sábado, 26 de diciembre de 2009

AL EX SECRETARIO DE HACIENDA DE LA DICTADURA JUAN ALEMAN LE LLEGÓ EL TURNO

Por Tomás Eliaschev

la Justicia lo procesó por su accionar en lo años oscuros del terrorismo de Estado. El juez federal Sergio Torres tomó la decisión en el marco de la megacausa de la ESMA, donde se lo investiga por “encubrimiento agravado por su condición de funcionario” a partir de un reportaje realizado por Veintitrés. De ese modo, quien fuera el número dos del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se convirtió en el primer civil en ser procesado por los crímenes de la dictadura militar.
Sin abogados, Alemann se había presentado el pasado jueves 10 ante el despacho de Torres, en el piso cuarto de los tribunales de Comodoro Py. El economista se negó a declarar y, cumplidos los plazos de rigor, el magistrado decidió su procesamiento. De todos modos, Alemann, que está a punto de cumplir 80 años, no esperará el juicio en la cárcel: el delito que se le imputa tiene penas que lo eximen de la prisión preventiva.
El derrotero judicial del ex funcionario de facto comenzó con un reportaje que le hizo el periodista Walter Goobar, y que publicó esta revista en 2005. Allí Alemann justificó la apropiación de bebés: “Hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y que después las liquidaron. De esos, unos 200 los entregaron a los jueces y quedaron menos de 30 que los distribuyeron entre familias de militares. Eran chicos que sobraban porque hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero”. También afirmó que “la ESMA fue el único lugar donde se torturaba por placer”, y que “en otros lados sólo se torturaba para sacar información y luego los mataban. Lo de todas las guerras”.
A la semana siguiente, Alemann intentó desmentir sus dichos sin éxito: esta revista publicó un CD con la grabación completa de la entrevista. En esa misma edición se reveló además la acusación de los sobrevivientes Víctor Basterra y Carlos Lorkipanidse, quienes aseguran que el ex funcionario visitó la ESMA en octubre de 1979. De acuerdo al testimonio, Alemann habría estado en la sala de tormentos para conocer de cerca al prisionero Orlando Antonio Ruiz, quien permanecía encapuchado y engrillado acusado de haber participado en un fallido atentado contra el economista, junto a su esposa Silvia Beatriz Dameri, próxima a dar a luz. Alemann se habría hecho acompañar por el jefe de operaciones Adolfo Donda Tigel y el jefe de inteligencia Horacio Lorenzón, el teniente Fernando Peyón y dos efectivos de la Prefectura.
Durante los más de dos años que permaneció en cautiverio, Lorkipanidse trabajó en el laboratorio, lo que le daba alguna libertad para caminar por las instalaciones. En una oportunidad pudo ver a Alemann, al que describió como un hombre alto, impecablemente trajeado y con zapatos oscuros. Los Ruiz Dameri continúan desaparecidos. Sus tres hijos fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Laura, la más pequeña y nacida en 1980, es la nieta recuperada número noventa. Tres décadas después, Alemann deberá explicar por qué lo vieron en una sala de la torturas. Fuente: Revista Veintitres--
Gatillo fácil


Declararon a los crímenes de La Tablada de lesa humanidad. La Justicia determinó que los militantes apresados tras el intento de copamiento fueron vejados y ejecutados. Para la viuda de Burgos, uno de los muertos, “el fallo demuestra que reprimieron como en la dictadura”. Por Carlos Romero
La “masacre” de La Tablada sucedió hace casi 21 años, pero la investigación para esclarecer lo ocurrido ese día interminable en el Regimiento de Infantería Mecanizada Nº III recién ahora comienza a perfilarse. La clave está en el fallo que el juez federal Germán Andrés Castelli acaba de dictar en la causa 5110, donde dispuso que los 13 activistas capturados tras la recuperación de los cuarteles fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, al ser sometidos a vejaciones y, en 9 casos, directamente fusilados. “Lo que se investigan son casos de ejecuciones sumarias y torturas”, determinó el magistrado en su dictamen.
El intento de copamiento de La Tablada fue llevado adelante por un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), organización que entre sus principales figuras tenía al fallecido Enrique Gorriarán Merlo, que también había sido parte de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El saldo de la acción, que reprimieron militares y policías por orden del ex presidente Raúl Alfonsín, fue de 28 civiles muertos y otros 3 desaparecidos, junto a 11 caídos en las filas de las fuerzas de seguridad, comandadas por el general (R) Alfredo Manuel Arrillaga.
En su momento, el grueso de la sociedad repudió lo hecho por el MTP, en tanto que sus militantes sostuvieron –y sostienen– que tomaron la decisión de avanzar sobre la unidad militar justamente para evitar un nuevo golpe de Estado.
Tras un período de “oscurantismo” pericial, la investigación reveló la larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. Para Martha Fernández Burgos, abogada querellante y viuda de Juan Manuel “Quito” Burgos –uno de los muertos en La Tablada– el dictamen confirma “que, tanto dentro como fuera de los cuarteles, reprimieron como en la época de la dictadura”.
La resolución de Castelli, que fijó la imprescriptibilidad de estos delitos, también dispuso que se llame a prestar declaración indagatoria a Arrillaga –que cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa por “La Noche de las Corbatas”, de junio de 1977, donde varios abogados fueron “desaparecidos” en Mar del Plata– y al mayor (R) Jorge Eduardo Varando, señalado como el último en tomar contacto con los activistas Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, dos nombres clave para la Justicia. En los antecedentes de su escrito, Castelli recoge el informe elaborado en abril de 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostuvo que Ruiz y Díaz “fueron capturados con vida y posteriormente ejecutados, luego de encontrarse bajo custodia y el control exclusivo de los agentes militares que recuperaron el cuartel”.
La CIDH concluyó que “9 atacantes que sobrevivieron y fueron capturados por los militares (...), fueron ejecutados extrajudicialmente” y que “los 13 sobrevivientes (...), como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, fueron torturados por agentes del Estado”.
Al cierre de esta edición, Varando permanecía prófugo y el juez había dispuesto las actuaciones necesarias para que declare. Si bien el mayor ya lo había hecho en una etapa previa, Fernández Burgos especifica que el motivo fue “abuso de arma”, un delito menor.
Por mucho tiempo, incluso después de que se conociera el informe de la CIDH, la versión oficial sobre el destino de Ruiz y Díaz fue que ambos habían logrado fugarse. Así fue hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional logró identificar, vía estudios de ADN, restos óseos pertenecientes a los dos militantes. No fue fácil. Sus cuerpos habían llegado a la morgue totalmente carbonizados.
Como primera reacción, la defensa de Arrillaga apeló la decisión del juez, que ahora deberá elevar la causa a la Cámara Federal de San Martín, la misma que, en la causa Nº 1722 y basándose en la Ley de Protección de la Democracia, condenó a prisión a todos los miembros del MTP que participaron del intento de copamiento.
Fernández Burgos, que tiene sus reparos sobre el futuro de la causa, recuerda que el cadáver de su esposo fue reconocido el 16 de diciembre de 1997, a ocho años del episodio. En esa tarea, además del Cuerpo Médico Forense, que realizó los exámenes de ADN, también participó el prestigioso Equipo de Antropología Forense, que llevó adelante la exhumación.
Fue un proceso largo y duro. Y cuando la abogada obtuvo el certificado de defunción de su esposo, además de que no consignaba estado civil ni profesión, como fecha de deceso figuraba el día en que se realizó la exhumación y no la fecha en que “Quito” Burgos perdió la vida. Justamente, un interminable y caluroso 23 de enero de 1989

viernes, 25 de diciembre de 2009

EL LUNES 28 REGRESAN A SANTIAGO DEL ESTERO LOS RESTOS DE CARLOS SANTUCHO



Luego de haber sido identificados los restos de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho"líder revolucionario" , por el equipo de antropólogos forenses, estos serán trasladados a su ciudad natal. Quien llevará los restos de Carlos será su hermana Blanca Santucho que esta empeñada en encontrar los cuerpos de los otros miembros de su familia que todavía están desaparecidos.
LA DRAMÁTICA HISTORIA DEL INMUEBLE DE FLORESTA
El epicentro del Plan Cóndor
Por Susana Viau
El inmueble de Venancio Flores 3519/21 no puede escapar de una maldición: ser un infierno para extranjeros. Los trabajadores bolivianos indocumentados descubiertos ayer en la primera planta del edificio sólo conocen su propia pesadilla e ignoran que por allí pasaron decenas de latinoamericanos para ser torturados hasta la muerte o devueltos a las dictaduras que asolaban sus países de origen. El aislamiento a que es sometida la mano de obra esclava les impidió saber lo que casi todos saben en esas cuadras del barrio de Floresta: que allí funcionaba Automotores Orletti, el cuartel general del Plan Cóndor.
El centro operacional de la contrainsurgencia sudamericana se instaló ahí, frente a las vías del Sarmiento, pero por poco tiempo. Comenzó a funcionar, aseguran las gargantas profundas, el 1º de junio de 1976 y debió ser evacuado pocos meses más tarde, el 29 de octubre. Los militantes argentinos José Antonio Morales y su mujer Graciela habían logrado fugarse y en México, donde se exiliaron, realizaron una minuciosa descripción de su lugar de cautiverio. Aquel testimonio llegaría a principios de 1977 a manos de Enrique Rodríguez Larreta, un periodista montevideano que había sido secuestrado en Buenos Aires mientras procuraba localizar a su hijo desaparecido. Lo reencontró en Orletti, donde también habían sido trasladados los dirigentes Gerardo Gatti y León Duarte, así como buena parte de la dirección y cuadros medios del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), organización uruguaya de extracción anarquista. Los exiliados eran en ese local inhóspito inmensa mayoría. Sin embargo, los administradores de Orletti podían jactarse de haber cazado un puñado de argentinos con apellidos significativos en el universo guerrillero: Marcelo Gelman y su compañera Claudia Iruretagoyena, hijo y nuera del poeta Juan Gelman, y Carlos Santucho, Manuela Santucho y Cristina Navajas, hermanos y cuñada de Mario Roberto Santucho.
Rodríguez Larreta aseguró después que jamás podría olvidar de qué manera salvaje había sido martirizada la familia del máximo dirigente del PRT-ERP. Relató que en presencia del resto de los secuestrados, Carlos Santucho fue sometido a una sesión de “submarino” que sólo acabó cuando advirtieron que ya no respiraba. Y recordó más aún: que ese mismo día 19 hicieron leer a Manuela Santucho, en voz alta, para todos los secuestrados, un recorte de periódico que consignaba la muerte del jefe del ERP. La extraordinaria memoria del periodista permitió reconstruir el otro lado, el lado oscuro de la historia: la bestialidad, la ignorancia y la locura de Aníbal Gordon, Eduardo Rufo, César Enciso, Raúl Guglielminetti, desocupados tras la disolución de la Triple A y reconvertidos a la concertación contrainsurgente. O el accionar del uruguayo OCOA (Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas), encarnado en los oficiales José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira.
Orletti, no obstante, no perseguía un fin único. Al anticomunismo furioso de sus administradores había que agregarle una enorme dosis de codicia. Buscaban los millones de dólares que, suponían, había obtenido el grupo uruguayo a consecuencia de una de sus operaciones. “¿Dónde están los dólares?”, era la pregunta obsesiva que le hacían a un moribundo dirigente del PVP: dos millones pedían por la vida de Gatti y quinientos mil por la de Duarte. No les entregaron ni un centavo. Eso sí, el sindicato del crimen rioplatense se quedó con los automóviles, las ropas, las casas de sus víctimas. Ni siquiera los niños quedaron fuera de lo que consideraron botín de guerra.






fuente: Página 12

miércoles, 23 de diciembre de 2009

MEDINA ENFRENTARIA UN JUICIO

El Juez Federal Miguel Antonio Medina, fue convocado el 22 de diciembre pasado, por la Comisión de Disciplina y Acusación del Concejo de la Magistraturas. Sucede que el magistrado intervino en las etapas de investigación de los casos por el secuestro y desaparición del gobernador salteño Miguel Ragone y en la Masacre de Palomitas, donde fueron fusilados 12 presos políticos. En el caso Ragone, Medina fue acosado formalmente por Fernando Pequeño, nieto de la victima, por haber demorado la causa y por no haberse exudado en la misma por las amistades que mantuvo y mantiene con imputados. Uno de ellos Soraire fue defendido por el Juez en la causa de “los arbolitos” que también esta relacionada a “Ragone”. En “Palomitas” el desempeño del magistrado fue deplorable. Fue él quien permitió que los imputados eligieran el “código viejo” para ser juzgados. Dejando a este juicio sin la posibilidad de la instancia publica y oral.
Estos hechos demuestran a las claras la parcialidad del Juez Medina favoreciendo a los imputados cada vez que tiene la oportunidad.



Desde H.I.J.O.S. Salta decimos, Vamos todavía! Ni un solo represor por las calles argentinas, ni impunidad para los Jueces cómplices!!!

martes, 22 de diciembre de 2009

Novena jornada del juicio de Melitón Bustos

Cuarto intermedio hasta el 3 de Febrero de 2010.



Los represores Arias y Zírpolo pasarán la Navidad sin sus respectivas condenas. Un año más gazando de impunidad y seguramenta se pasaran la vida sin decir donde tiraron los huesos de Aldo Melitón Bustos. Que por cierto tampoco la justicia hará mucho por encontrar. Pasa el tiempo y la fosa común del cementero de La Santa Cruz sigue sin ser abierta por los antropólogos forenses, porque no hay juez que libre la orden. Y de nuevo la escusa será que habrá que esperar que pase la epoca de lluvias. Pero si en Salta hace tiempo que no llueve justicia!!!!


A pesar de todo comañeros no dejo de perder las esperanzas de que el 2010 nos encuentre más unidos y firmes para seguir dando batalla!!!!!!!!!!


POR LOS 30.000 COMPAÑEROS, PADRES, HIJOS, HERMANOS, DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!!


JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!!


Secuestro y desaparición de Melitón Bustos
Por Elena Corvalán


El fiscal acusó de falso testimonio
a tres policías desmemoriados

El fiscal federal Eduardo Villalba pidió hoy, 22 de diciembre, que se investigue por falso testimonio a tres policías retirados que se mostraron desmemoriados y remisos

domingo, 20 de diciembre de 2009

Citaron al juez federal de Salta Miguel Medina


La Comisión de Disciplina y Acusacion es presidido por Diana Conti, lo integran Santiago Montana como vicepresidente y como vocales, Luis Maria Bunge Campos, Luis Marìa Cabral, Mariano Candiotti, Nicolás Fernandez, Carlos Kunkel, Héctor Masquelet y Ernesto Sanz.

El juez federal de Salta Miguel Antonio Medina fue citado para el martes 22 de diciembre por su accionar en la causa que investiga el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone.

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunió este jueves y decidió citar, por la causal general de mal desempeñó, al juez federal de Salta Miguel Antonio Medina para el próximo martes 22 de diciembre a las 12. El juez Medina fue denunciado ante el Consejo por su actuación en la causa por el secuestro del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, que tuvo lugar el 11 de marzo de 1976. El denunciante fue el nieto del político (que permanece desaparecido), Fernando Pequeño Ragone, quien sostuvo que las acciones en la causa por el secuestro de su abuelo se paralizaron desde que el expediente pasó a manos del juez Medina.
La citación por el artículo 20 fue propuesta por el consejero-académico Mariano Candioti y fue avalada por todos los presentes en la reunión de comisi�n. El consejero-juez Luis Cabral, presidente electo del cuerpo, anunció que acompañaba el pedido de Candioti.
Medina fue juez de instrucción en Metan, designado por la dictadura militar. Luego actuó como apoderado del Partido Justicialista de Salta, como socio del abogado Raimundo Sosa, denunciado ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y como apoderado del gobernador Juan Carlos Romero.
Fuente: Diario Judici

Posdata:Asistiran a la audiencia que es pública Armando Jaime, ex funcionario de la gobernación Miguel Ragone, Crisanto Ripodas de la Comisión de DH de Cafayate, Mario Paz de la Comisión de DH de Metan, Antonio Fernández y Pablo LLonto de la Comisión Campo de Mayo y de organismos de derchos humanos de Capital Federal e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

Jurará en su nuevo cargo el lunes
Snopek asumirá en el Tribunal Oral Federal
La jueza jujeña pidió su traslado a la jurisdicción salteña.

El próximo lunes, a las 11, asumirá como nueva integrante del Tribunal Oral Federal de Salta la jueza Marta Liliana Snopek. El acto de juramento se realizará en la sala de audiencias de Deán Funes 140, donde la magistrada jujeña se desempeña actualmente, como camarista subrogante, para el juicio por la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos.
La ceremonia de asunción será presidida por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Luis Villada, quien ante las vacantes producidas en el Tribunal Oral salteño luego de la remoción de José Solá Torino y la jubilación de su par Rogelio Saravia Toledo también se desempeña allí en condición de subrogante.
La jueza Snopek, camarista del Tribunal Oral Federal de Jujuy, solicitó su traslado a la jurisdicción salteña y su pedido fue aceptado por decreto nacional 1887, se informó oficialmente ayer.El decreto, firmado el 2 de diciembre último, consigna que, en el marco del Reglamento de Traslado de Jueces, se consideró conveniente dar curso favorable al pedido presentado por la jueza Snopek “para lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia" en Salta.
Terna para un juzgado.
Los doctores Julio Leonardo Bavio, Edgardo Santiago López Herrera, María Dolores Pistone y Adolfo Aráoz Figueroa son los integrantes de la terna de candidatos para ocupar la titularidad del Juzgado Federal Nº 1 de Salta. Así lo dispuso el pasado jueves, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en su última sesión plenaria de 2009, que fue encabezada por el presidente saliente del cuerpo, el camarista Luis María Bunge Campos. El Poder Ejecutivo Nacional tiene que elegir a uno de los candidatos propuestos.
Fuente: El Tribuno

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL “OLVIDO”

En la última sesión del día martes 15 de diciembre el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades aprobó un proyecto que solicitaba a la Justicia Federal que continúe el Juicio oral y público hasta esclarecer la detención ilegal, desaparición y asesinato de Aldo M. Bustos y sancionar de acuerdo a derecho a los responsables. Al mismo tiempo que emitió un repudio a las declaraciones de ex gobernador de facto Ulloa y su ex secretario de Gobierno Folloni. El proyecto aprobado con la abstención de un consejero, el Prof. Eduardo Raspí, debía seguir hacia el Consejo Superior para que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA se pronuncie al respecto. Nos llamó la atención que el proyecto aprobado, no tuvo emisión de resolución y tampoco llegó al Consejo Superior.
El viernes supimos la causa, el Prof. Eduardo Raspi había solicitado su reconsideración en los siguientes términos:
Salta, 16 de diciembre de 2009
Sra. Decana de la
Facultad de Humanidades
Esp. Flor de María RIONDA
S / D
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle se suspenda la emisión de la resolución de lo aprobado en sesión del día 15/12/09, relacionada al Proyecto de Declaración por el Juicio oral y público seguido por el caso del escribano Aldo Meliton Bustos.
Dicho pedido lo elevo teniendo en cuenta lo expresado en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos No.19.549 que señala: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.”
En el presente caso, y dado que el tema fue presentado sobretablas y no pudo ser discutido en profundidad en Comisión, entiendo que existen motivaciones que tienen que ver con algunos términos del anteproyecto que deberían ser revisados nuevamente por el Consejo Directivo en la sesión extraordinaria del día 22/12/09.
Saludo a usted, atentamente-
Con este pedido, la Decana de la Facultad de Humanidades produjo el siguiente Orden del Día para una reunión extraordinaria convocada para el día lunes 21
ORDEN DEL DÍA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
LUNES 21/12/09 - HS. 10.00

Informes Generales:

- Resolución H.No.576/09.

Asuntos Entrados:

1.- Expte.No. 4931/09. Decana de la Facultad eleva propuesta de Jurado que entenderá en el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de Profesor Adjunto Semiexclusiva en “Estado, Poder y Medios en Argentina y Latinoamérica” con extensión a “Teorías del Desarrollo Capitalista”.

2.- Expte.No. 5027/09. Decana de la Facultad eleva propuesta de Jurado que entenderá en el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de hasta Asociado Simple en “Historia Argentina III”.

3.- Notas No.5329, 5321, 5318, 5350, 5345 y 5342. Inscripciones por materia fuera de término para cursar materias

4.- Prof. Eduardo Raspi solicita se suspenda la emisión de la resolución de lo aprobado en sesión del día 15/12/09, relacionada al Proyecto de Declaración por el Juicio oral y público seguido por el caso del escribano Aldo Meliton Bustos.

5.- Docentes de la Facultad elevan propuesta de creación del Centro de Investigación en Psicología y Educación

6.- Expte.No. 5223/08. Escuela de Ciencias de la Educación solicita prórroga de designación de la Lic. María José Acevedo.

7.- Exptes. No.5141 y 5142/09. Prof. Rosana Flores solicita reducción de dedicación en el cargo de JTP y licencia sin goce de haberes en el cargo de Auxiliar Docente de 1º Categoría Simple.

8.- Nota No.5374. IEIH solicita autorización para la realización de las II Jornadas Internacionales de Enseñanza d ela Historia y las XI Jornadas de Investigaicón y Docnecia de la Escuela de Historia.

9.- Exptes.No.4787 y 4788/09. Becas de Investigación de la Facultad de Humanidades de las carreras de Historia y Filosofía. Impugnaciones presentadas por Hugo Flores (Historia) y Nicanor Quispe (Filosofía).

10.- Solicitud de ayuda económica para la impresión de la Revista No.8 de la Escuela de Historia.
Cabría preguntarse ¿qué términos de la declaración aprobada por el Consejo Directivo considera el Prof. Eduardo Raspi se debería revisar?. Lamentablemente, el debate del Consejo constituido en comisión para el tratamiento del tema, no quedo registrado en las actas y sólo podemos dar cuenta de las conversaciones personales y las pocas líneas registradas al momento de la votación. Por lo cual debemos suponer que el párrafo en cuestión es:
Que frente al manto de impunidad, de “olvido” y desmemoria que pretenden difundir los funcionarios del terrorismo de estado, entre ellos, el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni, para obstruir el accionar de la justicia, toda la comunidad universitaria debe persistir en su denuncia sobre la complicidad que implica esta actitud y reclamar la continuidad del juicio hasta el castigo de los responsables del secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Meliton Bustos,
Y el artículo 2° que resuelve:
Artículo 2°: Declara su repudio a las manifestaciones vertidas públicamente por el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni;
No obstante, deberemos esperar el nuevo debate para escuchar los fundamentos que suspendieron la resolución de la Facultad de Humanidades y postergo el debate en el Consejo Superior, que el día jueves pasado concretó su última sesión del año.
No tenemos interés alguno de juzgar o valorar la petición del docente, pues consideramos que es un profesor que ha transitado su carrera en forma honesta y laboriosa, y que son las posibilidades que produce la democracia y el estado de derecho, posibilidades que no tuvo oportunidad de reclamar ALDO MELITON BUSTOS, cuando lo arrancaron de su domiciilio, la madrugada del 2 de febrero de 1978.
Aldo Meliton Bustos, necesita JUSTICIA, la sociedad argentina necesita JUSTICIA.
Como historiador y hombre comprometido con los Derechos Humanos, pues mi tarea profesional está orientada por ese fin, es que decidí guardar esta instancia en la MEMORIA HISTÓRICA para dar cuenta de cómo las sociedades, sus intelectuales, sus dirigentes, en forma consciente o inconsciente pueden construir el OLVIDO.
LIC. RUBEN EMILIO CORREA

POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

jueves, 17 de diciembre de 2009

DECLARACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES


El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades en sesión ordinaria de este día martes, 15 de diciembre aprobó con algunas modificaciones e incorporaciones y la abstención de un solo docente el siguiente proyecto de Declaración:


Visto:
El proyecto presentado por los consejeros directivos estudiantiles, docentes y egresados mediante el cual solicitan que la Facultad de Humanidades se exprese en relación a la continuidad del primer juicio oral y público por el secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Meliton Bustos y;
Considerando:
Que en la ciudad de Salta se sustancia por primera vez un juicio oral y público por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparto represivo del terrorismo de estado;
Que las organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos, desaparecidos y presos políticos han desarrollado una incansable tarea por esclarecer e identificar a quienes fueron responsables directos e indirectos de los crímenes perpetrados por el terrorismo estatal y paraestatal desde mediados de la década de los setentas, y en particular durante la última dictadura militar,
Que frente al manto de impunidad, de “olvido” y desmemoria que pretenden difundir los funcionarios del terrorismo de estado, entre ellos, el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni, para obstruir el accionar de la justicia, toda la comunidad universitaria debe persistir en su denuncia sobre la complicidad que implica esta actitud y reclamar la continuidad del juicio hasta el castigo de los responsables del secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Meliton Bustos,

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

(en su sesión ordinaria del día Martes 15 de Diciembre)
Resuelve:
Artículo 1°: Declara su posición exigiendo a la justicia prosiga sin interrupción el juicio por el secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Melitón Bustos;
Artículo 2°: Declara su repudio a las manifestaciones vertidas públicamente por el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa y su ex secretario de gobierno Jorge Folloni;
Artículo 3°: Solicitar al Consejo Superior emita su declaración en relación al juicio por el secuestro, desaparición y asesinato del docente y escribano Aldo Melitón Bustos;
Artículo 4°: Comuníquese a Rectorado, Decanos, Consejo Superior, Consejos Directivos, Sedes Regionales; Centros de Estudiantes, ADIUNSa, APUNSa, Red de Derechos Humanos, y organizaciones de derechos humanos;
Artículo 3°: De forma.-