Organismos van ante la Corte contra el fallo que benefició a Blaquier

Se sumaron a la apelación de los fiscales ante casación

Organismos van ante la Corte contra el fallo que benefició a Blaquier

“La falta de mérito deviene en escandalosa denegación de justicia a las víctimas del terrorismo de Estado", sostuvo la Secretaría de DD HH.

Gerardo Aranguren

Organismos de Derechos Humanos presentaron recursos extraordinarios para que la Corte Suprema de Justicia resuelva la situación del empresario Carlos Blaquier, procesado por el secuestro de 23 personas en la última dictadura y luego beneficiado por la Sala IV de la Cámara de Casación con una falta de mérito.

A la par de los fiscales ante Casación, Javier De Luca y Ricardo Wechsler, las querellas que participan en la causa contra el empresario azucarero por delitos de lesa humanidad también apelaron a comienzos de esta semana la decisión de Casación y elevaron el tema a la Corte para su tratamiento.

Blaquier y el entonces administrador de la empresa, Alberto Lemos, están acusados por el secuestro de trabajadores y dirigentes sociales en la localidad de Ledesma, Jujuy. La empresa proveyó camionetas e infraestructura a las fuerzas armadas y de seguridad para realizar las tareas las tareas represivas.

Los camaristas Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi dieron por probado que se utilizaron los vehículos de la empresa, pero opinaron que no se les puede imputar al empresario y a su gerente el destino o uso que se les dio a las camionetas.  

La abogada jujeña María José Castillo, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que el fallo es "absolutamente arbitrario", y "equiparable a una sentencia definitiva por el agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior".

Entre sus argumentos, señaló que "la falta de mérito deviene en una escandalosa denegación de justicia a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, habiendo transcurrido ya casi cuarenta años de los delitos inculpados", y cuestionó que la medida niega "el acceso a la verdad y a la justicia".

El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos, Oscar Rodríguez, en representación de la familia de Luis Ramón Arédez, Omar Gainza y Carlos Melián, también se presentó en queja al máximo tribunal. El letrado consideró que "Casación ha ‘usurpado’ la jurisdicción del Tribunal Oral" ya que su fallo "tiene los efectos propios de un sobreseimiento y se torna irrevisable".

"El Tribunal ha resuelto, sin oír a los testigos, sin ponderar la prueba en su totalidad, transformándose esta resolución en francamente frustrante del procedimiento legal, en un intento de abortar el natural destino que es la sentencia dictada por los jueces naturales del proceso en audiencia oral y pública", sostuvo.  «

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