PINTADAS AGRAVIANTES

Amenazas de un grupo vinculado a represores causa preocupación en organismos de DD.HH.

“Se autodenominan La Aguja, sus pintadas intimidantes hacen evidente que los represores (de la Megacausa) no están solos y es una vergüenza que sigan sembrando el miedo”, dijeron miembros de la APDH, el Instituto por la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos, quienes denunciaron intentos de amedrentamiento contra las víctimas de secuestros y torturas.

 

 

 

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Publicado el 15/08/2012 - La aparición de un grupo autodenominado “La Aguja” y que se adjudica una serie de pintadas intimidatorias en sitios de memoria y otros lugares de la ciudad capital, generó preocupación en organismos de Derechos Humanos, quienes vincularon a este grupo organizado con los imputados de la Megacausa en la que se ventilan 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones.

Lugares emblemáticos como el Monumento a los Desaparecidos en la plaza del Maestro, en Belgrano y Balcarce, amanecieron con leyendas como “Ni Memoria, Ni Verdad, Ni Justicia” o “Perdón general Videla”.

Esto generó un unánime repudio por parte de ex presos políticos, abogados y militantes, quienes consideraron que es una expresión motivada por el avance de la Megacausa.

“El avance de los juicios en el país, en la región como Salta y Jujuy, y fundamentalmente de la Megacausa en Santiago del Estero, los pone muy nerviosos. Ven que después de casi 3 meses de juicio la situación se les complica y además, aparecen responsables que no habían aparecido como la parte civil y el Ejército, fundamentalmente la parte de Inteligencia, tocando intereses que no estaban a la luz”, señaló Antenor Ferreyra, querellante y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

Susana Habra, ex presa política y coordinadora de los grupos de acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, condenó este hecho y al igual que Ferreyra, consideró que son expresiones de “intolerancia”. “Indudablemente hay sectores vinculados o no a los acusados, agrupaciones que quieren de algún modo generar un clima de amedrentamiento, sectores que ante el avance de una política de Estado tan clara como es la búsqueda de Justicia y desarrollo de los juicios después de tanto tiempo, aparecen con intenciones concretas de infundir temor, intranquilidad, y mostrar su oposición a esta política de Estado”, sostuvo Habra. 

Luis Garay, titular del Instituto Espacio para la Memoria, juzgó que se trata de “una actitud muy agresiva, pero también cobarde, el hecho de dañar monumentos que marcan la memoria de lo sucedido durante la dictadura, realizado por gente que sigue sosteniendo la misma política de aquella época y la misma actitud”. 

Finalmente, Luciana Carraro, militante de la Red por la Identidad e integrante del Colectivo Juicio y Castigo, detalló que “somos un grupo que después del caso Julio López sentimos un temor que se acrecienta”.

Carraro indicó que se debe a “las actitudes amenazantes constantes de las familias de los represores sobre todo, en una ciudad chica como Santiago del Estero, donde en algunos casos convivimos cuadra de por medio”.

Asimismo, sostuvo que “debemos reconocer que se ha avanzado mucho en las cuestiones de justicia, pero no así en las cuestiones culturales que hacen a la memoria y a la verdad”.

La militante narró que “desde el inicio de la Megacausa hay un grupo que ahora se auto reconoce como La Aguja, que no solo violenta a los familiares que van a declarar, sino que se ocupa de pintar edificios o sitios donde se hace alusión a la memoria”.

Por otra parte, recordaron que desde el inicio de la lucha por los Derechos Humanos vienen reclamando que los “genocidas condenados vayan a cárcel común sin ningún tipo de privilegios”.

 

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TESTIGO

Querella pidió abrir causa por falso testimonio en contra de una mujer que trabajó en la "Side"

Publicado el 15/08/2012 - Al final de la jornada 27 del juicio de la Megacausa, brindó su testimonio una ex policía del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), Liliana Beatriz González, testigo aportada por la defensa del imputado Francisco “Paco” Laitán. Su exposición generó incertidumbre en las querellas, a tal punto que Héctor Carabajal, de la Secretaría de Derechos Humanos lo consideró inverosímil, pidió al tribunal que le iniciara una causa por falso testimonio, al considerar que “omitió decir la verdad”. Esta postura tuvo la oposición de la defensa y los jueces adelantaron que hoy se dará a conocer su veredicto.

Durante su relato, González dijo que en ningún momento vio presos, ni que recordaba si familiares se hubieran acercado a preguntar por algún pariente. 

Ante las preguntas del fiscal federal Gustavo Gimena y de los querellantes, manifestó no recordar qué tipo de tareas se hacía en ese lugar, pero sí que ella se desempeñaba como administrativa, que su jefe inmediato era Eduardo Baudano y los máximos responsables, Musa Azar Curi y Miguel Tomás Garbi. 

Mientras se profundizaba el interrogatorio, González incurrió en contradicciones, como cuando hizo referencia al momento en que ingresó en la Policía. En un primer momento afirmó que fue a mediados del 78, pero más tarde, señaló que ingresó antes del golpe de Estado, a través del desaparecido ministro de gobierno Robín Zaiek. Contó que empezó como secretaria administrativa de Zaiek y que luego fue afectada al DIP.

Finalizada su exposición, Carabajal pidió la imputación de la mujer: “El delito de falso testimonio no solo prevé actuar contra aquel que afirma falsamente un hecho, sino al que omite decir la verdad ante preguntas concretas. Entendemos que la señora en varios pasajes de su declaración incurrió en este delito, por eso hemos solicitado que se giren las actuaciones al fiscal para que inicie una causa”, explicó el abogado en diálogo con EL LIBERAL.

 

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ESPOSA

Testigo hizo responsable a Musa Azar Curi de la desaparición de su marido

Ángela Rosario Pérez dijo que vanos fueron sus esfuerzos por saber datos sobre la víctima.

 

Publicado el 15/08/2012 - La testigo Ángela Rosario Pérez de Arias declaró en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura militar en Santiago, donde hizo responsable a Musa Azar Curi del secuestro y la desaparición de su esposo, Dardo Ezequiel Arias, quien militaba en la Juventud Peronista.

“Hace más de treinta años de que no sabemos nada de mi marido, nunca supimos nada; pero seguramente Musa tiene que saber, él es el responsable de su desaparición, nos arruinó la vida, mi suegra murió de pena, sin saber nada de su hijo y mi cuñada terminó mal psicológicamente, hoy está en un geriátrico, Dardo tenía 23 años cuando desaparición”, dijo la testigo.

La esposa de Arias, recordó que su pareja desapareció el 20 de octubre de 1976 cuando se dirigía a trabajar, en el barrio Primera Junta. “Vanos fueron nuestros esfuerzos por conocer su paradero, hasta Musa Azar nos negó información. Es más, amenazó con quitarme a mis hijos”, narró.

En su declaración, Pérez de Arias contó que su marido salió a trabajar cerca de las siete de la mañana y al mediodía le avisaron que en la esquina de Sebastián Ábalos y San Martín lo cerraron dos autos y lo llevaron. “Eran del Servicio de Inteligencia, un auto blanco y uno amarillo, el que vio todo fue un chico de apellido Navarrete que trabajaba con mi marido”.

Luego de conocer la noticia, contó que radicó una denuncia de secuestro en la Seccional 4ª, donde le recibieron una foto. Luego de un tiempo sin novedades, fue a preguntar y se dio con que “no figuraba nada ni en la comisaría ni en Tribunales”.

La mujer señaló también que se entrevistó con Azar Curi, a quien conocía desde la niñez. “Confiaba en él, creía que me iba a decir la verdad sobre Dardo, pero no me dijo nada”, explicó, al tiempo que añadió que “la señora Teresa Ibáñez, que vivía con Musa, debe saber todo lo que él hacia; me pregunto por qué no la citan a ella”.

Finalmente declaró Dardo Ezquiel Arias, hijo de la víctima, quien no aportó demasiados datos, ya que al momento de la desaparición tenía tres años.

 

Fuente: El Liberal

 

 

 

 

 

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14 Agosto 2012 Causa Caballero Residual Alegando problemas gástricos, exguardia de la U-7 pidió domiciliaria Se trata de Pablo César Casco, exguardia de la U-7 de Resistencia acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía Federal rechazó el planteo y dijo que su dolencia puede ser tratada en una cárcel común. Pablo César Casco, uno de los oficiales a cargo de la conocida “guardia dura” en la Unidad Penitenciaria Nº7 durante la última dictadura, solicitó al Juez Federal, Carlos Skidelsky, que le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. La Fiscalía Federal recomendó que se rechace el planteo y señaló que Casco podría tratar sus dolencias estando preso en la U-7. Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, el abogado de Casco, Carlos Martín Pujol, hizo el pedido al Juez Skidelsky en razón de que el expenitenciario es un paciente de “alto riesgo desde el punto de vista gástrico” -padece de Gastropatía Hemorrágica- y que requiere de “controles médicos frecuentes con facultativos especializados, dado el riesgo de una muerte súbita por hemorragia gástrica”. Además señaló que su defendido se encontrará en su casa en mejores condiciones de atención, “porque su actual condición de detención genera un cuadro peligroso para su salud, por el estrés constante al que se ve sometido”, básicamente por estar detenido. También remarcó que debe ser tratado de forma permanente, “con dieta acorde a la patología en estudio”. El fiscal Federal subrogante, Carlos Amad y su par ad hoc de Derechos Humanos, Diego Vigay, contestaron a esta solicitud con un dictamen en el cual piden que el Juez rechace este pedido, argumentando una serie de cuestiones vinculadas al tipo de patología que sufre el detenido (la cual puede tratarse sin inconvenientes en la U-7), a lo grave del delito que se le imputa (crimen de lesa humanidad), a la posibilidad de que entorpezca la investigación y hasta el real peligro de que Casco decida fugarse. “Si bien el imputado se encuentra alojado actualmente a la Comisaria Seccional 4ª, debería ser trasladado al Pabellón de detenidos de Lesa Humanidad de la Prisión Regional del Norte U-7 ,donde contará con un Centro de Salud S.A.M., donde tendrá asistencia medica especializada, toda la medicación que requiera y que incluso cuenta con sala de internación”, señalaron. “Además en la misma Unidad 7 también podrá contar con la dieta establecida por prescripción médica”, añadieron. Los fiscales remarcaron que el otorgamiento de este beneficio a Casco sentaría un negativo precedente que llevaría a concederle la detención domiciliaria a un porcentaje alto de la población carcelaria, vulnerando de ese modo la garantía constitucional de igualdad ante la ley, “ya que cualquier interno que aduzca padecer las dolencias de Casco estaría en hipotéticas condiciones de obtener un arresto o prisión domiciliaria”. Los representantes del Ministerio Público Fiscal recomendaron además que se convoque al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia para que realice una junta médica a efectos de evaluar y diagnosticar el cuadro de salud de Casco. También pidieron “componer el trabajo psicosocial correspondiente con la familia para fortalecer los lazos sociales y familiares”. Casco está detenido en la desde fines de mayo, en el marco de la causa Caballero Residual, donde se investigan torturas, secuestros y desapariciones forzadas de personas, durante los años de plomo. En la U7, señalan los fiscales, los detenidos eran recluidos en un área restringida, destinada especialmente a presos políticos a los que llamaban ‘subversivos’ o ‘detenidos por infracción a la ley 20.840’ (ley antisubversiva) y quienes se encontraban a disposición del Juzgado Federal y/o del Área 233, que era la denominación del ámbito geográfico que comprendía a la Provincia del Chaco. En Pabellones acondicionados específicamente para detenidos por razones políticas, separados del resto de los detenidos denominados “comunes”, donde estos padecían todo tipo de vejámenes y severidades por parte del Personal Penitenciario, en especial la denominada “Guardia dura o la Guardia de Casco”, la que se movía bajo las órdenes del Oficial Pablo César Casco, acusó la fiscalía.

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Antonio Moccellini fue llevado al penal de marcos paz

Detienen a represor de la Marina

Un ex comandante segundo de la Marina Argentina fue detenido y alojado en la cárcel de Marcos Paz acusado por secuestros y torturas, por los asesinatos de dos militantes peronistas y por delitos sexuales contra prisioneros políticos, todos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron en la Escuela Naval, la Prefectura Naval y el Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM3) de Ensenada.

Por: 

Tiempo Argentino

 Otro acusado permanece prófugo. 

El comandante Segundo del BIM3, Antonio Moccellini, se convirtió el viernes en el 9º detenido en la causa Nº 35, que investiga los crímenes cometidos en esos CCD contra más de medio centenar de víctimas de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, luego de que el titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, lo indagara y ordenara su procesamiento con prisión preventiva. 

Moccellini fue detenido por fuerzas de seguridad en su domicilio de la zona norte del Conurbano y trasladado a los Tribunales federales de 8 y 50 para ser indagado, informaron fuentes judiciales. Y señalaron que una vez cumplimentada la medida judicial, el procesado fue trasladado al complejo federal de detención de Marcos Paz, donde quedó alojado. Por la misma causa, el juez Corazza ordenó la indagatoria e "inmediata detención" de otro marino, quien permanece prófugo. El expediente tiene además, otros 15 imputados, entre ellos el almirante Antonio Vañek, que comandó la ESMA y fue condenado a 40 años en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. 

Moccellini está imputado por múltiples secuestros y torturas y por delitos sexuales cometidos en los CCD en los que operó. También está acusado por "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" cometido contra dos militantes peronistas, el abogado Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, quienes fueron asesinados durante un ataque militar perpetrado en pleno centro platense el 19 de octubre de 1976. 

La justicia federal investiga su participación en los CCD que integraron un circuito que operó en el cordón industrial de Berisso y Ensenada donde la represión quedó al mando de los integrantes de la Armada de la Base Naval. Durante la dictadura esa zona era sede de importantes fábricas como la Destilería de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que contaban con unos 15 mil trabajadores con una intensa actividad gremial y militancia política.

Fuente: Tiempo Argentino

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