A pesar de los inconvenientes la jornada fue útil para que el ex legislador provincial Héctor Canto confirmara que en el Ejército existió un centro clandestino de detención y para que relatara que, a pesar de que los detenidos estaban en una situación de clandestinidad, los militares llevaban expedientes. Eso fue al menos lo que pasó en su caso.
Por otra parte, se adelantó que la Fiscalía ampliará la acusación en contra de algunos de los 17 hombres que están siendo juzgados en este proceso. Ricardo Toranzos no adelantó sobre quiénes recaerán las acusaciones más graves; en cambio, el abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, anticipó que ampliará la acusación contra el teniente Isidro Benjamín de la Vega, quien está siendo imputado en relación a la desaparición del conscripto Víctor Brizzi.
Las demoras, y la novedad de las ampliaciones acusatorias, cambiaron las estimaciones sobre el final de este proceso, según explicó el secretario del Tribunal Oral, Mariano García Zavalía. Ahora se prevé que la sentencia podría conocerse en septiembre, o tal vez en octubre.
Ayer el fiscal pidió que se incorporen nuevas pruebas: un expediente que se abrió en 1976, tras la desaparición del estudiante Enrique Mosca Alsina, y 4 testimonios en relación al secuestro y homicidio del ex diputado provincial Eduardo Rizo Patrón, entre ellos el de su hijo, Luis Rizo Patrón, que fue secuestrado para obligar a entregarse a su padre, cuyo cuerpo fue dejado en la plaza de Metán, el 13 de julio de 1976.
Leiva también pidió que declare un hermano de René Russo, un militante comunista detenido el 24 de marzo de 1976 en Orán y desaparecido en Salta de la Central de Policía. El pedido surgió luego de que Canto dijera que por ese hermano supo que Russo había desaparecido luego de que lo dejaran en libertad, desde la Central.
Canto militaba en el Frente Peronista en 1976. Residía en Güemes. La madrugada del 24 de marzo Canto fue detenido por una comisión de policías entre los que estaba el inspector Julio Correa, juzgado en este proceso. Enseguida fue llevado a la Central de Policía en Salta, donde le ataron las manos y lo vendaron tan fuertemente que le sangraron los ojos y creyó que iba a quedar ciego. Luego lo llevaron a un centro clandestino de detención que funcionó, está seguro, en dependencias del Ejército. Allí había otros muchos detenidos, por lo que escuchó, sabe que muchos fueron torturados. “37 días estuve incomunicado (en el Ejército)”, recordó. Finalmente fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde vio a Russo, y donde el mayor temor se generaba “cuando venían los helicópteros” con militares.
En agosto el coronel Joaquín Cornejo Alemán, que está siendo juzgado ahora, le comunicó la decisión de dejarlo en libertad. Le mostró un expediente y le dijo: “De todas las cosas que figuran acá no le hemos podido comprobar nada, porque si no, usted no sale con vida de acá”. Y le recomendó que se fuera de Güemes, “porque no podía garantizarme la vida”.
La audiencia se retomará recién el 12 de agosto, con los testigos que restan.
@@@
Comunicado de abogados, organizaciones y militantes
Organismos de derechos humanos de Tucumán respaldaron al fiscal Camuña
Frente a la denuncia realizada por el senador Gerardo Morales, los organismos de la región manifestaron su "total apoyo y respaldo al trabajo que viene desarrollando" la Unidad Fiscal y señalaron que se trata de una maniobra dirigida a un "uso político y electoral".
Abogados, militantes y organizaciones de derechos humanos de Tucumán expresaron su respaldo a la actuación del fiscal Pablo Camuña en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.
El respaldo fue dado a conocer a través de un comunicado luego de que el fiscal fuera denunciado por el senador Gerardo Morales (UCR) por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en causas en las que se encuentra involucrado el general César Milani.
Los abogados Pablo Gargiulo, Bernardo Lobo Bugeau, Daniel Weisemberg, Julia Vitar, Inés Lugones, Valentina Garcia Salemi y las organizaciones Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) de Tucumán, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (A.N.D.H.E.S), APDH Tucumán, Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, la Secretaria de Derechos Humanos CTA de los Trabajadores de esa provincia, Renée Ahualli, la Agencia de Derechos Humanos y las militantes Silvia Sandoval, Stella Garbarino, Andrea Camerlingo y Claudia Sanchez suscribieron el comunicado en el que manifiestan su "total apoyo y respaldo al trabajo que viene desarrollando" la Unidad Fiscal de Tucumán, a cargo de Camuña.
En referencia a la denuncia de Morales, el colectivo señaló: "Creemos que la actuación de ciertos sectores políticos y mediáticos, responde a una estrategia tendiente a lograr réditos electorales y no a contribuir al sostenimiento y la profundización del proceso de juzgamiento a los responsables del genocidio sucedido en nuestro país entre los años 1975-1983".
En ese sentido, remarcaron la política criminal de la Procuración General de la Nación, que con la reapertura de las investigaciones en 2003 creó unidades especiales en diferentes lugares del país para investigar los crímenes de lesa humanidad. "Nuestra lucha recibió un importante impulso que posibilita que hoy en día se lleven adelante a lo largo del país numerosos juicios en donde se investiga la responsabilidad penal de los personeros del terrorismo de estado", destacaron.
Y agregaron al respecto que "la Unidad Fiscal de Tucumán, y por lo tanto el Fiscal Ad Hoc Camuña, forman parte de este proceso de búsqueda de juicio y castigo a los genocidas en nuestra provincia".
En el comunicado, los firmantes reseñan y desechan cada uno de los puntos de la denuncia de Morales. En ese sentido, indican que el archivo solicitado por Camuña de la denuncia presentada contra Milani por su intervención en tareas de inteligencia durante el Operativo Independencia responde a que "la Fiscalía no encontró elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal en la comisión de delito de lesa humanidad alguno durante ese período previo al golpe militar".
Por otro lado, en relación al caso que tiene como víctima al conscripto Alberto Agapito Ledo, remarcaron que la causa "no se encuentra archivada, como no se encuentra archivada ninguna causa por desapariciones de personas u otros delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado". Y agregaron: "Sin desmedro de lo expresado, entendemos que de surgir elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a César Milani o imputarle algún tipo de participación o autoría en crímenes de lesa humanidad, estos hechos deberán ser investigados y aquel deberá responder ante la justicia".
Finalmente, aseguraron: "No avalamos el uso político y electoral de nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia, ni tampoco que con estos fines se desinforme, se mienta y se desacredite el trabajo de los funcionarios a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de nuestra provincia".
Ver comunicado de los organismos de DDHH.pdf
Fuente: http://fiscales.gob.ar/
--
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007, y a partir de ahora con la nueva designacion por Memoria, Verdad y Justicia
No hay comentarios:
Publicar un comentario