Mañana 9 de Febrero se realizarán inspecciones oculares

los imputados (Zírpoloy Arias)

Inspeccionarán la casa donde secuestraron a Melitón Bustos
El Tribunal Oral se trasladará a Tartagal
Mañana martes a las 11, los jueces, el fiscal, la defensa, la querella y los imputados se constituirán en la morada del escribano.

JORGE LUIS VILLADA.

El Tribunal, en pleno con los acusados incluidos, se constituirá en ese lugar donde, hace 32 años, dos hombres de civil, a punta de pistola, se llevaron por la fuerza a Bustos, en presencia de su hijo de 16 años. El testigo reconoció a Arias como uno de los secuestradores y, hasta el momento, aparece como el más comprometido con este hecho ocurrido en plena dictadura militar. Su situación se complicó más aún el miércoles pasado, con el testimonio del ex piquetero Juan Domingo Javier, quien declaró que vió cuando al escribano lo sacaron de su domicilio, aquella madrugada del 2 de febrero de 1978. Javier aseguró que entre los raptores alcanzó a reconocer la figura del entonces teniente Arias.

Habrá dos paréntesis
De acuerdo con la resolución del Tribunal Oral Federal, luego de la inspección ocular en Tartagal, el juicio a los dos militares se reanudará el 22 del corriente; pero habrá otro paréntesis hasta el 8 de marzo. La medida fue dispuesta debido a que el juez Jorge Luis Villada se ausentará de la jurisdicción. Es que fue designado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el proceso que se sigue contra el juez federal Faggionato Marquez. También, los imputados y sus defensores fueron notificados para que informen la asistencia en la inspección. Es a los efectos de disponer las medidas de seguridad necesaria, para el traslado a la cuidad norteña.
Fernando Petrina y Pablo Tobío, los defensores de los coroneles Arias y Zírpolo, manifestaron que los imputados expresaron su firme voluntad de asistir a la medida judicial de mañana martes.
El juicio a los coroneles retirados, Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gastón Zírpolo va llegando a su fin.
Fuente: El Tribuno

Medina afectó la credibilidad de la Justicia

Medina afectó la credibilidad de la Justicia, afirman en el Consejo de la Magistratura
Según el dictamen mayoritario de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que aconsejó abrir el procedimiento de remoción del juez federal Nº2 de Salta, Miguel Medina, el magistrado debió haberse excusado de actuar en las causas Ragone y Palomitas por haber defendido con anterioridad a uno de los imputados -Andrés Soraire- y en las causas en que actuó su socio y amigo, el abogado Raimundo Sosa.
Juez federal Miguel Medina

Un extenso y duro escrito firmado por el consejero Mariano Candioti -juez de Cámara de Casación- y respaldado por otros cuatros consejeros, será puesto a consideración del plenario del Consejo.


Allí el magistrado llegó a la conclusión que debido a que no quiso apartarse de las causas, resulta impensado que los salteños que conocen la relación de Medina con Soraire y con Sosa, "crean que en las investigaciones judiciales llevadas adelante por el magistrado hayan tenido como objetivo la dilucidación de los terribles actos que enlutaron a nuestro país y cuya recomposición durará años, seguramente más de los debido por la actuación del doctor Medina".

Abogado de SoraireEn más de veinte páginas, el magistrado considera probado que Medina trabajó como abogado para el policía Andrés Soraire en 1988, y no solamente de manera "formal", como intentó argumentar el magistrado salteño en su defensa.Soraire es un ex policía que trabajaba en la Guardia del Monte que quedó imputado en el homicidio, en 1977 de José Lino Salvatierra y Oscar Rodríguez, dos jóvenes que conducían un camión con carbón hacia Salta y cuyos cuerpos fueron arrojados en un paraje cercano a Metán, con un cartel que decía "por cuatreros".
Con otros policías integraban entonces la llamada "Guardia del Monte" de la Policía provincial que aunque supuestamente creada para combatir el cuatrerismo, se dedicó a la persecución ideológica. Logró permanecer prófugo durante veinte años en Tucumán.Durante su defensa que ejerció en diciembre pasado, Medina había argumentado que entre el escrito su designación como abogado de Soraire y el de su renuncia -por diferencia de criterios con su colega Víctor Martínez- sólo hubo veinte días en los que no tuvo ninguna actuación profesional.

Lider del grupoSin embargo, Candioti sostuvo que el propio Medina admitió que tuvo una entrevista con Soraire -"porque era el que lideraba el grupo", con lo cual, según el integrante del Consejo, "ya está demostrando conocimiento sobre el accionar y jerarquía del grupo involucrado en distintas causas relacionadas con delitos de lesa humanidad".Pese a esos antecedentes, Medina actuó entre 2004 y 2007 y durante dos años y medio, en la causa Ragone, en la que estaban imputados, además de Soraire, Santos Acosta y Miguel Angel Corvalán, también miembros de la Guardia del Monte que había patrocinado.
Sin embargo, en 1999, según Candiotti, ya había empezado a "violar su deber de excusación", cuando comenzó a desempeñarse en la causa Palomitas, que instruyó hasta 2005. Medina intentó convencer que en esa causa Soraire no estaba como imputado, pero Candioti consideró probado que el ex policía estaba sospechado, y que eso bastaba, según la jurisprudencia, para considerarlo imputado y para que Medina se excuse.

Tono negativoUn efecto negativo tuvo en los consejeros el tono que utilizó el juez salteño en su defensa, cuando calificó como una "excursión de pesca" las auditorías que se realizaron en su juzgado luego de las primeras denuncias en su contra."Tales consideraciones llevan a esta instrucción a sostener que el doctor Medina tiene un desacertado concepto de lo que es la cosa pública en un Estado y en una Sociedad que se definen como modernos, republicanos y democráticos", dice el dictamen.
Tampoco ayudaron a Medina otros antecedentes que puso de manifiesto Candioti en su propuesta: entre ellos, el de haber sido designado en la década del 70 como funcionario judicial por el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa. Y el de que su antecedente como defensor de Soraire fue desconocida por la Comisión de Acuerdos y Asesora de la Magistratura al momento de tratar su designación como magistrado federal.

Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

MEDINA COMPROMETIDO EN UN JUICIO POR MAL DESEMPEÑO

Medina, mas cerca del juicio político
Un dictamen a favor la destitución del juez federal Nº 2 Miguel Medina logró la mayoría de votos en una reunión de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, con lo que el magistrado quedó más cerca del juicio político.
El dictamen de Mariano Candiotti que encuentra suficientes méritos para que Medina sea alejado del cargo fue apoyado por cinco de los ocho consejeros de la Comisión.
Medina enfrenta un proceso en el Consejo de la Magistratura iniciado por la ex candidata a diputada nacional Liliana Mazzone y por el nieto del ex gobernador Miguel Ragone, Fernando Pequeño Ragone, que lo acusan de haber entorpecido causas por crímenes de lesa humanidad en la que tomó parte.
El diciembre pasado, Medina declaró ante la Comisión de Disciplina en el Consejo, cuando admitió haber defendido al ex policía Andrés Soraire, que más tarde quedó imputado en la causa como Ragone que el mismo juez instruyó, una situación que organismos defensores de derechos humanos consideraron como incompatible. Medina aseguró sólo tuvo una actuación circunstancial y muy breve en la defensa de Soraire, y que fue reemplazado enseguida en el caso por Víctor Martínez.También se defendió de las acusaciones de que atendía casos en donde actuaban abogados de su propio estudio. Argumentó al respecto que hacía mucho que no formaba parte de su estudio de abogado, y que ya no conocía a muchos de sus integrantes.Las argumentaciones sólo convencieron al Consejero Luis Mario Bunge, que presentó un dictamen a favor de la desestimación de las denuncias contra Medina, que no tuvo otro apoyo.Otro dictamen que proponía un apercibimiento al juez obtuvo dos votos.Los tres dictámenes podrían ser tratados por el plenario del Consejo de la Magistratura el próximo 18 de febrero. Si prospera la acusación, se iniciaría el jurado de enjuiciamiento, en el que Candiotti cumpliría el rol de acusador.
"Medina es un juez que sistemáticamente borró y destruyó pruebas tratando de convertirse en un juez de los derechos humanos, cuando estaba disipando y dilatando, utilizando los mismos mecanismos de la gente que está imputada", declaró Pequeño Ragone.
Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

RECHAZAN EXCARCELAMIENTO PARA EL REPRESOR GUIL

Otro revés de Guil en la Cámara Federal
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó un intento de la defensa del represor Joaquín Guil para acudir con un recurso extraordinario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de su excarcelación.
Los defensores de Guil -procesado como partícipe necesario en numerosos casos de crímenes de lesa humanidad- había apelado un fallo de la Cámara que en diciembre le confirmó la prisión domiciliaria.
Al declararle inadmisible el recurso extraordinario a la Suprema Corte, la Cámara integrada por Jorge Luis Villada, Roberto Loutayf Ranea y Renato Rabbi-Baldi, siguió el criterio de la abogada Tania Kiriaco, que representa en el caso a la Asociación de Derechos Humanos, y a familiares de desaparecidos."Porque se trata de una persona peligrosa que amenazó al testigo Pasayo, y a la ex diputada nacional Silvia Troyano en los pasillos de Tribunales, Guil no puede ser excarcelado, ni se le podía conceder el recurso extraordinario", remarcó la letrada.

La abogada remarcó la gravedad de los hechos que se le imputan a Guil, entre ellos su participación en la masacre de quince detenidos de Villa Las Rosas en la masacre de Palomitas, el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, y el secuestro y asesinato del dirigente peronista Eduardo Fronda. Kiriaco dijo que la Cámara se ajustó a algunos antecedentes similares, como el del represor Miguel Etchecolatz.Ahora a los defensores de Guil sólo les queda acudir en queja a la Suprema Corte. Pero antes de decidir sobre el fondo de la cuestión, la Corte tiene que admitirla admisible.

CASO TABLADA

EL PAIS › LA CAMARA DE SAN MARTIN CONSIDERO PRESCRIPTA LA REPRESION POR LA TABLADA
Marcha atrás de la Justicia
La “sala de feria” del tribunal revocó el fallo del juez Germán Castelli, que había calificado como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de los integrantes del MTP que coparon el regimiento. La CIDH consideró responsable al Estado por las ejecuciones.


El ex presidente Alfonsín tras la recuperación del regimiento de La Tablada.

Tres meses después de que la Justicia en primera instancia determinara que fueron delitos de lesa humanidad los fusilamientos de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que atacaron el cuartel de La Tablada, la Cámara Federal de San Martín consideró prescriptas esas ejecuciones al determinar lo contrario: que se trató de “un hecho aislado que no afectó a la población civil”.
Los camaristas revocaron el fallo que el juez federal de Morón, Germán Castelli, había firmado el 10 de noviembre, y en el que había calificado de imprescriptibles las ejecuciones y torturas a 29 miembros del MTP que coparon el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, y que tras ser capturados por el Ejército fueron torturados y fusilados. El magistrado se había respaldado en un dictamen de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que determinó que el fusilamiento de los irregulares rendidos se realizó “en representación del Estado argentino, y contrariando las directivas del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”. Según la Cámara de San Martín, “no se advierte de lo actuado
que confluyan los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad”, por lo que, en virtud de los 21 años transcurridos, son hechos que ya no pueden ser juzgados. En el fallo consideró que se trató de “un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos”.
Sin descartar que los fusilamientos y tormentos aplicados a prisioneros rendidos hubieran ocurrido, consideró que los mismos habrían respondido “a la propia iniciativa de los ejecutores” y no “que hayan obedecido a la política del Estado”. El fallo fue emitido por la denominada “sala de feria” del tribunal, integrada por los camaristas Jorge Barral, Hugo Fossati y Alberto Crisculo. Estos jueces entendieron que “no se actuó contra una población civil por una determinada política previa y planificada, sino que se actuó en el marco de un combate espontáneo para recuperar rehenes e instalaciones militares ilegítimamente atacadas”.
El juez Castelli había fallado que el fusilamiento de los “irregulares” militantes del MTP tras su rendición “constituyen crímenes de lesa humanidad y como tales son imprescriptibles”. En su resolución, que ahora fue revocada, el juez de primera instancia recordó que el entonces presidente Raúl Alfonsín había activado “el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación”. Pero sostuvo que “varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial”. Y consideró que así se ejecutaron “graves violaciones al derecho humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones”.
El juicio por el ataque al cuartel de La Tablada, que había culminado con la condena a los atacantes, ignoró lo que terminó estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1997: el Estado argentino es responsable por las ejecuciones y torturas a los detenidos. “Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte”, dijo la CIDH al referirse a Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Cinco de ellos permanecen en condición de desaparecidos. Ese organismo internacional determinó la necesidad de realizar “una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”. El juez Castelli había accedido a detener e indagar al mayor Jorge Varando y al general Alfredo Arrillaga por su responsabilidad en los hechos, pero el destino de la causa fue sellado ayer con la resolución de la Cámara.
Fuente: Pagina 12

CONTINUA EL JUICIO CONTRA LOS CORONELES RETIRADOS ARIA Y ZÍRPOLO

En la jornada de hoy, 4 de Febrero, en el juicio por el secuestro y desaparición de Aldo Melitón Bustos se proyectó el documental de origen francés "Los Escuadrones de la Muerte", que fue aportado por los abogados de la querella, David Leiva y Tania Kiriaco.

El documental se presentó con la finalidad de ilustrar el accionar represivo como actos plantificados y orientados con finalidades ideológicas claras y definidas. Además el filme relata de la vos de sus propios protagonistas como fue que se formó el"Plan Cóndor" y la importancia que tuvo en los logros obtenidos por este la colaboración de las escuelas militares antisubversión de Francia y Argelia. También revela como funcionó la cadena de mando y las tareas de inteligencia que se efectuaba sobre toda la población. Deja en claro que durante la lucha contra la subversión todo el cuerpo del ejercito estubo abocado a ello ..."el enemigo puede ser aquella persona que toma un whisky con uno.." ese era el pensamiento de quienes tomaron el poder en Argentina entre los años 1976 y 1983. Es por esto que se infiltraban en las distintas actividades que realizaba la comunidad y vigilaban de cerca a profesionales, profesores, obreros, estudiante siempre al asecho de un potencial enemigo al régimen. Todo se justificaba para lograr eliminarlo y su mas fuerte aliado fue la tortura y su posterior asesinato y desaparición para que no quedaran huellas. No podían cometer el error de fusilar abiertamente a miles de ciudadanos sin mediar explicación.

El tribunal se constituirá el próximo 9 del corriente en la ciudad de Tartagál para realizar inspecciones oculares en la vivienda de San Martín 29(lugar del secuestro de Bustos) y en el Regimiento de Infantería de Monte Nº28 de donde partió el grupo de tarea que secuestro al escribano. A la misma asistirán los imputados por lo que se preve un fuerte operativo de seguridad en los sitios de inspección.

juicio por el secuestro y desaparición de Aldo Melitón Bustos

Por Elia Fernandez

Hoy se reanudó en el juzgado Federal de Saltas, el juicio por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos. Los abogados defensores solicitaron al tribunal oral la presencia de los imputados Aria y Zirpolo en la impeccion ocular que se llevará a cavo el 9 del corriente en la ciudad de Tartagal, en la vivienda de la cual fue secuestrado Bustos y del Regimiento de Infantería de Monte Nº28. También la defensa solicitó el enjuiciamiento de un testigo clave en la causa por falso testimonio.
Para la jornada de hoy se esperaba terminar con los testimonios propuestos por la querella, pero la reiterada ausencia de uno de los testigos hará que este, sea conducido en otra oportunidad por la fuerza pública ante el tribunal.

ARIAS COMPROMETIDO POR LOS TESTIMONIOS DE DANIEL ALBERTO VUISTAS Y JUAN DOMINGO JAVIER

Mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en Tartagál durante el año 1977 y 1978 Daniel Alberto Vuista fué interrogado por Carlos Alberto Arías sobre la identificación de un cadáver fotografiado. El cual el testigo no pudo reconocer, pero todo indica que era el de Lucho Vuista, primo de este, y que había sido asesinado por fuerzas militares en Santa Fé. Con este relato queda demostrado que Arias estaba fuertemente familiarizado con el accionar de las fuerzas en la lucha contra la subversión y por lo tanto con las persecución ideológica de todos los que pudieran ser contrarios al régimen militar.
“Arias era considerado por los soldados en el Regimiento como una persona implacable y ruda.”(Daniel Vuista)

Insólito pedido de la defensa


Luego de escuchar el relato de Javier, los abogados defensores saltaron al unísono para pedir que se enjuicie al testigo por falso testimonio.Este testimonio fué incorporado como novedoso el día de hoy en lo que hace a la causa.

Su relato:

El 2 de Febrero a la madrugada Juan Domingo Javier pasaba caminando por la calle Rivadavia en Tartagál, cuando vio pasar a 30 ó 40 metros de él a dos hombres que llevaban a otro en ropa interior por la fuerza y sujeto de los hombros. La calle estaba poco iluminada por los focos de alumbrado público, por lo que solo pudo distinguir el rostro de Arias y el del escribano Bustos, que era el que estaba siendo conducido por la fuerza. Y solo llego a percibir que el tercer hombre era mas bajo que Arias.
Javier contó que a Arias y a Bustos los reconoció bien por que la luz de la calle los iluminaban y que además los conocía de antes de los sucesos.
El conflicto con los abogados defensores se desató por la apreciación del testigo del auto al que supone iban a subir y que por miedo a correr la misma suerte que Bustos apenas se animo a ver por el rabillo del ojo. De todos modos, al vehículo lo describió como un opel amarillo naranja. Esta descripción del auto coincide con la de otros testigos que dicen que el mismo pertenecía al Regimiento Nº28.

Javier también hablo de lo que se escuchaba decir en el pueblo -"...a Bruno(por el teniente Bruno, que fue considerado con falta de merito para ser imputado en este tribunal) lo mencionaba la mayoría de la gente en Tartagál como la persona que hacia inteligencia sobre Bustos. este se paraba en el negocio de la esquina que daba a la escribanía, a observar."-

Por otra parte la testigo María del Valle Yolanda Vilonia, que fue secretaria en la escribanía de Bustos, confirmo lo que ya venían reiterando otros testigos sobre los numerosos allanamientos que sufrió Bustos en su domicilio.

El juicio continuará mañana 4 de Febrero con la proyección de un documental que contextualiza la época, aportado por la querella integrada por los abogados David Leiva y Tania kiriaco. Y el 9 del corriente con la inspección ocular en Tartagal.