IMPUNIDAD PARA MEDINA

Consejo de la Magistratura le aplicó una sanción disciplinaria

Rechazan el pedido de enjuiciamiento del juez Miguel Medina


En una reñida votación los legisladores kirchneristas no pudieron reunir los votos para llevar a juicio al magistrado salteño.
Viernes 19 de Febrero de 2010 Salta

MEDINA DURANTE SU DESCARGO ANTE LA COMISION DE DISCIPLINA.

Cabral dio crédito al descargo de Medina en que nunca ejerció la defensa material de Soraire como defensor del imputado.Finalmente el juez federal de Salta Miguel Antonio Medina no será sometido a juicio por su desempeño en la investigación del caso Ragone, pero sí recibió una sanción disciplinaria por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. “Esto demuestra que no he cometido ninguna irregularidad”, dijo el magistrado al ser consultado por El Tribuno. En tanto que Fernando Pequeño Ragone, uno de los denunciantes, sostuvo que “el hecho de que lo hayan sancionado evidencia que su proceder no ha sido tan cristalino”.El plenario, con sus 13 miembros, sesionó ayer a la mañana en el edificio de la calle Libertad 731, en Capital Federal, para analizar los tres dictámenes emitidos oportunamente por la Comisión de Disciplina del cuerpo. En primer lugar se votó el informe del consejero Mariano Candioti, a través del cuál se propiciaba que el juez Medina sea sometido al jurado de enjuiciamiento. Seis miembros votaron a favor y siete en contra. Luego se puso en consideraron el dictamen del consejero Luis María Bunge Campos, que aconsejaba el rechazo de las denuncias presentadas por Pequeño, nieto del desaparecido gobernador constitucional Miguel Ragone; por la abogada Liliana Mazone y por el publicista Martín Grande. El resultado fue: 2 votos a favor y 11 en contra.Finalmente, se expuso el dictamen del presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral, que propiciaba la aplicación de una sanción disciplinaria para el magistrado salteño. En este caso el pronunciamiento del tribunal fue de 11 votos a favor y 2 en contra, con lo cual se dio por terminado el debate. De esta manera Miguel Medina podrá continuar ejerciendo su función como juez federal Nº 2 en Salta.Los dictámenesEn el seno del Consejo de la Magistratura quedó demostrado que las opiniones respecto a la suerte del juez Medina estaban muy divididas. Los legisladores kirchneristas eran los que propiciaban el juicio al magistrado, pero a la hora de la verdad no pudieron reunir el caudal de votos para lograr su propósito. En su dictamen, el consejero Mariano Candioti expresó que está probado que en 1986 Medina actuó como defensor del policía Andrés Soraire, uno de los procesados por el caso Ragone, y pese a ello no se excusó cuando tomó a su cargo la investigación de la desaparición del ex gobernador. Por ello consideró que el juez incurrió en el delito de mal desempeño al no haberse apartado de la causa en tiempo y forma. En su descargo el magistrado aclaró que su tarea como patrocinante de Soraire fue fugaz y que renunció a los 20 días por diferencias con el codefensor Víctor René Martínez. “En ese lapso no hubo ninguna actividad profesional mía en nombre de Soraire ni de las otras personas que estaban acusadas de un doble homicidio en la zona de Metán”, aseguró.En tanto, el informe del consejero Luis María Burge refirió que no había elementos suficientes que hicieran presumir que Medina incurrió en mal desempeño en la causa Ragone, al haber cumplido con las diligencias que la investigación requería. De la misma manera, refutó los cuestionamientos que le hicieron los denunciantes sobre la vinculación del magistrado como ex socio del abogado Raymundo Sosa. En su descargo, Medina remarcó que como juez se excusó en todas las causas en las que intervino ese letrado.Por último el dictamen de Cabral advierte que “desde una apreciación objetiva coincido con el consejero Bunge Campos en que el magistrado imprimió al caso Ragone el trámite previsto por las normas vigentes, sin excepciones ni interpretaciones que pudieran generar alguna sospecha.Empero, desde el punto de vista de la actuación subjetiva, la conducta del doctor Medina merece reproche”. Y remarca que “el hecho que lo relacionó con el imputado Soraire era conocido por él y pese a ello omitió tomar algún recaudo al respecto”. Lo que dijo el magistrado"Estoy contento porque el tribunal no encontró elementos para someterme a ningún juicio", expresó el juez Miguel Medina, minutos después de conocer el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura. No obstante expresó sus reservas respecto a la sanción disciplinaria que le aplicó el tribunal. "Ese es un tema que lo van a resolver mis abogados", dijo, refiriéndose a los penalistas porteños, María Angélica Gelli y Gustavo Trovato. Medina dejó entrever que van a apelar la medida, al señalar que "oportunamente hicimos reserva expresa de recurrir ante los organismos internacionales, solicitando que se desestimara esta denuncia". Apuntó que "lo importante es que se demostró que en la investigación de la causa Ragone no cometí ninguna irregularidad. Lo que sí lamento es el tiempo que se demoró para resolver este tema. Tres años fueron demasiado".Por su parte Fernando Pequeño Ragone sostuvo que "yo rescato como positivo el hecho de que al juez se le haya aplicado una sanción. La votación fue de 11 a 2 y eso demuestra que el tribunal tuvo una idea clara respecto al proceder de Medina en la investigación por la desaparición de mi abuelo". Adelantó que "tomando como base el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura vamos a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".Pequeño remarcó "todo esto nos da fuerza para seguir luchando en pos de nuestros objetivos para hacer posible que el caso Ragone no quede impune y para que los procesados sean condenados".
Fuente: El Tribuno

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Un juez salteño con sanción leveEn el plenario de ayer, la voluntad del oficialismo tampoco pudo cumplirse con respecto al destino del juez federal de Salta, Miguel Medina. Acusado de haber obstaculizado una investigación por delitos de lesa humanidad, el magistrado sólo recibirá una sanción disciplinaria de parte del Consejo de la Magistratura. El dictamen de mayoría que llegó a la reunión del pleno aconsejaba la apertura del procedimiento de remoción del juez por mal desempeño. Según la denuncia, Medina “no fue imparcial”, ya que evitó que la investigación sobre el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone se dirigiera contra uno de los imputados, a quien el mismo juez había defendido como abogado tiempo atrás. El magistrado salteño también estaba acusado, entre otras irregularidades, de no haberse excusado en la causa que investiga la Masacre de Palomitas, pese a que fue defensor de una persona involucrada.Para los consejeros Luis María Cabral, Oscar Aguad, Luis María Bunge Campos, Miguel Ángel Gálvez, Santiago Montaña, Pablo Mosca y Ernesto Sanz, las pruebas no fueron suficientes para enviar al juez a un jury. Y sólo lo retaron.

Fuente: http://www.criticadigital.com/

TUCUMÁN

Los represores

"TUERTO" ALBORNOZ Y

BUZI

JUICIO MEGACAUSA CENTRO CLANDESTINO EX JEFATURA DE POLICIA


DERRIBÓ LOS ARGUMENTOS DE LOS REPRESORES
Una experta dijo que el Ejército armó un plan secreto que tenía como blanco al pueblo

La especialista en legislación militar, Mirtha Mantaras, echó por tierras los argumentos de los represores y aseguró que el Ejército tenía un plan que no tenía que ver con la defensa nacional sino con atacar a su propio pueblo. “El objetivo no era la guerrilla sino hacer un cambio radical económico y político. Así, el plan del Ejército fue una radiografía del golpe de Estado del ‘76, con el día D y la hora H”, señaló ante la mirada molesta del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y sus ex subordinados, sentados en el banquillo de los acusados. También aclaró que el polémico decreto de Isabel de Perón no ordenó aniquilar a los guerrilleros sino dejarlos sin su capacidad operativa. Mantaras, quien cubrió como periodista especializada el histórico juicio a las Juntas Militares (en 1985), fue la primera testigo en declarar ayer en el juicio oral y público.
Como si hubiese dado cátedra a los jueces del Tribunal Oral y a los abogados tanto querellantes como defensores de los represores, la experta en legislación militar Mirtha Mantaras detalló ayer cómo se gestó el Operativo Independencia y de qué manera el Ejército, fuera de sus propios reglamentos, armó un plan secreto para cumplir con un objetivo, que no era -según la especialista- eliminar la guerrilla, sino adueñarse del poder. “El plan del Ejército fue una radiografía del golpe de Estado del ’76, con el día D y la hora H”, lanzó entre sus afirmaciones más categóricas, ante la mirada atónita del ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi y sus ex subordinados, sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 22 víctimas en la ex Jefatura de Policía durante los años sangrientos de la última dictadura.
La abogada vino desde Capital Federal fue la primera testigo que declaró ayer frente al Tribunal Oral, propuesta por la querellante Laura Figueroa. En su extensa trayectoria, precisó que cubrió como periodista especializada el histórico juicio a las Juntas Militares (en 1985) y declaró ante el juez español Baltasar Garzón en diversas causas de lesa humanidad. De esta manera, Mantaras aportó conceptos clave y especializados sobre la legislación y organización militar.
Sobre el polémico decreto 261/75, que fue firmado, –según la experta- en un clima de presión creado por los empresarios y la Triple A, por la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, aclaró que no ordenó aniquilar a los guerrilleros sino dejarlos sin su capacidad operativa. “En el Juicio a las Juntas (la llamada Causa 13/84), los jefes militares y ex ministros coincidieron en que no se había mandado a aniquilar en el sentido de eliminar sino en parar la actividad”, subrayó. Así, para la especialista en ese debate histórico quedó claro que no hubo una guerra.
En ese contexto, una vez creados los decretos reglamentarios, sostuvo que las Fuerzas Armadas empezaron a tomar directivas que no pasaban por el Consejo de Seguridad Interno, presidido por Martínez de Perón. “El objetivo no era la guerrilla sino hacer un cambio radical económico y político. Con ver el reglamento militar uno toma noción de cuál era el objetivo”, insistió y luego agregó que por ello el temor más grande de los militares fue la resistencia civil.A esto agregó, que en ese entonces, Isabel de Perón ya había adelantado las elecciones para octubre de 1976, pero en vez de campañas electores, los militares se dedicaban a consumar el golpe de Estado.
La autora del libro “Genocidio en Argentina” (editado en 2005) también reprodujo dichos del general Acdel Vilas, el primer jefe del Operativo Independencia, en el marco de una declaración en una causa abierta en Bahía Blanca y de escritos en su diario (publicados en Internet, según la testigo) que destierran algunas creencias populares de lo que había sucedido en ese entonces. “Vilas nunca fue al monte, ese es un mito inexistente. Vilas se dedicó a hacer Inteligencia, le importaba actuar en la ciudad porque el objetivo era accionar sicológicamente sobre la población”, lanzó.
“En Bahía Blanca, Vilas quiso demostrar que había luchado con los reglamentos pero terminó develando un plan que sólo conocían 50 oficiales y que no tenía que ver con la defensa nacional sino con atacar a su propio pueblo. Y no fue solo un ataque para sembrar el terror sino también de humillación, volteaban al piso al hombre de la casa, manoseaban a las mujeres y se llevaban a las chicas jóvenes”, recordó. Hoy, Vilas tiene problemas de salud mental y vive recluido en una vivienda de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Desde su lugar de testigo, Mantaras dejó en claro que el eje militar era la labor de inteligencia, cargado de un accionar psicológico que tenía como blanco la población. “Para ello se adoptó la doctrina francesa, que tenía la tortura como método y la división del país en diversas zonas de operaciones. Este fue un accionar cívico-militar como si fuera una bicicleta conducida en forma conjunta”, explicó en las casi dos horas que expuso ante el Tribunal Oral Federal.
Bussi salió al cruce de la abogada
Después de escuchar a la experta en derecho militar Mirtha Mantaras, el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi no ocultó su malestar y quiso retrucarla preguntándole irónicamente si estuvo en Tucumán entre 1975 y 1976, cuando sucedieron los hechos que hoy son juzgados. Ante la insistencia del militar retirado, la abogada respondió que tomaba sus preguntas como una provocación y le pidió al Tribunal Oral que terminase su testimonio.
Antes, los abogados defensores Edgardo Berttini, Roberto Flores, Ezequiel Avila Gallo, Eduardo Brandán y Horacio Guerinau, también quisieron, cada uno por su lado, retrucar a la especialista, pero ninguno pudo lograr su objetivo.

EL MISMO LIBRETO
Menéndez: “Nunca atacamos a la población civil”

El represor Luciano Benjamín Menéndez se animó a decir que no se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y volvió a justificar el accionar militar en el contexto de una guerra contrarrevolucionaria. A través de una teleconferencia, el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército leyó ayer el escrito que tiene cada vez que es sometido a un juicio por delitos de lesa humanidad. Se adjudicó la responsabilidad de la actuación de sus “dignos subordinados” y desconoció al Tribunal que lo juzga. “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica… pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”, culminó.
Como lo hace cada vez que le toca hablar en cada juicio de delitos de lesa humanidad, el represor Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar y leyó un escrito en el que sostiene que el juicio que se le sigue por los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía cuando cumplía el cargo de ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es “inconstitucional” y que en ese entonces se había desatado una guerra en la que, según el militar retirado, “nunca” se atacó a la población civil.
Condenado ya tres veces a prisión perpetua (una en Tucumán y el resto en Córdoba) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el último gobierno de facto, Menéndez negó que las fuerzas militares hayan ese tipo de delitos reconocidos por el Derecho Internacional. “Se ha tergiversado el concepto internacional de delito de lesa humanidad, adjudicándonoslos, siendo que nunca atacamos a la población civil”, se animó a decir, acompañado de su abogado Horacio Guerineau.
“Como comandante, soy el único responsable de la actuación de mis tropas. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada, y menos, privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos”, señaló y fuera de libreto, agregó: “algunos de los cuales están aquí, presos”. En el banquillo de los acusados lo escuchaban Antonio Domingo Bussi (ex jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército), Alberto Cattáneo (segundo comandante de la V Brigada), Mario Alberto Zimmermann (ex coronel a cargo de la Jefatura de Policía), Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía) y los hermanos Luis y Carlos De Cándido, ex agentes policiales de aquella época.
“Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra Patria, era la Nº 14.029-Código de Justicia Militar. Tan vigente estaba, que han tenido que derogarla ahora, por ley del Congreso, para que, en el futuro, cesen sus efectos. Esa ley designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el tribunal que me juzga es incompetente”, dijo Menéndez a través de una teleconferencia que se realizó desde una sala del primer piso del Tribunal Oral Federal, para argumentar su negativa a declarar. Menéndez sigue el debate desde ese lugar debido a recomendaciones médicas tras haber permanecido internado por 11 días en el Hospital Militar de Córdoba por un cuadro de neumopatía aguda.
Por último, después de mencionar algunos artículos de los diarios La Voz del Interior y La Nación en los que se habla de la presión del gobierno kirchnerista para acelerar las causas a los represores, el militar retirado se adjudicó el papel de víctima: “Seré pues víctima de esta inseguridad jurídica con que se burla a la República, se perturba la vida de los ciudadanos, y se abre el camino a la tiranía. Pero no seré un títere más de este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”.

SE LEYERON SUS DECLARACIONES

Para Cattáneo, no existieron los centros clandestinos de detención

El represor Alberto Cattáneo, ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería, se negó a declarar pero se conocieron declaraciones que realizó en 2006 y 2007 ante la Justicia Federal. En esas oportunidades negó todas las acusaciones y desmintió que hayan existido centros clandestinos de detención durante la última dictadura. “Las denuncias de su existencia son falsas, magnificadas, marcando errores producto de la imaginación, rayando la ficción”, dijo en mayo de 2007.

Alberto Cattáneo, ex segunda autoridad militar después de Antonio Domingo Bussi en la provincia durante la última dictadura militar, se abstuvo de declarar ayer ante el Tribunal Oral Federal pero se conocieron detalles de las declaraciones que realizó durante 2006 y 2007 ante la Justicia Federal. En esas oportunidades, negó que hayan existido los centros clandestinos de detención y aseguró que las denuncias sobre su funcionamiento “son falsas, magnificadas, marcando errores producto de la imaginación rayando la ficción”. A esto agregaba: “era ilógico que en un predio militar, sobre todo en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, pudiese un elemento de esas características”.
En todas las indagatorias leídas desde la secretaria del Tribunal, negó las acusaciones en su contra y aseguró, al igual que sus ex jefes militares, que en ese entonces existió una guerra revolucionaria. “No entender esto es cambiar la realidad histórica porque en la provincia de Tucumán la subversión quería segregar su territorio operando en superficie y avanzar en los valles calchaquíes para hacer una tierra socialista hacia una conquista para el resto del país”, dijo en su declaración del 15 de mayo de 2007.
En esos dichos, Cattáneo también desconoció la competencia del Juzgado y aseguró que sólo puede ser juzgado por la Justicia Militar. Además, no aceptó los cargos por delitos de lesa humanidad ni por genocidios al sostener que no existen dentro del Código Militar ni en el derecho penal del país.
Se calificó como un soldado empleado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón para dar cumplimiento del Operativo Independencia, asumiendo como segundo comandante de la V Brigada de Infantería, cargo que cumplió entre el 16 de diciembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.
En sus declaraciones dijo desconocer los casos de desapariciones de Diana Oestherheld, Carlos Araldi y de Marta y Rolando Coronel, (víctimas de este juicio) debido a que en el momento de los hechos ya no ocupaba el cargo de segundo comandante sino que había sido trasladado a Buenos Aires para desempeñarse como general Jefe de Finanzas del Ejército. En todos los casos dijo que las acusaciones en su contra corresponden a un “compendio de falsedades”.
Fuente: http://www.primerafuente.com.ar/

NUEVAS IDENTIFICACIONES

From: maria coutoune

Reconocieron el cuerpo de mi hermana.
Hacía desde el 85 que 15 cuerpos rescatados de San Vicente partido de San Isidro pcia. baires zona norte,fueron desenterrados y despues de que algunos fueron reconocidos por huellas digitales y otros no, por orden del juez padilla los demas no había elementos con que reconocerlos, los dejaron abandanonados y dejados de lado, deteriorandose sobre todo desde 1990 y 1998, sobre todo al decir de comenterio verbal del forense, luego tendré el informe escrito etc.
Los antropólogos insisten en estudiar a los que quedaban y mandan 5000 muestras de adn que cotejan con esos cuerpos y no se si otros.....a los Estados Unidos, asi es que al cotejar con nuestros adn, se encuentran que es mi hermana, muerta el 31 de diciembre de 1976, en un supuesto enfrentamiento.
estaba embarazada de tal manera que matan a los dos.
cuando tenga datos por escrito les doy detalles aunque no se si vale la pena, está todo dicho.
Es una gran conmoción, y tb. una verdad, que deja espacio para seguir peleando.
Cuando me entreguen lo que exista de ese cuerpo avisaré para tal vez una ceremonia de entierro. no lo sé. mañana sabré mas.
por hoy a todos mis amigos y cros. les regalo mi cuerpo porque no se bien lo que siento.
Una BROONCA!!!!!, BASTA DE COBARDES QUE SE ESCONDEN DE LAS VERDADES.Y PEOR AÚN LO QUE ESCONDEN VERDADES PARA DISCIPLINAR AL PUEBLO.
LA OTRA: HICE TODO LO QUE ESTUVO A MI ALCANCE , TODO DE TODO, Y EL RESULTADO FUE BUENO. ESO ME DA COMO CIERTA PAZ.
a seguir peleando. maría silvia

RECUPERACION DE LOS RESTOS DE JUAN CARLOS AGUIRRE.

LOS INTEGRANTES DE MEDEHS (MEMORIA DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD) INFORMAMOS A LA COMUNIDAD QUE EL SABADO 20 DE FEBRERO A LAS 18 HS SERAN INHUMADOS, EN EL CEMENTERIO LOMAS DE PAZ DE GOYA, LOS RESTOS DE NUESTRO COMPAÑERO JUAN CARLOS AGUIRRE ,ASESINADO POR FUERZAS REPRESIVAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EL 12 DE JULIO DE 1976, EN TUCUMAN, E IDENTIFICADO POR EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE.(EAAF).

JUAN CARLOS ESTUVO DESAPARECIDO DURANTE 33 AÑOS PERO NUNCA SU FAMILIA NI SUS COMPAÑEROS DEJARON DE BUSCARLO Y DE RECLAMAR JUSTICIA ,LA APARICION DE SUS RESTOS NOS DEMUESTRA
QUE LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA .

HOY RENDIMOS NUESTRO HOMENAJE A ESTE ENTRAÑABLE COMPAÑERO ,COMPROMETIDO CON LA CAUSA POPULAR ,CON EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE LOS SETENTA ,CON EL PERONISMO ,CON EVITA ,CON EL MOVIMIENTO CRISTIANO DEL TERCER MUNDO ,CON LA LIBERACION DE SU PAIS Y CON SU PAGO CHICO , AL QUE AÑORABA ENTRAÑABLEMENTE A TAL PUNTO QUE , CUANDO TUVO QUE PASAR POR LA EXPERIENCIA DE LA CARCEL, LOS COMPAÑEROS LO APODABAN “YACARE “.

EL RETORNO DE JUAN CARLOS NOS IMPULSA CON MAS FUERZA A CONTINUAR LA BUSQUEDA DE LOS GOYANOS AUN DESAPARECIDOS ,MUJERES Y VARONES QUE ENNOBLECEN CON SU EJEMPLO LA HISTORIA DE LA CIUDAD QUE LOS VIO NACER Y CRECER ,LA QUERIDA GOYA .


COMISION DIRECTIVA ME.DE.H.S. GOYA


Primer aniversario con Justicia
Carta enviada por su hermana Charito
Ya lo enunciaba hace unos años, al cumplirse el 16 de febrero del año 2001 los 25 años del secuestro de cuatro jóvenes en la esquina de Moreno y Salta de nuestra ciudad, que la noticia de ese ominoso hecho, jamás apareció en los diarios ni en ningún medio público. Era la característica de la época, la oscuridad de los procedimientos, el silencio, el no dar la cara por los actos horrorosos que se cometían desde el gobierno y sus estamentos represivos. Tenían el objetivo del ocultamiento, así cumplían el propósito de actuar con total impunidad en la tortura y desaparición de personas, por el tiempo que ellos decidieran, sin ningún impedimento moral ni legal. Mientras tanto las familias peregrinaban por las distintas reparticiones militares, policiales, judiciales, buscando a sus seres queridos con resultado negativo. Y así siguieron los días, meses, años, indefinidamente… hasta que el 23 de noviembre de 2009, un Tribunal Oral ejemplar, compuesto por los Dres. Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni emitió un fallo ejemplar condenando por fin al único responsable que hasta hoy se pudo probar dado el tiempo transcurrido y las circunstancias: el ex Comisario Diego Manuel Ulibarrie.Ya nos hemos expresado sobre la satisfacción de familiares, compañeros y amigos por ese magno resultado y el agradecimiento a nuestros abogados, instituciones y personas que colaboraron en ello. Al recordarse el 34º aniversario de aquel día en que nos arrebataron a nuestros seres queridos renovamos esos sentimientos y deseamos hacer recordar a toda la ciudadanía que las calles que los nombran , junto a otros detenidos-desaparecidos, se encuentran en el Barrio “José María Ponce”, un barrio humilde y trabajador de Corrientes. Allí estamos desde el año 2006 y seguimos con nuestra Biblioteca “Manduá” porque creemos que la educación y la cultura es la mejor herencia que ellos pueden dejar en niños y jóvenes a los que nadie podrá engañar sobre sus deberes y derechos. La generosa familia Blanco-Sotelo nos presta su comedor para que allí funcione. Agregamos algo muy auspicioso que ha ocurrido en estos años: la Asociación Civil “Integración Solidaria” conducida por Víctor Ocampo, Leticia Gauna, Graciela Ocampo y otros, están colaborando con nosotros desde 2007 con un intenso trabajo de periodismo comunitario, creando la Revista barrial “La verdad del barrio”, una genuina expresión de éste y otros barrios con sus problemas y logros cotidianos. Ellos han sabido despertar en esos niños y jóvenes la inquietud social, ambiental y desde lo periodístico lo comunican cada vez mejor gracias al trabajo tesonero de esos compañeros militantes de la justicia y los Derechos Humanos. Manduá ya no está sola, ahora somos muchos más los que nos ocupamos de una memoria activa, en movimiento hacia la justicia y la cultura popular. Hay una revista, hay un noticiero barrial, hay proyectos espléndidos de promoción de los jóvenes junto a su escuela, Centro de Salud y la Biblioteca. Esta es una noticia feliz que grandes dolores han hecho nacer porque las vidas de Vicente Víctor “Cacho” Ayala, Julio César Barozzi, Diego Orlando Romero y Jorge Saravia Acuña con su ejemplo de entrega y compromiso nos estimulan siempre, como tantos otros compañeros muertos y desaparecidos. Ahora estamos esperanzados en la construcción de un Centro Integrador Comunitario, lo cual nos fue informado por autoridades de la Municipalidad de Corrientes. Éste se construiría en el terreno que nos fue otorgado por esa Institución en diciembre del 2008. Esta noticia nos llenó de alegría, así los logros se van sumando. De nuevo, gracias Víctor Ocampo, además autor del primer documental sobre los desaparecidos correntinos.Por ahora está todo dicho, con el recuerdo imborrable de aquella trágica jornada y la presencia permanente de todos nuestros compañeros en este querido barrio con la alegría de las voces juveniles y la esperanza de grandes concreciones.-
16/02/1976-------------16/02/ 2010
Cacho Ayala
Cacho Barozzi
Diego Romero
Jorge Saravia Acuña
¡¡¡¡¡P R E S E N T E S ¡!!!!! Ahora y siempre…MARÍA DEL ROSARIO AYALA(Hermana de Vicente “Cacho” Ayala)

LOS JUICIOS LOS HACEMOS ENTRE TODOS

Los Juicios los hacemos entre todos y todas. Les enviamos las fechas de las próximas audiencias, para concurrir y difundir:

Juicios a los genocidas: los juzga un Tribunal, los condenamos todos
Acreditaciones: mayores de 18 años con DNI o cédula, media hora antes de las audiencias

Audiencias:

-ABO (Club Atlético, Banco, Olimpo).

Continúan las AUDIENCIAS TESTIMONIALES: 15,16,22,23,24/2- 9:00 hs. Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso, TOF Nº 2.

http://www.juicioprimercuerpodeejercito.blogspot.com/

-ESMA. Continúa la lectura de los delitos imputados: 17, 18 y 19/2- 10:00 hs. Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso. TOF Nº 5.

http://www.cels.org.ar/esma/

-Campo de Mayo. Continúan los ALEGATOS: 18, 23, 24, 25/2. Hipólito Irigoyen 4595, Florida.

http://www.juiciocampodemayo.blogspot.com/

-Rosario: Causa Guerrieri–Amelong. Comienzan los ALEGATOS: lunes 15/2. Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario.

http://www.hijosr.blogspot.com/

Transmisión online en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/video?cat=video_juicio_vivo


-Salta: Juicio por el secuestro y desaparición forzada de Aldo Melitón Bustos.22 de Febrero y 8 de Marzo(8hs) Juzgado Federal de Salta. http://www.hijossalta.blogspot.com/

-Tucumán: comienza el 16/2, 9:00 hs. Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Crisóstomo Álvarez y Ayacucho.

http://www.hijos-tucuman.blogspot.com/


Transmisión por Radio Nacional http://www.radionacional.com.ar/

REPRESOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA

Detienen a un profesor de la Universidad Católica por delitos de lesa humanidad
Argentina - Salta
Martín Rodríguez, ex director y actual profesor en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), fue detenido el viernes acusado de delitos de lesa humanidad. Quedó alojado en el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Relación de la UCASAL con militares imputados en diversas causas.No es la primera vez que la Universidad Católica de Salta (UCASAL) pasa por una circunstancia similar. El actual vicerrector administrativo de esa casa de estudios, Manuel Cornejo Torino, se encuentra acusado en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia, durante la gestión del ex presidente Carlos Saúl Menem.
Otros militares, actúan o actuaron como profesores en la UCASAL lo que despertó suspicacias de sectores estudiantiles y sospechas de organizaciones de derechos humanos ante la posibilidad de que varios de esos militares pudieran estar involucrados en causas relacionadas con delitos de les humanidad.
Ahora, esas sospechas se vieron confirmadas con la detención del ex director y actual profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de esa universidad, Martín Rodríguez, acusado de delitos de lesa humanidad, según informó el diario Página/12, en su edición de este sábado.
El matutino aseguró que Rodríguez se presentó en el juzgado de San Martín, en provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Manuel Yalj quién, tras tomarle declaración, ordenó la detención del profesor universitario.
Según el mismo diario, "hace treinta años, como capitán del Ejército, Martín Rodríguez interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Tras el retiro se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y se radicó en Salta. Fue entrenador de rugby del Jockey Club y dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, que encabeza el arzobispo Mario Antonio Cargnello. Una investigación de Pablo Llonto, abogado de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, permitió identificarlo".
Un ex sargento relató que el "nombre de guerra era Toro y pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos" y agregó que "terminó procesado por un asunto de robos de autos. Entre sesión y sesión de tortura les hacía firmar a los prisioneros un formulario de transferencia para quedarse con los vehículos".
El diario Página/12 detalló que "la segunda pieza la aportó Juan José Fernández, secuestrado junto a Muniz Barreto en febrero de 1977. Ambos pasaron por las manos de Luis Patti y luego fueron trasladados a El Campito. El 6 de marzo, adormecidos, fueron arrojados al fondo de un arroyo en el interior de un Fiat 128. Fernández sobrevivió y, antes de exiliarse, declaró ante un escribano. Dejó constancia de un diálogo telefónico que escuchó en cautiverio:
-Habla el capitán Rodríguez, comuníqueme con el coronel Sambrano -grabó en su mente.
Luego el capitán transmitió información arrancada bajo torturas. Con esos datos, Llonto preguntó al Ejército cuántos capitanes Rodríguez había en Campo de Mayo en 1977. Respuesta: uno. Citado a declarar, Ibáñez no dudó al ver la foto del represor. ‘Era el más salvaje', agregó".
Rodríguez fue alojado en el penal bonaerense de Marcos Paz, tras prestar declaración cerca de las 11 del viernes. Unas dos horas después, salió esposado rumbo al penal. Cuando lo subieron al patrullero, el profesor de la UCASAL exhibió sus muñecas esposadas a los fotógrafos.
Martín Rodríguez tiene 63 años. Nació en Posadas, Misiones y cuando se produjo el golpe militar, ostentaba el grado de teniente primero y a fines del mismo año, ascendió a capitán. Página/12 detalló que "en 1976 y 1977 alternó destinos entre la Escuela de Servicios General Lemos y el Comando de Institutos Militares. Sus calificaciones a fines de 1977 demuestran que tenía un óptimo concepto por parte de sus superiores. ‘Un brillante oficial que prestigia al instituto', escribió el coronel Eugenio Guañabens Perelló, que ahora afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad".
El decano de la Facultad de Derecho de la UCASAL, Armando Isasmendi, le comentó a Página/12 que ignoraba que Rodríguez tenía una citación judicial. Sin embargo, Agensur.info pudo saber que el ex militar había comentado en la universidad (seguramente a los más cercanos a él) que tenía una citación judicial por delitos de lesa humanidad. Incluso, Rodríguez habría dicho, en esas oportunidades, que se iba a presentar a declarar "porque yo no tengo nada que ver con ninguna causa" relacionada con violaciones a los derechos humanos.
Lo que sí llamó la atención, es la certidumbre del hombre cuando expresó que "seguramente me van a detener hasta que hagan todas las investigaciones; si eso sucede, voy a pedir licencia sin goce de sueldo". Por eso, al menos resulta extraño que el decano Isasmendi no haya sabido que Rodríguez tenía una citación judicial, si éste ya estaba adelantando un posible pedido de licencia y sus comentarios, si no los hizo directamente al decano, varios ya lo habían dejado trascender en el ámbito universitario, al punto tal de que hasta algunos estudiantes conocían la situación.
Informe: Agensur.infoImagen: Martín Rodríguez, profesor de la Universidad Católica de Salta, exhibe sus esposas, al ser detenido acusado de violaciones a los derechos humanos. (Foto: Rolando Andrade-Página/12)

INSPECCION OCULAR EN TARTAGAL

Inspeccionaron el lugar del secuestro de Aldo Melitón Bustos.

Foto: El Juez Villada (centro) , los abogados de la defensa Petrina y Tobio ( a la izquierda) y el abogado de la querella Leiva (derecha). Fuente: Miguel Vargas

El primer juicio que se lleva a cabo en la provincia de Salta para juzgar crímenes cometidos durante la última dictadura militar continuó hoy, 9 de febrero, en la norteña ciudad de Tartagal, adonde se trasladaron las partes para participar de una inspección ocular en el lugar de secuestro del escribano Aldo Melitón Bustos y en el Regimiento de Infantería de Monte 28.

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En opinión de la querella, que impulsan los abogados David Leiva y Tania Kiriaco en representación de Raúl Federico Bustos, hijo del escribano desaparecido el 2 de febrero de 1978, la inspección fue útil para ratificar los dichos del testigo Juan Domingo “Cacho” Javier.

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Javier sorprendió a los participantes del debate al afirmar que había sido testigo del secuestro y ofrecerse a declarar ante el Tribunal. Su testimonio se escuchó el pasado 3 de este mes. Sostuvo que la madrugada del 2 de febrero de 1978 estaba cruzando la calle San Martín por la esquina de la calle Rivadavia, a unos treinta o cuarenta metros de donde vivía Bustos, sobre la San Martín, y vió que el escribano era llevado casi en andas y en calzoncillos, también cruzando la calle hacia un automóvil, por el ahora coronel retirado Carlos Alberto Arias, que está siendo juzgado en este proceso, y por otro hombre al que no pudo identificar.

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Javier dijo que un foco alumbraba a los secuestradores y por eso pudo verlos y reconocer al entonces teniente Arias, al que conocía porque solía ir a la confitería bailable Maracatú, donde Javier trabajaba de mozo y de donde, precisamente, salía esa madrugada.

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El relato de Javier ratifica los dichos del principal testigo del proceso, el propio hijo del escribano desaparecido, que desde 1978 viene sosteniendo que Arias y otro hombre al que no reconoció se llevaron a su padre del inmueble que servía como vivienda familiar y escribanía a la vez. Bustos hijo, que en 1978 era un adolescente, asegura que su padre fue cargado en un automóvil Dodge 1500 que había sido estacionado frente a su casa y donde esperaba un tercer hombre que oficiaba de chofer. Un automóvil similar era de propiedad del Regimiento de Monte 28 de Tartagal.

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El escribano Bustos había recibido amenazas de muerte de miembros del Ejército.

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Los participantes de la inspección, el juez de cámara Jorge Luis Villada (único miembro del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta que viajó hasta Tartagal), el fiscal Eduardo Villalba, la secretaria de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal Nº 2, Paula Gallo; los abogados defensores Pablo Tobío, Federico Petrina y Edgardo Sola; los letrados de la querella y los propios acusados, el también coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo y Arias, pudieron apreciar que alguien que estuviera en el lugar que dice haber estado Javier pudo haber visto claramente cuando Bustos era retirado de su casa.

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El escribano alquilaba la casa de la calle San Martín, actualmente la vivienda sigue alquilada pero sus ocupantes prefirieron dejarla sola durante la inspección que, de todos modos, se hizo fuera de la morada, donde peritos judiciales realizaron mediciones.

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Cuando la inspección se trasladó al Regimiento de Monte 28 los acusados comenzaron a hablar informando sobre la ubicación de las distintas dependencias en la época histórica en que se ubica la investigación. La verborragia de los coroneles retirados, que hasta ahora se han negado a declarar en del debate, fue interrumpida por la querella, que advirtió que no correspondía que la inspección se basara en los datos aportados por los propios acusados.

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El juez Villada acogió la oposición de la querella y el resto del recorrido por el Regimiento se hizo ya sin el aporte de Arias y Zírpolo. La inspección tuvo un fruto impensado: dentro del Regimiento se conserva una placa colocada en 1977 que da cuenta de la plana mayor de la época, todo un dato si se tiene en cuenta que la casi totalidad de los militares convocados como testigos exhibieron memorias más que débiles a la hora de recordar la época en que ocurrió el secuestro.
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Asesinos

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Aunque de la inspección solo participaron el juez, las partes y los acusados, el operativo tuvo el acompañamiento de un grupo de militantes de la organización de derechos humanos Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la localidad de Orán. También participaron familiares de víctimas de la represión estatal de la ciudad de Salta y de Tartagal y ex presos políticos de esta última ciudad.

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Cuando la inspección llegó al Regimiento los militantes de derechos humanos avanzaron con banderas y pancartas e hicieron pintadas en las calles con las leyendas “El ‘Papón’ Arias y el ‘Ronco’ Zírpolo son asesinos”.

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Por otra parte, el fiscal Villalba escuchó el relato espontáneo de la ex presa política Eva Garnica, que confesó sentirse “un poco culpable” del secuestro de Bustos porque, recordó, junto a otros militantes peronistas, utilizaron los servicios del escribano para dejar constancia de una toma de la municipalidad de Tartagal, lo que habría generado el enojo de miembros del Ejército. Se indicó que es posible que Garnica sea convocada a prestar testimonio en el debate.

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Está previsto que la próxima audiencia se lleve a cabo el 22 de este mes.

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Fuente: Lucho Soria