Activación insuficiente
El Tribunal Oral Federal de Jujuy se apresta a consagrar el proceso de impunidad construido durante años por el flamante ex juez Carlos Olivera Pastor con el visto bueno de la Cámara Federal de Salta. Pese a los reclamos de los organismos de derechos humanos, de la Procuración General de la Nación y de la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exhortó a los magistrados a concretar juicios orales en plazos razonables y con la mayor cantidad posible de imputados y de casos (víctimas) para evitar la revictimización de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz decidieron comenzar el 13 de junio un juicio con apenas un imputado y por una sola desaparición. La Unidad Especial de coordinación y seguimiento de juicios de lesa humanidad de la Procuración anticipó ayer a Página/12 que presentará esta semana un recurso ante la Cámara de Casación Penal para que le exija al TOF jujeño la acumulación de los 53 casos que Olivera Pastor elevó con cuentagotas y la realización de un juicio con los diez represores en condiciones de rendir cuentas por delitos cometidos 35 años atrás.
Jujuy, junto con Mendoza y otras provincias norteñas, es un símbolo de la resistencia de la corporación judicial a avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Las casi 100 mil personas que marcharon en San Salvador el último 24 de marzo llevaron como consigna central la denuncia contra Olivera Pastor, un oscuro secretario devenido juez federal subrogante que durante años bloqueó sistemáticamente el avance del proceso, que rechazó el 90 por ciento de las indagatorias pedidas por el fiscal (incluida la del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier) y que esta semana presentó finalmente su renuncia.
Entre 2009 y febrero pasado, siempre con el respaldo de la Cámara salteña que encabeza Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, el entonces juez contrarió los criterios impulsados por la Procuración y la Comisión Interpoderes y elevó al tribunal diez fragmentos de la instrucción, varios con un imputado y una víctima. Los represores en condiciones de ser juzgados son el condenado Luciano Menéndez, Rafael Mariano Braga, César Darío Díaz, Mario Marcelo Gutiérrez, Antonio Orlando Vargas, Herminio Zárate, José Eduardo Bulgheroni, Horacio Domingo Marengo, Carlos Alberto y Orlando Ricardo Ortiz. El único a quien el tribunal decidió juzgar es el teniente coronel Braga, alias “Cara cortada” por sus cicatrices en la mejilla izquierda, y sólo por el secuestro en 1976 de Julio Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista.
“El caso de Jujuy refleja la dificultad de lograr que se apliquen pautas básicas como la acumulación de casos conexos”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal, quien destaca la necesidad imperiosa de “desarrollar mecanismos institucionales para corregir rápidamente estas decisiones”. “No puede seguir pasando que los tribunales arbitrariamente dejen de acumular casos conexos y con pruebas en común. Hay 875 procesados y más de 600 tienen alguna elevación a juicio. Este mecanismo de juicios por goteo está probando una dilación que, finalmente, va a impedir concretar los juicios que faltan”, advierte. “Es urgente que desde la cabeza del Poder Judicial se tomen medidas para evitarlo.”
Fuente: Pagina 12
Por delitos de lesa humanidad. Es por la desaparición de Julio Alvarez García
En junio el primer juicio oral público en Jujuy
En esta causa sólo hay dos imputados: Benjamín Menéndez y Mariano Rafael Braga, la querella espera resoluciones.
MEMORIA EL 24 DE MARZO ORGANISMOS DE DD. HH. RECLAMARON JUSTICIA.
Por Mariana Mamaní.
El 13 de junio comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, por la desaparición de Julio Rolando “Pampero” Alvarez García, y los únicos procesados hasta el momento son Benjamín Menéndez y Mariano Rafael Braga.
Son 127 víctimas del Terrorismo de Estado en Jujuy, y un 90 por ciento de indagatorias denegadas en la justicia. |
Las audiencias serán el 13 de junio a las 9.30; el jueves 14, jueves 21, viernes 22, jueves 28 y viernes 29 -a las 14.30- en el mes de junio.
Luego continuarán el jueves 5, viernes 6, jueves 12 y viernes 13 a las 14.30 del mes de julio.
Los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar son delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.
Hay 87 pedidos de indagatoria a responsables civiles y militares y sólo hay diez procesados, pero en 11 causas distintas. |
En la Argentina se están desarrollando juicios históricos a genocidas, que son orales y públicos. Mientras que hasta el momento Jujuy y Catamarca no habían empezado los juicios por muchas irregularidades judiciales. Es así que en Jujuy, después de casi un mes de mucha movilización de organismos de Derechos Humanos, en una lucha que cumplió 36 años de impunidad, tuvieron como consigna “un día más sin juicios es un día más de impunidad”. Así también la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los DD. HH. durante el Terrorismo de Estado, denunció a través de varios documentos la situación de Jujuy como “alarmante” y registró que la justicia federal “ha denegado o ignorado” el 88 % de los pedidos de declaración indagatoria hechos por fiscales. Así también la semana pasada se conoció la renuncia del ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, por su dilación en estas causas que tramitaba en el Juzgado Federal Nº 2. Se respiran aires nuevos en la justicia: verdad, memoria y justicia. Estos juicios demostrarán los efectos del terrorismo de estado y las violaciones a los derechos humanos.
Universitario peronista
Julio estaba casado, tenía dos hijas y una en camino. Estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán en la cual trabajaba además como empleado de la imprenta de la Facultad de Derecho. Era militante en la Juventud Universitaria Peronista.
La primera detención se produjo en febrero de 1976, secuestrado en la ciudad de Tucumán, detenido 35 días en el campo clandestino que funcionó en la Escuela de Educación Física de esa ciudad.
El 21 de agosto de 1976 fue detenido en su domicilio, en calle Libertad 556 del barrio Ciudad de Nieva de la capital jujeña. Dos personas de civil, una de las cuales tenía una cicatriz en la cara (Rafael Braga). Fue introducido en una Renoleta particular, la que fue seguida por su hermano quien la vio ingresar al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20).
El hecho fue denunciado ante la Policía Provincial. Según versiones el jefe de la Comisaría de Libertador General San Martín Comisario Caffagge, conocería que Alvarez García habría sido trasladado en Hécules, en diciembre de 1976, a una cárcel del sur.
Asimismo Luis Morales, recluta, que haciendo el servicio militar trasladaba como chofer al Coronel Bulacio a Tucumán, vio en una oficina del cuartel de Tucumán una lista de nombres, entre ellos el de Alvarez García, tachado con rojo, y le dijeron que los tachados “eran todos boleta”. Nunca más, sus familiares supieron de él.
En junio comienza en el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad
Alvarez García fue secuestrado por un grupo de tareas en su domicilio ubicado en la calle Libertad 556, en el barrio Ciudad de Nieva, cuando se encontraba almorzando con toda su familia.
El abogado de la familia, Pablo Pelazzo, confirmó hoy a Télam la fecha de inicio del juicio, decidida por el Tribunal que integran los jueces René Vicente Casas, Gabriel Eduardo Casas y Marcelo Juárez Almaraz.
Esta causa estuvo tramitada por el juez Federal 2, subrogante, Carlos Olivera Pastor, quien presentó su renuncia al cargo hace pocos días, y estaba acusado por las organizaciones de Derechos Humanos de demorar los juicios.
Por el hecho están imputados Luciano Benjamín Menéndez y Mariano Rafael Braga, apodado "cara cortada" por una cicatriz en el rostro, quien en la actualidad cumple arresto domiciliario en Buenos Aires.
Pelazzo explicó que los querellantes van a solicitar la presencia del represor durante el juicio "porque no hay ninguna razón para que así no sea".
Según consta en el expediente, Alvarez García, a quien apodaban "Pampero", fue llevado secuestrado al Regimiento 20 de Infantería, hecho que fue constatado por uno de sus hermanos que siguió al vehículo, tras lo cual fue trasladado en un avión Hércules, con destino a Tucumán.
Julio Alvarez García era estudiante de Derecho en Tucumán y estaba casado con Inés Peña, quien es hoy la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con quien militaba en la Juventud Universitaria Peronista.
La víctima había sido secuestrada por primera vez en el mes de febrero de 1976 y detenido por 35 días en un campo clandestino que funcionó en la Escuela de Educación Física de San Miguel de Tucumán.
Seis meses después, según consta en la causa, fue detenido en su domicilio del barrio Ciudad de Nieva de la capital jujeña por dos personas de civil, una de las cuales tenía una cicatriz en la cara, al igual que Braga.
Este último hecho fue denunciado ante la policía catamarqueña, y de acuerdo a trascendidos, en la fuerza habrían tenido conocimiento de que a Alvarez García lo trasladaron en un avión en diciembre de 1976, coincidiendo con otros relatos.
En ese marco Luis Morales, un recluta que realizaba el servicio militar en Tucumán, declaró que en una oficina del cuartel de Tucumán advirtió una lista de nombres, entre ellos el de Alvarez García, que según le indicaron los oficiales tenía que ver con las personas que serían "boleta".
El inicio del juicio constituye un hito en Jujuy, dado que junto a Catamarca eran las únicas provincias de la región que no habían logrado avanzar con los juicios en los que se investigan la participación de civiles y militares durante la última dictadura.
Sin embargo, tras varias movilizaciones y reclamos de organismos de Derechos Humanos bajo la consigna “un día más sin juicios es un día más de impunidad”, se alcanzó el primer juicio en el que se encuentran imputados Menéndez y Braga.
En paralelo a la movilización de distintos organismos, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, había advertido del retraso en los procesos por delitos de lesa humanidad.
A la vez, hace diez días, se produjo la renuncia del ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, acusado por su dilación en las causas que tramitaba el Juzgado Federal 2.
Las audiencias del juicio oral y público se llevarán a cabo el 13 de junio a partir de las 9,30 y continuarán los días 14, 21,22, 28 y 28 a las 14,30. En el mes de julio las audiencias se realizarán los días 5, 6, 12 y 13 a las 14,30.
INTERPOL ATRAPO AL PROFUGO EX INTEGRANTE DE GRUPOS DE TAREAS
Detuvieron al Japonés Martínez
Fue el primer represor que detalló en Suiza los vuelos de la muerte. Llevaba más de cinco años prófugo. Hoy lo indagarán en las causas por la Masacre de Fátima y del circuito Atlético-Banco-Olimpo.
Martínez integró los grupos de tareas de Coordinación Federal.Por Diego MartínezLuis Alberto Martínez, alias Japonés, ex integrante de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, fue detenido ayer por Interpol luego de más de un lustro prófugo. Martínez, el primer represor que detalló en 1981 desde Suiza los vuelos de la muerte, logró burlar a la Justicia desde la reapertura de los procesos de lesa humanidad –cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó su captura– y evitó de esa manera estar en el banquillo en dos juicios orales: el de la Masacre de Fátima y el del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Rafecas lo indagará hoy en ambas causas y por su rol en Coordinación Federal. También ayer fue indagado por el juez Norberto Oyarbide por un secuestro extorsivo como miembro de la banda de Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti y compañía.
Ex suboficial de la Policía Federal, Martínez fue detenido por primera vez en 1981, en Suiza, acusado de participar en el secuestro extorsivo del financista Fernando Combal, liberado tras el pago de un millón de dólares, y del banquero Carlos Koldovsky, entre otros delitos al amparo del terrorismo de Estado. El policía brindó aquel año una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre. Contó que originalmente se desempeñaba en el Departamento de Asuntos Gremiales de Coordinación Federal, que luego trabajó en la infiltración de facultades de la Universidad de Buenos Aires, y dio un amplio detalle sobre represores, relaciones entre distintos centros de detención y métodos utilizados para interrogar y para desaparecer personas.
Luego de los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de la Policía Federal recurrían a los vuelos de la muerte, confesó catorce años antes que el capitán Adolfo Scilingo. “Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. A llegar recibían una inyección, se les decía contras las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército”, precisó. “Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró, y apuntó que el método se aplicó antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975 y 1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.
En 1985, entrevistado en Suiza por el abogado Jorge Baños, contó que también actuó en Automotores Orletti, el epicentro argentino del Plan Cóndor, al que llegó de la mano del “Mayor Guastavino”, léase Guglielminetti, juzgado en estos días en Neuquén. Baños había viajado a Suiza en representación del CELS para intentar obtener información de parte de Martínez y de los agentes de inteligencia Rubén Bufano y Leandro Sánchez Reisse. Finalmente fue extraditado por orden del juez Carlos Oliveri e indagado por su reemplazante, el juez Luis Niño. Pese a que la mayor parte de sus delitos quedaron amparados por la Ley de Obediencia Debida, el Japonés siguió preso como delincuente común hasta 1989. La decisión de liberarlo, luego de leer un voluminoso expediente en menos de 24 horas, la tomó el juez de instrucción Luis Velazco. En 1998 fue noticia en General Pico, cuando junto al subcomisario Leonardo De Laurentis golpearon y amenazaron con armas a un remisero. La jueza Rosa Vázquez le dictó la falta de mérito pese a que tenía prohibido usar armas. Desde entonces sólo fue noticia como prófugo. El Japonés comenzó ayer una nueva etapa de su vida, ahora con epicentro en la cárcel de Villa Devoto.
Fuente: Pagina 12, jueves
Luis Alberto Martínez, alias Japonés, ex integrante de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, fue detenido ayer por Interpol luego de más de un lustro prófugo. Martínez, el primer represor que detalló en 1981 desde Suiza los vuelos de la muerte, logró burlar a la Justicia desde la reapertura de los procesos de lesa humanidad –cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó su captura– y evitó de esa manera estar en el banquillo en dos juicios orales: el de la Masacre de Fátima y el del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Rafecas lo indagará hoy en ambas causas y por su rol en Coordinación Federal. También ayer fue indagado por el juez Norberto Oyarbide por un secuestro extorsivo como miembro de la banda de Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti y compañía.
Ex suboficial de la Policía Federal, Martínez fue detenido por primera vez en 1981, en Suiza, acusado de participar en el secuestro extorsivo del financista Fernando Combal, liberado tras el pago de un millón de dólares, y del banquero Carlos Koldovsky, entre otros delitos al amparo del terrorismo de Estado. El policía brindó aquel año una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre. Contó que originalmente se desempeñaba en el Departamento de Asuntos Gremiales de Coordinación Federal, que luego trabajó en la infiltración de facultades de la Universidad de Buenos Aires, y dio un amplio detalle sobre represores, relaciones entre distintos centros de detención y métodos utilizados para interrogar y para desaparecer personas.
Luego de los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de la Policía Federal recurrían a los vuelos de la muerte, confesó catorce años antes que el capitán Adolfo Scilingo. “Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. A llegar recibían una inyección, se les decía contras las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército”, precisó. “Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró, y apuntó que el método se aplicó antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975 y 1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.
En 1985, entrevistado en Suiza por el abogado Jorge Baños, contó que también actuó en Automotores Orletti, el epicentro argentino del Plan Cóndor, al que llegó de la mano del “Mayor Guastavino”, léase Guglielminetti, juzgado en estos días en Neuquén. Baños había viajado a Suiza en representación del CELS para intentar obtener información de parte de Martínez y de los agentes de inteligencia Rubén Bufano y Leandro Sánchez Reisse. Finalmente fue extraditado por orden del juez Carlos Oliveri e indagado por su reemplazante, el juez Luis Niño. Pese a que la mayor parte de sus delitos quedaron amparados por la Ley de Obediencia Debida, el Japonés siguió preso como delincuente común hasta 1989. La decisión de liberarlo, luego de leer un voluminoso expediente en menos de 24 horas, la tomó el juez de instrucción Luis Velazco. En 1998 fue noticia en General Pico, cuando junto al subcomisario Leonardo De Laurentis golpearon y amenazaron con armas a un remisero. La jueza Rosa Vázquez le dictó la falta de mérito pese a que tenía prohibido usar armas. Desde entonces sólo fue noticia como prófugo. El Japonés comenzó ayer una nueva etapa de su vida, ahora con epicentro en la cárcel de Villa Devoto.
Fuente: Pagina 12, jueves
No hay comentarios:
Publicar un comentario