Neuquén > “El pacto de silencio de los genocidas no fue roto ni violado, no hicieron más que mostrar que a 36 años la impunidad se mantiene. Queremos saber qué hicieron con los desaparecidos, qué hicieron con los más de 400 niños y niñas apropiados en todo el país”, señalaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) en relación a las declaraciones brindadas por los ex jefes militares Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Gustavo Vitón el miércoles en el Tribunal Oral Federal durante la audiencia en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar.
Molina Ezcurra, quien se desempeñó como responsable del Detacamento de Inteligencia 182 de esta ciudad entre enero de 1975 a diciembre de 1977, aseguró que sus responsabilidades estuvieron protegidas en el marco de la Ley de Obediencia Debida, según el cual los suboficiales se limitaban a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
“No es posible creer que quien fuera integrante del Destacamento de Inteligencia no sólo desconociera sino que no fuera parte del genocidio llevado adelante en la región, ya que era en ese preciso lugar donde se realizaba la selección de las víctimas y se decidían los secuestros”, aseguraron las abogadas Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal.
El fiscal José María Darquier puntualizó que ninguno de los imputados se refirió en sus declaraciones a los hechos que se les imputan en este juicio. Aseguró que desde la fiscalía "tendremos que probar cada uno de los hechos por los que están imputados además de aportar otras pruebas que tenemos".
Sobre las declaraciones de Molina Ezcurra como las de Vitón, interventor de la Policía de Río Negro en la Comisaría 24 de Cipolletti, quien afirmó haber rechazado el golpe de Estado y la Doctrina de la Seguridad Nacional enarbolada por los militares desde 1976, el abogado querellante Marcelo Medrano, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, coincidió con los profesionales de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), en señalar que ambos imputados plantearon una defensa "dividiendo lo que hicieron antes y después del golpe de Estado, y en términos de cuestionar el sistema político y militar fraccionando el momento en que ellos tendrían que explicar qué fue lo que hicieron durante los años de dictadura".
"De ese período hicieron omisiones graves y, sobre todo, evaden las explicaciones sobre lo que pasó con las treinta y nueve personas que los denuncian" en este segundo juicio
Neuquén > Hernán Corigliano, defensor de Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y Gustavo Vitón, imputados en el juicio, reclamó a la Fiscalía que le indique "la imputación concreta” que se le hace a sus defendidos.
Luego de que Vitón y Ezcurra declararan el miércoles en el Tribunal Oral Federal, Corigliano consideró que lo que pasa en este proceso es que “al morirse los jefes militares quieren culpar a los subalternos que no tenían cargos ni condiciones para cometer estos delitos”.
“Me encantaría que el fiscal José María Darquier me precise la conducta material que les imputa a mis defendidos. Se habla de colaboración en los secuestros, ¿en qué colaboraron?”, cuestionó.
Expresó que Vitón habló de su vida personal ya que se le imputa una asociación ilícita con los miembros de las Fuerzas Armadas que lo “echaron por tratarlo de montonero”.
Respecto a las declaraciones de los fiscales quienes consideraron que los militares no dieron datos de su accionar a partir del golpe de Estado, el defensor aclaró que volverán a declarar. “El imputado puede volver a declarar cuando quiera. Por una estrategia de la defensa lo harán luego de escuchar las testimoniales”, adelantó.
Sobre la declaración de Molina Ezcurra, el abogado destacó que el imputado aseguró que “no se puede interpretar los reglamentos militares de un momento a otro”. Agregó que "en su momento (Molina Ezcurra) va a declarar sobre los hechos que se le imputan en forma particular. Pero Molina Ezcurra no conoce a las víctimas, no conoce los hechos, por eso esta defensa viene sosteniendo que le expliquen cuál es la teoría que se le implica”.
Corigliano destacó las declaraciones del ex policía Oscar Del Magro, quien manifestó que “nunca” la Policía de Río Negro recibió órdenes de los militares. "De esta manera desvinculó la actuación de Vitón de lo que haya hecho la Policía de esa provincia", consideró.
Los Ragni solicitan ser querellantes en la causa por el ataque
Neuquén > Inés y Oscar Ragni se constituyeron ayer como querellantes ante el juez de Instrucción Marcelo Benavidez en la causa donde se investigan los disparos que sufrieron en la puerta de su vivienda, sede de las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, el 26 de marzo pasado. Lo hicieron con el patrocinio de abogados de las organizaciones de derechos humanos y sindicales.
“Nos constituimos como querellantes iniciando una causa para que se investigue esta situación, la causa está acompañada por todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y abogados de éstas”, explicó Oscar Ragni en la puerta del Juzgado de la calle Santiago del Estero 55.
El militante de la Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén comentó que aún no hay otros avances en esa investigación e informó que no recibieron ningún otro hecho intimidatorio.
Agregó que “tenemos experiencia, como la tiene el conjunto de la sociedad que vio estas situaciones repetidamente sin que en ningún momento se las pueda poner freno desde el poder político”.
Ragni atribuyó los disparos en la puerta del salón ubicado al frente de su vivienda a que desde "el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy no hubo nadie desde ningún gobierno que haya tenido intenciones de poner fin al accionar que quedó del terrorismo de Estado”.
Las organizaciones presentes solicitaron ayer una entrevista con Benavidez, pero el juez de Instrucción Nº 5 no se encontraba en los juzgados.
“Es como que está otra vez en la familia”
Zaida Franz, la madre de la joven desaparecida y miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, habló sobre el significado de la identificación. La joven había sido enterrada en una fosa común del cementerio de Avellaneda.
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Ana Teresa Diego, la militante comunista y estudiante de astronomía desaparecida durante la dictadura en cuya memoria se denominó Anadiego a un asteroide descubierto por un científico argentino. El cuerpo de la joven, secuestrada a los 21 años en La Plata, en septiembre de 1976, y vista por última vez en un centro clandestino del Circuito Camps, había sido enterrado en una fosa común del cementerio de Avellaneda. La noticia de la identificación “llena de luz un vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros”, explicó a Página/12 su mamá, Zaida Franz, viuda de Diego, miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que con 84 años no baja los brazos: “Ahora falta la justicia, una sentencia, y avanzar con los cómplices civiles, ya que ningún golpe de Estado en la Argentina fue solamente obra de los militares”.
Ana Diego nació el 5 de noviembre de 1954 en Bahía Blanca. En 1976 cursaba el tercer año del doctorado en astronomía en la Escuela Superior de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Militaba en la Federación Juvenil Comunista. En 1975 había fallecido su padre, Antonio Diego, matemático de la Universidad Nacional del Sur, a quien militantes de la época recuerdan como “uno de los primeros profesores con los que pudo contar el movimiento estudiantil bahiense”. “Tenían mucha afinidad, se parecían mucho: gente abierta, transparente, que decía lo que sentía. Eso le costó que se la llevaran”, apunta Zaida, que participó en Bahía Blanca de las primeras reuniones de familiares de desaparecidos y en La Plata de las primeras marchas de Madres.
Ana fue secuestrada al mediodía del 30 de septiembre de 1976, al salir de la facultad, por una patota de represores de civil que se movilizaba en dos Fiat sin patente. “Nos saludamos, me pidió la hora y en ese momento nos encapucharon y nos metieron adentro de un auto”, declaró Carlos Schultz en febrero, en el primer juicio a los subordinados del general Ramón Camps. Ana alcanzó a gritar su nombre antes de que se la llevaran. Los represores destrozaron y vaciaron luego el departamento que alquilaba. Ana fue vista en dos centros clandestinos: Pozo de Arana y Brigada de Quilmes. “Estábamos todos encapuchados, acostados o sentados contra una pared”, contó Schultz. En febrero de 1977, Zaida supo que Ana estaba en la Brigada de Quilmes. Se presentó, pero le negaron que estuviera allí. “Anita era muy dulce, muy especial”, la recordó Nora Ungaro, compañera de militancia y de cautiverio. “Compartíamos muchas cosas. Anita recordaba con gran cariño a su padre”, apuntó en 2000 en el Juicio de la Verdad. “Por el miedo nos acomodamos cabeza con cabeza, nos hablábamos al oído y cantábamos canciones de la Guerra Civil Española”, recordó en el juicio oral.
El último 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Unión Astronómica Internacional bautizó a un asteroide con el nombre Anadiego. “Hoy Dilma (Rousseff) ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo, a lo mejor esta joven pudo haber estado sentada en el mismo lugar”, reflexionó entonces la presidenta Cristina Fernández. “Tener un desaparecido en la familia es como tener un vacío, un eslabón que falta aunque uno a veces se haga el distraído”, confiesa Zaida. “Saber que encontraron los restos llena de luz ese vacío, es como que está otra vez en la familia, la sentimos profundamente con nosotros.”
Fuente: Pagina 12
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