en el estudio porque sabía que la patota los tenía a ellos y a su mujer. Recordó que Tomás llegó al estudio y dijo: “soy Tomás Fresneda y estoy desarmado”. Los secuestradores lo golpearon y se lo llevaron junto con su mamá y Carlos Bossi. Él y su hermano quedaron junto a su abuela paterna.
Al poco tiempo Martín y Ramiro quedaron al cuidado de su abuela materna, Otilia Argañaraz, una mujer incansable que luchó hasta el último día de su vida por saber dónde está su hija, su yerno y su nieto/a nacido en cautiverio y seguramente apropiado. Con los años, los hermanos reconstruyeron - a través del relato de terceros- el cautiverio de sus padres.
Tomás y “Mecha” fueron llevados a La Cueva y que los captores decían que su padre era Montonero y que su mamá pertenecía al ERP. Martín aclaró que ambos habían dejado de militar en 1973 y que Tomás había militado en la Juventud Peronista. Por relatos de otros detenidos sobrevivientes supieron que sus padres pudieron estar juntos en algunos momentos de su cautiverio. Incluso que “Mecha” pensó en escapar y que Tomás desechó el plan por miedo a que los mataran.
Marta García, esposa de Jorge Candeloro, y sobreviviente de La Cueva, les contó a los hermanos que la última vez que vio a su madre ella estaba bien y su embarazo continuaba. Martín y Ramiro dijeron ayer a los jueces que su madre fue cuidada hasta el momento del parto y que pudo haber parido en el Hospital Interzonal, lugar que durante las noches de la dictadura era “copado” por el Ejército. También supieron que Tomás fue torturado en varias oportunidades y que, por efecto de la tortura o de un disparo, murió en La Cueva.
Martín supo a través de Carlos Bossi, que su padre vio a gente conocida dentro del aparato represivo que funcionaba en La Cueva, gente que supuestamente podía ayudarlos. Hoy el menor de los Fresneda cree que podía tratarse de algún abogado que militaba en la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Sin dar nombres, tal vez se refería a Eduardo Cincotta, ex integrante de la CNU, abogado y ex secretario general de la Universidad Provincial de Mar del Plata que a partir del golpe de Estado trabajó para el servicio de Inteligencia del Ejército. En 2008 fue detenido y pasó su último año de vida en prisión imputado de crímenes de lesa humanidad cometidos en La Cueva.
A las pocas horas del secuestro del matrimonio Fresneda, sus familiares presentaron un recurso de habeas corpus ante el juez Pedro Federico Hooft, quien llevó adelante las investigaciones por los hechos ocurridos en la Noche de las Corbatas. El trámite judicial nunca prosperó. Por esta y otras faltas a los deberes del funcionario público, el magistrado -aún en funciones- enfrenta una acusación por centenares de crímenes contra la humanidad.
Martín y Ramiro no dejan de preguntarse que habría pasado si Hooft hubiese cumplido su deber como juez. Por eso reniegan que todavía sea funcionario judicial. “Es una gravedad institucional importante que Hooft siga en actividad”, enfatizó el mayor de los Fresneda.
Los hermanos Fresneda vivieron el peregrinaje de su abuela Otilia para saber dónde estaba su hija y su yerno. Se criaron con una tía en Catamarca y luego se instalaron en Córdoba. Ambos ejercen la profesión de Tomás. Ramiro es abogado del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) mientras que Martín lleva adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba. Hoy su nombre aparece en los diarios de aquella provincia como el sucesor del fallecido Eduardo Luis Duhalde en la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Los dos continúan la lucha de su abuela: quieren saber el destino final de sus padres y dónde está su hermano/a nacida en cautiverio. “Nacimos de esos huesos y necesitamos abrazarlos de nuevo”, concluyó Martín. Por su parte Ramiro exigió una respuesta a los acusados: “Si les queda dignidad digan qué pasó con los hijos apropiados”.
Fuente: El Atlantico
Comentarios de los lectores
Me conmueve nuevamente esta historia. Abrazo a estos muchachos, dignos, valientes y tan necesarios como sus padres.
Alicia
La lucha que los hijos del Dr Fresneda realizan, simplemente consiste en que se HAGA JUSTICIA por primera vez. y quieren saber, como todos nosotros, dónde están los niños apropiados a quienes se les roba su identidad a diario.
Está claro que en el poder jjudicial de esta bendita ciudad se haya enquistado un sistema corrupto que data desde la dictadura. Así estamos, Hoof tiene que estar destituído y siguen perpetuando el escándalo, la verguenza y el oprobio, a tantas personas que sufrieron los vejámenes más grandes por pensar distinto, en casi todas las veces.
También ayuda el poder político y el de los medios, para que el silencio siga aquietando las aguas y de estos temas no se hable. Brindo por la MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA para todos .
Y DONDE ESTAN TOMAS Y MECHA....?, CADA AMANECER ANDAN TOMADOS DE LAS MANOS POR LA DIAGONAL DE LOS TILOS, A VECES SE LOS PRESIENTE, CAMINANDO POR LA RAMBLA. ELLOS ESTAN EN CADA UNO DE LOS MARPLATENSES, EN CADA NIÑO QUE NACE. EN LOS ATARDECERES DONDE UNO ADIVINA EL HORIZONTE, ELLOS ESTAN. SON ESA GENERACION QUE NOS DEJO SU MARTIRIO. HUMILDES.
HOY TOMÁS, COMO CENTENO U OTROS SERÍAN LOS DIRIGENTES JUSTOS Y NECESARIOS. POR ESO LOS ASESINARON.
EL RECUERDO A LA MEMORIA DE MECHA.
JOVENES AMBOS.
QUE DIOS ILUMINE A SUS HIJOS RAMIRO Y MARTIN Y QUE LES PERMITA ENCONTRAR A SU HERMANA, QUE NO DEBE ESTAR LEJOS.
Sin la ideologia y el apoyo de parte de la sociedad civil y sus instituciones como el Poder Judicial, la Iglesia, etc. NO HUBIESE SIDO POSIBLE la implementación del genocidio cometido por la dictadura del 76. Se necesitó implementar el terror para poder postrar a la nación economica y animicamente. No se puede dejar de juzgar a los partícipes civiles , aparentemente probos y respetables ciudadanos pero con intereses ajenos a la sociedad , por partícipes necesarios de este delito imprescriptible.
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