| El estado de los juicios |
| Por Manuel Barrientos A 36 años del golpe de Estado, los avances y las asignaturas pendientes en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. |
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| Un proceso consolidado y con logros significativos, aunque con ciertas dilaciones y una serie de bastiones de impunidad sobre los que aún queda mucho por avanzar. Así podría describirse el escenario actual de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Luego del emblemático Juicio a las Juntas implementado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, de las contramarchas que representaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los ochenta y de los posteriores indultos otorgados en los años noventa, la impunidad que protegía a los represores comenzó a revertirse en los primeros años del nuevo siglo. Primero, el juez Gabriel Cavallo dictaminó, en marzo de 2001, la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes dictadas durante el alfonsinismo. Luego, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de esas normativas en setiembre de 2003. Y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de ambas leyes en junio de 2005. Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, creada en la órbita de la Procuración General en 2007, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti destacan que se puede observar una “consolidación” del proceso de juzgamiento en todo el país. “Institucionalmente hay un verbo común en cuanto los juicios se consolidan como política de Estado”, señala Auat. De acuerdo al último informe de la Unidad, se registra un total de 843 personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento. De estas 843 personas procesadas, 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 141 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Así, cerca del setenta por ciento (590) de los 843 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio. Además, más del treinta por ciento del total de las elevaciones ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto. Hasta 2008 se había condenado a 68 personas. En diciembre de 2011, esa cifra llegó a 266. Se observa, entonces, que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados prácticamente se cuadruplicó. A este listado deben sumarse las recientes condenas dispuestas en el marco de la causa por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que finalizó la semana última en la ciudad bonaerense de Tandil. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata sentenció a prisión perpetua a los ex militares Julio Alberto Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda y dispuso una pena de 15 y 11 años, respectivamente, a los civiles Felipe y Julio Méndez. Los jueces también pidieron que se investigue el rol de ex integrantes del directorio de la cementera Loma Negra, de dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del ex ministro de gobierno, James Smart. De todas formas, en la Unidad Fiscal prevén que “los resultados más contundentes” de la política de acumulación de casos para la concreción de “juicios significativos” se empezarán a evidenciar aun con mayor claridad durante el resto del año. En los tribunales federales de Paraná, esta semana comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, en el que hay nueve inculpados, treinta víctimas y 199 testigos. Los principales imputados son el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y Ramón Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército. También se inició el cuarto juicio en Misiones, en el que se juzgarán a ex miembros de la cúpula de la policía provincial. Además, se deberían concretar dos juicios muy importantes para la provincia de Córdoba, en los que se investiga el accionar de los centros clandestinos que funcionaban en La Perla y en el Departamento de Informaciones de la policía provincial (también conocido como D2). Ambos juicios involucran en conjunto a 48 procesados en relación con 404 víctimas. En la provincia de Tucumán, está pautado que se eleven las causas de la Jefatura de Policía y la del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en el que funcionó un centro clandestino de detención y acaban de hallarse los restos del ex senador peronista Damián Márquez, quien fue secuestrado la noche del 13 de enero de 1977. También se esperan avances en la megacausa ESMA (en el primer tramo se juzgaron delitos contra 85 víctimas) y Campo de Mayo, entre otros procesos judiciales. APURAR EL PASO Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal advierten que “de ningún modo se puede pensar que esta consolidación del proceso de juzgamiento no exija un control y una suerte de custodia permanente. Los logros no nos deben confundir ni hacernos pensar que ya está todo avanzado”. Respecto de la cantidad de personas condenadas, aclaran que de los 266 condenados que existen hasta el momento, sólo 43 de ellos registran condenas firmes. En ese sentido, muestran su preocupación por las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales. Durante 2011, la Cámara de Casación revisó seis sentencias en relación con 13 imputados. Esa cifra, según la Unidad Fiscal, no muestra cambios relevantes en su actividad si se toma en cuenta que durante 2010 revisó cinco sentencias respecto de 12 imputados. También observan una “excesiva demora” en el lapso que va desde la elevación a juicio hasta la concreción de las audiencias de debate. En esa línea, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso, en febrero último, un conjunto de “reglas prácticas” que apuntan a evitar la repetición de pruebas de un juicio a otro, la exposición reiterada de los testigos y la reedición de discusiones ya saldadas sobre hechos indiscutidos. También incluyen advertencias para que los jueces no generen dilaciones con ardides legales, proponen un acuerdo entre las partes para fijar una frecuencia razonable de audiencias, reducir la lectura de la acusación y lograr alegatos acotados. Y establecen pautas para proteger a las víctimas que deben testimoniar y resguardarlas de la “revictimización”. El fiscal general Auat valora las reglas dictadas por la Cámara de Casación, pero advierte que “no resuelve la patología que describimos”. Y luego explica: “El problema no es la falta de instrumentos, sino la voluntad institucional de avanzar con los juicios. Todavía hay vastos sectores del Poder Judicial en los que encontramos tremendos obstáculos, como en las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero o Mendoza, en la que incluso hay un juez prófugo”. Se refiere, claro, al suspendido camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano, quien escapó a Chile, y es acusado de omitir la investigación de 103 casos de delitos como secuestros, torturas y robos de bienes a secuestrados entre 1975 y 1983, cuando fue primero fiscal federal y después juez subrogante en Mendoza. “Hace falta un crecimiento en la gestión judicial, que no depende de reglas del código procesal. Que se celebren sólo una o dos audiencias por semana, o que no se hagan los juicios porque no hay salas, lleva a una dilación de los juicios. Y, a veces, son excusas, porque no siempre faltan salas. Necesitamos que alguien tome un control de esto”, señala Parenti. ¿Qué estrategias se plantearon desde la Unidad Fiscal para agilizar las causas y evitar su atomización? Parenti: Hay una resolución del procurador general, Esteban Righi, que marca como pauta central el pedido de acumulación de las causas, aunque no siempre logramos la decisión judicial que solicitamos. Se lograron muchos avances, aunque no todo lo que quisiéramos, ni en un ritmo similar en cada una de las provincias. Auat: Hay un hecho muy emblemático que permite entender que aún queda mucho por hacer, aunque el proceso esté consolidado. A nueve años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Poder Legislativo, las reglas prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal tienen escasamente un mes. Es decir, todavía queda mucho por hacer y es imperativo terminar con ciertas discusiones que tienen como único objetivo la demora de las causas. ¿En qué aspectos es necesario avanzar con mayor fuerza? P: Debemos seguir investigando los casos por apropiación de menores y, con ese objetivo, se creó un equipo que está específicamente dedicado a esa tarea. También se debe mejorar la respuesta respecto de los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado. Hay que ofrecerles a los testigos las condiciones adecuadas para que puedan declarar este tipo de delitos, y para que sean calificados como delitos sexuales y no queden desdibujados dentro del concepto genérico como tormentos. También hay que avanzar con respecto a la actuación de los funcionarios judiciales, que requiere un trabajo importante de revisión de archivos, habeas corpus y expedientes de la época. A: Fue muy importante instalar en el propio sistema judicial la cuestión relativa a los delitos de violencia sexual, porque es uno de los crímenes que mayor trauma causa en la víctima y su invisibilización marcaba un cerco de impunidad. Por otra parte, también hay que analizar los confines de la complicidad civil, para determinar hasta dónde llegaba. ¿Qué sectores civiles aún deben investigarse? P: En especial, la participación de los empresarios y el rol de los propios funcionarios judiciales. También queda un aspecto de la estructura represiva que es difícil de investigar y que está vinculada a los agentes de inteligencia. Hay muchos imputados, pero porque son reconocidos o porque se los pudo vincular a través de algún documento. Pero es muy compleja la tarea de reconstruir el papel de los agentes de inteligencia. A: Existen dificultades probatorias. No es fácil descubrir una cantera probatoria que permita imputar al personal de inteligencia. De hecho, la investigación de los más de dos mil setecientos “vuelos de la muerte” realizados entre 1976 y 1978 requirió de un trabajo exhaustivo, observando planilla por planilla. Aunque, claro, si no fuese así, no estaríamos hablando de terrorismo de Estado. ¿Por qué? A: Siempre cito el caso de la masacre de Margarita Belén, en el que fraguaron un enfrentamiento armado, e incluso trasladaron cadáveres a otros lugares del país y los entregaron en otras provincias. Es decir, esas coartadas estaban facilitadas por el manejo de todos los recursos de los que dispone una estructura como la del Estado. Por eso, la mecánica criminal de la última dictadura era muy compleja y sofisticada. Pero el gran desafío es seguir investigando, porque las dificultades probatorias tienen que ver con esa complejidad de la trama criminal. P: Por otro lado, hay que tener en cuenta la destrucción de las pruebas, que nos obliga a trabajar en los resquicios que quedaron.
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La complicidad de la Iglesia, jueces y medios hizo posible el robo de bebés
Los abogados desentrañaron el entramado civil que colaboró con los represores. Destacaron la lucha de “Chicha” Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, por encontrar a su nieta apropiada durante la dictadura.
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Pese a la incesante búsqueda de María Isabel Chorobik de Mariani, prueba de amor y valentía, Clara Anahí continúa desaparecida y su abuela la sigue buscando.” Con esta frase, la querella de la Asociación Anahí cerró ayer la primera parte de su alegato en el juicio oral por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, durante la cual describió el caso de la nieta de “Chicha” Mariani. Acompañados por Chicha Mariani y Elsa Pavón, los abogados Valeria Theo, Elizabeth Gómez Alcorta y Pablo Lafuente dieron inicio ayer a su alegato en el proceso en que se acusa, entre otros al ex dictador Jorge Rafael Videla, por 20 casos de apropiaciones. El Tribunal Oral Federal Nº 6 dio comienzo a la audiencia cerca de las 10:15, cuando arrancó el alegato de la querella que representa a Chicha Mariani, a Elsa Pavón y a su nieta Paula Logares, a Clara Petrakos, Genoveva de Terruggi, Rosario Valenzi y Mirta Acuña de Baravalle. Antes del primer cuarto intermedio, cerca del mediodía, el público presente en la sala, entre ellos Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora, comenzó a moverse nervioso, acababa de conocerse la noticia de la muerte del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. “El Plan Sistemático de Robo de Bebés hubiese resultado imposible sin la complicidad activa de importantes sectores de la Iglesia argentina, de jueces y fiscales y de los medios de comunicación”, señalaron los abogados que reconstruyeron el operativo en el que Clara Anahí fue secuestrada y su madre, Diana Teruggi, asesinada. El día 24 de noviembre de 1976, la casa de la calle 30 de La Plata, donde vivían Diana Teruggi, Daniel Mariani y la hija de ambos Clara Anahí de tres meses de edad, fue atacada por 200 hombres fuertemente armados de la Policía, el Ejército, la Marina y Gendarmería. La única sobreviviente del asalto, en el que incluso se utilizó un mortero, fue la bebé de 3 meses a la que, según testigos, metieron en un patrullero minutos después de que su madre fuera acribillada en el patio y su cuerpo enterrado como NN. Daniel Mariani, quien había salido de la casa algunos minutos antes, fue secuestrado en agosto de 1977.Además de los testigos presenciales de la supervivencia de la niña, Chicha Mariani atestiguó que el titular de la Comisaría 5º Osvaldo Sertorio “le confirmó que la nena estaba viva y le preguntó si conocía la ropa de la beba porque la iba a tener que reconocer por eso, porque seguro le cambiaron la identidad y tenía ya otro nombre, como era la costumbre”. También había confirmado la apropiación el policía Daniel Del Arco, quien intentó extorsionarla para recuperar a la niña. “No queda duda de que a partir del momento en que se secuestró a Clara Anahí, se procuró hacer desaparecer todo rastro que vinculara a la niña con su verdadera familia”, señalaron los abogados y recordaron que con ocho meses de diferencia los padres de la niña fueron inhumados como NN por el mismo médico para evitar su identificación. También se realizaron investigaciones sobre el obstetra que atendió el parto y el tratamiento posterior de Clara Anahí y que poseía todos los datos médicos que permitirían su identificación. También se intentó ubicar al odontólogo de Diana Teruggi con el fin de suprimir sus fichas odontológicas.Por último, reconstruyeron la lucha de Chicha Mariani por encontrar a su nieta y cómo durante esa búsqueda se conformaron también las Abuelas de Plaza de Mayo. El caso de Clara Anahí es uno de los 20 hechos de apropiación que esta querella le imputa a Videla, quien ayer se sentó solo, acompañado por los abogados defensores, que debieron despertarlo cuando la presidenta del Tribunal, María Roqueta, lo descubrió dormitando.Fuente: Tiempo Argentino
Fuente: Tiempo Argentino
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La búsqueda constante de Clara Anahí
Los abogados de las abuelas Chicha Mariani y Elsa Pavón comenzaron ayer su exposición. Hablaron del secuestro de Clara Anahí, de la Iglesia, los jueces y los medios.
El único acusado que estaba en la sala de Comodoro Py era el dictador Jorge Rafael Videla. Del lado opuesto se sentaron María Isabel “Chicha” Mariani y Elsa Pavón, dos de las primeras abuelas que recorrieron las calles y los tribunales buscando a sus nietas durante la dictadura. Chicha, que casi no ve y lleva esos enormes pares de lentes negros, sabía que estaba Videla, pero no alcanzaba a verlo: “¿Está vestido de gris?”, preguntó, porque es uno de los colores que ya no distingue. Y sí, Videla estaba vestido con un traje gris, convertido así, repentinamente, en fantasma. En un momento, el Tribunal Oral Federal 6 señaló el tiempo de un cuarto intermedio, y Elsa Pavón tuvo la ocasión de darse media vuelta en su silla: “¡¿Viste?! –exclamó–. ¡Llegamos!”
Llegaron a ese momento: sus alegatos en el debate del juicio oral por el plan sistemático de robo de niños. Sus abogados, Elizabeth Victoria Gomez Alcorta, Pablo Lafuente y Valeria Thus, hablaron sobre 20 casos de los 35 del juicio. Además de Chicha Mariani, que aún busca a su nieta Clara Anahí, y de Elsa Pavón, presentaron los casos de Clara Petrakos, que busca a su hermana y, entre otros, de la apropiación de Victoria Moyano. Uno de los puntos centrales fue la reconstrucción del secuestro de Clara Anahí.
La querella hizo foco crítico en el rol de la Iglesia, la Justicia y los medios de comunicación. Puntualizaron los datos que dan cuenta de la supervivencia de la niña, de tres meses al momento del secuestro, y releyeron en clave de prueba penal, los datos que ahora pueden repensarse a partir de las huellas que dejó la burocracia militar. Detallaron el operativo a la casa de la calle 30 donde vivían los padres de Clara Anahí: Clara Teruggi y Daniel Mariani, militantes de Montoneros. Recordaron que el día del operativo se desplegaron más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad y mataron a cinco personas: Diana Teruggi, Daniel Eduardo Mendiburu Elicabe, Juan Carlos Peiris, Roberto Cesar Porfidio y Alberto Bossio, todos compañeros de militancia. Dieron los datos de quienes explicaron a lo largo de todos estos años que Clara Anahí fue sacada con vida de la casa, envuelta en una frazada. Y señalaron que Daniel no estaba ahí, pero lo secuestraron y asesinaron ocho meses más tarde.
Compararon las inhumaciones de unas y otras víctimas. Dijeron que a dos de las víctimas de la casa de la calle 30 las inhumaron con nombres y apellidos, pero que a Diana Teruggi, que estaba con ellos y se sabía quién era, la inhumaron como NN. Lo mismo sucedió luego con su marido. Destacaron que a pedido del Batallón 601, la Dipba buscó a la obstetra de Clara Anahí y al ondontólogo de su madre.
“El tratamiento de las partidas de defunción demuestra sin lugar a dudas el cuidado que adoptaron las autoridades militares en el ocultamiento de la identidad de ambos padres, lo que sin duda facilitó la sustracción y supresión de identidad de Clara Anahí”, dijeron. E indicaron que “obviamente, el motivo de la persecución a la obstetra se debe a que en sus archivos se encontraban todos los datos médicos de Clara Anahí” que “para aquel tiempo en el que no había otros métodos de identificación de personas eran de importancia superlativa”.
Fuente: Pagina 12
Centro Cultural y Político
“Un espacio recuperado en un tiempo necesario”
Todas las actividades son con entrada libre y gratuita – Se agradece la difusión
Emilio Civit 460, ciudad de Mendoza
Programación 04 de Abril de 2012:
I)Miércoles 4, 20 hs, Presentación del Libro: “El Mendozazo. Herramientas de rebeldía”, desde el Auditorio “Juan Dragui Lucero”
II) Miercoles 4, 20hs, Los invitamos a la apertura en la Galería Sergio Sergi de la Muestra: “armARTE de memoria: a 40 años del Mendozazo”
I)Miércoles 04 de Abril, 20 hs:
Presentación del Libro: “El Mendozazo. Herramientas de rebeldía”, en el auditorio Juan Dragui Lucero.
Panel Integrado por: integrante de EDIUNC, Patricia Collado, Colectivo Fantomas.
Presentación del libro que inaugura la Colección A Contrapelo de la Ediunc. A 40 años del Mendozazo, el Colectivo Fantomas desempolva documentos, reúne testimonios, recupera fotografías, investiga diversas fuentes y construye este libro que, a la manera de una caja de herramientas, relata, muestra, recuerda fragmentos individuales y colectivos de aquella gesta. El resultado es El Mendozazo. Herramientas de rebeldía. Una propuesta estético-política que interpela al lector como activo constructor del acontecimiento. No busca relatar «La» historia del Mendozazo. Pretende impulsar otras búsquedas, debatir, seguir investigando. No propone una única lectura lineal, sino una novedosa manera de apropiarse de la historia, a través de viñetas, fotografías, historietas, documentos, testimonios.
II) Apertura de la Muestra durante todo el mes de Abril: “armARTE de memoria: a 40 años del Mendozazo”
¿Qué historia del Mendozazo resulta significativa que (nos) contemos hoy? ¿Qué buscaríamos allí y cómo construiríamos un relato que se conecte con nuestras experiencias en la actualidad?
Esta muestra invita a pensar con el cuerpo. Entrecruzando documentos de época y manifestaciones artísticas contemporáneas, hilvana un implícito recorrido por la ciudad, en que es necesario disponer de todos nuestros sentidos. Porque no hay acciones sin cuerpos, ni cuerpos sin acciones.
(ENTRADA LIBRE Y GRATUITA)
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