From: Hijos Bahiablanca  

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Desde el 2003 la República Argentina dejó de ser un país anómico políticamente, para transformarse en otro donde la política ocupó el lugar que siempre debió tener. Política y Patria que el neoliberalismo y su cómplices dirigenciales vernáculos de todos los partidos entregaron, como aplicados alumnos de un plan solo asimilable al de la dictadura cívico militar, y pensando solo en su propia salvación y sus ambiciones personales desvergonzadas.

Desde el primer día, esos apátridas se abroquelaron en sus trincheras de poder, para derrotar en sus primeros pasos la instalación de un Gobierno Nacional y Popular. Esa metodología de acción nunca fue abandonada en estos 10 años. A cada paso los autoproclamados demócratas de la primera hora, artífices del despojo y el sometimiento de la Patria, esta vez sostenidos y ellos abrazados al poder concentrado mostraron su objetivo. Derrotar al pueblo y sus conquistas.

Tal como al retrato de Dorian Grey, poco a poco fueron cayendo los pedazos de su máscara falsamente humana y política, que aún esgrimen a pesar de haberse descubierto su verdadero objetivo. El último escalón que los volvió a proclamar en su violenta intención destituyente y desligitimadora de las instituciones, es el debate que no dieron sobre la Democratización de la Justicia. Debate que no dieron nunca respecto de cualquier proyecto en realidad. Debate que no darán nunca porque han quedado presos de su propio desprecio por lo popular, cómplices del poder económico mediático bajo cuya ala ahora patéticamente se agrupan cumpliendo con el Plan de Exterminio que sus patrones les marcan como metodología, la misma que gestaron y acompañaron junto a los genocidas de la dictadura cívico militar.

Ahora van por el Poder Judicial, a contramano de la propuesta de Democratización de la Justicia, ocultando, mintiendo y falseando a sabiendas que ese proyecto logrará terminar con los abusos de un poder no democrático como el Judicial, descargado siempre sobre las espaldas de los más vulnerables y los trabajadores en general.

Han iniciado un avance a sangre y fuego sobre la Procuradora Nacional Gils Carbó. Sus patrones les han dado como argumento entre otros y para borrar de un plumazo a una funcionaria sólida e idónea, la supuesta designación ilegítima de funcionarios íntegros en Fiscalías y Procuradurías. Las Procuradurías son su objetivo, no habiendo  logrado por el escándalo y la violencia, como también sin argumentos y debate, detener la aprobación de leyes fundamentales en relación a esa Democratización del Poder Judicial. Los desencaja el solo pensar que el pueblo logre nuevos espacios de protección de sus derechos. Los desencajó aunque lo disimularon muy bien, las ampliaciones de bases de derechos implementadas en estos diez años. No solo no quieren que la Patria crezca, sino que quieren que sea gobernada por los mismos que atentaron contra la Constitución y las leyes antes. Los patrones civiles que hoy los cobijan y les bajan letra para engañar al conjunto social, desean ferviente y profundamente volver a su pasado de poder sin límites ni confrontación política donde eliminaron toda resistencia, dejando 30000 detenidos desaparecidos entre otras barbaries.

Llamamos a la atención de TODAS Y TODOS los militantes y dirigentes populares, frente a esta nueva iniciativa destituyente y golpista. Cercenar los derechos de nuestro pueblo no es una cuestión menor, ni debe ser considerada como un acto más de las fuerzas antidemocráticas y los dirigentes genuflexos que son parte activa y engranajes de una maquinaria perversa, que atenta cotidianamente contra las instituciones de la democracia intentando ponernos al borde del estado de indefensión, que les facilite volver a despojarnos de todo.

Repudiamos a los gestores y cómplices de este nuevo embate, y nos abrazamos solidaria y militantemente a nuestro Gobierno Nacional y Popular como a la Procuradora Nacional Gils Carbó, y a cada uno de los responsables de las Procuradurías gestadas desde allí, orgullosos del ejercicio democrático y legal de la función para la que fueron designados cada uno.

Eduardo A. Hidalgo - Secretario General - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca

H.I.J.O.S. Bahía Blanca

Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Bahía Blanca

Dr. Walter Larrea – Abogado Querellante en Juicios de Lesa Humanidad Bahía Blanca

Julio Ruiz - Presidente – Partido de la Victoria Bahía Blanca e Integrante de la Mesa Provincial

Dra. Mónica Fernandez Avello – Abogada Querellante de la Secretaria de DDHH de la Nación en Juicios de Lesa Humanidad Bahía Blanca

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Los fiscales ad hoc

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió la designación de fiscales “ad hoc” al señalar que están avalados por la ley del Ministerio Público Fiscal. Eso fue después de que el fiscal federal Guillermo Marijuán resolviera imputarla al darle trámite a la denuncia impulsada por el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, a raíz de la creación de nuevas fiscalías y la designación de sus ocupantes, como es el caso de la Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Carlos Gonella. El movimiento “Justicia legítima” consideró que “las malintencionadas denuncias desconocen el fundamento legal por el cual fueron realizados”.

Fuente: Pagina 12

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26.04.2013 | por supuestas irregularidades en la designación de fiscales

El fiscal Marijuán impulsó investigación contra Gils Carbó

El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó la investigación contra su superior jerárquica, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la designación de secretarios al frente de fiscalías vacantes. Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por el senador radical e integrante del Consejo de la  Magistratura Mario Cimadevilla, quien se hizo eco de una publicación periodística según la cual la jefa de los fiscales colocaba en reparticiones claves, con causas sensibles para el gobierno, a "comisarios políticos".

Por: 

Néstor Espósito

 

Cimadevilla acusó a la procuradora por los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos". El artículo 248 del Código Penal fija penas de un mes a dos años e "inhabilitación especial por doble tiempo" para "el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes". El 253 establece pena de multa "e inhabilitación especial de seis meses a dos años" cuando "propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales". 

A lo largo de 40 páginas, el denunciante sostuvo que "la procuradora general ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido 'manu militari' –por sí y ante sí– a la designación de sujetos que, sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial, nomina 'magistrados' (fiscales generales adjuntos, fiscales federales, fiscales, fiscales auxiliares) con el aditamento –en algunos casos– de 'subrogante', atribuyéndoles, ilegalmente, las potestades, facultades y derechos que, respecto de los magistrados regularmente nombrados, consagra la Ley del Ministerio Público". Una denuncia similar había formulado también el abogado José Mangiocalda, a nombre de una ONG de habitual accionar de esta naturaleza en los tribunales. 

Marijuán, quien instruyó la causa que terminó con la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño privado de su despacho, dictaminó ante el juez Sebastián Cassanello que deben investigarse 35 resoluciones cuestionadas por el denunciante. 

La designación de secretarios como subrogantes fue descalificada por la Corte Suprema en el caso de los jueces, pese a que avaló la continuidad de los que se estaban desempeñando en esa condición. Pero el Ministerio Público es independiente del Poder Judicial, y podría no estar alcanzado por aquella decisión del máximo tribunal. Ese es uno de los ejes sobre los que girará el expediente: si los fiscales interinos y ad hoc designados por Gils Carbó cuentan con el aval constitucional para desarrollar las tareas que les fueron encomendadas. «

Fuente: Tiempo Argentino