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Más inspecciones en la megacausa

 

 “Era todo monte acá”

 

 

Por Elena Corvalan

 

Con referencias a los cambios producidos en los 38 años trascurridos desde que se cometieron estos hechos, los policías retirados convocados a acompañar las inspecciones ordenadas por el Tribunal Oral de Salta reconocieron las escenas de los crímenes, en El Encón Chico y en el pueblo de Rosario de Lerma. En El Encón Chico, en jurisdicción del municipio de Campo Quijano, fue asesinado, mediante una explosión, el periodista Héctor Luciano Jaime. Había estado desaparecido desde la noche del 12 de febrero de 1975, cuando fue secuestrado a la salida de su trabajo en el diario El Intransigente.

 

 Sus restos fueron encontrados el 14 de febrero, esparcidos por un explosivo, en un camino vecinal entre fincas que por entonces “era todo monte”, como recordó ayer el policía retirado Inocencio Roberto Medina, que en 1975 intervino como técnico dibujante haciendo el croquis ilustrativo de la ubicación de los restos encontrados en el camino vecinal y en la finca de propiedad de Néstor Alderete. Medina fue convocado ayer, junto a los también policías Ramón Luna, Gregorio Galo Rodríguez y José Carrasco, que no fue. También hizo la recorrida la viuda de Jaime, Irma Rosa Chica. El dibujante, que en su momento fue investigado por tortura durante la dictadura de Onganía, fue el más locuaz y contrastó con la parquedad de Rodríguez.A pesar de los matices, los tres policías coincidieron en el lugar de hallazgo de los restos, en que estaban esparcidos y en que en 1975 ese lugar era un monte. “Yo hice la identificación, pero está cambiado todo aquí. Yo lo veo distinto”, dijo Medina ni bien llegó. La finca de Alderete está ahora parquizada, tiene un cerco alambrado y solo hay árboles nuevos en la línea, enfrente, del lado en que fue explosionado el periodista, donde hay un monolito y dos cruces que lo recuerdan, crece un emprendimiento turístico: por ahora la tierra está rasa, sin verde y con un alambrado perimetral que separa del camino. Chica, que fue a ver el lugar una semana después del hallazgo, coincidió en que era un monte. Solo permanecía en su lugar, una vieja casa, a unos 80 metros del lugar de la explosión.

 

 Los policías dijeron que ya en 1975 estaba desocupada. Durante el recorrido Medina insistió en que fue acompañado por la perita Marta Tabarcachi, algo que ha desmentido Carrasco y por lo cual se ha pedido un careo entre ambos.  “No asustan” Anselmo Salomón Guaymás, nacido y criado en Rosario de Lerma, recibió ayer en su casa del barrio Villa Mercedes, casi al final del pueblo, la visita de los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, el fiscal Ricardo Toranzos, los abogados querellantes Tania Kiriaco y Gastón Casabella, familiares, empleados judiciales y miembros de Gendarmería.Hace 30 años Guaymás compró esta casa a Silverio Posadas, quien se la había comprado a la familia Estopiñán. Ahí, cuando era solo tenía dos piezas y un patio con yuyos, fueron asesinados los jóvenes militantes Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia. Los policías retirados Ramón Luna y Rodríguez, que entonces trabajaban en Bomberos, reconocieron el lugar como la casa de donde fueron a buscar explosivos en abril de 1975. “Yo ni sabía (de la matanza) cuando compré la casa. Los vecinos me preguntaban si no asustaban a la noche”, contó Guaymás.  Por los homicidios de Jaime y Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia están acusados el ex comisario Joaquín Guil y el ex jefe de Policía, Miguel Gentil. Se sospecha que policías de la provincia y de la Federal integraban el brazo ejecutor de la Triple (Alianza Anticomunista Argentina) en Salta, y que estos crímenes fueron cometidos por ellos. 

 

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Causa Masacre de Margarita Belén II: Tozzo podrá hablar antes del fallo

Este miércoles desde las 8 de la mañana el imputado Norberto Tozzo podrá ejercer su derecho a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal Federal se reúna para deliberar el fallo de la causa que investiga cuatro desapariciones en la Masacre de Margarita Belén.

 

Durante la mañana del próximo miércoles el Tribunal Federal que integran los jueces Alfredo García Wenk, Rubén David Quiñónez y Selva Angélica Spessot dictarán la sentencia de la causa en la que se investiga la responsabilidad del ex capitán de Inteligencia de Ejército Norberto Raúl Tozzo en la desaparición de los fusilados Fernando Piérola, (de Entre Ríos, 24 años); Roberto Horacio Yedro, (de Corrientes, 28 años); Reynald Zapata Soñez, (de Entre Ríos, 35 años), y Julio Andrés Pereyra, (de Formosa, 25 años).

Todos ellos fueron asesinados junto con una mínimo de veinte detenidos políticos en el fusilamiento clandestino del 13 de diciembre de 1976, tal y como quedó comprobado en la Causa Masacre de Margarita Belén I.

El miércoles Tozzo podrá hacer uso de su derecho a decir unas palabras finales antes de que el Tribunal pase a deliberar el fallo. Una vez que esto ocurra los jueces no pueden abandonar el Tribunal sin dictar una sentencia, por lo cual todo indicaría que se miércoles habrá un veredicto.

Las querellas y la Fiscalía pidieron 24 años de prisión para Tozzo, que no pudo ser juzgado en el anterior juicio porque se fugó a Brasil en 2003, luego de que un Hábeas corpus concedido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejara sin efecto una orden de captura emitida por la Justicia Federal.

Fue extraditado desde Brasil en mayo de 2011, pocos días después de la sentencia de la Causa por la Masacre de Margarita Belén I en la que se condenó a ocho militares a prisión perpetua y se absolvió a un policía.

Desapariciones en la Masacre

Lo cierto es que aún con una sentencia condenatoria la justicia no será completa: el destino final de un mínimo de víctimas del fusilamiento clandestino del 13 de diciembre de 1976 permanecerá siendo una incógnita para sus familias y para la sociedad.

Además, si bien en la presente causa se lo juzga por las cuatro desapariciones mencionadas existen fuertes indicios de que la lista de fusilados-desaparecidos relacionados con la Masacre de Margarita Belén podría ser mayor a esos cuatro casos: Eduardo Fernández (de Goya, Corrientes), Raúl Maria Caire (Paraná-Entre Ríos), Dora Noriega (San Martín-Chaco), Tomás Rojas (El Colorado-Formosa) y Luciano Díaz (Formosa) permanecen desaparecidos desde fechas cercanas al 13 de diciembre y se comprobó su cautiverio clandestino en distintos centros de detención de la provincia.

El juicio oral 

El juicio oral comenzó el 28 de febrero; declararon trece testigos “in situ” entre familiares de las víctimas y ex detenidos políticos, el guardiacárcel de Alcaidía (Re) Juan Ramón Rodríguez Valiente y Ermindo Navarro, exintegrante del área administrativa del Destacamento de Inteligencia 124.

Además se incorporaron al debate las grabaciones realizadas por la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto de Cultura de Chaco de los testimonios del anterior juicio, la Causa Masacre de Margarita Belén I).

Las testimoniales de familiares y sobrevivientes aportaron detalles de la fenomenal paliza de la noche del 12 de diciembre en la Alcaidía, la nula posibilidad de fuga o rescate durante los traslados de presos políticos y sobre la posibilidad de que varios compañeros de militancia y cautiverio que no figuran en la lista oficial de trasladados pero que permanecen desaparecidos hayan sido ultimados en la Masacre de MB.

Las partes

El juez Alfredo García Wenk, de Formosa, preside el tribunal, secundado por los magistrados Rubén David Quiñonez y Selva Angélica Spessot, de la Cámara Federal de Corrientes. Alfredo García Wenk fue el cuarto juez en la Causa Caballero por torturas en el Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCD y T) Brigada de Investigaciones.

Juan Manuel Costilla ejerce la defensa oficial, tal y como lo realizara en las causas Masacre I y Caballero. La acusación del Ministerio Público es cursada por los fiscales Patricio Sabadini (Fiscal Federal Subrogante), Carlos Martín Amad (Fiscal General Subrogante) y Diego Jesús Vigay (Fiscal ad hoc en DD HH). Mario Bosch querella a Tozzo en representación de familiares de las víctimas, Secretaría de DDHH de Nación y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels); Sergio Quiroz y Duilio Ramírez por la Secretaría de DDHH de la provincia y Ataliva Dinani, Victoria Gerrieri y Melisa Valenti por la Liga por los Derechos del Hombre.

 

Fuente: Diario El Norte

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