martes, 10 de junio de 2014

Sobreseen a ex militares que trataron de destruir libros del Hospital Militar




Sobreseen a ex militares que trataron
de destruir libros del Hospital Militar


Por Elena Corvalan




El Tribunal Oral Federal de Salta declaró ayer que la destrucción de documentos públicos de la época de la dictadura cívico militar no constituye delito de lesa humanidad.
El pronunciamiento del Tribunal integrado por los jueces Marcelo Juarez Almaraz, Marta Snopek y Federico Díaz se dio en el marco del juicio oral y público que se seguía contra los ex militares Carlos Fernando Tozzeto Arias y Juan Manuel Gestoso Presas, que estaban acusados de haber intentado destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar Salta.
Luego de declarar que se trata de delitos comunes, no vinculados a los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas, el Tribunal sobreseyó a Tozzeto Arias y a Gestoso Presas por prescripción de la acción penal, es decir que venció el plazo que tenía el Estado para perseguir los delitos que se les atribuían.
Es que ambos ex militares venían acusados por delitos leves: incumplimiento de los deberes de funcionario público para el caso de Tozzeto Arias, y tentativa de destrucción de elementos destinados a servir como prueba en el caso de Gestoso Presas, y el plazo máximo para la persecución penal era de 2 años y 8 meses, la pena máxima por este último delito, aunque esta cuenta no es literal porque en un proceso hay actos que suelen suspender el efecto suspensivo. Según el conteo del abogado de Gestoso Presas, el defensor oficial Oscar Tomás del Campo, ese plazo venció en diciembre de 2013.
Pero los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila planteaban que estos hechos estaban vinculados a delitos de lesa humanidad, porque habían sido llevados a cabo con intención de entorpecer la investigación del terrorismo estatal. Por eso habían pedido una pena de multa de $12 mil pesos para Tozzeto Arias y de un año y 4 meses de prisión para Gestoso Presas.
Los sucesos objetos de este debate ocurrieron el 15 de mayo de 2008 en el Hospital Militar Salta. Tozzeto Arias, que era el director del Hospital, encontró dos libros de la guardia (de las salas de Maternidad y de Suboficiales) durante un recorrido y, en lugar de seguir el procedimiento establecido (avisar a su superior y archivarlos), los entregó al jefe de la Compañía de Inteligencia 5, que era Gestoso Presas. Éste dispuso destruirlos, a pesar de que para entonces el Hospital Militar había recibido ya dos pedidos de informes sobre nacimientos producidos en septiembre de 1975, tramitados por el Ministerio de Defensa de la Nación a solicitud de la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad (CONADI).
Para la Fiscalía, los militares no podían no tener presente estos pedidos cuando decidieron la destrucción de ambos libros; máxime, teniendo en cuenta que esas solicitudes recibieron como respuesta que no se contaba con esa información porque la documentación había sido incinerada.
Ayer, al pronunciar sus últimas palabras antes de la sentencia, Tozzeto Arias insistió con su inocencia: dijo que “en ningún momento” pensó que esos pedidos eran “para buscar una cosa tan grave como desaparecidos durante el Proceso. Pensé que era para buscar nada más que un nacimiento”.
Gestoso Presas prefirió contestarle al testigo principal de este proceso: el capitán Silvio Manino Leal, quien recibió la orden de destruir los libros y, en cambio, los escondió y los entregó a Defensa, dando inicio a esta causa. “Yo no comparto en absoluto un golpe de Estado”, dijo el ex teniente coronel en respuesta a la afirmación del testigo acerca de que compartía la ideología de los militares golpistas.
Por estos hechos Tozzeto Arias y Gestoso Presas fueron sometidos a un sumario administrativo que terminó con su baja del Ejército. Ahora perseguían una reivindicación del Poder Judicial. La impresión de que la recibieron la dio tras la lectura de la sentencia el propio Tozzeto Arias: “Se hizo justicia”, exclamó antes de ser felicitado por sus defensores, los abogados Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz.

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