La renuncia de Olivera Pastor reveló el entramado de la complicidad judicial
A pesar de las numerosas denuncias en su contra, el ex juez había logrado mantenerse en su cargo gracias a Rabbi Baldi, presidente de la Cámara salteña. El camarista fue acusado de “feudalizar” la justicia y beneficiar a represores.
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Hasta su renuncia la semana pasada, el juez subrogante Carlos Olivera Pastor había sido sostenido en su cargo por la Cámara Federal de Salta a pesar de las numerosas denuncias en su contra por paralizar causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy. El presidente de la Cámara, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, que había avalado los fallos dilatorios del ex magistrado, fue denunciado el año pasado por haber intervenido en el allanamiento a la casa de su cuñado, el represor Alejandro Marjanov.A pesar de que más de 120 personas fueron víctimas del terrorismo de Estado en Jujuy, las demoras en la justicia local convirtieron a esa provincia en una de las pocas en las que todavía no se ha podido realizar un juicio oral por delitos de lesa humanidad. Según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Olivera Pastor rechazó o ignoró el 88% de las indagatorias pedidas. La Cámara de Salta y su titular respaldaron esta estrategia del ex juez subrogante, quien debió renunciar luego de que su actuación provocara el repudio de organismos de Derechos Humanos de Jujuy. La Cámara rechazó los recursos presentados por la fiscalía ante cada indagatoria ignorada o rechazada por el juez subrogante. Rabbi Baldi fue ascendido a camarista de Salta en 2009 para cubrir el espacio dejado por el ex juez Ricardo Lona, acusado por delitos de lesa humanidad. Antes, se había desempeñado durante una década como secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia. Desde la Unidad Fiscal no sólo lo señalan como “protector” de Olivera Pastor sino que lo responsabilizan de “feudalizar la jurisdicción” para que no prosperen los juicios de lesa humanidad.Ejemplos de ello son el nombramiento de la hija de Olivera Pastor en el Tribunal Oral Federal de Jujuy que tiene que realizar los juicios elevados por el ex magistrado, y el cargo que ocupa Denise Blajean, esposa de Rabbi Baldi, como secretaria de Derechos Humanos del TOF de Salta. Hace exactamente un año, otros vínculos familiares del camarista se hicieron públicos cuando su cuñado fue detenido por delitos de lesa humanidad: se trata del prófugo Alejandro Marjanov, quien fuera segundo jefe del Batallón de Comunicaciones en Bahía Blanca y está casado con una hermana de Rabbi Baldi. El fiscal de Bahía Blanca Abel Córdoba denunció que el camarista interfirió en el allanamiento judicial en la casa de su cuñado, lo que generó una acusación penal y otra en el Consejo de la Magistratura. Según consta en el expediente, luego de que Marjanov fuera detenido, se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el registro de su casa en San Salvador de Jujuy en busca de pruebas. Si bien el operativo debía ser secreto, alguien se lo informó a Rabbi Baldi quien se comunicó con el encargado del allanamiento para, luego de presentarse como camarista, pedirle que “se lleve a cabo con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”. Al llegar al domicilio, otra de las hermanas de Rabbi Baldi esperaba en la casa y dijo conocer el objetivo del operativo. Según la acusación, el camarista habría “llevado a cabo una acción consistente en prestar ayuda a Marjanov para eludir la investigación judicial”. En Jujuy, bajo jurisdicción de la Cámara Federal de Salta, todavía no se pudo realizar ningún juicio oral por delitos de lesa humanidad. En su paso por el Juzgado Federal 2, Olivera Pastor no elevó ninguna causa completa a juicio sino que impulsó una política de fragmentación: en total son diez los imputados cuyas situaciones fueron elevadas pero se trata de casos aislados. Dos de esos imputados concentran 40 hechos: el coronel retirado Horacio Domingo Marengo y el ex teniente José Bulgheroni, mientras que los otros ocho están acusados por uno o dos hechos cada uno. Si bien las cifras son contundentes y marcan claramente las medidas dilatorias, las denuncias contra Olivera Pastor, instruidas por el consejero Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados, se acumularon en el Consejo de la Magistratura y el ex juez subrogante volverá a su viejo cargo en la secretaría del juzgado federal de Salta sin ninguna sanción. Fuente: Tiempo Argentino
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Fuente: Tiempo Argentino
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Cuestionan a un camarista de la provincia de Salta
El protector del juez
La Unidad Fiscal que sigue las causas de lesa humanidad describió cómo Renato Rabbi-Baldi Cabanillas sostuvo a Olivera Pastor.
Los organismos de derechos humanos de Jujuy celebraron la renuncia del juez Carlos Olivera Pastor, denunciado desde 2009 por bloquear sistemáticamente los pedidos de indagatoria de los acusados en las causas por delitos de lesa humanidad. Su salida, sin embargo, dejó un tema pendiente: el apoyo que recibió de la Cámara Penal de la provincia de Salta, que avaló cada fallo y, a través de uno de sus integrantes, el camarista Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, hizo innumerables gestiones en Buenos Aires para sostenerlo. Así lo dice a Página/12 el fiscal Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. “El tema de la impunidad en Jujuy no pasa exclusivamente por el juez Olivera Pastor, sino que hay una responsabilidad de la Cámara Federal de Salta”, señala Parenti.
“El juez Olivera Pastor es un secretario que fue designado a cargo del juzgado por la Cámara Federal de Salta –dice Parenti–. Fue protegido mediante diversas gestiones por el camarista federal Ra-bbi-Baldi Cabanillas. Ese camarista, a principios de 2011, se presentó ante la Comisión Interpoderes para juicios de lesa humanidad e intentó demostrar mediante sofismas que las causas en Jujuy marchaban bien. Los sofismas consistían en hablar de muchas causas en trámite, cuando en verdad lo que hay es una completa dispersión de las investigaciones: muchas veces, una causa por víctima. Esa dispersión hace que el número aumente, como si en la causa ESMA se formara una causa por cada víctima: así tendríamos miles de causas. Todos los integrantes de la Comisión Interpoderes rechazamos en duros términos ese intento de Rabbi-Baldi. Y nosotros, desde la Unidad, hicimos un informe en respuesta a esta presentación que está publicado en nuestra página.”
Olivera Pastor renunció al cargo de juez subrogante el jueves pasado, desgastado por las denuncias que vienen haciendo desde hace años los organismos de derechos humanos, pero que se potenciaron el último 24 de marzo. La marcha que, por primera vez para esta fecha, congregó a unas cien mil personas en San Salvador de Jujuy, llevó entre las principales consignas la denuncia contra el juez, recordó a este diario el abogado querellante Pablo Pelazzo. En los últimos tiempos, la escalada de tensión con el juez se había incrementado. A comienzos de año, Olivera Pastor rechazó la indagatoria para el dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, por su presunta participación en la llamada Noche de los Apagones. Tras un encuentro con los abogados querellantes de las causas de lesa humanidad, que fueron a verlo acompañados por las organizaciones sociales, denunció públicamente que había sido objeto de violencia y de presión. La Cámara Federal lo respaldó también en ese caso: ordenó una investigación sobre las organizaciones. Una decisión que se denunció por su carácter criminalizador.
Jujuy hasta ahora no tuvo juicios orales de lesa humanidad. Y Olivera Pastor rechazó el 88 por ciento de los pedidos de indagatoria elevados por la fiscalía de Domingo Batule, según los datos de la Procuración.
–¿Cómo fue el proceso? ¿Qué hizo la Cámara? –le preguntó este diario al fiscal Parenti.
–Sabemos que Rabbi-Baldi Cabanillas hizo innumerables gestiones en la Corte y en el Consejo de la Magistratura para defender a Olivera Pastor. Es decir que, frente a la evidencia de que las causas no avanzaban, Rabbi-Baldi, en lugar de asumir el problema y darle una solución, se empeñó en defender a este juez, actitud que también produjo un daño concreto en las investigaciones. Por otra parte, la Cámara Federal de Salta sistemáticamente avaló el rechazo de las indagatorias por parte de Olivera Pastor y rechazó casi todas las apelaciones de la fiscalía. Es por esto que el tema de la impunidad en Jujuy no pasa exclusivamente por el juez Olivera Pastor, sino que hay una responsabilidad de la Cámara Federal de Salta.
–¿Olivera Pastor se fue por la marcha del 24?
–El caso también pone en tela de juicio el sistema de rendición de cuentas de los jueces: desde hace casi tres años hay en el Consejo de la Magistratura denuncias contra Olivera Pastor, incluso nuestra Unidad Fiscal lo denunció. Es evidente que el mecanismo del Consejo no funcionó como es debido y esto llevó a una situación cada vez más crítica, cuyo desenlace fue la renuncia frente a cuestionamientos públicos cada vez más fuertes y escandalosos. El de Olivera Pastor es un caso donde han fallado los mecanismos institucionales y el juez, en lugar de ser expulsado por el Consejo de la Magistratura, cae por el propio peso de los acontecimientos y cuando ya no pudo ser sostenido políticamente frente a una crisis cada vez más evidente.
–Usted habló de feudalización de la Justicia, refiriéndose a este caso.
–El caso de Jujuy merece una revisión cuidadosa, que involucra muchos aspectos de la administración de justicia: es un caso que muestra una evidente feudalización de la Justicia, con un camarista que intentó actuar como patrón de la jurisdicción y sostén político de un juez que no estaba cumpliendo su deber; se refiere a una jurisdicción que tiene un alto nivel de “endogamia judicial”, que fácilmente se advierte si se repara en la cantidad de familiares nombrados en la administración de justicia y, por otra parte, muestra que no han funcionado los mecanismos formales de rendición de cuentas, lo cual llevó a una situación explosiva y a una irreparable pérdida de tiempo.
Rabbi-Baldi también es conocido. En el Consejo de la Magistratura se lo investiga porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca estaba buscando a su cuñado, Alejandro Osvaldo Marjanov, por una causa de lesa humanidad del V Cuerpo de Ejército. Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dejó constancia de que el camarista lo llamó para pedirle que “el allanamiento (en la casa de su hermana) se hiciera con la mayor discreción posible”. Por el tema también declaró Olivera Pastor en Bahía Blanca: le hizo una llamada al camarista justo antes de que éste se comunicara con el hombre del PSA.
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