El Tribunal revocó prisión domiciliaria de Braga y dispuso su detención

en la Unidad Penal Nº 8

Este viernes, en una intensa jornada de debate que inauguró el desarrollo de la causa Aredez, Luis y otros, el Tribunal Oral Federal resolvió revocar el beneficio de la prisión domiciliaria al imputado Mariano Rafael Braga y dispuso su detención en la Unidad Penal Nº 8. La resolución fue adoptada por el TOF, tras un incidente que se produjo durante la declaración testimonial de Adriana Arédez, hija de los míticos y Olga Márquez de Aredez y Luis Aredez, cuya desaparición se investiga en este tramo del juicio.

Al iniciar su testimonio, Aredez solicitó al TOF que el imputado Braga –mientras durara el testimonio de ella y sus hermanos Ricardo y Olga, que comparecieron posteriormente- permaneciera sin los lentes de sol, sin las curitas de ambos lados de la cara y sin la bufanda, todos elementos con los que el imputado ha tratado de ocultarse desde el inicio del juicio y ha intentado despistar, dado que una de las características por la cual los testigos reconocen su participación en la represión, es justamente una cicatriz en el rostro.

Adriana Aredez –en su extenso testimonio- señaló que en la única visita que pudo hacer el 21 de junio de 1976 junto a su madre y su hermana al Penal de Gorriti para entrevistarse con su padre - detenido desde la madrugada del 24 de marzo de 1976- Braga se encontraba en esa unidad. Explicó que su madre le dijo entonces “ese que está ahí es Braga”. Olga Márquez había conocido al Tte. Braga en las visitas periódicas al Regimiento 20, a donde acudía para conocer el destino de su esposo secuestrado y tramitar su liberación. En esos encuentros Aredez era recibida por el Coronel Bulacios, quien habitualmente se encontraba acompañado por Mariano Braga.

El abogado querellante de la causa Aredez, Oscar Rodríguez (APDH), tras la queja interpuesta por miembros del público presente en la audiencia, quienes escucharon durante la comparencia de Aredez que Braga profería expresiones agraviantes en voz baja contra la testigo y ante la reacción de la propia testigo por este suceso, solicitó al Tribunal que se le revoque la prisión domiciliara a Braga, por cuando “hoy ya no tiene derecho”.

Explicó Rodríguez que “es grave que en una audiencia pública por delitos de lesa humanidad se destrate a una víctima” y refirió que tres testigos Rubén Adi, Juan Campos y el diputado Miguel Tito escucharon los agravios de Braga hacia Aredez, conducta a la que consideró amenazante. El letrado argumentó que tal actitud incumple disposiciones y reglas de Naciones Unidas para procesos donde se tramitan delitos graves, así como disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además consideró que constituyen un “entorpecimiento probatorio” las estrategias que ha venido usando Braga en el proceso para no ser reconocido. “Nunca ví que un imputado se desfigurara en una causa” afirmó Rodríguez y se refirió puntualmente al uso de gafas oscuras, curitas en la cara y una bufanda con la que Braga busca taparse el rostro.

En esa misma línea, el abogado querellante Ernesto Moreau (APDH) recordó que en el Juicio a las Juntas, un jurista Relator de la ONU solicitó la aplicación de normas de tratamiento a víctimas de delitos graves, aprobadas pro el ECOSOC. Dichas normas explicó “no solo obligan a respetar a las víctimas, sino a rendirles homenaje y cuidarlas” y adhirió al pedido del querellante que lo precedió.

Por su parte, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Juan Manuel Sivila, adhirió también a la solicitud de sus antecesores, y solicitó que se apliquen sanciones ejemplificadoras para no permitir la revictimización de los testigos, al tiempo que solicitó la revocación de la prisión domiciliaria.

En igual sentido se expresó el Fiscal Ad Hoc, Pablo Pelazzo y requirió una sanción a la defensa de Braga por encubrir las amenazas proferidas por su defendido.

El Fiscal del TOF, Francisco Snopek, por su parte consideró que teniendo en cuenta que en lo que resta de este primer juicio por delitos de lesa humanidad, deben declarar alrededor de 90 testigos, no deben admitirse conductas agraviantes como la cometida por Braga y apreció que este precedente puede amedrentar a futuros testigos. Snopek también puso de relieve que este tipo de conductas no corresponde al estado de derecho y pidió también que se revoque la prisión domiciliaria.

Durante el desarrollo de la testimonial de Aredez, finalmente Braga tuvo que quitarse las curitas, la bufanda y, si bien la defensa señaló que el uso de anteojos oscuros responde a una indicación médica por una afección oftalmológica, ante el requerimiento de la testigo, tuvo finalmente que sacarse los lentes.

“Sí, es Braga” dijo entonces Adriana Aredez al ser consultada respecto a si la persona allí presente, era la misma que ella vió en el Penal de Gorriti en 1976.

Al término de las testimoniales de Adriana, Ricardo y Luis Aredez, el Triobunal Oral Federal tomó testimonio a Ruben Adi, Juan Campos y el diputado Miguel Tito, quienes coincidieron en señalar que Braga durante la declaración de Adriana Aredez, dijo por lo menos en dos oportunidades “vieja hija de puta”. También el Tribunal escuchó al imputado Braga quien se defendió diciendo que solo se había dirigido a su abogado defensor para decirle “quiero un careo con esta mujer” o “esta mujer miente”. Además señaló que su esposa –quien lo acompaña en todas las audiencias- fue insultada por gente ubicada a su lado izquierdo en sala. Si bien el imputado dijo no ver, mencionó curiosamente a la dirigente de HIJOS Eva Arroyo –ausente en esta audiencia-, a la diputada provincial Cristina Romano y a la dirigente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy Inés Peña.

Al término de la audiencia, el Tribunal Oral Federal resolvió revocar la prisión domiciliaria a Braga, dispuso su traslado a la Unidad Penal Nº 8 y requirió que se remitan todos los antecedentes clínicos para que se le brinden las medidas sanitarias necesarias y se informe cada 72 horas el estado del imputado, a los fines de su traslado si fuera necesario a un centro médico.

El Tribunal recordó  que el 16 de agosto último había dispuesto la continuidad del arresto domiciliario de Braga, atendiendo su comportamiento procesal y su actitud colaborativa, pero fundó su cambio de criterio y la revocación de la domiciliaria en el “acto de hostigamiento” que demuestra, por parte del imputado,  un desapego al marco legal vigente, una falta de respeto a las víctimas, a los querellantes, a los fiscales y al tribunal. Pero además, alegó el Tribunal ese comportamiento constituye un hecho grave en la medida que lesiona la protección a los testigos y genera inseguridad.

La audiencia continuará este sábado, a partir de las 9:00 horas.

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DECLARARON EN JUJUY TRES HIJOS DEL EX INTENDENTE DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN LUIS AREDEZ

Un acusado a la cárcel por insultar

Uno de los represores involucrados en el juicio oral perdió el beneficio de la prisión domiciliaria por amedrentar a una testigo. Ricardo, Olga y Adriana Arédez hablaron sobre la participación de la empresa Ledesma en el secuestro de su padre.

Por Adriana Meyer

“Pusimos plata para sacar del medio gente molesta.” La frase habría sido pronunciada por altos gerentes de Ledesma y quedó plasmada ayer ante la Justicia. Esto, sumado a la existencia de listas de personas a detener en manos de personal jerárquico del Ingenio de los Blaquier y la descripción de prácticas ilegales de la medicina en el hospital que manejaba esa empresa, fueron los aportes más impactantes que hicieron los hijos de Luis Arédez, al declarar ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy en el juicio oral por su desaparición. En el demorado proceso, que unificó cinco de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esa provincia, hubo una agitada y extensa audiencia que incluyó la identificación de un imputado in situ, quien insultó a las hermanas Arédez y terminó perdiendo el arresto domiciliario. “Siento que termina una parte muy importante y empieza otra, es el comienzo de un final porque éstos son los esbirros de la dictadura, luego viene la parte brava que es Blaquier, la pata empresaria que como vemos da pelea, no se queda quieta así nomás”, dijo a Página/12 Adriana Arédez en un cuarto intermedio.

Su testimonio duró casi seis horas. Empezó pidiéndole a uno de los imputados, el oficial de Inteligencia del Ejército Rafael Braga, que se quitara los lentes, la bufanda y las curitas que usa para disimular una cicatriz que permite a las víctimas reconocerlo. En ese momento, la testigo aseguró que lo vio en el penal de Gorriti cuando fue con su madre a visitar a su padre, que estaba allí detenido. “Ese es Braga”, dijo Adriana que le dijo Olga, su mamá, que lo conocía porque era quien atendía a las víctimas en una dependencia del Ejército. Braga no estaba ahí de casualidad, revistaba como segundo del principal imputado, el teniente del Ejército e interventor del penal, Antonio Orlando Vargas.

No sería el único incidente con Braga. Durante el testimonio de las hermanas Arédez lo escucharon decir “esta vieja de mierda” y otros insultos cada vez que lo nombraban. Por ese motivo, al finalizar las declaraciones, los abogados querellantes Juan Manuel Sivila y Oscar Alberto Rodríguez, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, respectivamente, pidieron que le fuera revocado el beneficio del arresto domiciliario por “obstrucción de prueba, dado que intimidó a una testigo” y lo enviaran a una cárcel común. Se abrió un “incidente” en el que tuvo que declarar el diputado provincial Miguel Angel Tito, quien en su condición de víctima estaba presenciando la audiencia, y como se ubicó detrás de Braga pudo confirmar sus insultos hacia las Arédez. La decisión del tribunal llegó pasadas las 20 y fue festejada por los Arédez y sus abogados como un triunfo.

Otro de los tramos salientes de la jornada fue cuando Adriana Arédez relató que escuchó decir a personal de alta jerarquía de la empresa Ledesma que hicieron importantes aportes económicos antes del golpe de Estado de 1976. “Pusimos mucho dinero a cambio de sacar del medio a gente que molestaba”, dijo la testigo que dijeron los gerentes del ingenio. Y también de esas mismas fuentes supo de la existencia de las “listas de personas a detener que estaban en poder de personal jerárquico de la empresa”. Adriana Arédez estuvo casada con Raúl Paz, que era sobrino de Mario Paz, el ex capataz del ingenio que de no haber fallecido estaría en el banquillo junto a los demás imputados. Además, la existencia de estas nóminas la comprobó a través de su madre, a quien Paz le dijo: “Déjese de andar moviendo gente que usted está en la lista y también va a desaparecer”. Adriana aportó cartas que su padre  escribió en prisión en la que les pedía que vieran a Paz y a Alberto Lemos, porque ellos sabían sobre su situación.

Cuando fue el turno de Olga Arédez, contó lo que su padre le había dicho en reiteradas oportunidades, cuando ella era estudiante de  medicina, sobre lo que sucedía en el hospital de Ledesma. “Médicos recién recibidos realizaban prácticas antiéticas, sin respetar el consentimiento y la información al paciente, que no eran necesarias y las hacían sólo como entrenamiento y aprendizaje sobre el cuerpo de los zafreros”, dijo Olga a Página/12 reconstruyendo sus palabras ante el tribunal. “Ellos no se animaban ni a preguntar y los médicos se iban especializando a costa de tomarlos como conejillos de indias, y como mi padre cuando fue intendente quiso poner normas a ese servicio hospitalario, le pasó todo lo que le pasó”, agregó. La mayor de los cuatro hermanos, que es psiquiatra, afirmó que era un hospital privado que recibía dinero de organizaciones internacionales para investigación, que hay médicos que lo saben y podrían ser citados, y que algunas prácticas sobre el mal de Chagas se hicieron allí. Consultada sobre si hay alguna constancia escrita de estas prácticas, la mujer respondió: “Era todo ilegal, no dejaron huellas”. Según el abogado Rodríguez, “usaban a los obreros y sus hijos, llegaban con dolor de cabeza y los suturaban para practicar”. El letrado anticipó que pedirán que estas declaraciones sean incorporadas a la causa que tiene el juez Fernando Poviña, en la que está imputado Blaquier.

La audiencia había comenzado temprano, con la negativa del tribunal a incorporar varias declaraciones de Olga Márquez de Arédez, la fallecida esposa del ex intendente de Libertador General San Martín. Pero la presión de la querella logró que fuera leída al menos una de esas testimoniales. Sus hijos reiteraron ayer la participación del ex entrenador Juan Kairuz como chofer de la camioneta de Ledesma con la que secuestraron a su marido.

“Me siento aliviado, queremos justicia sin odio, hasta los defensores de Braga se conmovieron porque relaté todo lo que sufrí cuando hice el servicio militar en 1978, y ni me hicieron preguntas”, dijo Ricardo Arédez, del brazo de sus hermanas y ya camino a descansar tras la jornada que esperaron durante tres décadas.

Fuente: Pagina 12

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Querellantes evitaron que se retrase el megajuicio Arsenales-Jefatura

Todavía es incierto si el represor Luciano Benjamín Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados en el que se convertirá el juicio más grande de la historia de derechos humanos en la provincia. Si bien los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán habían decidido separarlo del debate -por razones de salud-, ahora dieron marcha atrás con la medida y solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que envíe a sus peritos forenses para que determinen si está en condiciones físicas de afrontar el juicio.

Esto sucede cuando el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es juzgado por delitos de lesa humanidad por un Tribunal Federal de La  Rioja, en base a un informe médico de Córdoba que afirmaba que Menéndez sí estaba apto para someterse al juicio.

El tribunal federal de Tucumán había dispuesto suspender la citación a juicio de las partes hasta tanto se practique al Menéndez una junta médica que determine su aptitud para concurrir a juicio. Pero los jueces dieron marcha atrás al dar lugar a un recurso de reposición presentado por abogados querellantes Pablo Gargiulo, Julia Vitar y Daniel Weisemberg.

Los abogados alertaron que la decisión del TOF –de dilatar el trámite del juicio- implicaba “un injustificado, ilegítimo y arbitrario retardo” en la tramitación de la causa.

En la resolución firmada el 16 de agosto pasado, los jueces del TOF, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, también ordenaron que en un plazo de diez días hábiles las partes examinen las actuaciones, los documentos y ofrezcan las pruebas. Paso siguiente, se fijará la fecha del histórico debate en el que se juzgarán a unos 40 imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Arsenales y ex Jefatura de Policía, los centros clandestinos más sangrientos que funcionaron durante la última dictadura militar en la provincia.

http://www.primerafuente.com.ar

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