jueves, 16 de agosto de 2012


La Cámara federal falló a favor de Abuelas Córdoba

Por unanimidad resolvió que la causa por sustracción de bebe y supresión de identidad de la hija de María de las Mercedes Moreno es un delito de lesa humanidad. Ordenó que se acumule a la causa por secuestro y detención ilegal de la madre. Otro revés para Sánchez Freytes.
 
Abel Sánchez Torres lee el fallo en el recinto

 

Por Katy García – Prensared

El fallo zanjó la disputa por competencia planteada cuando el juez subrogante del Juzgado federal 3, Alejandro Sánchez Freytes,  había decidido remitir a la justicia provincial el caso. Moreno, Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba y el Ministerio Público Fiscal 
apelaron el fallo en cuestión y la Cámara Federal de Apelaciones les dio la razón.

“Es una inyección de esperanza”, dijo Sonia Torres, titular de Abuelas.

El tribunal  presidido por Abel  Sánchez Torres y conformado por los jueces José María Pérez  Villalobo y Carlos Julio Lascano, dio a conocer  ayer el fallo ante las partes, familiares de la querellante y de miembros y militantes del organismo. 

En apenas dos minutos el presidente del cuerpo leyó el dictamen que dirimió la disputa planteada. Resolvió que el Juez de instrucción deberá continuar interviniendo en la causa de competencia federal habida cuenta de que se trata de un delito de lesa humanidad.

Así, Sánchez Freytes deberá dar celeridad a la causa por delito de sustracción, retención y ocultamiento indebido de un menor de 10 años, ampliar la imputación en contra de empleados y funcionarios administrativos y judiciales del Juzgado de menores de 1ª nominación, del Juzgado civil y comercial de 25ª nominación, de la Maternidad provincial y de la Casa Cuna, que se desempeñaron durante la época en que ocurrieron los hechos, esto es, entre 1978 y 1980.

Al mismo tiempo resolvió que se investiguen posibles “torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes” sobre la persona por nacer.

Asimismo, le ordena que acumule esta causa a la que investiga el secuestro y privación ilegítima de la libertad de la madre quien dio a luz encadenada a una cama en la Maternidad provincial, en 1978, y ordenó que se instruya a la fiscal de instrucción Graciela López de Filoñuk, para que tome conocimiento de lo resuelto y se determine la filiación biológica mediante exámenes de ADN. 

 Apenas concluida la lectura la sala estalló en un aplauso y en muestras de alegría y emoción.  “Esto es una inyección de esperanza para que sigamos trabajando como lo venimos haciendo las Abuelas desde hace 35 años. En la provincia hay unos 18 a 20 nietos apropiados; pensamos que este año vamos a encontrar más chicos porque la sociedad ha entendido que el tema de la identidad es muy importante”, expresó Sonia Torres, titular de Abuelas filial Córdoba.

Ahora, la causa vuelve al mismo juzgado que se declaró incompetente. Y además a manos de un Juez denunciado ante el Consejo de la Magistratura –que aún no se expidió- por obstaculizar e impedir que las causas de niños apropiados avancen.

 Sobre este punto la abogada María Teresa Sánchez le dijo a este medio que “vamos a esperar y seguir exigiendo que estos casos aberrantes como la sustracción de menores y la supresión de identidad se resuelvan con todas las garantías. Y que los análisis se realicen inmediatamente porque ya estaban ordenados por la Cámara”, expresó.

También reflexionó acerca del modus operandi utilizado en las apropiaciones de los hijos de los detenidos desaparecidos durante el terrorismo de estado en Córdoba. En ese sentido explicó que  las modalidades  adoptadas en general eran dos. "Los anotaban como hijos propios o los entregaban en el marco de una una red de complicidades armada entre civiles y fuerzas de seguridad, cercanas al poder, cuyo entramadoclaramente responde a un plan sistemático", señaló.  

 Muy emocionada, alegre, María de las Mercedes Moreno, acompañada por parte de la familia manifestó: “ahora lo que quiero es verla, y que se hagan los ADN. Con ella, serán ocho las mujeres, más los dos varones”, dijo sonriente y esperanzada. “Pasaron 35 años”, afirmó, pensativa, y agregó “todo esto es gracias a ellas” y señaló a las abogadas y a la  Abuela Sonia.

Fotografía Nicolás Castiglione
Los jueces Lascano, Sánchez Torres y Pérez Villalobo
Los jueces Lascano, Sánchez Torres y Pérez Villalobo
La alegría de Sonia  Torres
La alegría de Sonia Torres
La gran familia de María Mercedes Moreno y de Abuelas
La gran familia de María Mercedes Moreno y de Abuelas

 

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Poco conocido, precedió a Menéndez en el Tercer Cuerpo de Ejército 

Fundamentan el procesamiento del general Carlos Delia Larocca por masacre de la familia Pujadas

Memoria Verdad y Justicia - Télam
Mariano Pujadas (primero a la derecha), en el detalle de una foto familiar. La secuela de la Masacre de Trelew significó la destrucción de una familia completa. Delia Larocca está procesado por eso.

 

Córdoba. -La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dio a conocer ayer los fundamentos de la resolución por la cual hace una semana dispuso procesar por delitos de lesa humanidad al general Carlos Delia Larocca, quien precedió a Luciano Benjamín Menéndez en la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército y fue en tal carácter el máximo responsable del Operativo Independencia. La Sala A del tribunal dictó el procesamiento de Delia Larocca por la supuesta comisión de los "delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado", en perjuicio de cuatro miembros de la familia Pujadas. Como se recordará, el montonero Mariano Pujadas fue uno de los 19 guerrilleros evadidos del penal de Rawson que, recapturados, fueron fusilados en la Base Naval Almirante Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972. Pujadas había sido precisamente quién,. junto a Rubém "El Indio" Bonet, del ERP, había dado la cara en el Aeropuerto de Trelew ante los periodistas, el juez y el capitán Sosa, que incumpliendo lo prometido (devolverlos al penal de Rawson) los llevo a la base naval.

La Cámara Federal consideró que el procesamiento de Delia Larocca también procede por la presunta comisión de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de Mirta Yolanda Bustos.
"El hecho que tuvo por víctima a la familia Pujadas acaeció el 14 de agosto de 1975, época en la que Delia Larocca se desempeñó como comandante del III Cuerpo de Ejército, entre el 21 de enero de 1975 y el 29 de septiembre de ese año", según los vocales Carlos Lascano, Abel Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo.
Los camaristas insistieron: "el imputado era el jefe del III Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción comprendía a Tucumán, en la cual se había puesto en marcha, de manera casi simultánea con su asunción en el mencionado cargo, el denominado Operativo Independencia mediante decreto 261/75, que ordenaba neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos. Dicho operativo se encontraba bajo la dirección de Delia Larocca".
"Lo señalado permite afirmar que la posteriormente denonimada `lucha contra la subversión` no le era extraña y, por el contrario, sus superiores lo mantuvieron en el cargo durante las acciones militares desplegadas en Tucumán por la conformidad con la tarea desarrollada por el imputado", enfatizaron los vocales.
Los camaristas determinaron que, como consecuencia del procesamiento dispuesto, el juez federal Nº 3, que interviene en la causa, deberá "expedirse sobre si procede la prisión preventiva y el embargo" de bienes de Delia Larocca.
Por otra parte, el tribunal también dictó el procesamiento -con prisión preventiva- del comisario mayor retirado Carlos Alfredo Yanicelli, imputado por los supuestos delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, entre otros, según las mismas fuentes.
Yanicelli, apodado "El Tucán" a causa de su prominente nariz, fue uno de los jefes del D-2, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, dónde se cometieron delitos horrorosos.    
Para disponer su procesamiento, los magistrados tuvieron particularmente en cuenta "la posición jerárquica que ocupaba dentro de la estructura del D2 (...) a cargo de una brigada (de lucha) contra la subversión".

"Existe semiplena prueba sobre que Yanicelli, atento a su elevada posición escalafonaria, no habría sido ajeno a la emisión de las órdenes ilícitas que originaron los hechos en investigación y su control sobre el cumplimiento de las órdenes no se habría perdido por el solo hecho de haber estado de licencia durante 20 días (respecto de algunos hechos que se investigan)", aregumentaron.
Los camaristas adoptaron la resolución en el marco de la causa caratulada "Barreiro, Ernesto G. y otros por presunta privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado".

En la causa hay 35 imputados, entre ellos el propio Menéndez, apodado "El Cachorro" y Ernesto Barreiro apodado "El Nabo" y  sindicado como presunto autor de imposición de torturas y otras violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de "La Perla”.

application/pdfFallo completo 1200.74 Kb.

La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba difundió los fundamentos del fallo que, el 6 de agosto pasado, revocó el sobreseimiento de Carlos Delia Larocca, quien fuera el antecesor de Luciano Benjamín Menéndez al mando del Tercer Cuerpo de Ejército.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Carlos Julio Lascano, Abel G. Sánchez Torres y  José María Pérez Villalobo.
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