Discrepancias entre el gobierno y la Comisión de la Verdad en Brasil El organismo recomendó el inició de juicios contra militares represores. Pero el ministro de Defensa, Celso Amorim, dijo que el Ejecutivo de Dilma Rousseff "no estimulará ninguna sanción" ni la derogación de la Ley de Amnistía.

 Se cumplió un año desde que comenzó a funcionar

Discrepancias entre el gobierno y la Comisión de la Verdad en Brasil

El organismo recomendó el inició de juicios contra militares represores. Pero el ministro de Defensa, Celso Amorim, dijo que el Ejecutivo de Dilma Rousseff "no estimulará ninguna sanción" ni la derogación de la Ley de Amnistía.

Por: 

Tiempo Argentino

Un día después de que la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil recomendara el inicio de procedimientos penales contra los represores de la última dictadura militar (1964-1985) por considerar que sus crímenes son imprescriptibles, el ministro de Defensa Celso Amorim rechazó esa posibilidad y dijo que el gobierno de Dilma Rousseff "no propondrá, no impulsará y no estimulará ninguna sanción ni tampoco la revocación de la Ley de Amnistía". El ministro se apuró a diferenciar el trabajo de la Comisión nombrada por la presidenta, de su propia gestión. "No quiero oponerme a la comisión, que hará lo que quiera. Lo único que no quiero es que piensen que es el gobierno el que está sugiriendo el juzgamiento", afirmó.

"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Las amnistías no valen ante el derecho internacional", afirmó la abogada Rosa Cardoso, quien asumió ayer la coordinación de las investigaciones de la CNV, en lugar del diplomático Paulo Sergio Pinheiro. Cardoso recordó que Brasil reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por esto debe cumplir las sentencias de la organización, que en 2010 decidió que "las autoamnistías son nulas", como es el caso de la ley dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.

El debate, que ya lleva varios años, se actualizó luego de que la Comisión anticipara, en la presentación de los resultados parciales de su investigación, que en el informe final del año próximo se solicitará la apertura de juicios a los responsables. En ese acto, la CNV destacó además que los órganos de represión comenzaron a torturar mucho antes de que surgiera la lucha armada en el país.

Los integrantes de la Comisión dijeron haber analizado documentos que demuestran que los perseguidos políticos eran torturados desde 1964, año del golpe militar que derrocó al presidente João Goulart, pese a que las leyes de excepción que instituyeron la represión fueron dictadas por el régimen militar en 1968. Según la CNV, en aquel primer año de la dictadura ya había al menos 32 centros clandestinos en siete diferentes estados del país que estaban operativos.

Según el balance parcial presentado ayer, la comisión escuchó hasta ahora 268 testimonios, entre ellos los de 37 militares acusados de violaciones y los de 207 víctimas del régimen. Pinheiro, que ofició de coordinador de la Comisión durante su primer año de investigación, aseguró que en el escaso tiempo de trabajo el grupo descubrió la existencia de 250 "estructuras de inteligencia" que funcionaban en los ministerios y los establecimientos públicos. Agregó que la Comisión, cuyo mandato se extiende hasta diciembre de 2014, recopiló pruebas que demuestran la práctica de violencia y de tortura durante la dictadura, incluyendo documentos militares que admiten que hasta los propios uniformados que se oponían al régimen fueron sometidos a represión física que los dejó "incapacitados". «

                                            dpa, Efe y Ap

Fuente: Tiempo Argentino, jueves

@@@

La Comisión de la Verdad de San Pablo escucha el testimonio del ex soldado Valdemar Martins de Oliveira sobre el encarcelamiento y ejecución del matrimonio Catarina Helena Abi-Eçab y João Antônio Santos Abi-Eçab en noviembre de 1968, el jueves. Foto: Marcelo Camargo, Abr

A medio vestir

Comisión de la Verdad brasileña develó la existencia de 36 centros de tortura en sólo siete estados.

Documentos revelan que en Brasil la tortura comenzó antes que la lucha armada con los grupos opositores a la dictadura, e incluso previo a que se aprobara la ley que avalaba la represión, señaló la Comisión de la Verdad en un balance de su primer año de trabajo.

La Comisión de la Verdad de Brasil cumplió su primer año el 16 de mayo, y lo celebró presentando un balance de los avances que ha logrado en la búsqueda de una versión oficial de lo que sucedió en un período que abarca a la dictadura en ese país (1964-1985). Los 21 años de gobierno militar llevaron la mayor cantidad de tiempo de trabajo de este equipo de siete personas, y así se reflejó en el balance presentado el martes.

“La práctica de la tortura en Brasil como técnica de interrogatorio en los cuarteles es anterior al período de la lucha armada; comienza a ser utilizada en 1964”, indicó la historiadora Heloísa Starling, asesora de la comisión, en referencia a lo que se considera la lucha armada de los grupos que se oponían al régimen, que comenzó en 1968. Destacó que lo importante es notar que la tortura no empezó en 1969, tal como “supone buena parte de la bibliografía”. “Ya en 1964 es posible identificar centros de detención y tortura”, aseguró. La tortura se convirtió “en la fuerza motriz de la represión en Brasil, y llevó a una política sistemática de asesinatos, desapariciones y secuestros”, añadió.

La comisión identificó 36 centros de tortura en siete estados, incluidos dos universidades y dos barcos-prisión. “Identificamos que hubo personas que fueron detenidas dentro del campus universitario y que también fueron víctimas de violencia allí”, continuó Starling.

En el primer año se analizaron miles de documentos y escucharon 268 testimonios -37 de colaboradores del régimen militar y presuntos torturadores, 24 de militares que sufrieron represalias de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y 207 víctimas o familiares de víctimas-, cerca de 50.000 personas fueron presas sólo en 1964, el año del golpe, en los estados de Guanabara (hoy Río de Janeiro), Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande del Sur y San Pablo.

Otro descubrimiento de la Comisión de la Verdad fue que al menos la segunda línea del gobierno militar estaba al tanto de la tortura. Las cúpulas militares siempre aseguraron que no sabían de las torturas, y entre los objetivos que se estableció la comisión está el de refutar esa aseveración, por lo que debe continuar en ese camino para demostrar que la primera línea también estaba al tanto. En este sentido, Starling señaló que entre 1970 y 1973, durante el gobierno de Emílio Médici, se radicaron 730 denuncias de tortura.

Además, la comisión reveló que la Marina ocultó información sobre las muertes en la dictadura, que según datos oficiales habían sido entre 200 y 300, versión que siguió sosteniéndose ya en democracia, cuando en 1993 fue consultada por el gobierno de Itamar Franco. En ese entonces, la Marina aseguró no estar al tanto de ninguna muerte o desaparición, pero Starling reveló un documento de la Marina, de 1982, que demuestra el conocimiento de la muerte de 11 personas por la tortura, que hasta ahora figuraban como desaparecidas. Tras el informe de la comisión, la Marina se pronunció mediante un comunicado en el que aseguró que todos sus registros habían sido entregados al Ministerio de Justicia en 1993.

Consultada por los medios brasileños, la coordinadora de la comisión, Rosa Cardoso, dijo que el trabajo del equipo puede abrir el camino para una revisión de la Ley de Amnistía, que perdona los delitos cometidos durante la dictadura. “En relación a los crímenes contra la humanidad hay una norma internacional en el sentido de que esos crímenes no prescriben. Son tan graves que deben ser objeto de juzgamiento, sin importar en qué momento sean descubiertos”, agregó. Informó que su intención es que en las recomendaciones finales de la comisión, que se esperan para mayo de 2014, se incluya la de derogar la Ley de Amnistía.

Fuente: www.ladiaria.com.uy

La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia