sábado, 28 de marzo de 2015

Un ex juez detenido por delitos de lesa humanidad deberá ir a una cárcel común


Un ex juez detenido por delitos de lesa humanidad deberá ir a una cárcel común
Casación consideró mal concedido el beneficio de prisión domiciliaria a Roberto Catalán, denunciado por un ex preso político durante la dictadura.

LA RIOJA.- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán, detenido por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, deberá cumplir su arresto en una cárcel común dependiente del Servicio Penitenciario.

La Sala Cuarta, por unanimidad, resolvió declarar "mal concedido el recurso de casación" interpuesto por la defensa del ex magistrado contra el fallo de la Cámara Federal de Córdoba que le había ordenado al juez de primera instancia que, en 30 días, "diligencie una plaza en algún establecimiento penitenciario que cumpla con las condiciones necesarias para atender adecuadamente la dolencia del imputado".

"Corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto por la defensa, toda vez que la decisión en cuestión en cuanto dispuso que el juez federal, en un lapso de 30 días, diligencie una plaza en algún establecimiento carcelario que cumpla con las condiciones necesaria para atender la dolencia del imputado- no es de aquéllas expresamente previstas" para permitir el acceso a esa instancia.

En una resolución de dos carillas, los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos estuvieron de acuerdo en no admitir el recurso presentado por la defensa del imputado ex juez, a quien un colega le revocó su arresto domiciliario en una causa por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la gestión que usurpó el gobierno el 24 de marzo de 1976.

Aquella decisión se adoptó con el argumento de que hay una "falta de control permanente en el ámbito de la prisión domiciliaria por parte de los organismos de seguridad competentes", y que podría haber un "entorpecimiento del proceso bajo la forma de presión directa o indirecta hacia testigos o víctimas de la causa".

Catalán está acusado de imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica luego de haber sido denunciado por el ex preso de la dictadura Leopoldo Juan González, quien estuvo detenido en abril de 1976 en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja y allí fue indagado por el ex juez.

Y cuando le dijo que había sido torturado, el ex magistrado le replicó que "esas cosas no tenían valor por haber pasado mucho tiempo".

En ese momento le sugirió al detenido que "era mejor olvidar", relató la víctima, quien añadió que el juez "pretendió que firmara, cuando me negué, el escribiente dio la vuelta al escritorio, me tomó de los pelos y tirando mi cabeza para atrás me metió una pistola en la boca, diciendo que si no firmaba era 'boleta', así firmé lo que no fue mi declaración, sino lo que Roberto Catalán quiso poner".

El juez Daniel Herrera Piedrabuena le había otorgado la prisión domiciliaria considerando que el imputado es mayor de 70 años y cuenta con la asistencia de su esposa y además existen razones de salud, pero los camaristas Abel Sánchez Torres y José Pérez Villalobo resolvieron que debía revocársele el beneficio a Catalán al entender que "los jueces no están obligados a conceder el arresto domiciliario y que no está probada en la causa que el imputado no pueda ser asistido en un establecimiento penitenciario". (Télam)


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Comenzó de nuevo el segundo juicio local por delitos de lesa humanidad
Por segunda vez se hizo la primera audiencia del debate oral, que había sido anulada y esta vez se desarrolló en un salón de la UTN local. Están imputados 26 ex policías y ex militares.

Se hizo por segunda vez la audiencia inicial del segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael, que había sido anulada por la demora en reemplazar a unos de los jueces que había renunciado.

Volvieron a juntar en forma presencial a las mayoría de los 26 imputados, pero esta vez en una de las aulas de la UTN local, custodiada por la Policía Federal en el exterior y la Gendarmería en el interior.

También se presentaron en la puerta del predio universitario militantes jóvenes de agrupaciones políticas y familiares de detenidos y desaparecidos.

En esta audiencia inicial los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena leyeron de nuevo el resumen de todas las acusaciones, como ocurrió el 29 de diciembre pasado en el Centro de Congresos y Exposiciones. Una vez terminada esta etapa en la tarde, comenzaron con las primeras declaraciones.

El resto de los acusados participaron por videoconferencias desde Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Mendoza. Justamente, problemas en estas conexiones retrasaron dos horas y media el comienzo del juicio, que estaba previsto a las 8 de la mañana.

En esta ocasión el tribunal estuvo integrado por las juezas titulares Fátima Ruiz (presidenta) y Gretel Diamante, más el suplente (o cuarto juez) Marcelo Grosso, que reemplazó en la sala al titular Pablo Díaz Lacava, que no pudo estar presente pero igualmente participó a través de una videoconferencia desde La Pampa, donde desarrolla sus funciones.

http://www.unosanrafael.com.ar/sanrafael/Comenzo-de-nuevo-el-segundo-juicio-local-por-delitos-de-lesa-humanidad-20150326-920065.html


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