Argentina es el segundo país del mundo en aplicar una herramienta clave en la lucha contra la impunidad

El sistema de videoconferencias permitió la condena de 20 represores

 El uso de esa tecnología impide que los problemas de salud sean utilizados como último argumento para escapar de la Justicia. En el transcurso de 2011,  300 testigos declararon por esa vía y 40 imputados no pudieron eludir las audiencias.

Por: 

Gerardo Aranguren

 Cuando el abogado de Antonio Vargas, ex interventor militar del penal de Gorriti, se negó a moverlo de su cama en el Hospital San Pedro hasta la dirección de la clínica donde se había instalado el equipo, el responsable técnico del Servicio de Videoconferencias del Consejo de la Magistratura, Ricardo Noziglia, lo tomó como un desafío: tendió un cable de 60 metros hasta la habitación de Vargas y, en menos de una hora, lo conectó en vivo con la sala del Tribunal Oral Federal 2 de Jujuy. El acusado siguió así toda la lectura de la elevación a juicio y las siguientes audiencias, lo que posibilitó el desarrollo de la audiencia e impidió que fuera apartado del proceso alegando enfermedad. 

La anécdota, de la primera audiencia del histórico juicio que se sigue en la provincia de Jujuy, refleja la tarea que realiza la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura para llevar adelante videoconferencias en todo el país. Esa Unidad centraliza la organización y aspectos técnicos de esa herramienta que permite la conexión en vivo por audio y video, y las salas del tercer piso del Consejo de la Magistratura se convirtieron en virtuales salas de audiencias conectadas con los 51 puntos del país donde están disponibles este tipo de tecnologías y once sedes de consulados en el mundo. Utilizando esa red, durante el año pasado declararon alrededor de 300 testigos y pudieron seguir las audiencias 40 imputados que no estaban en condiciones de ser trasladados a los tribunales. Esto significó que en total se utilizaron más de 2500 horas de videoconferencia durante todo 2011.

Este desarrollo implicó que la Argentina se convirtiera en el segundo país, sólo por detrás de España, en utilizar de forma masiva este sistema para seguir juicios, y permitió además que 20 represores, que por problemas de salud hubiesen quedado impunes, ya hayan sido condenados. Tales son los casos del ex juez santafecino Víctor Brusa, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi y el apropiador Samuel Miara. 

Esta ingeniería, que se puso en marcha en el marco de los juicios que se siguen a partir de 2009 por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, ya se aplica también para las tareas más cotidianas de la justicia, como, por ejemplo, cursos de formación para funcionarios judiciales (ver aparte). 

"El sistema se empezó a utilizar en el juicio al ex gobernador de facto de Formosa, Juan Carlos Colombo. El informe médico decía que no podía ser trasladado a esa provincia y, como era el único imputado de la causa, el resultado hubiese sido la impunidad. Se siguió el juicio desde acá en compañía de un abogado defensor, se lo juzgó y se lo condenó sin haber estado en Formosa", recordó en diálogo con Tiempo Argentino Pablo Vassel, al frente de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. 

Si bien organismos de Derechos Humanos, familiares y víctimas suelen rechazar la ausencia de los imputados en el lugar donde se cometieron esos crímenes, Vassel señala que las videoconferencias "vienen en ayuda del proceso de Verdad y Justicia": "Frente a un informe médico contundente que demuestra la imposibilidad de ser trasladado para ser sometido a juicio, no queda otra forma que realizarlo por videoconferencia. La salud empezó a ser el último argumento para la impunidad, entonces este método derriba ese argumento utilizado para el apartamiento." 

Como sucedió con Colombo, en los primeros juicios se instalaron los equipos en la casa de los imputados con prisión domiciliaria, sin embargo esto trajo inconvenientes como que sólo los acusados que poseen Internet pudieran ser juzgados, la dispersión de los recursos o agresiones y amenazas por parte de los familiares de los acusados al personal técnico y del juzgado. Por esa razón, en los últimos años y con la cooperación del Servicio Penitenciario Federal, se instaló un equipo en el Hospital del Penal de Ezeiza, donde son enviados quienes por razones de salud no pueden trasladarse, como el caso de Vargas, en Jujuy, luego de las primeras audiencias en el Hospital San Pedro. 

El sistema de videoconferencias logró cubrir dos necesidades de los juicios por delitos de lesa humanidad, explicó Vassel: llegar a los acusados que por enfermedad no pueden concurrir a las audiencias y que pedían ser apartados del debate, y poder tomar los testimonios de personas que viven en el exterior, muchos exiliados durante la última dictadura, a fin de evitar perder estas pruebas y atendiendo la necesidad del proceso reparatorio para quienes fueron víctimas. Declaraciones que antes eran leídas por el Tribunal o no formaban parte del proceso, ahora se realizan en vivo y la persona se instala en el medio de la audiencia. 

Para tomar estas testimoniales fuera del país se instalaron equipos en once sedes consulares: Bolivia, Estocolmo, Francia, Londres, Madrid, México, Miami, Suiza, Venezuela, Paraguay y Washington. Desde esta última declaró el ex secretario de Estado norteamericano Elliot Abrams durante el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. El funcionario confirmó al TOF 6 que el gobierno de Ronald Reagan conocía el plan de apropiación de niños que llevó adelante la última dictadura. "Esta política de instalar equipos en las embajadas fue iniciada por el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, y continuada en las presidencias de Luis Cabral, Mario Fera, y la actual de Manuel Urriza", destacó Vassel, quien describió el funcionamiento de las videoconferencias como "un sistema de engranajes de cooperación institucional", en contribución con la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y prestadores que no están vinculados con el poder judicial, como las dos universidades de Canadá que han facilitado el uso de sus equipos para tomar testimonios. 

Actualmente, desde las salas del Consejo de la Magistratura se siguen casi a diario cinco juicios. Cuatro imputados por la Masacre de Trelew imposibilitados de viajar por problemas de salud siguen el proceso que se realiza en Rawson. También hay acusados de los juicios que se realizan en Neuquén y en Salta, mientras que el ex ministro de Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, presencia las audiencias que se realizan en Paraná desde una sala en Comodoro Py, al igual que un acusado en el juicio que se inició esta semana en la provincia de Mendoza. «

 

una herramienta para hacer justicia

 

El desarrollo de las videoconferencias en el ámbito de los juicios de lesa humanidad permitió un desarrollo de esa herramienta que ahora es utilizado también por la justicia ordinaria. La Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Magistrados han dictado cursos a sus miembros de todo el país y juzgados de ejecución penal lo utilizaron para realizar audiencias a distancia con reclusos del penal de Ezeiza, donde funciona un equipo permanente y ya se desarrolla el sistema en otros penales federales.  

"Se está utilizando también en casos de tráfico de estupefacientes, donde hay una cadena de involucrados en el delito que empiezan en alguna provincia del norte de la Argentina y la droga termina en alguna provincia del sur. En esos casos complejos intervienen fuerzas federales y hay testigos en distintas provincias del país. Es un mecanismo muy económico que permite asegurar los testimonios de personas convocadas por el tribunal que de otra manera probablemente no declararían", explicó Pablo Vassel, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. También se utiliza con causa de trata de personas, donde resulta difícil y revictimizante llevar a una persona a declarar al lugar donde fue esclavizada. "Este es un mecanismo que ayuda al proceso de justicia porque cuando no se les ofrecen posibilidades a los testigos termina en impunidad", concluyó el funcionario.

 

blaquier declarará el miércoles

 

Luego del frustrado intento por tomarle declaración indagatoria al empresario Carlos Pedro Blaquier en el Juzgado Federal 2 de Jujuy, el juez subrogante Fernando Poviña decidió recurrir a la tecnología para cumplir con la medida e indagar a través de videoconferencia al presidente del Ingenio Ledesma acusado de delitos de lesa humanidad.

Este miércoles, el juez escuchará en vivo en Jujuy la declaración que brindará Blaquier desde la sede del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. Aunque se perderá la oportunidad histórica de indagar por delitos de lesa humanidad a Blaquier en Jujuy, el sistema de videoconferencia le permitirá a Poviña tomar la declaración sin correr el riesgo de un nuevo incidente con el empresario.

Además de los casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Arédez y la Noche del Apagón, Poviña indagará al empresario también por el homicidio del ex intendente Arédez. Por la gravedad de los hechos que se le acusa, en caso de que el juez decida su procesamiento, Blaquier podría quedar detenido.

Fuente: Tiempo Argentino, lunes

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El Derecho  hacer Memoria

El Centro de Estudiantes de Paso de los Libres logró defender su derecho y lleva el nombre elegido por sus miembros: Héctor “Pata” Acosta. Luego del escándalo público la rectora del IFD se retractó mediante un comunicado.

Muchas cosas sucedieron a lo largo de las últimas semanas en Paso de los Libres luego de que los chicos del centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente Prof. Agustín Gómez de la ciudad decidieran nombrar a la agrupación con el nombre de un estudiante desaparecido en 1976, Acosta fue uno de los grandes impulsores de los centros de estudiantes y presidió el de la escuela Normal Valentín Virasoro, de la ciudad. Cuando cursaba su último año,  dos días antes del golpe del 24 de marzo, personal del servicio de inteligencia lo secuestró en su casa sin saberse hasta la fecha su paradero.

Pareciera que la historia que encierra tamaño nombre, molestó a la rectoría del establecimiento  ya que no aceptó, desde un principio, la decisión de los chicos. Decidieron, por lo tanto, ordenar que cambiaran el nombre por “uno más representativo” para con el Instituto ya que Acosta no había sido alumno del establecimiento. 

Cabe aclarar que los alumnos del Centro de Estudiantes tienen autonomía para decidir lo que tenga que ver con el funcionamiento y la organización interna del centro. Por lo que se entiende que bajo ningún aspecto los directivos pueden interferir en esos temas. La ley lo dice con claridad en sus artículos 5° y 6°: “Los centros de Estudiantes dictaran su Estatuto, que fijara su forma de organización  y funcionamiento, respetando los principios democráticos  y representativos  que surgen de la Constitución Nacional Argentina y la Constitución de la Provincia de Corrientes. Sus autoridades serán elegidas por el voto Secreto y Universal de los estudiantes y respetando el principio de representación proporcional. Las autoridades del establecimiento dispondrán las medidas necesarias para facilitar las elecciones y asegurar el funcionamiento de los Centros de Estudiantes en un espacio físico determinado y permanente”.

La postura de las rectoras, Graciela Faez y Vice-Rectora Irma Pitura , trajo mucha polémica, primero por ser incomprendida, ya que la memoria es una de las banderas de la educación actual y, segundo por faltar a la ley. Por eso mismo fue que en los medios locales se comenzó a debatir sobre el tema haciendo eco en los medios nacional. El diario que le dio estado público en todo el país fue Tiempo Argentino, pues relató los hechos en una columna del día domingo 22 de julio. Allí se relata con precisión la problemática y, además, la relación que tienen ambas señoras con los años negros de la historia del país.

Como cuenta el matutino, Graciela Faez estuvo casada con Carlos Faraldo, ex agente civil del Ejército en el Destacamento de Inteligencia 123 y señalado como una de las personas que secuestró a Acosta. Por su parte, la Vice-Rectora Irma Pitura es la esposa de Rubén Darío Ledesma, también personal civil de Inteligencia y también señalado como uno de los secuestradores.

Pero, lejos de aquietar las aguas, la columna de Tiempo Argentino irritó aún más a las encargadas de dirigir el IFD de Paso de los Libres. El día lunes 23 llega las manos de la Presidenta del Centro de Estudiantes, Noelia Romero, una nota firmada por Faez donde se intimaba, con fecha límite, a que se proceda al cambio de nombre y nueva imposición. Pero la nota, también solicitaba: biografía de la persona de la cual se lleva el nombre y nombre, apellido y número de DNI de todos los alumnos del instituto que apoyen la iniciativa. Una clara forma de intimidar al alumnado.

Nuevamente Tiempo Argentino informó sobre el comunicado y, entonces, personas como el Dr. Pablo Vassel Director de DDHH del Consejo de la Magistratura de la Nación;  el Sub secretario de Presidencia de la Nación, Gustavo López; el Presidente de la Comisión de DDHH  de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto y la Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeyda, se comunicaron, mediante los medios de la ciudad, para mostrar su indignación sobre lo sucedido. Apoyaron a los chicos en su lucha y los alentaron a seguir adelante en la defensa de sus derechos y en la recuperación de la memoria.

El gran movimiento armado en contra de la nefasta actitud de la rectoría del Instituto, que obstinadamente se negaba a aceptar la voluntad de los estudiantes, resultó en una gran reunión de Consejo Consultivo en el establecimiento que, paradójicamente, intimó a las mujeres a torcer su decisión. Dos días después se emite una nota donde se intentó pedir disculpas, sin convencer a nadie,  y aclarando que los chicos pueden resolver esos temas con autonomía.

En el mes de septiembre, el centro de estudiantes colgará una placa donde estará inscripto el nombre Héctor “Pata” Acosta. Una lucha más ganada por los estudiantes y por Patita quién se merece este homenaje y muchísimos más.

                                  Ignacio Villanueva, Periodista

                   De Telediez, Paso de los Libres

                  

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EL TESTIMONIO DE "CHOLO" BALDASSI EN EL JUICIO DE SAN NICOLAS

La represión la vivió en carne propia

Fue secuestrado y torturado en 1977. "Más que información, parecía que buscaban destruirnos como personas", dijo ayer ante el tribunal. Apenas salió, comenzó a trabajar para reconstruir la historia de aquellos con los que compartió cautiverio.

El juicio se desarrolla en el Concejo de San Nicolás.

Por Sonia Tessa

Desde San Nicolás

José María "Cholo" Budassi dedicó su vida a investigar la represión en San Nicolás y recuperar la memoria de los compañeros desaparecidos. "Estar vivo para contarlo es algo que ha signado mi vida. Hoy, frente al Tribunal, es el momento", dijo ayer en el Concejo Deliberante, donde se realizó la audiencia por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta ciudad. Budassi es testigo en la causa Alvira ??por las desapariciones de María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio, Eduardo Reale y María Regina Spotti?? y al mismo tiempo es querellante en la causa por su propio secuestro, el de su amigo Pablo Leonardo Martínez y la desaparición de Gerardo Cámpora y Carlos Farayi, a la que se conoce como la de los ex alumnos del Colegio Don Bosco. Antes de terminar su testimonio, Budassi planteó su descontento. "Vengo a declarar como testigo en esta causa, pero también declaro como víctima y quiero expresar que todavía no entiendo por qué la causa del colegio Don Bosco no puede estar en este juicio. Por una decisión del juez (federal de San Nicolás, Carlos) Villafuerte Ruso, se desdobló, cuando es evidente por la fecha de los hechos y por los mismos documentos de inteligencia militar que se trata del mismo operativo", planteó. La presidenta del Tribunal Oral Federal número 2, Beatriz Caballero de Baravani, atinó a decirle que se trataba de "cuestiones procesales que no hemos podido evitar".

Después de la audiencia, la abogada de la querella particular, Ana Oberlin, subrayó que el desdoblamiento es una de las tantas decisiones criticables del juez de instrucción. La profesional de Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apuntó que en las tres causas de San Nicolás "se llega al juicio oral con muchos menos de los imputados que se podría llegar. Villafuerte Ruso nunca investigó la conexión entre los distintos hechos y sólo dejó acusados a los que no podía obviar". "En la masacre de la calle Juan B. Justo está muy claro, porque había elementos para procesar a muchas otras personas. El juez de instrucción dilató los tiempos, fragmentó las causas, dejó que los acusados permanecieran libres pese a la gravedad de los delitos, y todas esas deficiencias las estamos pagando en el juicio oral", enfatizó la abogada.

En la causa de la masacre se investiga el asesinato de Omar Amestoy, Ana María Fettolini, los niños de 5 y 3 años María Eugenia y Fernando Amestoy y Ana del Carmen Granada. Por ese hecho están acusados el que fuera jefe del Area Militar 132 del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant, el militar retirado Antonio Bossie y el ex jefe de la policía Federal, Jorge Muñoz. En la causa Alvira, en cambio, sólo se juzga a Saint Amant, al igual que en el secuestro de José Emilio Mastroberardino.

A Budassi nadie le contó cómo fue la represión en su ciudad. La vivió en carne propia. El testigo relató su secuestro, el 4 de mayo de 1977, cuando volvía a su casa por calle Almafuerte, manejando la camioneta familiar. Esa noche, lo llevaron a una casa operativa de la patota, cerca de la fábrica Somisa, en el barrio del Golf. Allí lo torturaron. "A veces, más que información, parecía que buscaban destruirnos como personas, obligarnos a traicionarnos a nosotros mismos y a quienes queríamos", dijo el Cholo. A la mañana siguiente, escuchó que llevaban a ese lugar a otras personas. Sintió voces de mujeres, eran una o dos. Le hicieron lo mismo que él ya había sufrido. "Para alguien que la vivió, es aún más desesperante escuchar que a otro lo torturan", expresó su dolor.

Al día siguiente, el Cholo intentó escaparse. Llegó a saltar por la ventana y correr unos metros, pero lo recapturaron. Lo llevaron a otro sitio. "Estuve en una celda, pedí para ir al baño y nadie me contestaba. En un momento escuché una voz que me decía 'gordo, gordo, ¿sos vos?'. Era María Regina Spotti, una compañera que había sido secuestrada el 21 de abril, a la que conocía de la militancia barrial. Ella le dijo que estaban en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. Al menos hasta el domingo 8 de mayo de 1977 estuvo allí y, cuando los guardias no controlaban, pudo conversar con María Regina. "Fui la última persona que pudo escucharla con vida. Es un compromiso muy grande", se sinceró Budassi.

Después de mantenerlo al menos tres días en la Brigada de Investigaciones, Budassi volvió a ser trasladado, a un lugar que estaba sobre la ruta 21, en el camino a Villa Constitución. En ese lugar eran "unos cuantos". Advirtió que además del matrimonio que escuchó el primer día, había algunas personas más. Allí permaneció hasta el 24 de mayo, cuando a él y a su amigo Pablo Martínez les fraguaron una detención en la comisaría 1ª de Junín. Supo por un subcomisario que el obispo Ponce de León había pedido por su vida. Budassi continuó detenido hasta la Navidad de 1982. Apenas salió, comenzó a trabajar para reconstruir la historia, pudo conocer los nombres de las personas con las que compartió cautiverio, que hoy forman parte de la causa Alvira. A partir de 2003, empezó a colaborar con el Equipo Argentino de Antropología Forense y tuvo acceso a un documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires que describía claramente la represión en San Nicolás entre enero y julio de 1977. Allí estaban los nombres de todos los militantes desaparecidos en la zona. Budassi aportó hace años ese documento a la causa.

Una maliciosa pregunta del defensor particular de Fernando Saint Amant, Mauricio Bonchini, puso a Budassi en situación de responder a qué se refería cuando habló de "traicionarse a sí mismo y a las personas que quería". En ese momento, Budassi no pudo contener la emoción. "Para mí es muy doloroso responderlo. No sé si puede interpretarlo una persona que no pasó por el secuestro y la tortura", describió el testigo, quien lo puso en primera persona: "Me destruyó cuando me dijeron 'boludo, por qué no lo nombraste a Pablo si lo tenemos adentro desde las 5 de la tarde'. Por lo cual todo el esfuerzo, toda la resistencia que yo hice para no nombrarlo...". En ese momento, Budassi no pudo seguir hablando. El fiscal Juan Murray pidió la palabra. "Se están investigando hechos de los que el señor Budassi ha sido víctima, no la organización a la que pertenecía", puntualizó para impugnar las preguntas revictimizadoras.

Antes de abandonar el recinto, Budassi aclaró que estaba allí como "militante popular que padeció la cárcel y la persecución por razones que hoy son como respirar, que los jóvenes participen en los centros de estudiantes y se comprometan con un mundo mejor es lo que nosotros queríamos". El aplauso de la sala fue el broche de oro de la declaración.

Fuente: Rosario 12, jueves

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DECLARARON BEATRIZ BARONIO Y ADRIANA ALVIRA, HERMANAS DE DESAPARECIDAS

Un dolor imposible de definir

Después de 35 años, pudieron contar sus historias frente al tribunal que lleva adelante el juicio a represores en San Nicolás.

Alvira y Baronio declararon como testigos.

Por Sonia Tessa

Desde San Nicolás

Buscaron a sus hermanas durante años. Querían volver a verlas vivas o, al menos, saber qué había pasado con ellas. Después de 35 años, ayer pudieron contar sus historias frente a un tribunal. Beatriz Baronio y Adriana Alvira se abrazaron con ganas al final de la primera jornada de testimonios del juicio oral y público de la primera causa por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Fue en el hall del Concejo de esta ciudad, adonde ayer se trasladó el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario para tomar los primeros testimonios. Las dos testigos --de los cinco que pasaron en la primera jornada-- eran adolescentes cuando la vida de sus familias se desbarató. Adriana brindó un minucioso y conmovedor relato de la desaparición de sus hermanas Raquel y María Cristina, y su yerno, Horacio Martínez, el 5 de mayo de 1977 en su casa de Alvear 1519. Cada historia que se despliega en estos juicios renueva el dolor, le da carnadura al terrorismo de estado.

Baronio tenía 15 años el día que recibió un anónimo en su casa, en Elortondo, destinado a su padre. Atinó a abrirlo: la esquela escrita a máquina por "un buen amigo" les avisaba que Rosa Baronio y su pareja, Eduardo Reale, habían sido secuestrados en San Nicolás. Los cinco desaparecidos forman parte de la causa Alvira, que incluye a María Regina Spotti, secuestrada en su casa, en el kilómetro 4 de la ruta 188, el 21 de abril de 1977.

Para la familia Baronio, la cosa había empezado un mes antes: el 21 de abril, en Zárate, el Ejército mató a Alberto Baronio y a Mónica, su pareja, embarazada de cinco meses. Esos cuerpos pudieron recuperarlos un mes después. Por entonces, con 20 días de demora, les llegó el aviso sin firma del secuestro de Rosa y Eduardo. La pareja fue privada de la libertad en la calle, el 4 de mayo de 1977. El padre, Carlos Alberto, hombre de campo, viajó una y otra vez a Buenos Aires para averiguar sobre el destino de su hija, pero jamás obtuvo respuestas. "Lo único que pedían mis padres, y es lo que yo quiero, es saber qué hicieron con ella", dijo ayer Beatriz.

El último testimonio de la tarde fue el de Adriana Alvira. El dolor se respiraba en la sala. María Cristina y Horacio, el esposo, eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista en 1975, y tras ser suspendidos en la Universidad Nacional del Litoral decidieron mudarse a San Nicolás. "La persecución política era muy fuerte", contó Adriana. Raquel, la otra hermana, estudiaba Derecho y también fue suspendida de la UNL y decidió volver a Colonia San Roque, la población del norte de la provincia, donde vivía la familia.

María Cristina y Horacio tuvieron un bebé en San Nicolás. "Fernandito está hermoso. Se parece mucho a Horacio. Dice ma-ma y pa-pa. Lo pongo así porque el mocoso lo dice así", son algunas de las frases que leyó Adriana de las cartas que enviaba su hermana.

A fines de abril, Raquel viajó 550 kilómetros para visitar a su sobrino. Estaba en la casa de su hermana el 5 de mayo, al mediodía, cuando entró el Ejército. María Cristina cocinaba. Los militares dejaron a Fernando, de nueve meses, al cuidado de un vecino, por instrucciones del propio coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe del área 132 del Primer Cuerpo de Ejército, que ordenó llevarlo a un orfanato.

Vicente Marcial Alvira debió firmar un papel acusatorio de sus hijas para recuperar a Fernando. Rogó por datos. Empeñó su vida en la búsqueda. Viajó desde Colonia San Roque a Buenos Aires una y otra vez, en soledad. Sembraba a destiempo, se endeudó, vendió una parte del campo. "No sabíamos ni siquiera en qué día vivíamos. Para nosotros había lluvia y sol, porque de eso dependía que mi padre pudiera salir a la ruta para tomar el tren a Buenos Aires", rememoró Adriana. Ellos mismos redactaban los hábeas corpus porque no conseguían un abogado que lo hiciera. En 1984, uno de los sobrevivientes de San Nicolás, Pablo Leonardo Martínez, le escribió a Adriana para contarle que había compartido cautiverio con María Cristina, Raquel y Horacio. "Escuchó cuando torturaban a mis hermanas", dijo Adriana, y parecía que no podría continuar. "Es un dolor indecible, imposible de definir. Es como alguien que se muere muchas veces, y uno está ahí al lado. O no está", sintetizó.

El silencio era tan fuerte

Víctor Almada, Omar Mastroberardino y Fernando Alvira también dieron testimonio ayer en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Almada relató el secuestro de su esposa, María Regina Spotti, junto con sus hijos, Víctor y Martín, de un año y ocho meses y de ocho meses. Mastroberardino se refirió a ese mismo secuestro, en el que se llevaron a su tío, José Emilio Mastroberardino, que alquilaba la casa a la familia Almada. Aunque su tío dedicaba la vida al reparto de frutas, y jamás había militado, estuvo una semana secuestrado.

Fernando Alvira, que tenía nueve meses cuando secuestraron a sus padres María Cristina y Horacio Martínez, hizo llorar a toda la sala. Entró con una foto de sus padres en las manos. "Cuando tenía ocho o nueve años, se me venía el mundo abajo cuando me preguntaban quiénes eran mis padres", le dijo a los jueces Beatriz Caballero de Baravani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe. "En setiembre va a nacer mi hijo, Bautista, y también va a sufrir las consecuencias de la tragedia que vivió mi familia en mayo de 1977, porque dos de sus cuatro abuelos no van a estar. Y eso no es justo", afirmó. El silencio era tan fuerte que llegaban a escucharse las lágrimas del público.

Fuente: Rosario 12, miercoles

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