Apuntan a contrarrestar las deficiencias del régimen

 

Instruyen medidas para quienes gocen de prisión domiciliaria

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fijó una recompensa de 200.000 pesos por Mazzaferri.

 

El procurador general Luis González Warcalde instruyó a los fiscales federales de todo el país para que se aseguren que en los casos donde haya imputados con prisión domiciliaria, realicen la debida comunicación a las autoridades competentes en materia migratoria a fin de evitar fugas. Si bien se trata de una medida general para todos los procesos penales, la instrucción apunta principalmente a las causas por delitos de lesa humanidad. En Entre Ríos hay más de una decena de represores privados de libertad en sus casas. La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a cargo de Jorge Auat, advirtió que la prisión preventiva bajo la modalidad de detención domiciliaria “presenta ciertas dificultades en orden a evitar la fuga de los imputados o el entorpecimiento de las investigaciones”.

El alerta surgió de la propia unidad fiscal. En un informe remitido al procurador González Warcalde consignó las deficiencias del régimen de la prisión domiciliaria. Entre ellas, se planteó que “a raíz de la fuga de algunas personas que se encontraban bajo arresto domiciliario se pudo observar que en muchos casos la autoridad migratoria nacional no había sido notificada de las detenciones domiciliarias dispuestas”.

Ante esta situación, Auat consideró necesario que los fiscales cuiden la debida comunicación a las autoridades migratorias, “a afectos de evitar que las personas sometidas a detención domiciliaria salgan del territorio nacional”.

Según el último informe de la unidad fiscal, en todo el país hay 629 represores detenidos, de los cuales 266 están bajo el régimen de arresto domiciliario. En las distintas causas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan en Entre Ríos hay 12 represores bajo arresto domiciliario, aunque sólo cinco cumplen su prisión en la provincia: José Anselmo Appelhans, en Paraná; Luis Francisco Armocida, en Diamante; Rosa Susana Bidinost y Marcelo Alfredo Pérez, en Gualeguaychú; y Juan Carlos Mondragón, en Islas del Ibicuy.

En el caso de quienes están siendo juzgados por los crímenes cometidos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, los ocho imputados deben fijar domicilio en Entre Ríos mientras dure el juicio oral y por lo tanto corresponde a fuerzas de esta jurisdicción garantizar la seguridad y permanencia allí de los militares y policías sentados en el banquillo de los acusados.

La Instrucción

Lo cierto es que como respuesta a las advertencias de Auat, González Warcalde emitió la Resolución Nº 71/12 PGN, fechada el 11 de julio, con recomendaciones para los fiscales federales de todo el país para que tomen los recaudos necesarios a fin de evitar la fuga de imputados con detención domiciliaria.

En la resolución, el procurador interino pidió a los fiscales que “en los procesos penales en los que existan imputados bajo detención domiciliaria, cualquiera sea la instancia por la que transiten, se aseguren de que exista –por parte del tribunal interviniente o por parte de la propia fiscalía– una debida comunicación a las autoridades competentes en materia migratoria de que se ha dispuesto una detención domiciliaria”.

De todas maneras, y más allá de que la resolución principalmente apunta a las causas con imputados por delitos de lesa humanidad, el procurador interino consideró que “la problemática estudiada es extensible al resto de los procesos penales y que la medida señalada tiende a dotar de eficiencia a la administración de justicia en esta materia, sin que corresponda, por lo tanto, formular distinciones al respecto”.

El caso Mazzaferri

En las distintas causas que se tramitan por delitos de lesa humanidad en todas las jurisdicciones hay trescientos y tantos civiles e integrantes de fuerzas armadas, policiales y de seguridad prófugos.

Uno de ellos, José Darío Mazzaferri, está imputado en la causa por secuestros y torturas cometidos en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal entre 1976 y 1977 –actualmente en etapa de juicio oral–, aunque su caso es distinto ya que se fugó antes de ser detenido, por lo que no pasó por la instancia del arresto domiciliario.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha ofrecido recompensas para atraer a quienes puedan aportar datos sobre el paradero de los represores prófugos. 

Los informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente que permitan las detenciones de las personas evadidas deberán ser remitidas a la Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia.

La recompensa, en el caso de Mazzaferri, es de 200 mil pesos y en todos los casos la identidad de la persona que suministre la información será mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura, publicó El Diario.

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La oposición chilena denunció que represores condenados gozan de privilegios especiales

Legisladores de la oposición denunciaron que ex agentes de la Policía secreta de Augusto Pinochet, que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos tienen beneficios excesivos, en algunos casos amparados en supuestos problemas de salud.

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Tucapel Jiménez y Enrique Accorsi advirtieron en particular sobre la privilegiada estadía en prisión de Alvaro Corbalán, ex jefe de Operaciones de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI).

El ex militar, sentenciado a cuatro cadenas perpetuas por graves violaciones a los derechos humanos, pasó casi un tercio del último año en el Hospital Militar, recinto que habría utilizado como oficina y hotel, alertaron los legisladores.

De hecho, Jiménez y Accorsi anunciaron que citarán al Comandante en Jefe del Ejército y al director de Gendarmería a una reunión en el Parlamento para que den cuenta de tales prerrogativas, reportó la agencia Prensa Latina.

Trascendió también que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, instruyó que se vele por el estricto cumplimiento de los protocolos de atención médica en el Hospital Militar.

Allamand, además, dispuso que la responsabilidad administrativa de las hospitalizaciones de ex represores serán asumidas por el director de ese centro, postura valorada por los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

Un informe de Gendarmería reveló que en los últimos nueve años de prisión que cumplió Corbalán en el penal santiaguino de Punta Peuco, permaneció en el hospital 259 días en tratamientos odontológicos, oftalmológicos o para pruebas de laboratorio.

A modo de ejemplo, se citó que para un examen de sangre estuvo internado cinco días; por una carie 13 días; y por un tratamiento oftalmológico 18 días, ilustró Red Diario Digital de Chile.

Desde el Hospital Militar, reseñó ese medio, Corbalán organizó el criticado acto de homenaje a Pinochet el pasado 10 de junio.

El ex jefe de Operaciones de la CNI es responsable, entre otros crímenes, del secuestro y degüello en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez -padre del actual diputado-, cuando encabezaba la unidad de las organizaciones de los trabajadores.

Por otra parte, el Servicio Médico Legal de Chile identificó los restos de cuatro detenidos-desaparecidos, asesinados en 1976 por agentes de la policía secreta de Pinochet.

Los restos pertenecen a los dirigentes comunistas Lincoyán Berríos Cataldo; Horacio Cepeda Marinkovic y Fernando Ortiz Letelier, y al militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Angel Guerrero Castillo.

El proceso de identificación se realizó sobre la base de 200 pequeños fragmentos óseos, que serán entregados a los familiares de las víctimas, que habrían sido torturadas salvajemente en el denominado cuartel Simón Bolívar de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La existencia de esa macabra instalación se conoció hace sólo cinco años, cuando fue revelada por Jorgelino Vergara, alias "El Mocito", un ex agente de la DINA. 

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Fuente: Telam

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