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EL PAIS › LA CORTE SUPREMA DE CHILE ORDENO LA EXTRADICION DEL EX JUEZ OTILIO ROMANO
Un boleto de regreso forzado
El ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza está procesado por delitos de lesa humanidad. Huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo.
Otilio Roque Romano, ex juez mendocino que será juzgado por su rol durante la última dictadura.
Por Diego Martínez
La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó ayer por unanimidad el fallo que ordenó la extradición de Otilio Roque Romano, el ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza procesado por delitos de lesa humanidad que huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y quitarle los fueros que le permitían seguir en libertad. Los jueces trasandinos ratificaron con su fallo que el ex hombre fuerte del Poder Judicial cuyano no es un perseguido político y destacaron que existen “presunciones fundadas” sobre su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Si el Tribunal Oral Federal de Mendoza accede al pedido de acumular las causas elevadas e incorporar a Romano a la lista de acusados, planteo que hoy formulará el Ministerio Público Fiscal, el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un megajuicio con casi cuarenta imputados, incluidos militares, policías y cinco ex jueces acusados de omitir, denunciar e investigar secuestros, torturas, violaciones y homicidios.
El fallo de la sala segunda de la Corte Suprema que pone punto final a la estadía de Romano en Chile lleva las firmas de Milton Juica, Hugo Domestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, quienes confirmaron la decisión que había tomado el 18 de junio el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo. El pronunciamiento confirma además la resolución tomada a principios de 2012 por el Ministerio del Interior de Chile, que al descartar “la existencia de un fundado temor de persecución” echó por tierra la estrategia de victimización de Romano, quien pretendía hacerse pasar por víctima de “una venganza de personeros de izquierda”.
Los magistrados destacaron la obligación del Estado chileno de “promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”, que incluyen “la sanción del genocidio y de los delitos de lesa humanidad”, y consideraron “idóneos” los antecedentes penales de Romano enviados por la Justicia Federal de Mendoza. Ante el pedido de la defensa para que se considerara la negativa de la Argentina a extraditar a Santiago Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán, los jueces supremos apuntaron que “el hecho que el Estado requirente se haya puesto en su momento en una situación que conllevó infringir el principio de reciprocidad no tiene como efecto que nuestro país incurra en infracción” de tratados y convenios internacionales.
El juez federal Walter Bento y luego la Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces subrogantes, habían procesado a Romano cuando todavía estaba en funciones como partícipe necesario en 103 casos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones, protagonizados por militares y policías cuyanos. Los delitos que omitió investigar ocurrieron entre 1975, con la aplicación sistemática de la “ley antisubversiva” 20.840, y 1983, cuando terminó la dictadura. Romano se desempeñó en aquellos años como fiscal federal y eventualmente como juez federal subrogante de Mendoza.
En su última etapa al frente de la Cámara, Romano se especializó en liberar represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de la dictadura. En paralelo, se dedicó a dilatar el proceso de destitución en su contra en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y pérdida de fueros, que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión rumbo a Chile y pidió refugio como perseguido político. Comenzó entonces la lucha de los organismos de derechos humanos y de la Justicia mendocina para extraditarlo, proceso que le valió un changüí de dos años en libertad.
El avance de las causas en ese período le permitirá a Romano compartir el banquillo de los acusados no sólo con torturadores de Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también con viejos compañeros. En febrero llegaron al tribunal que integran Alejandro Piña, Juan González Macías y Raúl Fourcade las causas que tienen como imputados a los ex jueces Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos solicitó ayer, apenas conocido el fallo de la Corte chilena, la acumulación de causas para que Romano pueda ser juzgado a partir del 11 de noviembre en “un megajuicio con casi 40 imputados”, se esperanzó el abogado Pablo Salinas. Hoy formulará idéntico reclamo el fiscal federal Dante Vega, en representación del Ministerio Público Fiscal. “Estamos en condiciones de tener a todo el aparato organizado de poder en el banquillo. Será el juicio más importante de la provincia”, destacó el fiscal.
Fuente: Pagina 12
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22.08.2013 | decisión unánime
La justicia chilena confirmó la extradición de Otilio Romano
La Corte Suprema trasandina ratificó que el destituido camarista deberá regresar al país para ser juzgado por delitos de la represión.
Por:
Gerardo Aranguren
Luego de pasar dos años prófugo de la justicia argentina, la Corte Suprema trasandina confirmó la extradición del destituido camarista mendocino Otilio Romano y deberá volver al país para ser juzgado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
De manera unánime, los cinco jueces de la Segunda Sala del máximo tribunal chileno confirmaron ayer por la tarde la decisión del ministro Sergio Muñoz, quien dos meses atrás accedió al pedido de la Argentina para que Romano retorne al país para ser juzgado.
Con esta decisión, la Corte de Chile terminó con las opciones judiciales del ex camarista quien, en los próximos días, deberá retornar al país para responder ante las investigaciones abiertas en su contra.
En Mendoza quedará a disposición del juzgado de Walter Bento, quien lleva la instrucción de la causa en la que se le imputan más de 100 delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, cuando se desempeñó como fiscal.
Desde que se conoció el primer fallo contra Romano, en junio pasado, los organismos de Derechos Humanos reclaman que su caso se acumule al resto de los funcionarios judiciales procesados para que sea juzgado en el debate aún sin fecha que se llevará adelante en Mendoza contra los ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.
"Eso ha sido siempre la intención de la fiscalía, que se juzguen los hechos que están esperando juicio con todos los imputados. Hay que tener en cuenta que en el caso de Romano su causa en instrucción llegó hasta cierto punto: se formuló la acusación en instrucción y una vez que vuelva continuará el trámite. Una vez que se resuelva la última parte de la instrucción, un trámite que debería no ser muy largo, su situación ya se va a equiparar al resto de los imputados y el Tribunal Oral Federal va a estar en condiciones de celebrar un solo juicio", explicó el fiscal general de Mendoza, Dante Vega, quien celebró el fallo chileno que permitirá juzgar al camarista destituido.
El fallo, de apenas 3 páginas, lo firman los jueces Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva y contestan en pocos párrafos los planteos realizados por el defensor de Romano, Claudio Feller.
Allí, los ministros de la Corte explicaron que para decidir sobre la extradición del ex camarista no debían exigir un nivel de prueba "que lleve a adquirir una convicción segura de la culpabilidad del procesado", una tarea que consideraron que sólo se puede producir en el fallo definitivo. En ese sentido, el máximo tribunal aceptó como válidos los antecedentes que envió el juez de primera instancia, Bento, quien procesó a Romano por crímenes de lesa humanidad.
Por otro lado, los ministros chilenos rechazaron el argumento de la defensa de utilizar el principio de reciprocidad luego de que la Argentina se negara en 2010 el pedido de extradición de Galvarino Apablaza. Si bien opinaron que la Argentina infringió el principio de reciprocidad en ese caso, aclararon que "la entrega de un sujeto por un Estado a otro no es un asunto que pueda entenderse reducido a una sola tarea jurisdiccional o a la responsabilidad política del gobernante". Señaló que al investigarse delitos de lesa humanidad, Chile se encuentra "obligado a promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, entre los que se cuenta la investigación y sanción de aquellos ilícitos".
Romano se fugó a Chile en agosto de 2011, cuando escapó de la posibilidad de su detención en la Argentina. Desde febrero de 2012 cumple en la localidad chilena de Reñaca un régimen de prisión domiciliaria. Después del fallo de la Corte, que lo dejó sin más opciones de apelación, el ex camarista deberá volver a Mendoza para comparecer ante la justicia federal.
Fuente: Tiempo Argentino
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